Titulación de la relatoría 38.823 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIDA CAUTELAR / CONCEPTO DE MEDIDA CAUTELAR / FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR / OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR / CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA CAUTELAR / ALCANCE DE LA MEDIDA CAUTELAR / NORMATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Las medidas cautelares tienen por finalidad proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, con el fin de lograr la efectividad del derecho sustancial?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 229 del CPACA, las medidas cautelares tienen por objeto proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, con el fin de lograr la efectividad del derecho sustancial. (...) A partir del análisis de la disposición normativa en comento, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha definido las características principales de esta figura, así: (...) •Pueden ser solicitadas y decretadas en cualquier clase de proceso declarativo que se tramite en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; ya no solo en los juicios de anulación de actos administrativos; •Se requiere solicitud previa del demandante; •La autoridad judicial podrá ordenarlas en cualquier estado del proceso una vez presentada la demanda; •La solicitud deberá estar sustentada por la parte y tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda; y •El decreto de medidas cautelares no constituye prejuzgamiento.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la finalidad de las medidas cautelares, consultar providencias de 3 de diciembre de 2012, Exp. 11001-03-24-000- 2012-00290-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; de 23 de febrero de 2016, Exp. 11001-03-24-000-2015-00408-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 229
MEDIDA CAUTELAR / MEDIDA CAUTELAR EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / REGÍMENES PROCESALES DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / NORMATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR / CLASES DE MEDIDA CAUTELAR / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR / ALCANCE DE LA MEDIDA CAUTELAR / REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Las medidas cautelares pueden ser de tipo preventivo, conservativo, anticipativo o de suspensión y deberán tener relación directa con las pretensiones que hayan sido formuladas en la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s dable mencionar que con la entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011, el legislador introdujo, al sistema tradicional, un amplio esquema de medidas cautelares en el procedimiento contencioso administrativo, que "se constituye en el más novedoso y eficaz instrumento para lograr la tutela judicial efectiva”. Así, se incorporó un régimen innominado, atípico y extensivo de medidas cautelares, que permite al juez o magistrado decretar aquellas que considere “necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”. Lo anterior, con el fin de que aquel que pretenda de la administración de justicia la declaración, constitución o ejecución de un derecho, pueda asegurar la eficacia de la sentencia y evitar el riesgo de inejecución del fallo judicial que se profiera en beneficio de quien acude a la jurisdicción. De conformidad con lo anterior, el artículo 230 del CPACA prevé, que las medidas cautelares pueden ser de tipo preventivo, conservativo, anticipativo o de suspensión y deberán tener relación directa con las pretensiones que hayan sido formuladas en la demanda. De acuerdo con esa misma disposición, como medida cautelar el juez o magistrado podrá ordenar que se mantenga o restablezca una situación, la suspensión de un procedimiento o actuación administrativa, la adopción de una decisión administrativa o la realización o demolición de una obra, el cumplimiento de obligaciones de hacer o de no hacer para las partes del proceso o, la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las clases de medidas cautelares, consultar providencias de 18 de febrero de 2019, Exp. 25000-23-26-000-2011-01342-01(46301), C.P. Ramiro Pazos Guerrero; y Corte Constitucional, C-379 del 27 de 2004.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 229, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230
SUSPENSIÓN PROVISIONAL / SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / ALCANCE EN LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / OBJETO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / FINALIDAD DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / FINALIDAD DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / GENERALIDADES DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos administrativos, constituye un importante instrumento de naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en aquellos eventos en los que sea clara la infracción?
Respuesta al problema jurídico: Si
La posibilidad de que como medida cautelar la jurisdicción de lo contencioso administrativo suspenda provisionalmente los efectos jurídicos de los actos administrativos, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, encuentra su fundamento en el artículo 238 de la Constitución Política de 1991. Así, la suspensión provisional constituye un importante instrumento de naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en aquellos eventos en los que se advierta la infracción a las normas superiores. En ese sentido, es presupuesto básico de la medida que el acto administrativo esté produciendo sus efectos jurídicos, ya que su finalidad no puede ser otra que la de evitar, transitoriamente, que el acto administrativo sea ejecutable, salvaguardando los intereses generales y del Estado de derecho. El artículo 231 del CPACA establece cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que pueda ser decretada una medida de esta naturaleza (...). Por lo anterior, cuando se pretende la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional procede: i) a solicitud de parte; ii) cuando del estudio del acto demandado y su confrontación con las normas superiores se derive la vulneración de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud de medida y; iii) cuando el actor acredite, al menos de manera sumaria, el perjuicio alegado en la demanda en los eventos en que se pretende el restablecimiento del derecho. (...) Sobre este aspecto, también debe tenerse en cuenta que la Sala Plena del Consejo de Estado en providencia de 17 de marzo de 2015, precisó que, respecto de la suspensión provisional a diferencia de las demás medidas cautelares establecidas en el artículo 230 del CPACA, no procede la acreditación de los requisitos de apariencia de buen derecho, perjuicio de la mora y ponderación de intereses (...). Ahora bien, no se puede pasar por alto que quien solicita la aplicación de la medida debe asumir la carga argumentativa y probatoria que le permita al juez adoptar una decisión con suficiencia, esto es, tener los elementos de juicio para efectuar esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del proceso, ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos administrativos, consultar providencias de 24 de enero de 2013, Exp. 11001-03-28-000-2012-00068-00, C.P. Susana Buitrago Valencia; de 18 de julio de 2016, Exp. 11001-03-24- 000-2016-00111-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; de 22 de septiembre de 2021, Exp 11001-03-26-000-2021-00071-00(66795), C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Acerca de los requisitos de apariencia de buen derecho, perjuicio de la mora y ponderación de intereses, para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, consultar providencia de 17 de marzo de 2015, Exp. 11001-03-15-000-2014-03799-00, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. En relación con la carga argumentativa de la medida cautelar de suspensión provisional, consultar providencia de 18 de julio de 2016, Exp. 11001-03-24- 000-2016-00111-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 238, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231
EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DEL DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Las causales de pérdida de fuerza ejecutoria son situaciones posteriores al nacimiento del acto administrativo que impiden su ejecutoriedad y, su ocurrencia no afecta la validez de este?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que el acto administrativo existe desde que la Administración ha manifestado su voluntad a través de una decisión y su eficacia (efectos) está condicionada a que tal acto se publique o se notifique. En tal sentido, una vez el acto administrativo se ha notificado o publicado y no es susceptible de recursos, la Administración queda facultada para cumplirlo o hacerlo cumplir, situación que se entiende como la fuerza ejecutoria del acto. Ahora bien, existen circunstancias reconocidas por la ley en que este atributo de la ejecutividad del acto administrativo puede extinguirse, lo cual implica que termine la obligación implícita del cumplimiento y obedecimiento de este. (...) En ese sentido, las causales de pérdida de fuerza ejecutoria son situaciones posteriores al nacimiento del acto administrativo que impiden su ejecutoriedad y, su ocurrencia no afecta la validez de este, puesto que no se trata de situaciones cuya existencia se presenta en la formación o expedición de la declaración unilateral de la administración, sino, como se expuso, de eventos que impiden que el acto siga produciendo efectos hacia el futuro.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la institución del decaimiento del acto administrativo, consultar providencias de 19 de febrero de 1998, Exp. 4490, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa; de 19 de febrero de 2009, Exp. 24609, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de15 de agosto de 2018, Exp. 11001-03-27-000-2016-00012-00, C.P. Milton Chavez Garcia; de 24 de septiembre de 2021, Exp. 25000-23-26-000-2017-00832-01(66251), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. En cuanto a la segunda causal de la pérdida de fuerza ejecutoria, consistente en la desaparición de los fundamentos de hecho o de derecho, consultar providencias de 2 de febrero de 2011, Exp. 10474, C.P. Germán Ayala Martínez; de 11 de octubre de 2012, Exp. 18778, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; de 2 de mayo de 2013, Exp. 18205, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E); de 12 de marzo de 2015, Exp. 19154, C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 91
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIDA CAUTELAR / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECRETO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DEL DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DESAPARECIMIENTO DEL FUNDAMENTO JURÍDICO / ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES / MEDIDAS PREVENTIVAS EN INFRACCIÓN AMBIENTAL / SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO SUSPENDIDO / APELACIÓN DEL AUTO / APELACIÓN DEL AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Debe declararse la suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones Nos. 20243000000135 del 5 de enero de 2024 y 20243030002515 del 14 de marzo de la misma anualidad, por considerarse la indebida aplicación de la figura de la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, dado que la suspension provisional de un acto que le sirvió de fundamento a las resoluciones demandadas y las medidas preventivas dictadas por la ANLA, no tenían la virtualidad de configurar la desaparición de sus fundamentos de derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a autoridad judicial de primera instancia justificó el decreto de la suspensión provisional de las Resoluciones Nos. 20243000000135 del 5 de enero de 2024 y 20243030002515 del 14 de marzo de la misma anualidad, con base en la infracción de las normas superiores -artículo 91 del CPACA- por indebida aplicación de la figura de la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo. (...) Tanto la ANI como la ANDJE insistieron en que se había aplicado en debida forma la figura del decaimiento del acto administrativo, en la medida en que desaparecieron los fundamentos fácticos y jurídicos de la Resolución No. 20233030018615 del 23 de diciembre de 2023, con ocasión de: i) la suspensión provisional de la Resolución No. 2023-072 de 2023 -uno de sus fundamentos jurídicos-; ii) las medidas preventivas dictadas por la ANLA y, además (...). Frente al primer asunto (...) la Sala advierte que, contrario a lo expuesto por los recurrentes, la (...) decisión judicial no existía al momento de la expedición de las resoluciones cuestionadas -que declararon la pérdida de fuerza ejecutoria- y, aunado a ello, la suspensión provisional no se enmarca en el supuesto del numeral 2 del artículo 91 del CPACA (...). Tal y como se evidencia, los fundamentos jurídicos de los mencionados actos administrativos se sustentan en una nueva decisión del Consejo Directivo de la ANI, de ahí que en ninguna de las mencionadas consideraciones se pone de presente la suspensión provisional de la resolución que aprobó el instrumento ambiental sobre el predio “Muelle 13” solicitado por el Grupo Portuario. Dicha decisión se profirió de manera posterior, el 6 de diciembre de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buenaventura, en un proceso que fue promovido por la ANDJE en contra del Establecimiento Público Ambiental Distrital de Buenaventura – EPA. Ahora bien, la Sala precisa que la suspensión provisional de una norma que sirvió como base o justificación para la expedición de un acto administrativo no supone la “desaparición de sus fundamentos de derecho”, toda vez que la suspensión provisional, distinto a la declaratoria de nulidad o inexequibilidad, no retira la disposición del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, no genera su inaplicabilidad definitiva. Por el contrario, la suspensión solo suprime por un período de tiempo -mientras se resuelve de manera definitiva sobre la legalidad- los efectos del acto administrativo en cuestión. (...) En otras palabras, si bien los actos administrativos dejan de ser obligatorios y de tener efectos (de manera transitoria) cuando son suspendidos provisionalmente por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que esta medida no se puede entender como definitiva y, en ese mismo sentido, no tiene la virtualidad para afectar la presunción de legalidad de los demás actos que se fundaron en la norma suspendida. (...) Similar consideración merece lo atinente a las decisiones dictadas por la ANLA respecto del área “Muelle 13”, dado que en, efecto, según lo previsto en la Ley 1333 de 2009, esta autoridad ambiental tiene competencia para imponer y ejecutar las medidas preventivas ambientales que considere aplicables; no obstante, tales determinaciones corresponden a procedimientos y competencias concretas de la entidad que son independientes al procedimiento establecido para la modificación del contrato de concesión portuaria dispuesto en del Decreto 1079 de 2015 y en la “metodología para modificación de un contrato de concesión portuaria” expedida por la ANI. (...) Por lo anterior, si la ANLA -como autoridad ambiental- en cumplimiento de su actividad misional decide llevar a cabo actuaciones independientes, este es un asunto autónomo de dicha autoridad, que, en tanto no fue fundamento para la decisión de la ANI, no impacta la ejecutividad del acto administrativo de modificación contractual de esta última entidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del alcance de la medida cautelar de suspensión provisional , consultar providencia de 9 de febrero de 2017, Exp. 11001-03-26-000-2014-00143-00, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1079 DE 2015, LEY 1333 DE 2009, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 91 NUMERAL 2
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIDA CAUTELAR / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECRETO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FUNDAMENTOS DE HECHO / DESAPARECIMIENTO DEL FUNDAMENTO JURÍDICO / VOTACIÓN / VOTO / AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA / CONDICIÓN / OBLIGACIÓN CONDICIONAL / CONDICIÓN SUSPENSIVA / SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO SUSPENDIDO / APELACIÓN DEL AUTO / APELACIÓN DEL AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Debe declararse la suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones Nos. 20243000000135 del 5 de enero de 2024 y 20243030002515 del 14 de marzo de la misma anualidad, por la indebida aplicación de la figura de la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, dado que la decisión dividida y condicionada del Consejo Directivo de la ANI, no tenía la virtualidad de configurar la extinción de un fundamento de hecho del acto administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a ANDJE y la ANI plantearon que “la supuesta autorización concedida por el Consejo Directivo no fue tal”, dado que en la determinación del 22 de diciembre de 2023 no se cumplió con el quorum decisorio establecido en el reglamento del Consejo Directivo de la ANI -Acuerdo 005 del 27 de octubre de 2023-, pues solo se tuvieron dos votos positivos, uno negativo y otro voto que estuvo sometido a una “aceptación condicional suspensiva” en los términos del artículo 1530 del Código Civil por parte del Viceministro General del Ministerio de Hacienda. Al respecto, se expresó que este integrante del Consejo Directivo indicó que su voto era favorable “condicionado a la reversión del Muelle 13” y, como para el 23 de diciembre de 2023 la reversión no había ocurrido, no se podía considerar que su voto era positivo y, por tanto, no se debió expedir la Resolución No. 20233030018615 de 2023 por parte de la Vicepresidenta de Gestión Contractual, como ocurrió. La Sala considera que esta situación no constituye la extinción de un fundamento de hecho del acto administrativo, en la medida en que, según lo descrito por las entidades demandadas, se presentaron una serie de irregularidades en la formación del acto administrativo, por cuanto se dijo adoptar una decisión que no existía, dado que la condición suspensiva y el quorum decisorio no se habían cumplido. Estas supuestas irregularidades, como se evidencia, sucedieron en la formación misma del acto administrativo y no de manera posterior o por causas externas a la entidad, razón por la cual son circunstancias discutibles en torno a la legalidad del acto -validez-, ello teniendo en cuenta que se trata de requisitos y condiciones para proferir la resolución. En ese sentido, si la ANI consideraba que el Consejo Directivo no había emitido su autorización como lo entendió la Vicepresidenta de Gestión Contractual, debió proceder conforme con el artículo 97 del CPACA y solicitar la anulación de la situación jurídica particular y concreta que se había reconocido en contravía de la normativa aplicable al caso. (...) Tal y como lo expuso el Tribunal a quo, en este caso lo que se evidencia es el cambio de postura de la misma entidad que adoptó una nueva decisión de forma posterior, sin que tal evento se pueda considerar como un supuesto de pérdida de fuerza ejecutoria, ya que (...) esta figura aplica frente situaciones de hecho o de derecho que incidan en la ejecutividad del acto, circunstancias que, en todo caso, no pueden ser provocadas por la misma administración. (...) Por lo expuesto, le asistió razón a la autoridad judicial de primera instancia al determinar que, confrontadas -de manera preliminar- las decisiones demandadas con el artículo 91 del CPACA, específicamente con su numeral 2, se observa sumariamente su vulneración, toda vez que no se presentaron los supuestos legales para declarar la pérdida de la fuerza ejecutoria del acto administrativo que inicialmente aprobó la modificación contractual, puesto que, se reitera, en este caso la entidad modificó su propio acto -el cual se encontraba en firme-.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de los presupuestos de procedencia de la pérdida de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos, consultar providencias de 2 de
junio de 2016, Exp. 11001-03-24-000-2007-00125-00, C.P. Jorge Iván Duque Gutierrez; de 4 de julio de 2024, Exp. 18001-23-33-000-2017-00170-01(6301-2018), C.P. Jorge Iván Duque Gutierrez; de 8 de noviembre de 2024, Exp. 18001-23-31-000-2019-00154-01(5162-2023), C.P. Sandra Lisser Ibarra Vélez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 91 NUMERAL 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 97, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1530
DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DEL DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REVOCATORIA DIRECTA / REVOCATORIA DIRECTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE REVOCATORIA DIRECTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA REVOCATORIA DIRECTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Los fenómenos del decaimiento del acto administrativo y de la revocatoria directa, si bien implican una afectación a una situación jurídica concreta, se diferencian en que con la primera en nada se modifica la decisión como había sido establecida por la administración, sino que simplemente se torna en ineficaz, mientras que con la segunda se altera el derecho concedido o la situación jurídica creada?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n diversas providencias esta Corporación ha analizado los fenómenos del decaimiento del acto administrativo y de la revocatoria directa y ha concluido que, si bien ambas figuras implican una afectación a una situación jurídica concreta, lo cierto es que con la revocatoria directa se altera el derecho concedido o la situación jurídica creada, tanto así que se afecta la prerrogativa en sí misma, con lo cual se cambia la decisión inicial por otra distinta. Por su parte, en el decaimiento del acto administrativo en nada se modifica la decisión como había sido establecida por la administración, sino que simplemente se torna en ineficaz, es decir, se impide que sus efectos se sigan causando hacia futuro por haber ocurrido un evento de aquellos previstos en ley.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la diferencia entre la revocatoria directa y el decaimiento del acto administrativo, consultar providencias de 3 de abril de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2005 00166-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala; de 4 de julio 2024, Exp. 18001-23-33-000-2017-00170-01(6301-2018), C.P. Jorge Iván Duque Gutierrez.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECRETO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRUEBA DE LOS PERJUICIOS / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / DAÑO EMERGENTE / PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTROL DE LEGALIDAD DE LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / CONCESIÓN PORTUARIA / CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA / OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN PORTUARIA / SOLICITUD DE CONCESIÓN PORTUARIA / RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN PORTUARIA / SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO SUSPENDIDO / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE
Problema jurídico:
¿Se acreditaron, al menos de forma sumaria, los perjuicios ocasionados a la parte actora con la decisión de declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución que autorizó suscribir la prórroga al contrato de concesión portuaria?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]onforme con el artículo 231 del CPACA, la prosperidad de la solicitud de suspensión provisional se encuentra igualmente supeditada a la demostración concurrente, al menos sumaria, de los perjuicios invocados. La parte actora en la solicitud de la medida cautelar indicó que si no se accedía a la suspensión provisional “la sociedad demandante se vería expuesta a restituir las áreas entregadas en concesión y en consecuencia a terminar su operación, todo lo cual conduciría a un grave perjuicio económico para la sociedad”. Además, expuso que, junto con la demanda anexó dictamen pericial financiero “el cual da cuenta de los perjuicios relacionados por concepto de daño emergente y lucro cesante derivados de los actos administrativos demandados”. (...) Sobre este particular, la Sala considera que contrario a lo afirmado en el recurso de apelación interpuesto por la ANI, la medida cautelar resulta necesaria para proteger y garantizar el objeto del proceso, ya que tal y como se establecerá, el no adoptar la suspensión de los actos administrativos demandados causaría perjuicios al demandante al frustrarse su expectativa de prorrogar el contrato No. 002 de 2005, así como adicionar las nuevas áreas de concesión para incluir los predios del “Muelle 13”. (...) En ese sentido, la Subsección concluye que los actos administrativos que declararon la pérdida de fuerza ejecutoria se encuentran produciendo efectos jurídicos y, en esa medida, generan una afectación para la sociedad Grupo Portuario S.A., consistente en la negativa de incorporar los predios del “Muelle 13” al área concesionada y continuar con su explotación. De igual forma y como consecuencia de las resoluciones mencionadas, a priori se advierte la inminente frustración de la posibilidad de suscribir la prórroga al contrato de concesión portuaria que se había autorizado previamente mediante Resolución No. 20233030018615 del 23 de diciembre de 2023. Ello, ya que, si bien el contrato de concesión No. 002 de 2005 se encuentra vigente hasta el mes de diciembre de 2025, la decisión de declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución mencionada, tiene como consecuencia la inevitable afectación del interés jurídico en cabeza del concesionario de obtener la prórroga del negocio jurídico, ya que producto de esa pérdida de fuerza ejecutoria, resulta insoslayable que las partes no suscribirían el otrosí al contrato de concesión previamente autorizado por la ANI. Adicionalmente, los actos administrativos que declararon la pérdida de la fuerza ejecutoria de la referida resolución generarían una serie de perjuicios de orden patrimonial (...), los cuales se encuentran acreditados -de manera sumaria- en esta fase del proceso. (...) Precisamente, en este caso se evidencia que la parte actora en la solicitud de medida cautelar que presentó en escrito separado a la demanda, mencionó los perjuicios que manifiesta le fueron causados por los actos atacados -daño emergente y lucro cesante-, e igualmente hizo referencia al dictamen pericial aportado. (...) Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no le asiste razón a la ANI en su cargo de apelación y que se cumple con el segundo de los requisitos exigidos para el decreto de la medida cautelar. Lo anterior, con fundamento en el dictamen pericial obrante en el expediente, el cual evidencia —al menos sumariamente— la existencia de daño emergente y lucro cesante derivados de los efectos de las Resoluciones Nos. 20243000000135 del 5 de enero de 2024 y 20243030002515 del 14 de marzo del mismo año, las cuales inminentemente frustrarían la prórroga del contrato de concesión No. 002 de 2005, así como impidieron la adición del predio denominado “Muelle 13”.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la confianza legítima, consultar providencias de 26 de febrero de 2015, Exp.11001-03-15-000 2014-01114-01(AC), C.P. Hugo Fernado Bastidas Barcenas; de 1 de marzo de 2016, Exp. 11001-03-15-000-2016-00402-00(AC), C.P. William Hernández Gómez; de 27 de octubre de 2023, Exp. 55567, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 16 de febrero de 2012, Exp. 25000-23-15-000-2011-00213-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E). Acerca del principio que prohíbe desconocer los propios actos, consultar providencias de 16 de mayo de 1991, Exp. 5931, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 24 de enero de 2011, Exp. 2001 00457-01.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 83, DECRETO 41 DE 1971 - ARTÍCULO 863, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231
AUTO QUE DECRETA MEDIDA CAUTELAR / MEDIDA CAUTELAR / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / ALCANCE DE LA MEDIDA CAUTELAR / SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / CARÁCTER DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / NATURALEZA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / EXAMEN DE FONDO / ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿El análisis efectuado en esta oportunidad procesal en donde se decide la procedencia de la medida cautelar de suspension provisional, tiene como fundamento un estudio preliminar de los argumentos del litigio y de las pruebas obrantes en el expediente, que no supone examen de fondo sobre el asunto?
Respuesta al problema jurídico: Si
Tanto la ANDJE como la ANI sostuvieron en sus recursos de apelación que con la decisión de primera instancia se estaría “vaciando de contenido el proceso judicial y decidiendo de fondo el asunto bajo la apariencia de provisionalidad”, razón por la cual lo procedente era revocar la medida cautelar. Sobre este aspecto y contrario a lo expuesto por los recurrentes, el artículo 229 del CPACA establece, “la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento”, de tal manera que la declaratoria de suspensión provisional no supone una decisión definitiva sobre la controversia. Ello, ya que como lo ha planteado esta Corporación en otras oportunidades, esta es una valoración prima facie que tiene incidencia en los efectos de los actos administrativos demandados. No obstante, esto no torna nugatoria la eventual sentencia que se profiera en el proceso, pues no implica una decisión de fondo sobre el litigio con el carácter de “cosa juzgada”; sino que se busca, precisamente, proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del trámite judicial. (...) Con base a lo expuesto, la Sala concluye que no resulta procedente el cargo presentado por los apelantes, ya que el análisis efectuado en esta oportunidad procesal tiene como fundamento un estudio preliminar de los argumentos del litigio, y las pruebas obrantes en el expediente. De igual forma, las determinaciones de esta etapa del proceso no atan o comprometen el examen de fondo que deberá atender el juez al momento en que deba resolver la controversia, para lo cual se deberán valorar las pruebas y resolver los planteamientos de cada una de las partes.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 229
MEDIDA CAUTELAR / AUTO QUE DECRETA MEDIDA CAUTELAR / DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR / OPOSICIÓN A MEDIDA CAUTELAR / APELACIÓN DEL AUTO / APELACIÓN DEL AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / RECURSO DE APELACIÓN / EFECTO DEVOLUTIVO EN LA APELACIÓN
Problema jurídico:
¿El auto que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar debe concederse en el efecto devolutivo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La ANDJE manifestó que, si bien la normatividad establecía que la impugnación debía concederse en el efecto devolutivo, lo cierto es que debido a “la gravedad de las consecuencias ambientales que podrían generarse en el caso en el cual se suscribiera la modificación y prórroga del contrato de concesión No. 002 de 2005”, lo procedente era que el recurso de apelación se surtiera en el efecto suspensivo. Sobre este aspecto, la Subsección pone de presente que según lo previsto en el parágrafo primero del artículo 243 del CPACA, el auto que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar debe concederse en el efecto devolutivo, tal y como lo ordenó el juzgador de primera instancia. Además, si la entidad mencionada consideraba que el efecto concedido desconocía las normas sustanciales ambientales y el principio de precaución, como expuso en el recurso de apelación, debió controvertir el auto que concedió el recurso de alzada en la oportunidad pertinente. Así las cosas, la Sala considera que el argumento planteado por la ANDJE no tiene vocación de prosperidad, ya que el recurso de apelación se concedió en el efecto que establece el artículo 243 del CPACA. De igual forma, porque este no es el momento procesal para que se aborde el análisis del efecto en que fue concedido el recurso de apelación, puesto que ello fue decidido por el operador judicial a quo, y dicha providencia se encuentra en firme.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 243
MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO FUMUS BONI IURIS / PRINCIPIO PERICULUM IN MORA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Para la procedencia de la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo, debe acreditarse la apariencia de buen derecho y el periculum in mora?
Respuesta al problema jurídico: Si
En su impugnación la ANDJE expresó que no se acreditó el requisito de apariencia de buen derecho -fumus bonis iuris-; no obstante, todos los cuestionamientos sobre este asunto estuvieron encaminados a demostrar la legalidad de las Resoluciones Nros. 20243000000135 de 5 de enero de 2024 y 20243030002515 de 14 de marzo de la misma anualidad (...). [S]egún el criterio jurisprudencial de esta Sección, los requisitos de procedencia de la suspensión provisional no incluyen el criterio de “apariencia de buen derecho” dentro del análisis de procedencia, puesto que para esta clase de medida cautelar solo aplican los requisitos expuestos en el primer inciso del artículo 231 del CPACA (...). Similar consideración se debe sostener respecto del periculum in mora o perjuicio de la mora, el cual se refiere al riesgo de no conceder la medida cautelar en el momento oportuno (antes de decidir de fondo del asunto), ya que el paso del tiempo podría dar lugar a un daño grave o irreparable para la parte que solicita la medida y, de no procurarse la cautela, la sentencia podría resultar ineficaz o inútil. Al respecto, es oportuno mencionar que en sede de la suspensión provisional el periculum in mora o perjuicio de la mora no supone un análisis adicional al estudio -prima facie- de la legalidad de los actos administrativos cuestionados. (...) Con base en expuesto, la Sala concluye que el cargo planteado por la ANDJE no tiene vocación de prosperidad, ya que además de la confrontación de los actos administrativos con las normas superiores efectuada previamente (numerales 6.1 y 6.2), la medida cautelar de suspensión de actos administrativos no exige un análisis adicional sobre los requisitos de apariencia de buen derecho y el perjuicio de la mora. De conformidad con lo anterior y, con base en las consideraciones previamente planteadas, la Sala concluye que en esta etapa inicial del proceso se cumplen los requisitos del artículo 231 del CPACA para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional y, como consecuencia de ello, confirmará la decisión adoptada en primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la apariencia del buen derecho como requisito de la solicitud de suspension provisional del acto administrativo, consultar providencias de 17 de marzo de 2015, Exp. 11001-03-15-000-2014-03799-00, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; de 22 de febrero de 2022, Exp. 11001-03-26-000 2021-00207-00(67621), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Respecto del periculum in mora o perjuicio de la mora, consultar providencia de 26 de junio de 2020, Exp. 11001-03-24-000-2016-00295-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231