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Consejo de Estado Providencia

Auto que decide recurso de apelación: Auto interlocutorio

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Fecha
2024-04-24
Radicado
25000233600020230026701
Número interno
70725
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A, CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S, CONSORCIO CONSTRUCCIÓN VIAL 026
Demandado
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Síntesis de la providencia

Auto que decide recurso de apelación: Auto interlocutorio

Lo que dijo la Sala

El Consorcio demandante solicitó el decreto de dos medidas cautelares: i) ordenar al IDU suspender cualquier proceso sancionatorio que se encuentre en curso en contra del consorcio contratista, con ocasión del Contrato de Obra No. 1766 de 2021, y ii) ordenar al IDU abstenerse de iniciar un proceso sancionatorio en contra del Consorcio, en el marco del Contrato de Obra No. 1766 de 2021.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El juez contencioso administrativo decreta medidas cautelares en los litigios derivados de contratos de obra pública sin que su adopción ni la resolución del correspondiente recurso de apelación impliquen prejuzgamiento, toda vez que constituyen un examen preliminar del asunto sometido a la administración de justicia que no es final ni determinante del sentido de la sentencia. En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, resulta procedente ordenar como medida cautelar la suspensión de los procesos administrativos sancionatorios en curso contra el contratista o la abstención de iniciar nuevos trámites sancionatorios respecto del contrato estatal, cuando se cumplen los requisitos para su decreto. Sin embargo, es improcedente ordenar al contratista la restitución de dineros recibidos como pago por una fase de obras iniciales y gestiones preliminares cuando dichas sumas fueron percibidas como remuneración de obligaciones efectivamente ejecutadas, caso en el cual no se configura un detrimento patrimonial para la entidad estatal.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La restitución del dinero que el Consorcio accionante recibió por el pago No. 1 de la fase de obras iniciales y gestiones preliminares, resulta improcedente, ya que lo recibió como remuneración de unas obligaciones ejecutadas y, bajo ese entendido, no habría lugar a un detrimento patrimonial para la entidad estatal?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.1.2.4.1
  • Decreto Ley 222 de 1983, art. 57
  • Ley 1437 de 2011, art. 229

También resuelve

  • ¿Procede la medida cautelar de suspensión de los procesos sancionatorios que estén en curso con ocasión del Contrato de Obra No. 1766 de 2021 o la orden de abstención dirigida al IDU para que no…
  • ¿La suspensión del contrato materia de controversia implicaría que la obra que se debía ejecutar quedaría detenida hasta que se profiera sentencia en el presente proceso…
  • ¿Al encontrarse acreditados los hechos que fundamentan la demanda, podría dar lugar a que prospere alguna de las pretensiones de esta?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

AUTO QUE DECIDE RECURSO DE APELACIÓN APELACIÓN DEL AUTO AUTO QUE DECRETA MEDIDA CAUTELAR SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRATO DE OBRA DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR MEDIDA CAUTELAR SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESTITUCIÓN DE DINERO PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR REQUISITOS PARA EL DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL SOCIEDAD FIDUCIARIA PATRIMONIO AUTÓNOMO EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DETRIMENTO DEL PATRIMONIO INEXISTENCIA DEL DETRIMENTO DEL PATRIMONIO REVOCATORIA DE LA MEDIDA CAUTELAR AUSENCIA DE PREJUZGAMIENTO RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SENTENCIA PREJUZGAMIENTO FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR CUMPLIMIENTO DEL FALLO EFICACIA DE LA SENTENCIA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA ACTO ADMINISTRATIVO MÉRITO EJECUTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN SUSPENSIÓN DEL CONTRATO CELEBRACIÓN DE CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL FACULTAD PARA CELEBRAR CONTRATO ESTATAL EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES TERMINACIÓN DEL CONTRATO TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA INTERÉS PÚBLICO IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DEMANDA PRETENSIONES DE LA DEMANDA FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DEMANDA ARGUMENTO EN LA DEMANDA CLÁUSULAS DEL CONTRATO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PRUEBA FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO REVOCATORIA PARCIAL DEL AUTO LEY 2080 DE 2021 INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PARA CONOCER DE LA APELACIÓN DEL AUTO DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Terminación unilateral Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Suspensión del contrato Anticipo y pago anticipado

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Titulación de la relatoría 18.043 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

AUTO QUE DECIDE RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN DEL AUTO / AUTO QUE DECRETA MEDIDA CAUTELAR / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR / PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / CONTRATO DE OBRA / DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR / MEDIDA CAUTELAR / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RESTITUCIÓN DE DINERO / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR / REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR / REQUISITOS PARA EL DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR / PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / SOCIEDAD FIDUCIARIA / PATRIMONIO AUTÓNOMO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INTERVENTORÍA / EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / DETRIMENTO DEL PATRIMONIO / INEXISTENCIA DEL DETRIMENTO DEL PATRIMONIO / REVOCATORIA DE LA MEDIDA CAUTELAR Problema jurídico: ¿La restitución del dinero que el Consorcio accionante recibió por el pago No. 1 de la fase de obras iniciales y gestiones preliminares, resulta improcedente, ya que lo recibió como remuneración de unas obligaciones ejecutadas y, bajo ese entendido, no habría lugar a un detrimento patrimonial para la entidad estatal? Respuesta al problema jurídico: Si El Consorcio demandante solicitó el decreto de dos medidas cautelares: i) ordenar al IDU suspender cualquier proceso sancionatorio que se encuentre en curso en contra del consorcio contratista, con ocasión del Contrato de Obra No. 1766 de 2021, y ii) ordenar al IDU abstenerse de iniciar un proceso sancionatorio en contra del Consorcio, en el marco del Contrato de Obra No. 1766 de 2021. El tribunal de primera instancia decretó ambas medidas solicitadas y, adicionalmente, por considerarlas necesarias, decretó las siguientes: i) la suspensión del Contrato de Obra No. 1766 de 2021 y ii) ordenó al contratista la restitución al IDU de las sumas de dinero que este tenga en su poder, en virtud del referido contrato. […] La Sala procede a pronunciarse sobre cada una de las razones por las que el IDU considera que no proceden las medidas cautelares que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó, en el auto del dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). […] [L]a Sala considera que no le asiste razón a la parte recurrente en cuanto a que el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no estaba facultado para decretar las medidas cautelares que el consorcio demandante no solicitó. Ahora bien, aunque el magistrado de primera instancia podía decretar las medidas cautelares adicionales a las que fueron objeto de la solicitud, de igual manera corresponde estudiar si estas cumplen con los requisitos que la ley exige para su procedencia, con base en los reproches que la parte recurrente formuló en el recurso de apelación. […] Así las cosas, de conformidad con lo que las partes convinieron en la cláusula 16 del Contrato de Obra No. 1766 de 2021, en cumplimiento del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, la suma que la contratante entregó por concepto de anticipo se encuentra en una fiducia para su manejo. De ahí que, conforme al artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, que regula cómo se administran los anticipos, por un lado, una vez la entidad estatal giró la suma del anticipo directamente a la sociedad fiduciaria para integrar el patrimonio autónomo, estos recursos dejaron de ser propiedad de la entidad contratante, así como del contratista puesto que son autónomos; y por otro lado, la fiduciaria únicamente puede girar los recursos del anticipo, con base en las instrucciones que reciba del contratista, que deben ser previamente autorizadas por el interventor, si aquellos pagos corresponden a los rubros previstos en el plan de inversión del anticipo. En consecuencia, la Sala coincide con la contratante en cuanto a que resulta innecesaria la restitución de la suma del anticipo ya que el Consorcio no puede hacer uso de ese dinero indiscriminadamente, esto es, para otra finalidad diferente a la ejecución del Contrato de Obra No. 1766 de 2021 y además necesita autorización de la interventoría y, por esa razón, no hay riesgo de pérdida de los recursos que lo constituyen. […] [L]a restitución del dinero que el Consorcio accionante recibió por el pago No. 1 de la fase de obras iniciales y gestiones preliminares, resulta improcedente, ya que lo recibió como remuneración de unas obligaciones ejecutadas y, bajo ese entendido, no habría lugar a un detrimento patrimonial para la entidad estatal. Además, es pertinente destacar que el IDU, en el recurso de apelación, manifestó que consideraba innecesaria la medida cautelar de restitución de esa suma y en ningún momento alegó que el contratista incumplió con las obligaciones que debía satisfacer para recibir aquel pago. En virtud de lo expuesto, la Sala revocará la medida cautelar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó en el proceso de la referencia, consistente en “ordenar al contratista la restitución al IDU de cualquier suma de dinero que obre en su poder en virtud del contrato de obra 1766 de 2021”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la suspensión de los contratos estatales y su incidencia en el plazo pactado para su cumplimiento, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de mayo de 2011, rad. 18446, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de julio de 2008, rad. 16344, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre la coexistencia de dos contratos estatales con el mismo objeto, celebrados por la misma entidad pública contratante, con distintos contratistas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, rad. 15599, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.1.2.4.1, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 57, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 229, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 91, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40 MEDIDA CAUTELAR / DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR / AUSENCIA DE PREJUZGAMIENTO / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / SENTENCIA / PREJUZGAMIENTO / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR / FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR / CUMPLIMIENTO DEL FALLO / PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / EFICACIA DE LA SENTENCIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / ACTO ADMINISTRATIVO / MÉRITO EJECUTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS PARA EL DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR Problema jurídico: ¿Procede la medida cautelar de suspensión de los procesos sancionatorios que estén en curso con ocasión del Contrato de Obra No. 1766 de 2021 o la orden de abstención dirigida al IDU para que no inicie uno? Respuesta al problema jurídico: Si Esta Sala considera que la decisión que tomó el tribunal de primera instancia de decretar las medidas cautelares impugnadas no implica prejuzgamiento, como tampoco la resolución del presente recurso de apelación, puesto que se trata de un examen preliminar del asunto sometido a la administración de justicia y, como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación en varias ocasiones, la decisión de las medidas cautelares no es final, ni determinante de lo que se resuelva en la sentencia, de manera que, si el juez o magistrado, posteriormente, encuentra razones para apartarse de lo que manifestó en la providencia que decretó o negó una medida cautelar, podrá hacerlo, sobre todo porque al momento de fallar, se habrán surtido todas las etapas procesales y, por lo tanto, tendrá los elementos de juicio suficientes para decidir el asunto. En ese orden de ideas, el alegado prejuzgamiento no es una razón válida para considerar improcedentes las medidas cautelares que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó en el presente proceso. […] [S]e aclara que la finalidad de las medidas cautelares se refiere a que la decisión final que resuelva la controversia se pueda materializar, es decir, que las ordenes que se impongan en el fallo se puedan cumplir. Bajo ese entendido, la Sala considera que, en el caso de la medida cautelar de suspensión de los procesos sancionatorios que estén en curso con ocasión del Contrato de Obra No. 1766 de 2021 o la orden de abstención dirigida al IDU para que no inicie uno, aquella contribuye a este fin […]. […] Así las cosas, si en este caso se profiere una sentencia favorable a la parte demandante, esta carecería de eficacia si existe una decisión contraria a esta, esto es, si el IDU adelanta un procedimiento sancionatorio y resuelve declarar el incumplimiento del contratista y sancionarlo; decisión que sería un acto administrativo, que presta mérito ejecutivo y que se presume legal. En ese orden de ideas, como existen serios motivos para considerar que la situación anteriormente planteada puede ocurrir, se cumple con el requisito del literal b del numeral 4 del artículo 231 del CPACA para que proceda la medida cautelar de suspensión de los procesos sancionatorios que estén en curso con ocasión del Contrato de Obra No. 1766 de 2021 o la orden de abstención dirigida al IDU para que no inicie uno. Resulta necesario precisar que, esta medida hace referencia únicamente a los procesos sancionatorios que versen sobre el objeto del presente litigio. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231 NUMERAL 4 LITERAL B RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO / SENTENCIA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR / CONTRATO DE OBRA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD PARA CELEBRAR CONTRATO ESTATAL / EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INTERÉS PÚBLICO / IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR Problema jurídico: ¿La suspensión del contrato materia de controversia implicaría que la obra que se debía ejecutar quedaría detenida hasta que se profiera sentencia en el presente proceso, lo que implica una afectación por un largo periodo a los habitantes que se iban a beneficiar con aquel proyecto? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a demandada alegó, en el recurso de apelación, que, durante la suspensión del Contrato de Obra No. 1766 de 2021, esta (la entidad contratante) no tendría la posibilidad de celebrar otro contrato para cumplir con el objeto del que se encuentra suspendido y, por lo tanto, la suspensión de aquel hasta que se dicte sentencia implica que la obra quedaría detenida en el tiempo, lo que perjudicaría a la población que iba a ser beneficiaria de aquella. De manera que, corresponde determinar si la medida cautelar de la suspensión del referido contrato es procedente y si durante esta, el IDU podría realizar una contratación para cumplir con el objeto del Contrato de Obra No. 1766 de 2021. A juicio de la Sala, le asiste razón al ente recurrente en cuanto afirma que, durante la suspensión de un contrato estatal, la entidad contratante no puede celebrar un nuevo contrato para cumplir con el mismo objeto del que permanece suspendido. Lo anterior, puesto que, como se expuso en la jurisprudencia citada en el acápite de la hermenéutica de las normas asignadas a este asunto, durante la suspensión, la relación jurídico - negocial entre las partes subsiste. Por lo tanto, la entidad estatal solo podría suscribir otro contrato con un contratista diferente para ejecutar un objeto anteriormente contratado, si extingue el vínculo obligacional del primer contrato, que de acuerdo con la ley, únicamente, la entidad estatal podría hacerlo a través de la terminación unilateral, la terminación bilateral o al declarar la caducidad del contrato (artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 y artículo 1602 del Código Civil). En consecuencia, tomando en consideración que las partes no podrían reanudar la ejecución del contrato que el juez suspenda, aun si se superan las causas que inicialmente dieron lugar a su suspensión, y que la entidad contratante tampoco podría realizar otra contratación con el mismo objeto de aquel, la Sala coincide con la parte recurrente en que la suspensión del contrato materia de controversia implicaría que la obra que se debía ejecutar quedaría detenida hasta que se profiera sentencia en el presente proceso, lo que implica una afectación por un largo periodo a los habitantes que se iban a beneficiar con aquel proyecto (construcción corredor vial avenida Jorge Uribe Botero desde la calle 134 hasta la calle 151 y obras complementarias en Bogotá D.C). Así las cosas, al ser más gravosa para el interés público la concesión que la denegación de la medida cautelar de suspensión de la ejecución contractual, se impone concluir que esta medida no cumple con el requisito que prescribe el numeral 3 del artículo 231 del CPACA. Por lo tanto, la Sala revocará la medida cautelar de suspensión del Contrato de Obra No. 1766 de 2021. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las modalidades de terminación del contrato y la necesidad de liquidarlo para suscribir otro contrato con un contratista diferente, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, rad. 15239, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231 NUMERAL 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DEMANDA / ARGUMENTO EN LA DEMANDA / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / PRUEBA / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / AUSENCIA DE PREJUZGAMIENTO / REVOCATORIA DE LA MEDIDA CAUTELAR / RESTITUCIÓN DE DINERO / CONTRATO DE OBRA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / REVOCATORIA PARCIAL DEL AUTO / APELACIÓN DEL AUTO / MEDIDA CAUTELAR Problema jurídico: ¿Al encontrarse acreditados los hechos que fundamentan la demanda, podría dar lugar a que prospere alguna de las pretensiones de esta? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala considera que la demandante expuso razones válidas que guardan relación con las pretensiones propuestas, indicó las normas que las fundamentan (artículos 4, 27, 28, 32, 50 y 68 de la Ley 80 de 1993, artículos 1602 al 1609 y 1618 a 1628 del Código Civil), basó sus argumentos en las cláusulas contractuales en las que se pactaron las obligaciones a cargo de cada una de las partes (cláusulas 5, 6.1, 17, 19) y aportó suficientes pruebas con el fin de respaldar lo afirmado en la demanda […]. De manera que, de encontrarse acreditados los hechos que fundamentan la demanda, podría dar lugar a que prospere alguna de las pretensiones de esta […]. […] Por consiguiente, la Sala considera que la demanda se encuentra razonablemente fundada en derecho sin que tal consideración implique prejuzgamiento, conforme a lo que se explicó anteriormente en esta providencia. En virtud de lo anterior, comoquiera que, por un lado, se encontraron razones para revocar las medidas cautelares de restitución de los dineros entregados al contratista con ocasión del Contrato de Obra No. 1766 de 2021 y de la suspensión del referido contrato y, por otro lado, se estima procedente la medida cautelar de ordenar al IDU abstenerse de iniciar un procedimiento sancionatorio en el curso de aquel o de suspender los que se encuentren en trámite, la Sala revocará parcialmente el auto recurrido. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 68, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1604, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1605, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1606, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1607, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1608, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1609, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1619, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1620, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1621, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1622, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1623, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1624, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1626, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1627, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1628 RECURSO DE APELACIÓN / LEY 2080 DE 2021 / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PARA CONOCER DE LA APELACIÓN DEL AUTO / DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN DEL AUTO / AUTO QUE DECRETA MEDIDA CAUTELAR / DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado conocerá las apelaciones de los autos proferidos por los tribunales administrativos susceptibles de este medio de impugnación? Respuesta al problema jurídico: Si El trámite del presente recurso de apelación se rige por la Ley 2080 de 2021, que modificó el CPACA. Esto, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 y en vista de que la parte demandada interpuso el recurso luego de la entrada en vigencia de la referida normativa. […] La Sala es competente para conocer este recurso, en virtud de lo dispuesto en los artículos 150 y 125, numeral 2, literal h del CPACA, que respectivamente establecen que el Consejo de Estado conocerá las apelaciones de los autos proferidos por los tribunales administrativos susceptibles de este medio de impugnación y la Sala dictará la providencia que resuelva el recurso de apelación contra el auto que decrete una medida cautelar. […] El recurso de apelación que el IDU interpuso contra el auto por medio del que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó tres medidas cautelares es procedente de conformidad con el numeral 5 del artículo 243 del CPACA. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 125 NUMERAL 2 LITERAL H, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 243 NUMERAL 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 244 NUMERAL 2, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 62, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 86

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202300267011100103