---
clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020210004902-71727-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el Consorcio JHG carece de legitimación material para solicitar la declaratoria de incumplimiento del Contrato n.º 581 de 2017"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-10-19"
radicado: "25000233600020210004902"
numero: "71727"
ponente: "ZORANNY CASTILLO OTÁLORA"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020210004902-71727-sentencia"
---

# Consejo de Estado: el Consorcio JHG carece de legitimación material para solicitar la declaratoria de incumplimiento del Contrato n.º 581 de 2017

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-10-19
- **Radicado:** 25000233600020210004902
- **Número interno:** 71727
- **Ponente:** ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** JOSE SIDNEY MARTINEZ AGUILAR, GERMANA ANTONIO BALLESTAS, HACE INGENIEROS S.A.S., CONSORCIO JHG
- **Demandado:** IAR PROYECTOS S.A.S., BATEMAN INGENIERIA LTDA, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU., CONSORCIO INTERVIAL URBANO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020210004902-71727-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020210004902/8FC406C84D715C464782FA61C5C5BB90E618389630EE1DC484D4620C93654430/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202100049021100103

## Regla de decisión

El artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 estructura el procedimiento a partir del informe de interventoría, de modo que la entidad puede apoyarse en los conceptos técnicos del interventor, siempre que la decisión sea suya y esté motivada.

## Problema jurídico

¿El procedimiento administrativo de declaratoria de incumplimiento contractual adelantado por el IDU con fundamento en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 vulneró los derechos al debido proceso, defensa y contradicción del contratista por el tratamiento probatorio del informe de CIG Ingenieros, la falta de traslado autónomo del último informe de interventoría, la precisión de la consecuencia contractual durante la audiencia y la ausencia de una etapa adicional para presentar alegatos de conclusión?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿El Tribunal interpretó de forma adecuada el alcance de las obligaciones del contratista y valoró la prueba técnica conforme a su contenido, fundamentación y alcance demostrativo?
- ¿Proceden las reclamaciones económicas del Consorcio JHG por la variación de las cantidades de obra, los mayores costos, las obras ejecutadas y no recibidas y los precios unitarios no previstos?
- ¿Procede la revocatoria de la condena en agencias en derecho impuesta en primera instancia cuando las partes intervinieron de forma activa y se acreditó su causación?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1150 de 2007, art. 17
- Ley 1437 de 2011, arts. 47 y 48
- Ley 1474 de 2011, art. 86

## Extracto

La prueba técnica aportada por los demandantes debe valorarse respecto de los incumplimientos concretos que permanecieron como fundamento de la decisión administrativa, teniendo en cuenta la causa atribuida a cada grupo de intervenciones y su incidencia en la declaración de incumplimiento parcial. Bajo ese entendimiento, no se acreditó que el procedimiento administrativo hubiera desconocido las garantías de defensa y contradicción ni que los fundamentos determinantes de los actos demandados fueran contrarios a la realidad. Tampoco se demostró un incumplimiento contractual imputable al IDU ni que las actuaciones de la interventoría hubieran interferido en el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

## Síntesis temática

El procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 se estructura a partir del informe de interventoría. La entidad puede apoyarse en los conceptos técnicos del interventor para decidir el incumplimiento, siempre que la decisión final sea suya, se garantice la audiencia del contratista y se valoren las pruebas.

## Descriptores temáticos

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA, INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, INTERVENTORÍA, INFORME DEL INTERVENTOR, OMISIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, PRUEBA TÉCNICA, DICTAMEN PERICIAL, ADECUADA VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, FALTA DE PRUEBA, MAYOR VALOR DE LOS COSTOS, MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA, PRECIO UNITARIO, CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, AGENCIAS EN DERECHO, RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA, INTERVENCIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO, CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA

## Guías prácticas relacionadas

- [Multas y cláusula penal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/multas-clausula-penal.md): Cómo distinguir una multa de una cláusula penal y cuándo puede imponerse cada una.
- [Equilibrio económico del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/equilibrio-economico.md): Cuándo procede restablecer la ecuación financiera y qué debe probar quien reclama.
- [Supervisión e interventoría](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/supervision-interventoria.md): Cuál de las dos figuras corresponde, cuándo la interventoría es obligatoria y quién responde.
- [Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/incumplimiento-sancionatorio.md): El trámite del artículo 86 de la Ley 1474 para imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal o declarar la caducidad.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: el contrato celebrado entre Hospital de Yopal E.S.E. y AAA Alliance S.A.S. es un negocio jurídico regido](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:85001233300020200003901-68176-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: a esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233100020120035901-63427-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación de sentencia de primera instancia dictada](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020140058501-59411-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: la interventoría consiste en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020170082501-71205-sentencia.md)

## Texto del documento

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INTERVENTORÍA / INFORME DEL INTERVENTOR / OMISIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿El procedimiento administrativo de declaratoria de incumplimiento contractual adelantado por el IDU con fundamento en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 vulneró los derechos al debido proceso, defensa y contradicción del contratista por el tratamiento probatorio del informe de CIG Ingenieros, la falta de traslado autónomo del último informe de interventoría, la precisión de la consecuencia contractual durante la audiencia y la ausencia de una etapa adicional para presentar alegatos de conclusión?
Respuesta al problema jurídico: No
La prueba técnica aportada por los demandantes debe valorarse respecto de los incumplimientos concretos que permanecieron como fundamento de la decisión administrativa, teniendo en cuenta la causa atribuida a cada grupo de intervenciones y su incidencia en la declaración de incumplimiento parcial. Bajo ese entendimiento, no se acreditó que el procedimiento administrativo hubiera desconocido las garantías de defensa y contradicción ni que los fundamentos determinantes de los actos demandados fueran contrarios a la realidad. Tampoco se demostró un incumplimiento contractual imputable al IDU ni que las actuaciones de la interventoría hubieran interferido en el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Además, el Consorcio JHG carece de legitimación material para solicitar la declaratoria de incumplimiento del Contrato n.º 581 de 2017. (...) La garantía de contradicción en este procedimiento exige que el contratista conozca los elementos que sustentan la imputación y disponga de una oportunidad efectiva para controvertirlos. Esta Subsección consideró relevante, para establecer la observancia del debido proceso, que aquel haya conocido los informes de interventoría que sirvieron de fundamento a los incumplimientos atribuidos y hubiera podido ejercer frente a ellos su derecho de defensa. (...) El apelante afirmó que se vulneró el debido proceso porque el IDU trató como documento el informe de CIG Ingenieros, presentado como peritaje, sin decretarlo ni rechazarlo motivadamente y sin permitirle subsanar sus requisitos o acudir a otra prueba técnica. El reparo no prospera. En la audiencia del 17 de julio de 2018, el contratista aportó el “CIG Ingenieros, informe técnico de revisión de elementos de calidad para eventual justificación de recibo”, de abril de 2018, y pidió tenerlo como peritaje. En esa misma diligencia, la entidad decidió decretarlo como prueba documental y no pericial, porque no reunía los requisitos del artículo 226 del CGP. Hubo, entonces, una decisión expresa y motivada sobre el medio de prueba, adoptada y conocida en audiencia. El documento se incorporó en su integridad y la entidad se pronunció sobre su contenido en las dos resoluciones. La actuación se prolongó hasta mayo de 2019, de modo que el contratista tuvo oportunidad de completar los requisitos de la experticia o de solicitar otra prueba técnica, y no lo hizo. Por el contrario, en la audiencia del 9 de agosto de 2018 manifestó que no solicitaría aclaraciones ni complementaciones de la prueba por informe. (...) Tampoco se acreditó que el IDU hubiera delegado en la interventoría la valoración de ese documento. El artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 estructura el procedimiento a partir del informe de interventoría, de modo que la entidad puede apoyarse en los conceptos técnicos del interventor, siempre que la decisión sea suya y esté motivada. En las Resoluciones 1744 y 3067, el IDU confrontó el informe de CIG Ingenieros con el oficio BIL-514-1937 y concluyó que no aportaba elementos para desvirtuar la exigencia de las especificaciones IDU ET-2011. Que la entidad coincidiera con la interventoría no significa que hubiera renunciado a su competencia. En todo caso, la irregularidad alegada carecería de trascendencia: en este proceso, la experticia fue sometida a contradicción plena y valorada por la Sala, y no desvirtuó las imputaciones que permanecieron como fundamento de los actos (...) No obra prueba de que el último informe de interventoría se trasladó autónomamente al Consorcio JHG ni de que este conoció íntegramente su contenido antes de la expedición de la Resolución 1744 de 2019. Sin embargo, esa circunstancia no acredita, por sí sola, la vulneración del derecho de contradicción alegada. (...) Las no conformidades relacionadas con daños prematuros, calidad de las obras y reparaciones pendientes habían sido comunicadas previamente al contratista, quien se pronunció sobre ellas, presentó un plan para su corrección y participó en las verificaciones posteriores; además, durante ese seguimiento se produjeron comunicaciones sobre el estado de las intervenciones, algunas remitidas con copia al Consorcio. (...) El informe cuestionado consolidó el resultado de esas actuaciones y permitió establecer cuáles obras habían sido reparadas o verificadas y cuáles permanecían sin recibo, sin incorporar una no conformidad, una obligación incumplida o un fundamento técnico distinto de aquellos que habían sido objeto de contradicción durante la actuación. Esta garantía produjo efectos concretos: entre el informe del 15 de enero y el oficio BIL-555-1937, el valor de las obras revisadas y recibidas aumentó de $16.678.592 a $108.226.040, mientras que el de las obras rechazadas disminuyó de $565.710.076 a $440.367.75033. En consecuencia, aunque no se acreditó el traslado autónomo de aquel documento, tampoco se demostró que su incorporación hubiera privado al contratista de controvertir alguno de los fundamentos determinantes de la declaratoria de incumplimiento; por ello, la irregularidad alegada no tuvo incidencia material en sus derechos de defensa y contradicción. (...) Finalmente, aunque el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 no prevé una etapa autónoma de alegaciones finales, ello no releva a la administración de garantizar materialmente los derechos de defensa y contradicción. En este caso, el contratista conoció los cargos, presentó descargos, aportó elementos técnicos, controvirtió las imputaciones y posteriormente interpuso recurso de reposición. Por ello, la ausencia de un término adicional para alegar no produjo una afectación sustancial del debido proceso y este reparo no prospera. (...) Tampoco prospera el reparo según el cual la diferencia entre la consecuencia inicialmente anunciada y la finalmente aplicada exigía una nueva oportunidad de defensa. El literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 exige que la citación indique detalladamente los hechos que sustentan la actuación, acompañe el informe de interventoría, señale las normas o cláusulas presuntamente infringidas y precise las consecuencias que podrían derivarse para el contratista. La citación del 22 de junio de 2018 satisfizo esa finalidad (...) Esa consecuencia no era ajena al contratista, el Acta n.º 13 de terminación, suscrita por su representante el 12 de diciembre de 2017, dejó constancia de que las no conformidades no subsanadas al 8 de enero de 2018 servirían de soporte para que el IDU iniciara las actuaciones orientadas al reconocimiento y pago de las sanciones previstas en la cláusula vigésima cuarta. Si bien el apartado final de la citación aludió al inicio de un procedimiento “tendiente a la imposición de multa”, esa imprecisión fue advertida por el contratista en la primera audiencia del 17 de julio de 2018, tanto oralmente como en sus descargos escritos, y sirvió de fundamento para solicitar la desestimación del trámite. La entidad la aclaró en la misma diligencia, al precisar que la actuación se refería a la cláusula penal de la cláusula vigésima cuarta y no a una multa de carácter conminatorio. Además, el apoderado del Consorcio confirmó que había recibido la citación y conocía las circunstancias allí expuestas. En esas condiciones, la aclaración efectuada durante la audiencia no incorporó una consecuencia nueva ni privó al contratista de ejercer su defensa, como también lo concluyó el Tribunal (...) La imprecisión en la denominación de la consecuencia no afectó el ejercicio del derecho de defensa. (...) Respecto a la aplicación del artículo 48 del CPACA este dispone que, una vez vencido el período probatorio, debe concederse al investigado un término de diez días para presentar alegatos de conclusión. A su vez, el artículo 47 ibidem establece que los procedimientos administrativos sancionatorios regulados por leyes especiales se rigen, de manera preferente, por sus disposiciones y que las normas del Código se aplican supletoriamente en los aspectos no previstos. Por tanto, la aplicación supletoria del artículo 48 exige verificar la existencia de un vacío normativo y la compatibilidad de esa etapa con la estructura del procedimiento especial. En consecuencia, la sola ausencia de una fase denominada “alegatos de conclusión” no impone su incorporación, pues debe establecerse si la regulación especial garantiza de manera integral las oportunidades de defensa, contradicción y pronunciamiento sobre las pruebas practicadas. (...) En materia de incumplimiento contractual, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 regula un procedimiento administrativo especial, de carácter oral y concentrado en audiencia. En esa actuación, el contratista y su garante pueden conocer los cargos, presentar descargos, aportar y controvertir pruebas, rendir las explicaciones pertinentes e interponer el recurso de reposición contra la decisión. De ahí que la falta de un traslado escrito y autónomo de diez días para presentar alegatos de conclusión no constituya, por sí sola, una vulneración del debido proceso. La suficiencia de las garantías debe valorarse a partir de las oportunidades efectivas de defensa y contradicción previstas en el procedimiento especial. Esta conclusión concuerda con el criterio de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, que, al examinar la legalidad de una actuación adelantada con fundamento en el citado artículo 86, valoró las oportunidades para conocer los cargos, controvertir las pruebas y ejercer el recurso de reposición, sin exigir una etapa adicional de alegaciones finales (...) Tampoco se advierte una inversión ilegítima de la carga de la prueba, pues la entidad identificó la obligación incumplida, la no conformidad y los elementos técnicos que sustentaban la relación entre ambas; por tanto, correspondía al demandante desvirtuar la motivación de los actos acusados. Además, no se le exigió la elaboración de diagnósticos ajenos al objeto contractual, dado que se reconoció que el contrato no los imponía y se examinaron individualmente las intervenciones cuestionadas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la garantía de contradicción en el procedimiento administrativo, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2024, exp. 25000-23-36-000-2017-01383-01 (62986), C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de mayo de 2025, exp. 52001-23-33-000-2016-00252-01 (70884), C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. Sobre la valoración del procedimiento administrativo sin exigir una etapa de alegatos de conclusión, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de julio de 2020, exp. 73001-23-33-000-2015-00322-01(65198), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 47, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 48, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 226
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRUEBA TÉCNICA / DICTAMEN PERICIAL / ADECUADA VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿El Tribunal interpretó de forma adecuada el alcance de las obligaciones del contratista y valoró la prueba técnica conforme a su contenido, fundamentación y alcance demostrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala confirmará la sentencia apelada. El Contrato de Obra n.º 1092 de 2016 no impuso al Consorcio JHG una obligación general de diagnosticar estructuralmente los corredores, reconstruir integralmente el pavimento o sanear siste

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ntidades de obra. (...) En efecto, para demostrar la ruptura de la ecuación era necesario diferenciar los costos ordinarios que el contratista debía asumir con cargo a los precios unitarios de aquellos que, como consecuencia de la variación alegada, excedieron la estructura económica de su oferta. Los documentos aportados no contienen una comparación entre las cantidades y costos previstos al formularla y los efectivamente soportados durante la ejecución, ni permiten establecer qué parte de los pagos por equipos, transporte, personal o logística correspondió a las cantidades originalmente estimadas y cuál surgió exclusivamente del incremento posterior. Tampoco se reconstruyó el efecto de esos supuestos mayores costos frente a los ingresos obtenidos por el pago de las cantidades efectivamente ejecutadas a los precios unitarios convenidos. Por tanto, la prueba acredita gastos de ejecución, pero no la afectación patrimonial neta y extraordinaria que exige el restablecimiento del equilibrio económico. (...) Los comprobantes acreditan el gasto, pero no permiten establecer qué parte correspondía a la ejecución ordinaria ya remunerada en el A.I.U. y cuál excedió esa remuneración como consecuencia exclusiva de la variación de cantidades, de modo que tampoco en este punto se demuestra la afectación neta y extraordinaria que exige el restablecimiento -Respecto de la jornada nocturna (...) La ejecución nocturna tampoco constituye, por sí misma, una circunstancia sobreviniente. Los documentos precontractuales advertían que la Secretaría Distrital de Movilidad determinaría los horarios, que las actividades podían ejecutarse en jornada diurna o nocturna y que, por tratarse de intervenciones sobre la malla vial arterial, gran parte de los trabajos se realizaría durante la noche. El Anexo Técnico dispuso expresamente que esa circunstancia debía ser considerada en la propuesta y en los precios unitarios, sin que procedieran reclamaciones posteriores por ese hecho. Asimismo, los análisis de precios debían comprender mano de obra, equipos, materiales, condiciones de acceso y la eventual ejecución nocturna. (...) -El punto del 1800 % (...) La Sala no desconoce la magnitud de la variación porcentual alegada. Sin embargo, en un contrato a precios unitarios el porcentaje de aumento de una actividad debe analizarse conjuntamente con su incidencia económica efectiva. Una variación del 1800% puede revelar una modificación relevante en la composición de las actividades ejecutadas, pero no equivale automáticamente a una pérdida para el contratista cuando las unidades adicionales fueron remuneradas al precio unitario convenido. Para que esa circunstancia produjera el restablecimiento reclamado era necesario demostrar que el incremento alteró los rendimientos, costos fijos, logística o demás componentes económicos considerados al estructurar el precio hasta un punto no absorbido por este. Los documentos aportados acreditan diversas erogaciones relacionadas con equipos y transporte, pero no establecen esa relación cuantitativa entre el aumento del ítem, el costo unitario originalmente calculado, el costo real resultante y la pérdida finalmente soportada. (...) En cuanto a las obras ejecutadas y no recibidas, el Anexo Técnico estableció que el recibo de las obras debía efectuarse conjuntamente con la interventoría y contempló como soportes, entre otros, el libro de bitácora, las visitas de obra, las actas mensuales de recibo parcial, las memorias técnicas, los resultados de los ensayos de laboratorio y el registro fotográfico. Asimismo, dentro del control presupuestal se previeron actas mensuales de recibo parcial debidamente aprobadas. En consecuencia, la ejecución material de una actividad no generaba, por sí sola, el derecho a su pago, pues era necesario acreditar su conformidad con las especificaciones contractuales y su recibo. Por tanto, no se acreditó la ruptura de la ecuación económica del contrato ni procede el restablecimiento solicitado. (...) Aunque está acreditado que el Consorcio solicitó durante la ejecución el reconocimiento de precios unitarios no previstos relacionados con parcheo, trabajo nocturno y determinadas actividades de transporte, no demostró que tales solicitudes hubieran sido aprobadas contractualmente ni que los conceptos ejecutados y recibidos correspondieran, en las cantidades y precios reclamados, al monto global pretendido en la demanda. Por tanto, tampoco procede la condena solicitada por este concepto.
AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / INTERVENCIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO
Problema jurídico:
¿Procede la revocatoria de la condena en agencias en derecho impuesta en primera instancia cuando las partes intervinieron de forma activa y se acreditó su causación?
Respuesta al problema jurídico: No
Tampoco prospera la solicitud de revocar la condena en agencias en derecho impuesta en primera instancia. El Tribunal negó las pretensiones y, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP y el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, tuvo en cuenta su causación y la intervención efectiva del IDU durante todo el trámite de primera instancia, pese a que el Consorcio Intervial Urbano no contestó, sí presentó alegatos de conclusión por ello ambos intervinieron activamente en primera instancia. Como los reparos formulados contra la decisión de fondo no prosperaron y el recurrente no desvirtuó específicamente los presupuestos utilizados para imponer esa condena, se confirmará la condena impuesta en primera instancia.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8
CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas y agencias en derecho contra la parte a quien se resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación, cuando la parte vencedora no intervino en segunda instancia y el expediente no acredita su causación?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 365, numeral 1 del Código General del Proceso señala que se condenará en costas “a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación” y el numeral 8 de ese mismo artículo la condiciona a “... cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. (...) No se causaron costas en segunda instancia. Aunque el recurso de apelación no prosperó, la entidad demandada no intervino en esta instancia para la defensa de sus intereses; por ello, no hay lugar a condena por agencias en derecho.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-10-19. C.P. ZORANNY CASTILLO OTÁLORA. Rad. 25000233600020210004902. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020210004902-71727-sentencia).
