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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el artículo 1.081 del Código de Comercio señala que la prescripción de las acciones que se derivan del contrato

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Fecha
2024-04-08
Radicado
85001233300020160005301
Número interno
60718
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA
Demandado
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DE PORE S.A E.S.P.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el artículo 1.081 del Código de Comercio señala que la prescripción de las acciones que se derivan del contrato

Regla de decisión

El artículo 1.081 del Código de Comercio señala que la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Problema jurídico

¿Se debe declarar probada la excepción de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro y, en consecuencia, en el evento de haberse pagado alguna suma por los siniestros aquí en estudio, se deberán devolver dichas sumas, debidamente actualizadas desde el momento en que fueron canceladas por la Aseguradora Solidaria de Colombia?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 410 de 1971, art. 1081

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Lo que dijo la Sala

La Aseguradora Solidaria de Colombia pretende que se declare la nulidad de la Resolución n.° 50 del 06 de agosto de 2015, por medio de la cual la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore E.S.P. declaró la ocurrencia de los siniestros de incumplimiento y de mal manejo del anticipo, en el marco del contrato de obra n.° 20 del 1 de marzo de 2011, celebrado con el señor Óscar Javier Acuña Correa. Igualmente, solicita la nulidad absoluta de las cláusulas número seis y ocho de las condiciones generales de la póliza n.° 605-47-994000005277, expedida por la actora. Señala que aunque en dichas cláusulas se admite la posibilidad de expedir actos administrativos para la declaratoria del siniestro, tampoco otorgaron la competencia para el efecto, puesto que esta es privativa de la ley.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Respuesta al problema jurídico: Si La Aseguradora Solidaria de Colombia pretende que se declare la nulidad de la Resolución n.° 50 del 06 de agosto de 2015, por medio de la cual la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore E.S.P. declaró la ocurrencia de los siniestros de incumplimiento y de mal manejo del anticipo, en el marco del contrato de obra n.° 20 del 1 de marzo de 2011, celebrado con el señor Óscar Javier Acuña Correa. Igualmente, solicita la nulidad absoluta de las cláusulas número seis y ocho de las condiciones generales de la póliza n.° 605-47-994000005277, expedida por la actora. Señala que aunque en dichas cláusulas se admite la posibilidad de expedir actos administrativos para la declaratoria del siniestro, tampoco otorgaron la competencia para el efecto, puesto que esta es privativa de la ley. De ser así, dichas estipulaciones son nulas por objeto ilícito al contravenir normas de orden público. (...) La parte actora estimó que la oportunidad para hacer efectiva la póliza corrió, como máximo, desde la finalización del contrato, puesto que desde el 28 de junio de 2013, días antes de la expiración del plazo de ejecución, el supervisor le informó a la demandada sobre la existencia de unos supuestos incumplimientos. Entonces, como máximo el conocimiento del siniestro se produjo con la finalización del contrato, el 1 de julio de 2013 y, por lo tanto, la resolución demandada fue expedida por fuera del bienio autorizado por el artículo citado. El artículo 1.081 del Código de Comercio señala que la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. La primera, es de dos años, que empiezan a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. La segunda, la extraordinaria, de cinco años, corre contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Para la Corte Suprema de Justicia, con base en la exposición de motivos del Proyecto de Código de Comercio de 1.958, la distinción entre ambas prescripciones descansa en que la ordinaria se aplica (i) a las personas capaces, (ii) que sean parte del contrato de seguro o tengan algún interés derivado del mismo y (ii) que hayan conocido o debido conocer el hecho que da base a la acción. En consecuencia, corre contra quienes estén en estos supuestos, hasta el punto que de no cumplirse, el término prescriptivo será el extraordinario, lo que a su vez pone de presente su carácter subjetivo Por su parte, la prescripción extraordinaria opera contra toda clase de personas24. Para los incapaces interesados, con independencia de que hayan conocido o no del siniestro. En el caso de los capaces interesados, siempre que no tengan conocimiento del siniestro o no hayan debido conocerlo, e inicia desde el momento en que nació el respectivo derecho. Lo anterior pone de presente sus visos meramente objetivos. Con base en lo expuesto, como en el sub lite se está ante personas capaces jurídicamente, que hacían parte del contrato de seguro y, por consiguiente, debieron tener conocimiento del siniestro, como en efecto lo tuvieron, la prescripción que opera es la ordinaria de dos años. Así, es necesario determinar el momento en el que se dio dicho conocimiento para el cómputo del término en estudio. (...) Los incumplimientos imputados al contratista se derivaron de la sustracción definitiva de sus obligaciones, por el vencimiento del plazo contractual, lo cual lleva a pensar que fue hasta este momento en que la demandada tuvo conocimiento de los incumplimientos imputados a su contratista; en efecto, el supervisor del contrato, en su informe final de ejecución, sin fecha, afirmó que mediante oficio del 28 de junio de 2013, a escasos dos días de la terminación del plazo contractual, notificó a la gerencia de la demandada sobre los atrasos en las obras (fl. 214, c. ppal, 1ª instancia). Podría pensarse que los incumplimientos que comunicó el supervisor estaban aún por consolidarse, como quiera que el contrato todavía estaba vigente y, en esa medida, resultaría desproporcionado contar desde el 28 de junio de 2013; sin embargo, desde el vencimiento del plazo contractual, el 1 de julio de dicha anualidad, la entidad conocía o, al menos, tal como se lo advirtió su supervisor, debió conocer del siniestro. (...) para la finalización del contrato, el 1 de julio de 2013, la entidad demandada estaba enterada de los incumplimientos, hasta el punto que el 5 de agosto siguiente, a través del oficio n.° OFI-ESP-0101-2013 (fls. 76, c. ppal, 1ª instancia), citó al contratista y a la aseguradora para llevar a cabo la diligencia de liquidación del contrato y de comunicación del siniestro (...) Lo expuesto revela que las actividades desplegadas por la demandada, después de finalizado el contrato, lo fueron con el ánimo de garantizar el derecho de defensa del contratista y, además, de verificar la extensión e, incluso, la cuantificación del incumplimiento -para las cuales se tiene un término más que prudencial de dos años, después de ocurrido el siniestro-, pero no así su existencia, la cual, como quedó consignado arriba, era plenamente conocida ex ante. De suerte que admitir la posición de la demandada, de extender el término prescriptivo por la duración de dichas gestiones, sería tanto como dejar la suerte de dicho cómputo en manos de su diligencia, lo cual resulta a todas luces insostenible. (...) Además, las partes fijaron unos términos para llevar a cabo la liquidación. Efectivamente, la bilateral debía efectuarse cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución, después de los cuales la demandada quedaba habilitada para llevarla a cabo unilateralmente, lo cual nunca realizó. Como se observa, el dominio de dicho trámite estaba en cabeza de la demandada, por lo que mal se haría en computarlo a su favor y en contra de la aseguradora. En consecuencia, como entre la finalización del contrato, la demandada conoció o debió conocer del siniestro, y el 6 de agosto de 2015, cuando se expidió la resolución n.° 50, había expirado el término de los dos años que establece el artículo 1.081 pluricitado, se impone declarar la prescripción de la reclamación formulada por la demandada en dicha resolución, sin que se encuentre probado el ejercicio de una acción encaminada a hacer efectiva la póliza aquí en estudio. De haberse pagado algún monto con base en la citada resolución se dispondrá su devolución. Se reitera que la prosperidad de la excepción de prescripción releva a la Sala de pronunciarse sobre los demás cargos de las apelaciones, puesto que la reclamación contenida en la resolución n.° 50 de 2015 fue extemporánea. (...) Entonces, a más tardar el 5 de agosto de 2013, la demandada estuvo plenamente enterada del incumplimiento, hasta el punto de que identificó los posibles incumplimientos, entre ellos, la extensión de las pólizas por la última prórroga de marzo de 2013, las cuales requirió al contratista el 23 y 26 de julio del mismo año (CD 1, tomo 6, fl 264, c ppal 2, 1ª instancia), es decir, después de terminado el contrato; sin embargo, incluso desde este hito el cómputo de la prescripción estaba vencido. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 6 de diciembre de 2018, exp. SC5927-2018, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 6 de diciembre de 2018, exp. SC5927-2018, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. La Corte también ha explicado que la alocución “contra toda persona”, contenida en el numeral 3º del artículo 1.081 pluricitado, no hace referencia a todos los terceros frente al contrato de seguro, sino que simplemente “se entiende que la prescripción extraordinaria corre incluso en contra de los incapaces”, que también son interesados. Además, en los contratos de seguro de responsabilidad civil, cuando demanda la víctima, sin dudas interesada, la prescripción es extraordinaria, con base en la interpretación de los artículos 1.131 y 1.133 del Código de Comercio. En: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 4 de noviembre de 2021, exp. SC4904-2021, M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1081 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN / SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN / IMPROCEDENCIA DE SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN / TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿La liquidación no suspende el término de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro? Respuesta al problema jurídico: No La liquidación del contrato, a la cual quedó sometido por voluntad de las partes (fl. 199, c. ppal, 1ª instancia, cláusula 15ª), tampoco suspendió o extendió el plazo establecido en el artículo 1.081 del Código de Comercio, toda vez que este no dispone un supuesto en tal sentido, sino que, como quedó visto, únicamente señala que la ocurrencia del siniestro y, en algunos casos, como el presente, su conocimiento, es lo que da inicio al cómputo prescriptivo. Esto se explica en la medida que el siniestro y el trámite liquidatorio tienen fuentes diferentes dada su propia naturaleza -el incumplimiento y la terminación del contrato, respectivamente-. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1081 DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es posible que los términos del incumplimiento y la liquidación, puedan contarse simultáneamente, claro está, si concurren las circunstancias de hecho que dan lugar a uno o a otro evento? Respuesta al problema jurídico: Si Ahora, es posible que sus términos, el del incumplimiento y la liquidación, puedan contarse simultáneamente, claro está, si concurren las circunstancias de hecho que dan lugar a uno o a otro evento, como ocurre, en el sub lite, pero no por ello son interdependientes, al menos, en lo que respecta al cómputo que ocupa a la Sala. De esta forma tampoco se cercena la posibilidad de arreglo directo, porque ambos están sometidos a términos amplios, dos años, por regla general, que permiten agotar con suficiencia tales instrumentos. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE SEGURO / ACTO ADMINISTRATIVO / CONFIGURACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO JURÍDICO / ACTO JURÍDICO BILATERAL / ACTO CONTRACTUAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Las empresas de servicios públicas domiciliarios regidas por el derecho privado, dictan verdaderos actos administrativos para la declaratoria del siniestro, siempre que ejerzan poderes o facultades excepcionales, pero si sólo cumplen con lo pactado en la póliza, son actos jurídicos contractuales? Respuesta al problema jurídico: Si En la Sección se ha consolidado un criterio frente al cuestionamiento de si las entidades estatales sometidas al derecho privado de contratación pueden expedir actos administrativos. La respuesta ha sido negativa. En lo precontractual y en lo que se refiere a las entidades públicas que prestan servicios públicos domiciliarios, ya existe una postura unificada sobre su improcedencia ante la ausencia de una habilitación legal expresa en tal sentido. En lo contractual, en particular frente a la declaratoria del siniestro de las referidas entidades estatales, también existe una posición similar. Sin embargo, aunque la Subsección ha considerado que las empresas públicas prestadoras de servicios públicos domiciliarios no pueden declarar el siniestro a través de un acto administrativo, ello no es suficiente para determinar la nulidad por falta de competencia, sino que es necesario verificar si la administración actuó con la intención de expedir un acto de dicha naturaleza o, si por el contrario, fue el simple desarrollo del trámite establecido por las partes del contrato de seguro para la efectividad de la garantía y de sus amparos (...) Una cláusula similar ya fue analizada por la Subsección. Efectivamente, en un asunto en el que se demandó la nulidad de unas resoluciones que declararon un siniestro por parte de las Empresas Públicas de Medellín, EPM, la Sala consideró que este tipo de cláusulas de la póliza eran simplemente el ejercicio de la autonomía de la voluntad, dentro de los límites del orden público, y no otorgaban la posibilidad de ejercer poderes o prerrogativas propias de la administración. Sobre la vulneración de las normas de orden público con este tipo de estipulaciones, se consideró: Entiende la Sala que lo estipulado no vulnera el orden público, porque no contraviene ni supone la alteración de normas que por su naturaleza o por disposición de la ley son inmodificables (…), en tanto, no se dejó al arbitrio de la Asegurada la configuración o constitución del siniestro, lo cual vulneraría los artículos 1054 (…) y 1055 (…) del Código de Comercio, pues lo pactado simplemente supone que la beneficiaria de la póliza, como cualquier otro - particular o entidad pública-, para hacerla efectiva debía manifestar que el riesgo amparado se concretó y, además, por voluntad del Asegurador y no por prerrogativas derivadas de la ley, que tal manifestación, debidamente motivada, sería suficiente para acreditar su dicho y, por esa razón, para entender que se dio el hecho que da origen a la obligación del asegurador de indemnizar la pérdida al asegurado, lo cual tampoco vulnera el orden público, pues, además de que no existe una tarifa legal para acreditar la ocurrencia del siniestro, esa declaración, como acaba de verse, no impide a la Aseguradora demostrar lo contrario, o cualquier otro hecho o circunstancia excluyente de su responsabilidad, pues, según sus propias estipulaciones, al tener la posibilidad de debatir ante la Asegurada la ocurrencia del siniestro y su cuantía, como en efecto lo hizo, se preservó su derecho al debido proceso. Es pertinente destacar que, si bien el procedimiento que convencionalmente se dispuso para exigir el pago del siniestro amparado fue distinto al que surge de la lectura conjunta y sistemática de los artículos 1077, 1080 y 1053 del Código de Comercio (…), lo cierto es que esto no vulnera el orden público, en tanto y en cuanto, en los términos del artículo 1162 de ese Código, ninguna de esas normas es inmodificable, pues, además de que no están entre aquéllas a las que se refiere ese artículo de manera expresa, no hacen referencia a elementos del contrato de seguro y, por eso, lo materialmente estipulado en las condiciones generales de la póliza no altera, anula o desconoce ninguno de tales elementos. Se privilegió la anterior interpretación con fundamento en lo que pasa a consignarse: Para la Sala, entre varias interpretaciones posibles, la que acaba de exponerse frente a las condiciones generales de la póliza es la que debe preferirse, pues, además de que no vulnera la ley, es la que mejor se aviene al objeto del contrato de seguro de cumplimiento (…), permite darle un efecto útil a lo estipulado (…), a la vez que garantiza que se respete en su esencia lo pactado, que se cumplan las obligaciones derivadas del acuerdo entre los contratantes del seguro, las cuales, según lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil, son ley para las partes, asegura que se preserve la pervivencia del negocio jurídico y, por todo esto, que se honre el principio de la buena fe contractual (…). En cambio, considera inadmisible patrocinar el comportamiento de la Aseguradora, que, pese a haberlo pactado así con el tomador de la póliza, aduce ahora, como fundamento de la alegada inexistencia de la obligación de pago de los perjuicios derivados del riesgo que amparó, que los actos expedidos por EPM se profirieron en ejercicio de prerrogativas propias de la Administración de las cuales carecía, desconociendo con esto que la verdad es que, al margen de su forma y denominación, se profirieron para dar cumplimiento a las condiciones que ella misma diseñó para hacer efectiva la garantía contenida en la póliza 916942. En los anteriores términos, se concluyó que no le era posible a la aseguradora excusarse del pago del siniestro con fundamento en la falta de “competencia”, puesto que al margen de la denominación que se le diera en la póliza, las empresas de servicio públicos, si bien actúan en sus relaciones contractuales desprovistas de prerrogativas derivadas del poder público, lo cierto es que sí tienen capacidad para hacerlo a través de una manifestación unilateral, no sólo porque así fue pactado en el contrato de seguro, sino porque “esa manifestación, así como la estimación de la cuantía del perjuicio, hacen parte de las obligaciones que a cualquier particular corresponde asumir para lograr el pago de la suma asegurada”, sin que tales estipulaciones vulneren el orden público. Lo expuesto, así como sus conclusiones, resultan aplicables al presente asunto y llevan a la Sala a reiterar el criterio de que este tipo de actos, que se expiden en el marco de las estipulaciones del contrato de seguro, no son actos administrativos, sino la forma en que las partes pactan la reclamación o efectividad del siniestro amparado, con plenos efectos vinculantes para ellas. De esta forma, con el ánimo de no repetir las conclusiones de la sentencia en cita, la Sala las reitera, toda vez que permiten descartar no sólo la falta de competencia formulada, sino también la nulidad absoluta de las cláusulas sexta y octava del contrato de seguro, puesto que no se está en el ámbito del reproche de la competencia de la entidad estatal demandada, sino del marco contractual que las partes acordaron, pactó que, como ya lo dijo la Subsección, no constituye violación a las normas de orden público, puesto que no otorgaron competencia para expedir actos administrativos, sino las condiciones de reclamación del siniestro pactado y aceptado libremente por las partes. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de septiembre de 2020, exp. 42.003, M.P. Alberto Montaña Plata. La Ponente tuvo la oportunidad de expresar sus reparos frente a esta posición, por lo que se considera suficiente con remitir a ellos. Por otro lado, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de septiembre de 2020, exp. 44.707, M.P. José Roberto Sáchica Méndez. En esta providencia, la aquí ponente aclaró el voto, bajo unas consideraciones que aún estima pertinentes, pero ante la posición mayoritaria consolidada en la Sección, que le impone su obedecimiento, considera suficiente con remitir a ellas para precisar su posición en esta oportunidad; Subsección B, sentencia del 19 de junio de 2019, exp. 39.800, M.P. Alberto Montaña Plata, y Subsección C, sentencia del 10 de marzo de 2023, exp. 57.101, M.P. Jaime Rodríguez Navas. 16 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de septiembre de 2020, exp. 44.707, M.P. José Roberto Sáchica Méndez (ver: aclaración de voto de la ponente del presente asunto). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de septiembre de 2020, exp. 44.707, M.P. José Roberto Sáchica Méndez, con aclaración de la aquí ponente y que se reiteran en esta ocasión. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1053, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1054, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1055, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1077, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1080, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1162, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / NULIDAD ABSOLUTA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONTRATO DE SEGURO / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Si bien es cierto la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, atendiendo a la naturaleza pública de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore E.S.P., es competente para resolver la controversia en los términos del artículo 104 del CPACA, también lo es para conocer de la nulidad absoluta de algunas de sus cláusulas del contrato de seguro aunque en estricto sentido la referida entidad pública no es parte del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si Atendiendo a la naturaleza pública de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore E.S.P., la presente controversia es de conocimiento de esta jurisdicción, en los términos del artículo 104 del CPACA, lo cual resulta claro en lo que respecta a la declaratoria del siniestro enjuiciado. Ahora, vale precisar que, aunque en estricto sentido la referida entidad pública no es parte del contrato de seguro, esta jurisdicción es la llamada a conocer de la nulidad absoluta de algunas de sus cláusulas, por lo que pasa a exponerse: En un asunto en el que definió si le correspondía conocer de la ejecución de unas acreencias a favor de una entidad estatal, derivadas del acto administrativo que reconocía la existencia del siniestro, dijo que “el contrato de seguro que celebra el contratista de la Administración con un tercero para garantizar sus obligaciones indemnizatorias por incumplimiento del contrato Estatal, no es Estatal”, como quiera que la entidad no es la tomadora ni la aseguradora; sin embargo, precisó que puede tener tal naturaleza, puesto que “la existencia del siniestro de estabilidad de obra o de otros de carácter contractual en contra del asegurador puede concluirse que el crédito a favor de la Administración sí tiene fuente en el contrato estatal, pues, de una parte, el siniestro que debe indemnizar el Asegurador es el reconocido por la Administración y, de otra, la causa del acaecimiento del riesgo asegurado no es nada menos que el incumplimiento del contratista Estatal”. En el anterior pronunciamiento se puso de presente la conexidad que existe entre el contrato estatal y el que lo asegura. Por consiguiente, cuando está de por medio dicha conexidad, se impone el conocimiento de esta jurisdicción especial al existir una relación de dependencia entre tales relaciones contractuales. En un pronunciamiento posterior, en el marco de un ejecutivo con las mismas características del arriba referido, la Sección concluyó que “resulta[ba] válido sostener que en los contratos de seguros que se celebran con el fin de garantizar el cumplimiento de contratos estatales, las entidades contratantes sí toman parte. // El anterior aserto se explica con toda naturalidad en cuanto la relación contractual en estudio se examine a la luz de la institución de la estipulación a favor de otro, en virtud de la cual la ley autoriza a cualquier persona para que convenga a favor de un tercero, sin contar con derecho alguno para representarlo, en el entendido de que sólo ese tercero podrá exigir lo estipulado una vez acepte, de manera expresa o tácita, la respectiva convención”. Más adelante, sostuvo que “cuando la entidad estatal contratante aprueba o ratifica el correspondiente contrato de seguro de cumplimiento, el mismo, en cuanto conste por escrito, corresponderá a la clasificación de los contratos estatales, de conformidad con las exigencias del criterio subjetivo u orgánico adoptado por la Ley 80 como elemento diferenciador específico de esa clase de contratos, en la medida en que aquélla estará directamente vinculada a ese contrato de seguro de cumplimiento como titular de uno de sus extremos”. (...) De manera que si bien puede catalogarse como estatal al contrato que asegura a un contrato estatal, esto es admisible en la medida de que exista un interés que legitime a la entidad estatal para presentarse al litigio, como ocurre con sus derechos e intereses como asegurada9, lo que, en los términos arriba expuestos, impide catalogarla como un simple tercero al contrato de seguro. Por lo tanto, su legitimación es restringida y, por ende, descarta cualquier otro interés que involucre de manera exclusiva a la aseguradora o al tomador. En otras palabras, la denominación como contrato estatal es relativa, no absoluta, puesto que dependerá de la legitimación de la entidad estatal en cada juicio. Recientemente, la Corte Constitucional, al definir un conflicto negativo de competencias, en el que se ventilaba la responsabilidad de una aseguradora llamada en garantía por la beneficiaria de un contrato de seguro que amparaba un contrato estatal, (...) Así, la referida Corporación compartió la postura del auto del 30 de enero de 2008 citado y remitió dicho asunto a esta jurisdicción. Con todo, en esta oportunidad vale precisar que aunque los supuestos aquí en estudio se atemperan a lo regulado en el artículo 1.039 del Código de Comercio, esto es, para el contrato de seguro a nombre de un tercero, incluso, en este escenario, la Corte Suprema de Justicia ha concluido que “la calidad de ‘tercero’ que ostenta el beneficiario lo es solo frente al hecho de que no intervino en su formación. Mas, desde la perspectiva de la titularidad de la prestación de seguro, “no es un ‘‘tercero’’ sino la persona que sufre un menoscabo en su patrimonio y tiene, por ello, interés asegurable en el pago de la indemnización”. En esa medida, no es un tercero para lo de sus intereses, sino que es parte de dicho contrato de seguro, en la medida que es titular derechos y obligaciones derivados de dicho acuerdo. Por lo tanto, siendo parte del contrato para estos sólos efectos, el contrato es estatal de forma restringida. En los términos expuestos, se considera que corresponde a esta jurisdicción el conocimiento del presente litigio, inclusive, en relación con las pretensiones de nulidad absoluta de algunas cláusulas del contrato de seguro en estudio, en tanto estas tienen que ver con el trámite de reclamación del siniestro, que es lo que interesa a la entidad estatal demandada. Esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia, en atención a su cuantía, en los términos del artículo 150 del CPACA. NOTA DE RELATORÍA: La jurisprudencia ha precisado, en cuanto a la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, que esta corre “contra aquellos para quienes se deriva algún derecho del contrato de seguro, ya que «aquellas personas distintas a los interesados carecen de acción, pues el contrato de seguro es para ellos res inter alios acta”. En: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 17 de noviembre de 2020, exp. SC4312-2020, M.P. Ariel Salazar Ramírez. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 12 de octubre de 2000, exp. 18.604, M.P. María Elena Giraldo Gómez. El magistrado Alier Hernández Enríquez salvó su voto al considerar que el beneficiario no es parte del contrato del seguro y, por lo tanto, este no tiene la naturaleza de estatal. Por consiguiente, en los términos del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, que asignó a esta jurisdicción las controversias derivadas de un contrato estatal y los de ejecución o cumplimiento de los mismos, debió declararse la nulidad de todo lo actuado y remitir a la jurisdicción ordinaria. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 30 de enero de 2008, exp. 32.867, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En esta oportunidad, los magistrados Myriam Guerrero de Escobar y Ramiro Saavedra Becerra aclararon su voto. La primera, puesto que consideró que los acuerdos que aseguraban obligaciones contractuales de los contratos estatales son privados, pero que la ejecución derivados de los mismos, por ser títulos complejos, era de conocimiento de esta jurisdicción. El segundo precisó que tales contratos, aunque no son estatales, sí son conexos al contrato estatal que aseguran. El magistrado Enrique Gil Botero salvó su voto por razones similares a la expresadas por el magistrado Alier Hernández Enríquez. Corte Constitucional, auto 199-22 del 24 de febrero de 2022, exp. CJU-582, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD ABSOLUTA / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CONTRATO DE SEGURO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿El medio de controversias contractuales es procedente para demandar por daños causados de actuaciones producidas dentro del marco de un contrato estatal, al siniestro derivado del contrato de obra y para solicitar la la nulidad absoluta de algunas cláusulas del contrato de seguro? Respuesta al problema jurídico: Si Teniendo en cuenta que se tratan de actuaciones producidas dentro del marco de un contrato estatal, al siniestro derivado del contrato de obra, el medio de control es el procedente, tal como lo dispone el artículo 142 del CPACA. Ahora, en cuanto a la nulidad absoluta de algunas cláusulas del contrato de seguro, como en él es asegurada y beneficiaría la entidad pública demandada, por las razones ya explicadas en el acápite de la jurisdicción, es claro que la referida acción contenciosa también es la procedente para dichas pretensiones. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142 CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho? Respuesta al problema jurídico: Si Los numerales 1 y 4 del artículo 365 del Código General del Proceso establecen que hay lugar a condenar en costas, en ambas instancias, entre otras, a la parte vencida en el juicio, en esta oportunidad la demandada, al prosperar la excepción de prescripción de su reclamación y se revocará totalmente la sentencia del inferior. Por lo tanto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso, se dispondrá que, por intermedio de la secretaría del tribunal de primer grado, se proceda a su liquidación de manera concentrada. Para tales efectos, la Sala fijará las agencias en derecho, de conformidad con la naturaleza, la complejidad y la duración de la actuación que tuvo que desplegar la parte vencedora frente al respectivo recurso. En el presente caso, en ambas instancias, se encuentra acreditada que la gestión de la parte demandada fue continúa, consistente y coherente, pues interpuso recurso de apelación y alegó de conclusión en contra del fallo de primer grado y, además, intervino en la segunda instancia, por lo que atendió el proceso de manera diligente y oportuna a través de su apoderado judicial. Ahora, el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, estableció que para los asuntos contencioso administrativos con cuantía, las agencias en derecho, debían fijarse, en primera instancia, hasta el 20% del valor de las pretensiones negadas o reconocidas en la sentencia, mientras que, en segunda instancia, hasta el 5% sobre el mismo concepto. Por lo anterior, la Sala fija como agencias en derecho, tanto en primera como en segunda instancia, la suma de $3.618.530, para un total de $7.237.060, correspondientes al 0.5% del valor de las pretensiones negadas en la demanda27, monto que deberá pagar la parte demandada, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore E.S.P., a favor de la parte actora, Aseguradora Solidaria de Colombia. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=850012333000201600053011100103