Titulación de la relatoría 30.052 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INTERVENTORÍA / INFORME DEL INTERVENTOR / OMISIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿El procedimiento administrativo de declaratoria de incumplimiento contractual adelantado por el IDU con fundamento en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 vulneró los derechos al debido proceso, defensa y contradicción del contratista por el tratamiento probatorio del informe de CIG Ingenieros, la falta de traslado autónomo del último informe de interventoría, la precisión de la consecuencia contractual durante la audiencia y la ausencia de una etapa adicional para presentar alegatos de conclusión?
Respuesta al problema jurídico: No
La prueba técnica aportada por los demandantes debe valorarse respecto de los incumplimientos concretos que permanecieron como fundamento de la decisión administrativa, teniendo en cuenta la causa atribuida a cada grupo de intervenciones y su incidencia en la declaración de incumplimiento parcial. Bajo ese entendimiento, no se acreditó que el procedimiento administrativo hubiera desconocido las garantías de defensa y contradicción ni que los fundamentos determinantes de los actos demandados fueran contrarios a la realidad. Tampoco se demostró un incumplimiento contractual imputable al IDU ni que las actuaciones de la interventoría hubieran interferido en el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Además, el Consorcio JHG carece de legitimación material para solicitar la declaratoria de incumplimiento del Contrato n.º 581 de 2017. (...) La garantía de contradicción en este procedimiento exige que el contratista conozca los elementos que sustentan la imputación y disponga de una oportunidad efectiva para controvertirlos. Esta Subsección consideró relevante, para establecer la observancia del debido proceso, que aquel haya conocido los informes de interventoría que sirvieron de fundamento a los incumplimientos atribuidos y hubiera podido ejercer frente a ellos su derecho de defensa. (...) El apelante afirmó que se vulneró el debido proceso porque el IDU trató como documento el informe de CIG Ingenieros, presentado como peritaje, sin decretarlo ni rechazarlo motivadamente y sin permitirle subsanar sus requisitos o acudir a otra prueba técnica. El reparo no prospera. En la audiencia del 17 de julio de 2018, el contratista aportó el “CIG Ingenieros, informe técnico de revisión de elementos de calidad para eventual justificación de recibo”, de abril de 2018, y pidió tenerlo como peritaje. En esa misma diligencia, la entidad decidió decretarlo como prueba documental y no pericial, porque no reunía los requisitos del artículo 226 del CGP. Hubo, entonces, una decisión expresa y motivada sobre el medio de prueba, adoptada y conocida en audiencia. El documento se incorporó en su integridad y la entidad se pronunció sobre su contenido en las dos resoluciones. La actuación se prolongó hasta mayo de 2019, de modo que el contratista tuvo oportunidad de completar los requisitos de la experticia o de solicitar otra prueba técnica, y no lo hizo. Por el contrario, en la audiencia del 9 de agosto de 2018 manifestó que no solicitaría aclaraciones ni complementaciones de la prueba por informe. (...) Tampoco se acreditó que el IDU hubiera delegado en la interventoría la valoración de ese documento. El artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 estructura el procedimiento a partir del informe de interventoría, de modo que la entidad puede apoyarse en los conceptos técnicos del interventor, siempre que la decisión sea suya y esté motivada. En las Resoluciones 1744 y 3067, el IDU confrontó el informe de CIG Ingenieros con el oficio BIL-514-1937 y concluyó que no aportaba elementos para desvirtuar la exigencia de las especificaciones IDU ET-2011. Que la entidad coincidiera con la interventoría no significa que hubiera renunciado a su competencia. En todo caso, la irregularidad alegada carecería de trascendencia: en este proceso, la experticia fue sometida a contradicción plena y valorada por la Sala, y no desvirtuó las imputaciones que permanecieron como fundamento de los actos (...) No obra prueba de que el último informe de interventoría se trasladó autónomamente al Consorcio JHG ni de que este conoció íntegramente su contenido antes de la expedición de la Resolución 1744 de 2019. Sin embargo, esa circunstancia no acredita, por sí sola, la vulneración del derecho de contradicción alegada. (...) Las no conformidades relacionadas con daños prematuros, calidad de las obras y reparaciones pendientes habían sido comunicadas previamente al contratista, quien se pronunció sobre ellas, presentó un plan para su corrección y participó en las verificaciones posteriores; además, durante ese seguimiento se produjeron comunicaciones sobre el estado de las intervenciones, algunas remitidas con copia al Consorcio. (...) El informe cuestionado consolidó el resultado de esas actuaciones y permitió establecer cuáles obras habían sido reparadas o verificadas y cuáles permanecían sin recibo, sin incorporar una no conformidad, una obligación incumplida o un fundamento técnico distinto de aquellos que habían sido objeto de contradicción durante la actuación. Esta garantía produjo efectos concretos: entre el informe del 15 de enero y el oficio BIL-555-1937, el valor de las obras revisadas y recibidas aumentó de $16.678.592 a $108.226.040, mientras que el de las obras rechazadas disminuyó de $565.710.076 a $440.367.75033. En consecuencia, aunque no se acreditó el traslado autónomo de aquel documento, tampoco se demostró que su incorporación hubiera privado al contratista de controvertir alguno de los fundamentos determinantes de la declaratoria de incumplimiento; por ello, la irregularidad alegada no tuvo incidencia material en sus derechos de defensa y contradicción. (...) Finalmente, aunque el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 no prevé una etapa autónoma de alegaciones finales, ello no releva a la administración de garantizar materialmente los derechos de defensa y contradicción. En este caso, el contratista conoció los cargos, presentó descargos, aportó elementos técnicos, controvirtió las imputaciones y posteriormente interpuso recurso de reposición. Por ello, la ausencia de un término adicional para alegar no produjo una afectación sustancial del debido proceso y este reparo no prospera. (...) Tampoco prospera el reparo según el cual la diferencia entre la consecuencia inicialmente anunciada y la finalmente aplicada exigía una nueva oportunidad de defensa. El literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 exige que la citación indique detalladamente los hechos que sustentan la actuación, acompañe el informe de interventoría, señale las normas o cláusulas presuntamente infringidas y precise las consecuencias que podrían derivarse para el contratista. La citación del 22 de junio de 2018 satisfizo esa finalidad (...) Esa consecuencia no era ajena al contratista, el Acta n.º 13 de terminación, suscrita por su representante el 12 de diciembre de 2017, dejó constancia de que las no conformidades no subsanadas al 8 de enero de 2018 servirían de soporte para que el IDU iniciara las actuaciones orientadas al reconocimiento y pago de las sanciones previstas en la cláusula vigésima cuarta. Si bien el apartado final de la citación aludió al inicio de un procedimiento “tendiente a la imposición de multa”, esa imprecisión fue advertida por el contratista en la primera audiencia del 17 de julio de 2018, tanto oralmente como en sus descargos escritos, y sirvió de fundamento para solicitar la desestimación del trámite. La entidad la aclaró en la misma diligencia, al precisar que la actuación se refería a la cláusula penal de la cláusula vigésima cuarta y no a una multa de carácter conminatorio. Además, el apoderado del Consorcio confirmó que había recibido la citación y conocía las circunstancias allí expuestas. En esas condiciones, la aclaración efectuada durante la audiencia no incorporó una consecuencia nueva ni privó al contratista de ejercer su defensa, como también lo concluyó el Tribunal (...) La imprecisión en la denominación de la consecuencia no afectó el ejercicio del derecho de defensa. (...) Respecto a la aplicación del artículo 48 del CPACA este dispone que, una vez vencido el período probatorio, debe concederse al investigado un término de diez días para presentar alegatos de conclusión. A su vez, el artículo 47 ibidem establece que los procedimientos administrativos sancionatorios regulados por leyes especiales se rigen, de manera preferente, por sus disposiciones y que las normas del Código se aplican supletoriamente en los aspectos no previstos. Por tanto, la aplicación supletoria del artículo 48 exige verificar la existencia de un vacío normativo y la compatibilidad de esa etapa con la estructura del procedimiento especial. En consecuencia, la sola ausencia de una fase denominada “alegatos de conclusión” no impone su incorporación, pues debe establecerse si la regulación especial garantiza de manera integral las oportunidades de defensa, contradicción y pronunciamiento sobre las pruebas practicadas. (...) En materia de incumplimiento contractual, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 regula un procedimiento administrativo especial, de carácter oral y concentrado en audiencia. En esa actuación, el contratista y su garante pueden conocer los cargos, presentar descargos, aportar y controvertir pruebas, rendir las explicaciones pertinentes e interponer el recurso de reposición contra la decisión. De ahí que la falta de un traslado escrito y autónomo de diez días para presentar alegatos de conclusión no constituya, por sí sola, una vulneración del debido proceso. La suficiencia de las garantías debe valorarse a partir de las oportunidades efectivas de defensa y contradicción previstas en el procedimiento especial. Esta conclusión concuerda con el criterio de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, que, al examinar la legalidad de una actuación adelantada con fundamento en el citado artículo 86, valoró las oportunidades para conocer los cargos, controvertir las pruebas y ejercer el recurso de reposición, sin exigir una etapa adicional de alegaciones finales (...) Tampoco se advierte una inversión ilegítima de la carga de la prueba, pues la entidad identificó la obligación incumplida, la no conformidad y los elementos técnicos que sustentaban la relación entre ambas; por tanto, correspondía al demandante desvirtuar la motivación de los actos acusados. Además, no se le exigió la elaboración de diagnósticos ajenos al objeto contractual, dado que se reconoció que el contrato no los imponía y se examinaron individualmente las intervenciones cuestionadas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la garantía de contradicción en el procedimiento administrativo, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2024, exp. 25000-23-36-000-2017-01383-01 (62986), C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de mayo de 2025, exp. 52001-23-33-000-2016-00252-01 (70884), C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. Sobre la valoración del procedimiento administrativo sin exigir una etapa de alegatos de conclusión, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de julio de 2020, exp. 73001-23-33-000-2015-00322-01(65198), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 47, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 48, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 226
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRUEBA TÉCNICA / DICTAMEN PERICIAL / ADECUADA VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿El Tribunal interpretó de forma adecuada el alcance de las obligaciones del contratista y valoró la prueba técnica conforme a su contenido, fundamentación y alcance demostrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala confirmará la sentencia apelada. El Contrato de Obra n.º 1092 de 2016 no impuso al Consorcio JHG una obligación general de diagnosticar estructuralmente los corredores, reconstruir integralmente el pavimento o sanear sistemáticamente sus capas inferiores. Sin embargo, el contratista debía determinar técnicamente las intervenciones que proponía y garantizar que las actividades ejecutadas, los materiales y los procedimientos constructivos cumplieran las especificaciones técnicas y las condiciones de calidad y estabilidad exigibles. (...) La valoración de la prueba técnica y del dictamen pericial (...) Para valorar los dictámenes la Corporación señaló unos criterios relevantes, entre ellos, (i) la falta de experiencia previa del experto en la elaboración de dictámenes no basta para privar de eficacia probatoria a la experticia; (ii) una relación profesional previa entre el perito y una de las partes tampoco determina, por sí sola, su exclusión, aunque justifica una valoración más rigurosa; (iii) la eficacia del dictamen depende especialmente de su fundamentación, objetividad, metodología y correspondencia con la prueba; y (iv) sus conclusiones deben estar respaldadas por elementos verificables y no limitarse a reproducir afirmaciones o documentos provenientes unilateralmente de la parte que lo aporta. (...) A juicio de la Sala, el perito cuenta con experiencia e idoneidad técnica, pues se acreditaron sus condiciones profesionales como ingeniero civil con posgrado en geotecnia, una extensa trayectoria profesional y antecedentes en la elaboración de experticias relacionadas con fallas de pavimento. No se probó que hubiera rendido previamente dictámenes para las partes o sus apoderados. Aunque el informe técnico que sirve de fundamento a la experticia fue elaborado originalmente a solicitud del Consorcio JHG, esa circunstancia no determina su exclusión, pero sí exige valorar con especial rigor la autonomía, fundamentación y respaldo de sus conclusiones (...) En cuanto a su fundamentación y metodología, el dictamen no se limitó a reproducir la posición del contratista. El experto examinó las observaciones formuladas sobre las obras, realizó visitas a los sitios intervenidos y consideró resultados de ensayos de calidad y densidad, las especificaciones técnicas del IDU y bibliografía especializada. Sobre esa base agrupó las controversias técnicas en tres categorías: patologías o deterioros prematuros, intervenciones cuestionadas por baja temperatura y áreas objetadas por lluvia o amenaza de lluvia. El alcance demostrativo de sus conclusiones debe establecerse separadamente respecto de cada una de esas categorías, pues los elementos utilizados para sustentarlas no fueron los mismos. Conforme a esos criterios, el dictamen debe confrontarse con los ensayos de laboratorio, los registros de ejecución, las actas y los informes de interventoría relacionados con las obras cuestionadas. (...) El dictamen agrupó las observaciones en tres categorías: patologías y defectos constructivos, condiciones de baja temperatura y áreas cuestionadas por lluvia. Respecto del primer grupo, identificó defectos constructivos que el contratista reconoció y corrigió y señaló que algunas patologías podían relacionarse con condiciones de infraestructura que habrían requerido intervenciones profundas, sin resolver su imputabilidad contractual. Frente a las observaciones por temperatura y lluvia, confrontó los ensayos y verificaciones efectuados y concluyó que, en las áreas examinadas, no existían razones técnicas suficientes para negar su aceptación. (...) Para la Sala, esas conclusiones tienen mérito demostrativo respecto de las condiciones técnicas y de las intervenciones efectivamente examinadas por el experto. En particular, constituyen un elemento relevante frente a las obras objetadas por temperatura y lluvia, pues confrontó los resultados de densidad y calidad de los materiales y formuló conclusiones específicas acerca de su incidencia sobre la compactación y durabilidad. Asimismo, identificó algunas patologías que podían estar asociadas con condiciones de la infraestructura que habrían requerido intervenciones profundas y las diferenció de problemas constructivos que el contratista reconoció y corrigió. Su alcance demostrativo debe circunscribirse a los segmentos y condiciones efectivamente estudiados. (...) Lo anterior no significa que las conclusiones del experto puedan extenderse indistintamente a todas las intervenciones rechazadas. El dictamen reconoció problemas constructivos posteriormente corregidos y, respecto de las patologías asociadas a condiciones de infraestructura, precisó que la controversia contractual sobre la responsabilidad por intervenciones profundas excedía el alcance del concepto. Del mismo modo, sus conclusiones sobre temperatura y lluvia se sustentaron en las verificaciones realizadas respecto de las áreas examinadas. En consecuencia, la experticia debe confrontarse con las especificaciones técnicas aplicables, los ensayos de laboratorio, las actas, los registros de ejecución y los informes de interventoría correspondientes a cada categoría de intervenciones, sin que las apreciaciones del experto acerca del alcance jurídico de las obligaciones sustituyan la interpretación que comparte el juez. (...) Si se hubiera acreditado que el deterioro de alguna de esas obras obedeció a una condición estructural ajena a la actividad contratada y a las decisiones técnicas del contratista, la imputación sería ilegal en esa parte, con incidencia en la cuantía de la cláusula penal y en el pago de la obra. (...) Esa hipótesis no se demostró. El dictamen no estableció la causa de cada intervención. Explicó que en ese grupo coexistían defectos constructivos, reconocidos y corregidos por el contratista, y patologías que podían atribuirse a la infraestructura, pero no precisó a cuál de las dos categorías correspondía cada sector, no les asignó valor y advirtió que la imputabilidad contractual excedía su alcance (...). Una conclusión formulada en términos de posibilidad y sin individualización no permite tener por probado, para una obra determinada, que su deterioro fue ajeno a la ejecución. (...) la condición del pavimento era identificable mediante la inspección visual a cargo del contratista, y el contrato le ofrecía un cauce para no intervenir por mantenimiento los sectores que la presentaban. Al decidir intervenirlos sin aplicar su propia metodología ni pedir su exclusión, asumió la responsabilidad por el resultado, conforme al literal f) del numeral 1.3 del Anexo Técnico Separable. Por tanto, el dictamen no desvirtúa la motivación de los actos respecto de los $262.669.819, y no hay lugar a una nulidad parcial ni a la reducción de la cláusula penal por esta causa.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la valoración del dictamen pericial, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2024, exp. 81001-23-39-000-2018-00035-02 (68858), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / FALTA DE PRUEBA / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / PRECIO UNITARIO / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Proceden las reclamaciones económicas del Consorcio JHG por la variación de las cantidades de obra, los mayores costos, las obras ejecutadas y no recibidas y los precios unitarios no previstos?
Respuesta al problema jurídico: No
Tampoco se acreditó una alteración extraordinaria de la ecuación económica que justifique el restablecimiento solicitado, ni procede restituir los $132.110.325 correspondientes a la cláusula penal porque no prosperaron los cargos de nulidad formulados contra los actos que la hicieron efectiva. (...) No prosperan las restantes reclamaciones económicas. El valor solicitado por las obras ejecutadas y no recibidas se relaciona sustancialmente con las intervenciones que permanecieron rechazadas después de la depuración administrativa, sin que se desvirtuaran las razones técnicas de su rechazo. En cuanto a los ítems o precios unitarios no previstos, el contratista acreditó que presentó solicitudes de reconocimiento, pero no su aprobación contractual ni la correspondencia entre los conceptos, las prestaciones ejecutadas y el monto pretendido. (...) El Contrato 1092 de 2016 fue celebrado a precios unitarios y monto agotable. En esa modalidad, las cantidades previstas para cada actividad no constituían cantidades fijas, pues el pliego señaló expresamente que las consignadas en el Anexo 8 eran aproximadas, servían para evaluar y comparar las ofertas y que las cantidades reales serían las que resultaran durante la ejecución. También se estableció que los precios ofertados serían aplicables a las mayores cantidades que llegaran a presentarse. Por ello, la sola variación porcentual de los ítems, aun cuando respecto de algunos de ellos hubiera alcanzado el 1.800 % alegado por el apelante, no demuestra por sí misma la ruptura de la ecuación contractual. Era necesario establecer si esa modificación produjo costos adicionales no remunerados mediante los precios unitarios pactados y una afectación extraordinaria de la economía del negocio. (...) La documentación aportada acredita que el Consorcio incurrió durante la ejecución en erogaciones relacionadas, entre otros conceptos, con alquiler y adquisición de equipos, transporte de materiales, traslado de baños, movilización de maquinaria y otros servicios logísticos. También está probado que durante la ejecución formuló reclamaciones por el incremento de las actividades de parcheo y sostuvo que este exigió mayores recursos de personal, administración, transporte, señalización, maquinaria y equipos. Esos elementos permiten tener por demostrada la existencia material de determinados gastos y que el contratista manifestó oportunamente su inconformidad, pero no permiten establecer, por sí solos, que tales erogaciones correspondieran al mayor costo derivado exclusivamente del aumento de las cantidades de obra. (...) En efecto, para demostrar la ruptura de la ecuación era necesario diferenciar los costos ordinarios que el contratista debía asumir con cargo a los precios unitarios de aquellos que, como consecuencia de la variación alegada, excedieron la estructura económica de su oferta. Los documentos aportados no contienen una comparación entre las cantidades y costos previstos al formularla y los efectivamente soportados durante la ejecución, ni permiten establecer qué parte de los pagos por equipos, transporte, personal o logística correspondió a las cantidades originalmente estimadas y cuál surgió exclusivamente del incremento posterior. Tampoco se reconstruyó el efecto de esos supuestos mayores costos frente a los ingresos obtenidos por el pago de las cantidades efectivamente ejecutadas a los precios unitarios convenidos. Por tanto, la prueba acredita gastos de ejecución, pero no la afectación patrimonial neta y extraordinaria que exige el restablecimiento del equilibrio económico. (...) Los comprobantes acreditan el gasto, pero no permiten establecer qué parte correspondía a la ejecución ordinaria ya remunerada en el A.I.U. y cuál excedió esa remuneración como consecuencia exclusiva de la variación de cantidades, de modo que tampoco en este punto se demuestra la afectación neta y extraordinaria que exige el restablecimiento -Respecto de la jornada nocturna (...) La ejecución nocturna tampoco constituye, por sí misma, una circunstancia sobreviniente. Los documentos precontractuales advertían que la Secretaría Distrital de Movilidad determinaría los horarios, que las actividades podían ejecutarse en jornada diurna o nocturna y que, por tratarse de intervenciones sobre la malla vial arterial, gran parte de los trabajos se realizaría durante la noche. El Anexo Técnico dispuso expresamente que esa circunstancia debía ser considerada en la propuesta y en los precios unitarios, sin que procedieran reclamaciones posteriores por ese hecho. Asimismo, los análisis de precios debían comprender mano de obra, equipos, materiales, condiciones de acceso y la eventual ejecución nocturna. (...) -El punto del 1800 % (...) La Sala no desconoce la magnitud de la variación porcentual alegada. Sin embargo, en un contrato a precios unitarios el porcentaje de aumento de una actividad debe analizarse conjuntamente con su incidencia económica efectiva. Una variación del 1800% puede revelar una modificación relevante en la composición de las actividades ejecutadas, pero no equivale automáticamente a una pérdida para el contratista cuando las unidades adicionales fueron remuneradas al precio unitario convenido. Para que esa circunstancia produjera el restablecimiento reclamado era necesario demostrar que el incremento alteró los rendimientos, costos fijos, logística o demás componentes económicos considerados al estructurar el precio hasta un punto no absorbido por este. Los documentos aportados acreditan diversas erogaciones relacionadas con equipos y transporte, pero no establecen esa relación cuantitativa entre el aumento del ítem, el costo unitario originalmente calculado, el costo real resultante y la pérdida finalmente soportada. (...) En cuanto a las obras ejecutadas y no recibidas, el Anexo Técnico estableció que el recibo de las obras debía efectuarse conjuntamente con la interventoría y contempló como soportes, entre otros, el libro de bitácora, las visitas de obra, las actas mensuales de recibo parcial, las memorias técnicas, los resultados de los ensayos de laboratorio y el registro fotográfico. Asimismo, dentro del control presupuestal se previeron actas mensuales de recibo parcial debidamente aprobadas. En consecuencia, la ejecución material de una actividad no generaba, por sí sola, el derecho a su pago, pues era necesario acreditar su conformidad con las especificaciones contractuales y su recibo. Por tanto, no se acreditó la ruptura de la ecuación económica del contrato ni procede el restablecimiento solicitado. (...) Aunque está acreditado que el Consorcio solicitó durante la ejecución el reconocimiento de precios unitarios no previstos relacionados con parcheo, trabajo nocturno y determinadas actividades de transporte, no demostró que tales solicitudes hubieran sido aprobadas contractualmente ni que los conceptos ejecutados y recibidos correspondieran, en las cantidades y precios reclamados, al monto global pretendido en la demanda. Por tanto, tampoco procede la condena solicitada por este concepto.
AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / INTERVENCIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO
Problema jurídico:
¿Procede la revocatoria de la condena en agencias en derecho impuesta en primera instancia cuando las partes intervinieron de forma activa y se acreditó su causación?
Respuesta al problema jurídico: No
Tampoco prospera la solicitud de revocar la condena en agencias en derecho impuesta en primera instancia. El Tribunal negó las pretensiones y, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP y el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, tuvo en cuenta su causación y la intervención efectiva del IDU durante todo el trámite de primera instancia, pese a que el Consorcio Intervial Urbano no contestó, sí presentó alegatos de conclusión por ello ambos intervinieron activamente en primera instancia. Como los reparos formulados contra la decisión de fondo no prosperaron y el recurrente no desvirtuó específicamente los presupuestos utilizados para imponer esa condena, se confirmará la condena impuesta en primera instancia.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8
CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas y agencias en derecho contra la parte a quien se resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación, cuando la parte vencedora no intervino en segunda instancia y el expediente no acredita su causación?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 365, numeral 1 del Código General del Proceso señala que se condenará en costas “a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación” y el numeral 8 de ese mismo artículo la condiciona a “... cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. (...) No se causaron costas en segunda instancia. Aunque el recurso de apelación no prosperó, la entidad demandada no intervino en esta instancia para la defensa de sus intereses; por ello, no hay lugar a condena por agencias en derecho.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8