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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020150017901-57513-sentencia"
titulo: "Medio de control de controversias contractuales: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-06-17"
radicado: "25000233600020150017901"
numero: "57513"
ponente: "MARIA ADRIANA MARIN"
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# Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-06-17
- **Radicado:** 25000233600020150017901
- **Número interno:** 57513
- **Ponente:** MARIA ADRIANA MARIN
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** INTERPRO S.A.S
- **Demandado:** INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020150017901-57513-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020150017901/F32AAFBC4CF3ED6A8D5D0EE0B589C00C7C70212D267C3A8DFBA41ACE33FBC218/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201500179011100103

## Problema jurídico

¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de recurso de apelación presentado contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, en un proceso de controversias contractuales que gira en torno a un contrato celebrado por el demandado Instituto de Desarrollo Urbano IDU?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar el desequilibrio económico del contrato de intervention…
- ¿Las comunicaciones proferidas por la entidad contratante para dar respuesta al contratista respecto de su solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato son actos…
- ¿El presunto daño sufrido por el contratista se debió a su propia conducta, pues suscribió varios negocios jurídicos (otrosíes y adiciones) sin dejar en ellos reclamaciones o salvedades fundadas en…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto Ley 1437 de 2011, art. 152
- Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 157
- Ley 1564 de 2012, art. 615

## Extracto

En virtud de lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, le corresponde al Consejo de Estado conocer del presente asunto, toda vez que la controversia gira en torno a un contrato celebrado por el demandado Instituto de Desarrollo Urbano IDU, el cual es un establecimiento público adscrito a Bogotá, Distrito Capital.… Así mismo, la Sala tiene competencia para conocer en segunda instancia del presente proceso de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, norma vigente al momento de presentación de la demanda, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 27 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de conformidad con la estimación de las pretensiones realizada en la demanda, según las previsiones de los artículos 152 y 157 del mismo código.

## Síntesis temática

Cuando la controversia gira en torno a un contrato celebrado por un establecimiento público adscrito a un distrito, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente y, si se apela la sentencia de un tribunal administrativo, el Consejo de Estado conoce de la segunda instancia según la estimación de las pretensiones. La regla se apoya en tres razones: el artículo 104 del C.P.A.C.A. atribuye la competencia a la jurisdicción por el criterio orgánico de la entidad contratante; el artículo 150 del mismo código asigna a la corporación la apelación de las sentencias de los tribunales; y los artículos 152 y 157 fijan la cuantía con base en lo estimado en la demanda. En el caso, el contrato de interventoría fue celebrado por un instituto de desarrollo urbano y la corporación confirmó su competencia para la segunda instancia. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la competencia en segunda instancia depende de la entidad contratante y de la cuantía estimada en la demanda.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, APELACIÓN DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA, CUANTÍA DE LA DEMANDA, CUANTÍA DEL PROCESO, CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONTRATO DE INTERVENTORÍA, CONTRATO ESTATAL, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA, INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO NO DEMANDADO, ACTO ADMINISTRATIVO NO DEMANDABLE, REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL, AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL, BUENA FE, BUENA FE CONTRACTUAL, APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL, FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO, ACTO PROPIO, PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO, TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO, PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS, INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, PLIEGO DE CONDICIONES, CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES, ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES, ERROR DEL PLIEGO DE CONDICIONES, DEBERES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS, IMPUGNACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, OBJECIÓN A LAS COSTAS PROCESALES, IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN A LAS COSTAS PROCESALES, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES, APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES, IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA, CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / APELACIÓN DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DE LA DEMANDA / CUANTÍA DEL PROCESO / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de recurso de apelación presentado contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, en un proceso de controversias contractuales que gira en torno a un contrato celebrado por el demandado Instituto de Desarrollo Urbano IDU?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, le corresponde al Consejo de Estado conocer del presente asunto, toda vez que la controversia gira en torno a un contrato celebrado por el demandado Instituto de Desarrollo Urbano IDU, el cual es un establecimiento público adscrito a Bogotá, Distrito Capital. (...) Así mismo, la Sala tiene competencia para conocer en segunda instancia del presente proceso de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, norma vigente al momento de presentación de la demanda, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 27 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de conformidad con la estimación de las pretensiones realizada en la demanda, según las previsiones de los artículos 152 y 157 del mismo código.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 157, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar el desequilibrio económico del contrato de intervention, cuando se observa que el contrato no fue liquidado dentro del plazo en que debió serlo y que, a la fecha de presentación de la demanda, aún no lo había sido?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el literal j) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, norma que resulta aplicable al presente asunto, la acción contractual caduca al vencimiento del término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento. (...) No obstante, para los contratos respecto de los cuales se impone el trámite adicional de liquidación -bilateral o unilateral- y ella no se lleva a cabo, de conformidad con el romanito (v) del referido literal j) el término de caducidad de dos años empezará a correr una vez cumplidos los dos meses para la liquidación unilateral, contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga. (...) La controversia gira en torno al contrato de interventoría No. 082 de 2009, celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y la sociedad Interpro S.A.S, el cual, según Acta No. 68 del 14 de septiembre de 2012, se terminó en esta fecha (...). De acuerdo con lo pactado en el contrato (cláusula 22), éste se liquidaría dentro del mes siguiente a la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra; si el interventor no se presentare para la liquidación o si las partes no llegaren a algún acuerdo, el IDU liquidaría el contrato dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del anterior término. (...) Según lo admitido por las partes, el contrato de obra no fue liquidado dentro del plazo en que debió serlo y, a la fecha de presentación de la demanda, aún no lo había sido. (...) De acuerdo con lo anterior y, dado que el término de caducidad de los medios de control no puede quedar librado a la voluntad de los interesados o de un tercero, deberá aplicarse la norma procesal partiendo, para la contabilización de los dos años consagrados en la norma, del momento en el cual se configuró el incumplimiento del deber de liquidar, tanto el contrato de obra como el de interventoría, dando cumplimiento así a lo dispuesto en el romanito (v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. (...) Así, se tiene que el contrato de obra se terminó el 14 de septiembre de 2012, por lo que a partir del día siguiente, 15 de septiembre, empezaron a correr los ocho meses para la liquidación de común acuerdo -que no se produjo-, que vencían el 15 de mayo de 2013; al no haberlo sido, la entidad debió liquidarlo unilateralmente a más tardar el 15 de julio de 2013, (...) lo que significa que las partes debieron suscribir el corte de cuentas máximo el 15 de agosto de 2013; y, como esto no sucedió, la entidad debió expedir el acto de liquidación unilateral del contrato de interventoría a más tardar el 15 de septiembre de 2013. A partir del día siguiente, 16 de septiembre de 2013, empezó a correr el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que por lo tanto vencía el 16 de septiembre de 2015. (...) Dado que la demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 16 de enero de 2015, resulta evidente que lo fue en tiempo.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO NO DEMANDADO / ACTO ADMINISTRATIVO NO DEMANDABLE / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Las comunicaciones proferidas por la entidad contratante para dar respuesta al contratista respecto de su solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato son actos administrativos que debieron ser demandados?
Respuesta al problema jurídico: No
El Instituto de Desarrollo Urbano IDU y la sociedad Interpro S.A.S. celebraron el Contrato No. 082 de 2009, cuyo objeto fue realizar la interventoría del mantenimiento correctivo, rutinario y preventivo de la troncal de la calle 80 entre el río Bogotá y Los Héroes, en Bogotá D.C. -correspondiente al Contrato de Obra No. IDU-074 de 2009-. El demandante adujo que se rompió el equilibrio económico del contrato por cuanto tuvo que asumir unos sobrecostos imprevistos, derivados de deficiencias en el pliego de condiciones y de modificaciones al contrato de obra objeto de la interventoría. (...) Una de las razones por las cuales el tribunal a-quo negó las pretensiones de la demanda, es que consideró que éstas, encaminadas a obtener el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, ya habían sido resueltas por la entidad demandada a través de unos actos administrativos -oficios No. 20113660096671 del 5 de abril de 2011, No. 20123660024251 del 31 de enero de 2012 y No. 20123660559141 del 28 de agosto de 2012- que no fueron demandados y respecto de los cuales había operado el término de caducidad, por haber transcurrido más de dos años entre su expedición y la fecha de presentación del libelo introductorio. (...) El apelante aduce que las comunicaciones calificadas en la sentencia de primera instancia como actos administrativos no lo son y que, aún si en gracia de discusión se consideraran como tales, la acción en su contra no estaría caducada, pues no serían actos separables del contrato. (...) Es necesario advertir que, en una relación contractual cualquiera, inclusive en las trabadas con entidades públicas, es normal que las partes entablen un diálogo e intercambio de ideas, opiniones, conceptos y reclamos sobre la ejecución contractual, en torno a la forma como se está llevando a cabo el cumplimiento de las prestaciones a su cargo, entre otros aspectos, actuación que implica el común devenir de la relación negocial despojada de prerrogativas públicas, en la que los contratantes deben colaborar para el logro de los objetivos propuestos, teniendo siempre presente, cuando de contratos sometidos a la Ley 80 de 1993 se trata, lo establecido en ésta como finalidad de la contratación estatal. (...) Ahora bien, sobre la naturaleza de las respuestas que brindó la entidad a las solicitudes elevadas por el contratista durante la ejecución del contrato, tendientes a obtener el restablecimiento de su equilibrio económico, es necesario advertir que, si bien es un derecho de las partes el mantenimiento de la equivalencia entre prestaciones y contraprestaciones surgidas al momento de contratar y, por lo tanto, a obtener su restablecimiento cuando se vea perturbada por causas ajenas a la parte afectada -art. 27, Ley 80/93-, lo cierto es que la ley no exige el trámite de un procedimiento tendiente a la producción de un acto administrativo en el que deba ser resuelta tal afectación a través de una decisión de esta naturaleza (...). Es decir que no existe norma alguna que exija la previa reclamación del contratista a la entidad contratante, para provocar un pronunciamiento de ésta que pueda ser demandado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que, en ejercicio del medio de control contemplado en el artículo 141, bien puede acudir directamente ante el juez del contrato incluyendo en su demanda la pretensión de que sea restablecido el equilibrio económico del contrato. (...) Así, el hecho de que el contratista intente llegar a un acuerdo con la entidad, en aras de obtener la solución del supuesto desbalance de la ecuación contractual, implica necesariamente la existencia de una comunicación de doble vía entre las partes, en donde el contratista hará sus planteamientos y la entidad manifestará su conformidad o disconformidad con ellos. Sin que se pueda entender, en este último caso, que la respuesta de la administración constituye un acto administrativo, como manifestación unilateral de la voluntad de una entidad pública en ejercicio de función administrativa, que creó, modificó o extinguió una situación jurídica particular; pues lo cierto es que, a partir de la respuesta de la contratante, no se ha producido modificación alguna de la relación contractual, que era lo pretendido por el contratista, quien se verá entonces impelido a efectuar la correspondiente reclamación judicial a través de la respectiva pretensión declarativa y de condena, conforme a lo dispuesto en el artículo 141 del CPACA. (...) En adición a lo anterior, (...) es al momento de efectuar el corte definitivo de cuentas cuando las partes podrán revisar las condiciones de ejecución del negocio jurídico y allí podrá la entidad establecer si proceden o no los reconocimientos reclamados por el contratista, quien tendrá la posibilidad de dejar las respectivas salvedades en el acta de liquidación bilateral en la que no se reconozcan los sobrecostos reclamados para, de esta manera, salvaguardar su derecho a demandar ante el juez del contrato para que disponga el restablecimiento del equilibrio económico del contrato o impugnar judicialmente el acto de liquidación unilateral que incurra en la misma omisión. (...) En las anteriores condiciones, considera la Sala que las comunicaciones de la entidad dirigidas al contratista, en las que anuncia su disenso en torno a la existencia de una afectación de la ecuación contractual que diera lugar a reconocimientos económicos a su favor, no constituyen actos administrativos, ni es óbice para adelantar el estudio y resolución de las pretensiones de la demanda tendientes a obtener la declaratoria del rompimiento del equilibrio económico del contrato y la condena a su restablecimiento.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza de la comunicación emitida por la entidad para dar respuesta a su contratista sobre cuestiones planteadas en torno a la ejecución del contrato, consultar providencia de 21 de julio de 2005, Exp. 13920, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
FUENTE FORMAL:

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

tadas por las firmas de ingeniería de consultoría y construcción en el foro “Articulación IDU Empresas de Ingeniería” realizado el 26 de abril de ese año, con participación de funcionarios de la entidad, de la Cámara Colombiana de Infraestructura y profesionales en representación de las empresas de ingeniería, compañías aseguradoras y de la Escuela Colombiana de Ingeniería. En dicha mesa de trabajo se estudiaron diferentes asuntos relacionados con la estimación de los presupuestos y plazos de ejecución de los proyectos, el cálculo de los precios unitarios de referencia y del AIU, el contenido de los pliegos de condiciones, las pólizas de garantía, los riesgos, etc. y, en cada caso, se relacionaron las propuestas que se le hicieron a la entidad y los acuerdos sobre algunas medidas que serían adoptadas por el IDU en su contratación (...). A pesar de las conclusiones a las que se pudiera haber llegado en dicha mesa de trabajo sobre las recomendaciones efectuadas por los participantes para ser tenidas en cuenta por el IDU en la elaboración de sus pliegos de condiciones, lo cierto es que ellas no pasaron de ser una enunciación de intenciones jurídicamente no vinculante y carente de fuerza obligatoria para la entidad estatal, en cuanto en sus actuaciones ella sólo está sometida al imperio de la ley. (...) Por ello, estima la Sala que este argumento no puede ser estimado como fundamento de las reclamaciones del demandante, puesto que en virtud de lo dispuesto por el numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, las entidades gozan de libertad de configuración de sus pliegos de condiciones dentro de los límites impuestos por la ley, lo que les permite incluir las previsiones y requisitos que consideren necesarios y suficientes para el trámite del respectivo proceso de selección y la celebración del futuro contrato, y a ellos deben atenerse todas las personas interesadas en participar en tales procesos con miras a obtener la adjudicación de los contratos. (...) En las anteriores condiciones, considera la Sala que acertó el a-quo en su decisión de negar las pretensiones y declarar liquidado el contrato y a las partes a paz y salvo por concepto de las prestaciones y contraprestaciones surgidas del Contrato de Interventoría No. 082 de 2009, razón por la cual la sentencia de primera instancia será confirmada.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5
COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / IMPUGNACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / OBJECIÓN A LAS COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN A LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente revocar la condena en costas impuesta en primera instancia, cuando se observa que la denegatoria de las pretensiones fue parcial?
Respuesta al problema jurídico: No
El apelante solicitó que, de no prosperar sus argumentos tendientes a la revocatoria de la sentencia de primera instancia, se revisara la condena en costas que el a-quo profirió en su contra, por considerar que fue desmedido el porcentaje del 3% del valor de las pretensiones a título de agencias en derecho, para cuya imposición no hubo análisis alguno en la sentencia de primera instancia sobre la labor desplegada por la parte demandada que justificara dicha condena ni obran pruebas de los costos en que hubiera incurrido por concepto de su defensa judicial. Además, que en realidad no hubo una parte vencida en el proceso, pues lo que hubo fue una denegatoria parcial de pretensiones ya que en la sentencia se liquidó el contrato como fue pedido, por lo que no habría lugar a condena en costas, por lo que solicitó la revocatoria de la condena a su pago o la disminución del monto. (...) Al respecto se observa que no hay lugar a revocar la condena en costas impuesta en primera instancia, toda vez que en el numeral primero de la sentencia, expresamente se negaron las pretensiones de la demanda, a pesar de que en el numeral tercero se declaró liquidado el contrato; así mismo se advierte que, en realidad, el a-quo no dio razón o sustento alguno para la condena en costas que profirió y el porcentaje de agencias en derecho que estableció; no obstante, teniendo en cuenta que consta la actuación desplegada por la entidad demandada en defensa de sus intereses, mediante la contestación de la demanda, la proposición de excepciones y la presentación de alegatos de conclusión, considera la Sala que no es desmedido el porcentaje establecido (3%), si se tiene en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3.1.2 del artículo 6 del Acuerdo No. 1887 de 2003, el monto de las agencias en derecho en procesos con cuantía tramitados en primera instancia, es de hasta el 20% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. En consecuencia, no hay lugar a revocar o modificar esta determinación.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de Procedimiento Civil. En este orden de ideas, según lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del C.G.P., la Sala condenará en costas en esta instancia a la parte demandante, por cuanto se resolverá desfavorablemente el recurso de apelación. (...) En consecuencia y con fundamento en el numeral 3.1.3. del artículo 6 del Acuerdo No. 1887 expedido el 26 de junio de 2003 por el Consejo Superior de la Judicatura se fija como agencias en derecho en esta instancia la suma equivalente al 0,5% del valor de las pretensiones denegadas, esto es la suma de $4’746.356,98, a cargo de la sociedad Interpro S.A.S. y a favor del Instituto de Desarrollo Urbano IDU.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-06-17. C.P. MARIA ADRIANA MARIN. Rad. 25000233600020150017901. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020150017901-57513-sentencia).
