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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es por esto que los efectos de un contrato conmutativo pueden quedar sometidos a la realización de una condición suspensiva

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Fecha
2025-05-05
Radicado
25000233600020210004301
Número interno
70270
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CSH INFRAESTRUCTURA S.A.S, WSP PROYECTOS S.A.S, CONSORCIO INTERVENTORIA CALLES DE RODAJE 2017
Demandado
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es por esto que los efectos de un contrato conmutativo pueden quedar sometidos a la realización de una condición suspensiva

Lo que dijo la Sala

Antes de empezar, la Sala estima necesario precisar que entre las diversas acepciones jurídicas que se le pueden asignar a la expresión “condición” , por ser lo pertinente para el desarrollo de este caso, se hará alusión a la establecida en el artículo 1530 del Código Civil, que se refiere a las obligaciones condicionales como aquellas que penden de “un acontecimiento futuro, que puede suceder o no”.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede modificar la naturaleza de un contrato conmutativo en contrato aleatorio al someter una obligación a una condición suspensiva, ya que esta solo supedita la exigibilidad de la obligación al cumplimiento de un hecho futuro e incierto, sin afectar la estructura del contrato pactada por las partes. La condición suspensiva no cambia la naturaleza del contrato conmutativo, ya que en este la prestación es cierta y la remuneración se establece de manera conmutativa, mientras que en un contrato aleatorio la prestación y la contraprestación dependen de un evento incierto. La Sala modifica la interpretación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que entendía que la cláusula sexta del contrato de interventoría contenía condiciones suspensivas que impedían el pago del precio pactado hasta el cumplimiento de ciertos supuestos, considerando que estos no afectan la naturaleza conmutativa del contrato.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Someter una obligación a una condición suspensiva puede modificar la naturaleza de un contrato conmutativo en contrato aleatorio?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993
  • Ley 84 de 1873, arts. 1498, 1530 y 1536

También resuelve

  • ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca interpretó erróneamente la cláusula sexta del contrato de interventoría, celebrado entre la Aerocivil y el Consorcio Interventoría Calles de Rodaje 2017…
  • ¿El interventor dio cumplimiento de las obligaciones que le impuso el contrato y en consecuencia tenía derecho a la contraprestación pactada?
  • ¿El interventor tiene derecho al pago del saldo final del 10% del contrato pese a los aspectos manifestados por la Aerocivil como no cumplidos por el contratista?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

CONDICIÓN CLASES DE CONDICIÓN CONDICIÓN SUSPENSIVA NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO CONMUTATIVO CONTRATO ALEATORIO OBLIGACIÓN CONDICIONAL EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN CONDICIONAL OBLIGACIÓN CONDICIONAL EN EL CONTRATO ESTATAL INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATISTA DERECHOS DEL CONTRATISTA PAGO DEL CONTRATO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INTERVENTOR FUNCIÓN DEL INTERVENTOR OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA OBJETO DEL INTERVENTOR OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA AEROPUERTO EL DORADO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL PRECIO DEL CONTRATO PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN MAYOR VALOR DE LOS COSTOS NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA DICTAMEN PERICIAL APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL DICTAMEN PERICIAL INCOMPLETO FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL INTERESES COBRO DE INTERESES PAGO DE INTERESES PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES

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CONDICIÓN / CLASES DE CONDICIÓN / CONDICIÓN SUSPENSIVA / NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO CONMUTATIVO / CONTRATO ALEATORIO / OBLIGACIÓN CONDICIONAL / EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN CONDICIONAL / OBLIGACIÓN CONDICIONAL EN EL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Someter una obligación a una condición suspensiva puede modificar la naturaleza de un contrato conmutativo en contrato aleatorio? Respuesta al problema jurídico: No Antes de empezar, la Sala estima necesario precisar que entre las diversas acepciones jurídicas que se le pueden asignar a la expresión “condición” , por ser lo pertinente para el desarrollo de este caso, se hará alusión a la establecida en el artículo 1530 del Código Civil, que se refiere a las obligaciones condicionales como aquellas que penden de “un acontecimiento futuro, que puede suceder o no”. Igualmente, por ser el tema sobre el cual versa la divergencia interpretativa, el análisis se circunscribirá a las condiciones suspensivas que, en los términos del artículo 1536 de esa normativa, se refieren a aquellos acontecimientos futuros e inciertos que mientras no se cumplan “suspende[n] la adquisición de un derecho”. (...) De conformidad con el referido artículo 1536 del Código Civil, la característica esencial que permite identificar una condición suspensiva radica en que la voluntad de las partes que la convienen está encaminada a someter el nacimiento de una obligación al albur de que se realice o no un determinado acontecimiento futuro que puede consistir en la voluntad del acreedor o del deudor (potestativa), en la voluntad de un tercero o de un acaso (casual), o en la voluntad del acreedor y, coetáneamente, en la de un tercero o en un acaso (mixta) y que, además, puede ser positivo o negativo y debe ser física y moralmente posible. (...). Cuando se realizan ese tipo de acuerdos, sus efectos quedan sometidos o supeditados al acaecimiento del hecho futuro e incierto que se hubiere estipulado como condición; antes de que esto ocurra, o de que se constate que no sucederá, es decir, mientras esté en latencia la condición, la obligación que se sujeta a ella y, por tanto, el derecho correlativo de su acreedor, no se reputan existentes, sino apenas posibles; de manera que no se podrá predicar su exigibilidad. En otras palabras, la condición suspensiva a la que se refiere el artículo 1536 del Código Civil se ubica en un estadio previo al de la exigibilidad, en tanto pone en suspenso el nacimiento mismo de la obligación. (...). El hecho de que no pueda predicarse la existencia de la obligación que se ha sometido a una condición suspensiva hasta el momento en que ésta suceda implica que la incertidumbre que se predica respecto de si aquélla surgirá o no afecta a los dos extremos de la relación: el acreedor no puede exigir el cumplimiento de un derecho que no se ha consolidado y el deudor no está llamado a satisfacerlo, al punto que si así procede puede repetir lo pagado, en tanto la condición se mantenga interina o sea cierto que no se realizará. Del mismo modo, solo hasta el momento en que el acontecimiento incierto ocurre en la forma en la que se ha pactado se entiende que la obligación nace –con efectos retroactivos al momento de su establecimiento–, en principio, pura y simple y, por tanto, se hace exigible. En caso de que la condición falle llega a ser cierto que la obligación no nació y que no existirá jamás y, por tanto, tampoco el derecho del acreedor a exigir su cumplimiento. (...) Ahora, de cara a las resultas de este proceso y en línea con lo previamente mencionado, es pertinente señalar que el establecimiento de una condición suspensiva, que, salvo prohibición legal, es posible en cualquier clase de negocio jurídico, no afecta su naturaleza. En el caso de los contratos será la que las partes materialmente hayan pactado, en la medida que la condición suspensiva solo supone que la materialización de sus efectos quedará en latencia hasta que se realice el hecho eventual futuro al que se hayan sometido, caso en el cual aquél y, por contera, sus obligaciones, emergerán en la forma y con la estructura estipulada por las partes. Es por esto que los efectos de un contrato conmutativo pueden quedar sometidos a la realización de una condición suspensiva, sin que por ello mute su naturaleza a la de un contrato aleatorio. (...) Aunque resulta innegable que tanto en la condición suspensiva como en el contrato aleatorio el azar juega un papel determinante, lo cierto es que no se trata de figuras jurídicas equiparables (...) En el contrato conmutativo basta con que se cumpla la prestación en los términos pactados para que surja en cabeza del ejecutor el derecho a recibir la remuneración pactada, otra cosa es lo que se estipule frente a su exigibilidad, en tanto ésta no desconoce la existencia misma del derecho, sino cuándo es posible reclamar su cumplimiento; si, en cambio, la prestación equivalente pende de la realización de un evento futuro e incierto que genera la posibilidad de ganancia o pérdida, se está frente a un contrato aleatorio. (...) NOTA DE RELATORÍA: Sobre la obligación condicional, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 8 de agosto de 1974, publicada en Gaceta Judicial: Tomo CXLVIII n.° 2378 A 2389, pág. 192 A 198, citada en providencia de la misma Sala del 4 de febrero de 2021, STC720-2021 Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-00042-00. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1498, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1530, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1536 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERVENTORÍA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIÓN SUSPENSIVA / CONTRATO CONMUTATIVO / CONTRATISTA / DERECHOS DEL CONTRATISTA / PAGO DEL CONTRATO / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL Problema jurídico: ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca interpretó erróneamente la cláusula sexta del contrato de interventoría, celebrado entre la Aerocivil y el Consorcio Interventoría Calles de Rodaje 2017, por entender que el pago del precio pactado estaba sujeto a una condición suspensiva? Respuesta al problema jurídico: Si La controversia central parte de la divergencia interpretativa que hay entre las partes del contrato de interventoría respecto del alcance de la cláusula sexta del negocio jurídico, específicamente, en punto a sus literales b) y c). La entidad pública contratante entiende que ambos contienen una condición suspensiva que impide que surja el derecho del Interventor a recibir el pago del 50% y del 10% del valor pactado, respectivamente, hasta tanto se consumen en su integridad los supuestos que se establecieron en función del cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra –posición que fue avalada por el Tribunal–. El Consorcio demandante considera que tales supuestos hacen alusión a unos requisitos formales que no afectan el surgimiento de su derecho a recibir la remuneración pactada. (...) Para resolver esta cuestión resulta necesario desarrollar un análisis hermenéutico de los referidos literales de la cláusula sexta, para lo cual se acudirá a lo establecido en la Ley 80 de 1993 en punto a los principios que deben guiar la interpretación de los contratos estatales y, de manera concordante, a las reglas de interpretación previstas en el Código Civil para adelantar ese ejercicio (...) Realizadas las anteriores precisiones, la Sala pasa a analizar el clausulado del contrato de interventoría a la luz de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 80 de 1993 que señala que en la interpretación de los contratos estatales se deben tener en consideración los fines y principios de esa ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y el equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos; en concordancia, aplicará el criterio de interpretación sistemático, que está diseñado para desentrañar el querer común de las partes a través de una lectura metódica de las cláusulas que ponga en evidencia que unas y otras se explican entre sí, permitiendo otorgar a cada una de ellas el sentido que mejor convenga de cara al negocio jurídico en su totalidad, así como el criterio hermenéutico de carácter objetivo que señala que, salvo que se aprecie voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor se avenga a la naturaleza del acuerdo de voluntades (...) El clausulado del contrato de interventoría muestra con toda claridad que, como corresponde a este tipo de acuerdos, se estructuró como un contrato conmutativo, en la medida que desde que se celebró las partes establecieron sus obligaciones como equivalentes y recíprocas unas de las otras: respecto de las labores de interventoría se pactó un precio fijo que debía ser pagado por la Aeronáutica, es decir, frente a las obligaciones de hacer del contratista, la entidad pública se comprometió a pagar una suma de dinero. (...) La estructura diseñada y su correspondencia con la de los contratos conmutativos ponen en evidencia que la intención de las partes no fue dejar al azar la posibilidad de que el contratista recibiera el precio pactado como contraprestación por la ejecución de las labores a las que asumió, sino que lo que se estipuló fue que este derecho se causaría en la medida que aquél cumpliera con las prestaciones que asumió; de manera que al realizar un análisis sistemático de las cláusulas del negocio, la interpretación de los literales b) y c) de la cláusula sexta que mejor se aviene a su texto integral es que, tal y como se tituló, las partes regularon la forma de pago del precio estipulado, es decir, aspectos atinentes a la exigibilidad de ese derecho, mas no a su nacimiento que dependía siempre del cumplimiento de la prestación debida. (...) La interpretación mencionada es la que mejor se ajusta a la naturaleza conmutativa del contrato que se celebró. Aunque la redacción de la cláusula sexta en sus literales b) y c) pudiera resultar ambigua, lo cierto es que ninguna de estas dos estipulaciones podría leerse de manera aislada al resto del contrato, al punto de negar su propia naturaleza para mutarla a la de uno aleatorio, conclusión a la que se arribaría si se entendiera que el derecho del Interventor a recibir la remuneración pactada no pendía del cumplimiento de sus obligaciones, sino de la realización de un alea: el cumplimiento de las obligaciones del contratista sobre el cual debía realizar la vigilancia y seguimiento técnicos. (...) Se añade a lo anterior que admitir una interpretación como esa supondría aceptar también una abierta oposición frente a la normatividad que gobernó el contrato de interventoría, en la medida que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –EGCAP– regula, principalmente, las relaciones negociales del Estado de carácter conmutativo; de ahí que el artículo 28 imponga que la interpretación de los contratos sometidos a ese régimen deba guiarse, entre otros, por el “equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos”. (...) Al establecer los fines que rigen la contratación estatal –criterio que por mandato del referido artículo 28 también debe ser considerado en la interpretación de los contratos estatales–, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 señala que se debe tener en cuenta que con la celebración y ejecución de estos negocios se busca el cumplimiento de los fines públicos, así como la continua y eficiente prestación de los servicios, a la par que se debe garantizar la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran en la consecución de tales propósitos, entre ellos, el consagrado en el numeral 1 del artículo 4 de esa misma normativa, que dispone que los contratistas tienen derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato, aspecto que es concordante con el principio de la ecuación contractual previsto en el artículo 27 ídem, que prevé que en los contratos estatales se debe mantener la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar, lo cual se sustenta, justamente, en su naturaleza conmutativa. (...) De manera que, lo estipulado por las partes en los literales b) y c) de la cláusula sexta del contrato de interventoría no puede leerse en el sentido de que el contratista hubiere asumido el riesgo de adquirir o no el derecho a recibir la remuneración pactada (ganar o perder) según si se realizaba o no el evento futuro e incierto del cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra, pues ello habría significado que, más que una condición suspensiva, las partes habrían celebrado un contrato aleatorio, lo que corresponde a una lectura que no se aviene al texto del contrato en su integridad, ni corresponde a la naturaleza conmutativa propia de esta clase de negocios jurídicos, además de que se opone a los fines y principios de la contratación estatal y al derecho del contratista a recibir la remuneración pactada. (...) En concordancia con lo anterior, el entendimiento que debe dársele a los referidos literales de la cláusula sexta del contrato de interventoría es que –como las propias partes la titularon– lo dispuesto en ellos se refirió a la forma en la que se debía realizar el pago, no al nacimiento mismo del derecho del Consorcio demandante a recibir la remuneración pactada como lo entendió la Aerocivil. (...) En el marco de los contratos estatales regidos por el EGCAP –como en cualquier otro– las partes pueden acordar requisitos o presupuestos para la exigibilidad de los pagos; ante varias posibles interpretaciones de ese tipo de cláusulas, en los términos del artículo 28 de la Ley 80 de 1993, deberá estarse a la que más se ajuste a esa normativa, lo que impone que deban leerse de forma tal que no se opongan a la naturaleza conmutativa de la relación y que tampoco hagan nugatorio el derecho del contratista cumplido a recibir la remuneración pactada. (...) Con esta perspectiva, la Sala pasa a analizar el alcance de los presupuestos que se establecieron en los literales b) y c) de la cláusula sexta para la exigibilidad del pago de la remuneración del Consorcio interventor (...) Al leer de manera íntegra dicha cláusula, se observa que en ella se estipuló un sistema de pagos que, acorde con el tipo de contrato celebrado, se hacía como contraprestación por el cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría; de ahí que, según lo dispuesto en los parágrafos primero y segundo, para reclamar los pagos mensuales y el final, el contratista debía presentar los documentos que daban cuenta del acatamiento de sus obligaciones (...) De conformidad con lo previamente expresado, esta cláusula debe leerse de manera que no se oponga a la naturaleza conmutativa del contrato, ni haga nugatorio el derecho a la remuneración del contratista cumplido, lo que impone concluir que la oponibilidad de estos requisitos al contratista para el pago, pende de que sea materialmente posible su realización y, en caso contrario, siempre que tal imposibilidad no le sea imputable. (...) En estos términos, la Sala concluye que asiste razón al apelante al señalar que a lo estipulado por las partes en los literales b) y c) de la cláusula sexta del contrato no podía dársele el tratamiento de una condición suspensiva cuyo fracaso impidiera el nacimiento del derecho del contratista a recibir la remuneración pactada y, por esta vía, le asiste también razón en cuanto a que para resolver sobre las pretensiones de la demanda relativas al pago de la totalidad del valor del contrato lo que debía analizarse era si el Interventor acreditó el cumplimiento de sus obligaciones y, por contera, si surgió su derecho a reclamar el pago de la contraprestación que se estipuló. (...) NOTA DE RELATORÍA: Sobre las obligaciones en el contrato de interventoría, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de 2025, Exp. 69.997, C.P. José Roberto Sáchica Méndez FUENTE FORMAL: LEY 1474 DE 2011, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 8 LITERAL K INTERVENTOR / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / INTERVENTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / OBJETO DEL INTERVENTOR / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL CONTRATO / DERECHOS DEL CONTRATISTA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL / AEROPUERTO EL DORADO Problema jurídico: ¿El interventor dio cumplimiento de las obligaciones que le impuso el contrato y en consecuencia tenía derecho a la contraprestación pactada? Respuesta al problema jurídico: Si Se empieza por señalar que las obligaciones del contrato de interventoría consisten en seguir, verificar y promover la correcta ejecución de otro contrato. En el marco de los contratos estatales, se trata de un mecanismo convencional que la ley autoriza a las entidades públicas utilizar para cumplir su deber de vigilar permanentemente la correcta ejecución de los negocios jurídicos que celebren, cuando el seguimiento imponga la necesidad de tener conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen, sin que esto signifique que la entidad pública abandone sus deberes de dirección, control y vigilancia; se trata solamente de un apoyo técnico para el desarrollo de esas funciones. (...) La regulación que sobre el contrato de interventoría trae la Ley 1474 de 2011 permite observar que su objeto orbita en el campo del control de otro contrato, con el propósito de que se ejecute de acuerdo con lo pactado, para lo cual se deben emplear los conocimientos especializados del interventor en aras de detectar posibles errores y proponer soluciones para evitarlos y, en general, para advertir al contratista y a la entidad pública sobre posibles incumplimientos con la intención de que aquél los corrija y ésta haga uso de sus facultades y adopte medidas tendientes a garantizar la consecución del objeto pactado. No se trata de que el interventor asuma las obligaciones del otro contratista, menos de que garantice su cumplimiento como obligación de resultado; ni de que se supla a la entidad pública en el cumplimiento de sus deberes, se trata de que, en desarrollo de sus obligaciones, acompañe al contratista para que ejecute adecuada y oportunamente sus compromisos. (...) Es por lo anterior que el interventor no asume la obligación de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato sobre el cual realiza la vigilancia técnica, eso corresponde al contratista del otro negocio jurídico; de manera que si éste incumple no significa automáticamente que aquél también lo haya hecho, en cada caso tendrán que analizarse las obligaciones que a cada uno corresponde, pues, aunque relacionados entre sí en función de la consecución de la finalidad pública que se pretenda satisfacer, se trata de dos negocios jurídicos autónomos e independientes (...) Al contestar la demanda, la Aerocivil afirmó que la Interventoría no tenía derecho al pago porque no cumplió adecuadamente sus funciones, es decir, propuso a su favor la excepción de contrato no cumplido que se funda en lo dispuesto en el artículo 1609 del Código Civil (...) Por estar relacionados y servirse en general de las mismas pruebas, la Sala resolverá estos dos fundamentos de la defensa de manera conjunta. (...) El material probatorio que obra en el proceso muestra que la Interventoría no desatendió las referidas obligaciones, en tanto estuvo constantemente al tanto de la ejecución del proyecto, revisó oportunamente los resultados de los estudios y diseños realizados por el constructor para la etapa de verificación y auscultación, emitió conceptos, hizo recomendaciones y presentó alternativas de intervención, requirió en varias oportunidades al constructor para que cumpliera con sus obligaciones y mantuvo constantemente informada a la entidad pública contratante sobre todos estos aspectos. (...) El recuento anterior permite evidenciar que no es cierto, como afirmó la Aerocivil, que la Interventoría hubiere inobservado sus obligaciones en punto a requerir al Consorcio El Dorado por los incumplimientos en los que incurrió durante la ejecución del contrato de obra y de mantener informada oportunamente a la entidad sobre estos aspectos. Todo lo contrario, lo que se evidencia es que desde la fase inicial del contrato y en reiteradas oportunidades durante el plazo de ejecución y hasta después de su finalización se dirigió a él de manera diligente y oportuna con ese propósito y, al mismo tiempo, se dirigió a la demandada para solicitar que ejerciera sus deberes de dirección y manejo en aras de conminar al constructor al cumplimiento de sus compromisos; sin embargo, la entidad se mantuvo pasiva, en tanto, pese a estar debidamente informada, no adoptó ninguna medida al respecto, lo cual era exclusivamente de su cargo. (...) Del mismo modo, la reconstrucción de lo acontecido durante la fase de ejecución de los contratos de obra e interventoría no conduce a concluir que el Interventor hubiere incumplido las obligaciones que asumió en relación con la aprobación de la verificación que debía realizar durante la fase de evaluación y auscultación y, en ese marco, tampoco con los deberes de presentar alternativas de intervención y recomendar las pertinentes para garantizar la estabilidad de las obras desde el punto de vista técnico y económico para la ejecución de las obras. (...) La Sala destaca que no obra en el expediente una prueba técnica que acredite que las observaciones, requerimientos, recomendaciones y, en general, las actuaciones que adelantó la Interventoría entre el momento que recibió la versión completa del informe final de geotecnia –18 de diciembre de 2017 y la fecha en que presentó el informe integral de cara a los ajustes de los estudios y diseños que se requerían para la ejecución de una parte de las obras –18 de abril de 2018– hubiesen sido injustificadas, caprichosas o innecesarias de cara a la elaboración de ese concepto técnico. Lo que se observa es que presentó varias y reiteradas recomendaciones, respecto de las cuales, se añade, no se acreditó técnicamente que fueran desacertadas, incompletas o incoherentes. (...). En cambio, como adelante se referenciará, la propia entidad consideró que la Interventoría respondió apropiadamente a los requerimientos del contrato, brindando soluciones para avanzar en su ejecución y que sus actuaciones fueron adecuadas, tanto que, si el contratista las hubiera acogido, se habrían logrado resultados significativos en el avance de la obra. (...) En suma, el recuento probatorio evidencia que la Interventoría sí cumplió sus obligaciones, en tanto ejecutó las labores que estaban a su cargo, puesto que hizo el seguimiento y vigilancia técnica del contrato, informó oportunamente a la Aerocivil acerca de los incumplimientos del constructor y emitió recomendaciones técnicas para el mejor desarrollo de las obras; sin embargo, lo que se advierte en este caso es que, pese a todo ello, la entidad pública, en cabeza de quien están las obligaciones de dirección, control y vigilancia, no tomó oportunamente ninguna determinación de cara a conminar al Consorcio El Dorado al cumplimiento de sus obligaciones. (...) En las condiciones descritas, si bien, de conformidad con lo pactado en el literal b) de la cláusula sexta del contrato de interventoría durante la fase de ejecución el Consorcio demandante solo podía recibir el porcentaje del 50% del valor total estipulado que correspondiera con el avance de las obras –que fue ínfimo–, lo cierto es que esto no significaba que no tuviera derecho a recibir la remuneración pactada, en la medida que cumplió las obligaciones que estaban a su cargo y que daban lugar a que se generara esa contraprestación. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1609 INTERVENTOR / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INTERVENTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO CONMUTATIVO / DERECHOS DEL CONTRATISTA / PAGO DEL CONTRATO / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El interventor tiene derecho al pago del saldo final del 10% del contrato pese a los aspectos manifestados por la Aerocivil como no cumplidos por el contratista? Respuesta al problema jurídico: Si De otra parte, en lo que concierne al saldo final del 10% del contrato, la entidad manifestó que la Interventoría no tenía derecho al pago porque: i) no atendió las observaciones formuladas al informe final; ii) no entregó el original de la bitácora; iii) no entregó los planos récord de las obras; iv) no recibió las obras ejecutadas; y v) no suscribió las actas de liquidación de los contratos de obra e interventoría. Revisado el expediente, la Sala concluye que ninguno de estos aspectos podía oponerse al Interventor para negar su derecho a recibir ese porcentaje de la remuneración pactada. (...) Está probado que el Consorcio demandante sí presentó las correcciones al informe final de interventoría. Esta obligación se cumplió durante la fase de liquidación del contrato. (...). La Interventoría sí entregó la bitácora original de obra, (...) En punto a los planos récord, es cierto que la Interventoría no los entregó; no obstante, esto no impide que se reconozca el derecho que tiene al pago de la remuneración que se pactó por la prestación de sus servicios de vigilancia y seguimiento técnico del contrato de obra, en tanto la razón por la cual no pudo cumplir con ese compromiso, no se debió a causas que le fueran imputables, a lo cual se añade que, como ya se vio, lo que muestra el expediente es que el Consorcio demandante sí cumplió sus obligaciones. Específicamente, en lo que a este aspecto concierne hay constancia de que en reiteradas oportunidades requirió al Consorcio El Dorado –que era el que tenía a su cargo la obligación de elaborarlos– para que entregara los planos récord de la obra construida, pese a ello, aquél no cumplió con este compromiso (...) En relación con el acta de recibo de obra lo que evidencia el expediente es que el Consorcio demandante realizó todas las actuaciones pertinentes con el fin cumplir con este requisito; sin embargo, el Consorcio El Dorado se negó a suscribir el acta que en repetidas oportunidades le remitió la Interventoría. (...) En relación con el acta de liquidación del contrato de obra, no era posible negar el pago del saldo del 10% final del contrato al demandante con fundamento en que no había suscrito ese documento, pues las pruebas acreditan que la Interventoría adelantó todas las actuaciones pertinentes tendientes a que se realizara el balance final de cuentas de ese negocio jurídico; sin embargo, el Consorcio El Dorado decidió someter ese aspecto al conocimiento de la jurisdicción. (...) Sobre la liquidación del contrato de interventoría, se advierte que el Consorcio demandante adelantó todas las gestiones necesarias para su suscripción, entre ellas, la elaboración del acta de recibo final de este negocio jurídico; sin embargo, las partes no lograron ponerse de acuerdo con su contenido. (...) Como ya analizó la Sala, es posible que en los contratos estatales las partes acuerden requisitos o presupuestos para la exigibilidad de los pagos; sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, estas cláusulas deben leerse de forma tal que no se opongan a la naturaleza conmutativa de la relación negocial y que tampoco hagan nugatorio el derecho del contratista cumplido a recibir la remuneración pactada. Entender, como lo hizo la entidad, que por el hecho de que el Consorcio El Dorado no cumplió con sus compromisos, en tanto no elaboró los planos récord, no suscribió el acta parcial de obra No. 2 ni el acta de recibo final, el Interventor no tiene derecho al pago de la remuneración pactada a pesar de haber cumplido con sus obligaciones, contraría tal disposición. (...). FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28 CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL / PRECIO DEL CONTRATO / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Procede reconocer al contratista interventor una suma superior al precio que no le fue cancelado con fundamento en costos adicionales con fundamento en dos prórrogas suscritas y causadas después de la fecha de terminación de la obra? Respuesta al problema jurídico: No Dado que se constató que, pese a que el objeto del contrato de obra no se completó en el tiempo pactado, la Interventoría sí cumplió con las obligaciones que le correspondían, se impone reconocer a su favor el pago del saldo que no le fue cancelado respecto del valor total del precio estipulado, es decir, respecto de la suma $4.299’612.800, IVA incluido. (...). No hay discusión entre las partes en cuanto a que el 40% de ese valor, esto es, la suma de mil setecientos diecinueve millones ochocientos cuarenta y cinco mil ciento veinte pesos (1.719’845.120), se canceló con respaldo en las actas Nos. 1 a 6 del contrato de interventoría, tampoco en cuanto a que con respaldo en el acta No. 7 de interventoría se pagó la suma de ochenta y un millones doscientos sesenta y dos mil seiscientos ochenta y dos pesos ($81’262.682127); por tanto, el saldo que adeuda la entidad al contratista corresponde a dos mil cuatrocientos noventa y ocho millones quinientos cuatro mil novecientos noventa y ocho pesos ($2.498’.504.998). (...) El Consorcio demandante solicitó el reconocimiento de una suma superior, en tanto incluyó en el “valor del contrato” los costos adicionales en los que habría incurrido con ocasión de las dos prórrogas que se suscribieron y los que se habrían causado con posterioridad a la fecha de terminación –4 de mayo de 2018– y el 19 de junio de 2020, cuando se tomó posesión de la obra. Por las razones que pasan a exponerse la Sala no accederá a este reconocimiento: Se empieza por precisar que el precio del contrato se pactó en una suma global fija, no en una cifra estimativa que pudiera variar según el personal dispuesto para realizar las labores de interventoría y el tiempo durante el cual éstas se ejecutaran. Estos factores –y otros– solo fueron tenidos en cuenta en los estudios previos para efectos de cumplir con el requisito establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 en el sentido de señalar el valor estimado del contrato que se esperaba adjudicar y celebrar y su determinación, estimación que se hace necesaria de cara a dar cumplimiento al principio de planeación y que debía servir de derrotero a los proponentes para formular su oferta económica, la cual, una vez aceptada, no podía variar, salvo por acuerdo de las partes debidamente justificado. (...). La Sala entiende que cuando el Consorcio demandante solicitó que se reconociera el “valor total del contrato”, lo hizo en el sentido de que en esa cifra debían incluirse todos los costos en los que habría incurrido para su ejecución –comprendidos aquellos que se habrían causado después de su terminación–, aun cuando ese monto superara el precio pactado. Bajo esta comprensión, se pasa a analizar los mayores valores reclamados. (...) En lo que atañe a los costos de mayor permanencia por concepto de las dos prórrogas del contrato de interventoría, la Sala estima que no están llamados a prosperar por las siguientes razones: (...) Respecto del primer modificatorio, hay que señalar que las consideraciones vertidas en dicho instrumento hacen expresión clara y fiel de que las partes, al establecer la necesidad de ampliar el plazo del contrato, se ocuparon de analizar el efecto económico que conllevaba tal acuerdo y concluyeron que no se generaba ninguno. (...) De conformidad con los elementos de convicción analizados, la Sala constata que el consorcio demandante acordó, conoció y sabía que en los términos de la primera prórroga suscrita no se causaría ningún costo adicional que la Aeronáutica debiese asumir; de modo que su voluntad, acompañada del efecto legal que de ella se desprende, impone negar el reclamo económico asociado a dicho periodo. (...) Frente a la segunda prórroga, la Sala anticipa que las aspiraciones económicas del Consorcio demandante en relación con la firma de este acuerdo tampoco están llamadas a prosperar pues, igual que en el anterior, las partes estipularon que no se generaba efecto económico alguno que variara el valor del contrato, como consta en la manifestación expresa y unívoca de sus voluntades. (...) El acuerdo de las partes es vinculante para ellas y, por tanto, tampoco respecto de la prórroga del contrato de interventoría convenida en este modificatorio es posible reconocer costos adicionales al contratista. (...) En relación con este otrosí la Interventoría afirmó que la entidad contratante le impidió dejar salvedades; sin embargo, no formuló una pretensión tendiente a discutir la validez de ese acuerdo en aras de retirarlo del mundo jurídico, por lo cual, en virtud del principio de congruencia, la Sala no puede avanzar en un análisis encaminado a desconocer sus efectos vinculantes. (...) Se advierte que, si bien en un documento suscrito el mismo 28 de marzo de 2018134 el contratista consignó que “… se reserva el derecho a reclamar en sede administrativa o judicial los mayores valores para la ejecución del plazo adicional al contrato que consta en el modificatorio No. 2 …”, lo cierto es que no puede considerarse en sí mismo como integrante del acuerdo al que llegaron las partes en el modificatorio No. 2, en la medida que no fue suscrito por el representante legal de la entidad pública, que es el que cuenta con capacidad para obligarla, sino por la supervisora del contrato, de manera que carece de fuerza legal para comprometer las voluntades concertadas en el modificatorio firmado por ambas partes a través de sus representantes legales en el sentido de cambiar lo consignado en él. (...) No es procedente reconocer valores adicionales al precio pactado en función de los costos en los que pudo haber incurrido la Interventoría en la fase de liquidación del contrato, pues éstos debieron quedar comprendidos en el precio pactado. Es pertinente mencionar que el plazo del contrato de obra y el de interventoría coincidieron exactamente –por ello, ambos negocios jurídicos terminaron el 4 de mayo de 2018–; de manera que, en atención a los requisitos pactados en el literal c) de la cláusula sexta para el pago del saldo final del 10% del valor de la interventoría, era absolutamente previsible que para cumplirlos el Consorcio demandante tuviera que realizar labores tendientes a realizar el balance final de cuentas del contrato de obra después de finalizado el plazo pactado para la ejecución del contrato de interventoría, por lo cual al elaborar su oferta económica debió considerarlos. Con todo, la Sala destaca que no obra prueba en el expediente de que durante ese interregno el Consorcio demandante hubiere adelantado labores diferentes a aquellas propias de la fase de liquidación. FUENTE FORMAL: DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / DICTAMEN PERICIAL INCOMPLETO / FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS Problema jurídico: ¿El dictamen pericial aportado por el Consorcio demandante con el objeto de probar los mayores costos en los que habría incurrido ofrece convicción para acreditarlos? Respuesta al problema jurídico: No Sin perjuicio de todo lo anterior, la Sala advierte que el dictamen pericial que aportó el Consorcio demandante con el objeto de probar los mayores costos en los que habría incurrido no ofrece convicción para acreditarlos, toda vez que, al analizar su contenido, no se observa que el perito hubiese realizado un ejercicio exhaustivo y detallado que explique sus conclusiones, ni da cuenta de los fundamentos fácticos o científicos que lo condujeron a ellas, como lo exige la ley. (...). En el dictamen el perito se limitó a consignar una serie de datos que supuestamente están soportados en los anexos que se acompañaron con el mismo; no obstante, no realizó ninguna labor analítica tendiente a explicar técnicamente la razón de sus conclusiones, circunstancia que pone en evidencia la falta de solidez técnica y científica que debe reportar este tipo de pruebas. (...) En estas condiciones, la Sala concluye que la experticia materia de análisis no cumple las cargas de claridad, precisión, exhaustividad y detalle que se exigen de todo dictamen pericial, motivo más que suficiente para determinar que la experticia en comento carece de eficacia probatoria de cara a la acreditación de los rubros indemnizatorios reclamados. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 226 INTERESES / COBRO DE INTERESES / PAGO DE INTERESES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Debe accederse a las pretensiones relativas al reconocimiento de intereses remuneratorios entre la fecha de terminación del contrato y la fecha en que la entidad tomó posesión de las obras? Respuesta al problema jurídico: No No se accederá a la pretensión tercera de condena de la demanda ni a sus subsidiarias, en la medida que en todas ellas se solicita el reconocimiento de intereses remuneratorios entre la fecha de terminación del contrato y la fecha en que la entidad tomó posesión de las obras. (...) Al respecto, debe señalarse que los intereses remuneratorios ostentan una naturaleza eminentemente retributiva, en la medida que se pactan para ser causados entre el momento del surgimiento de la obligación y aquel en el que debe verificarse su pago y se explican en razón del beneficio o provecho que reporta para el deudor el hecho de tener a su disposición el dinero por ese lapso o de diferir en el tiempo el pago de un bien o servicio que ha recibido con anterioridad, se trata de un rendimiento del capital que recibe el acreedor por el uso que de dicho bien hace el deudor por un determinado tiempo. (...). La obligación de pago del precio pactado en el contrato de interventoría no encaja en ninguno de tales supuestos, en la medida que no se trata de un préstamo de dinero a plazo, ni del pago de los productos diferido en el tiempo. Las partes no pactaron que entre la fecha de terminación del contrato de interventoría y la de la toma de posesión de la obra se causarían esta clase de intereses. (...) Las conclusiones a las que arriba la Sala conducen a modificar el fallo de primera instancia, en tanto se halla acreditado que el Consorcio demandante sí cumplió las obligaciones que estaban a su cargo y, por tanto, tiene derecho al reconocimiento y pago del valor total pactado como remuneración. En lo demás, se mantiene la decisión recurrida. CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES Problema jurídico: ¿Puede abstenerse la Sala de condenar en costas en cuanto el recurso de apelación no fue desfavorable y las pretensiones prosperaron de forma parcial? Respuesta al problema jurídico: Si Dado que a este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en costas por la segunda instancia a las partes, por cuanto no se resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación que se interpuso; además, la Sala aplicará el supuesto de que trata el numeral 5 del mencionado artículo 365, que autoriza al juez a abstenerse a condenar en costas a las partes, cuando, como en este caso, las pretensiones prosperen parcialmente. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202100043011100103