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CONTROL DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE

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Consejo de Estado Providencia

La solicitud de aclaración y adición de la sentencia debe ser negada porque no hay punto oscuro que deba ser aclarado y no se advierte una omisión del juez en su pronunciamiento.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 11001032600020240004500 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La solicitud de aclaración y adición de la sentencia debe ser negada porque no hay punto oscuro que deba ser aclarado y no se advierte una omisión del juez en su pronunciamiento? Sí
El contratista no puede solicitar la aclaración o adición de una sentencia cuando no existe un punto oscuro que requiera aclaración ni una omisión del juez que deba ser corregida, ya que la sentencia ya aborda de manera clara y completa los aspectos en disputa. En este caso, la sentencia de anulación del laudo arbitral estableció que los árbitros y jueces no pueden revisar actos de trámite, y también se pronunció expresamente sobre la restitución de los honorarios de los árbitros, incluyendo su actualización. Por lo tanto, la solicitud de aclaración y adición de la sentencia es improcedente, lo que implica que el tribunal no procederá a modificar la sentencia original, manteniendo así la integridad y claridad del pronunciamiento judicial.síntesis automática
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

En vigencia del CPACA se acogió la teoría de los actos separables

Sentencia — Sentencia 2021-12-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 88001233300020170002301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuándo el Tribunal delimita los actos precontractuales sobre los cuales se tratará la controversia, en atención a su categorización como definitivos y, por ende, pasibles de control ante esta jurisdicción y fijó el litigio en la audiencia inicial como una acción de nulidad simple, pues el debate se limitó a los actos que no tienen una relación directa con derechos o intereses del demandante, el medio de control que se revisa en segunda instancia es el de simple nulidad? Sí
El contratista no puede impugnar judicialmente los actos precontractuales que no tienen relación directa con sus derechos o intereses, y que el tribunal categoriza como definitivos y pasibles de control, limitándose el medio de control a la simple nulidad, conforme a la teoría de los actos separables y el artículo 141 del CPACA. Esto implica que los actos de trámite, como los informes de evaluación técnica y jurídica, no son susceptibles de control judicial, ya que no constituyen decisiones definitivas que creen, modifiquen o definan una situación jurídica, sino que son preparatorios y deben ser revisados por la entidad antes de tomar una decisión final. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la distinción entre actos definitivos y de trámite, y limita el alcance de los medios de control disponibles para los actos precontractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿Son susceptibles de control judicial los informes de evaluación técnica y jurídica de un proceso de selección de contratistas? ¿Cuándo el acto de apertura no consagra una previsión de fondo relativa al proceso de selección, sino que se limita a darle impulso al mismo… ¿adolece de nulidad del pliego de condiciones del proceso de selección abreviada para contratar el servicio de transporte escolar cuando se fundamenta en normas que no le son aplicables a un…
Consejo de Estado Providencia

La competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada por lo determinado en el recurso de apelación

Sentencia — Sentencia 2024-10-11 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020130000201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada por lo determinado en el recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia está limitado en su competencia por los reparos específicos presentados en el recurso de apelación, según establecen los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, lo que implica que no puede pronunciarse sobre aspectos no debatidos en el recurso. Además, la Sala determina que la resolución demandada tiene la naturaleza de acto administrativo consensual, caracterizado por la necesidad de un acuerdo previo entre la administración y los destinatarios, aunque la voluntad final aparezca como unilateral. En este contexto, el concesionario que demanda un acto administrativo consensual que había aceptado durante el proceso contractual actúa contrariando el principio de buena fe, ya que este principio exige que las partes cumplan con las obligaciones asumidas en el contrato y respeten las decisiones tomadas durante el procedimiento. Esta regla modifica la interpretación previa sobre los límites de la competencia del juez de segunda instancia y la naturaleza de los actos administrativos consensuales, lo que implica que los jueces deben ser más restrictivos en su análisis y que los actores deben considerar cuidadosamente las implicaciones de la buena fe contractual antes de presentar demandas.síntesis automática
También resuelve: ¿La resolución demandada tiene la naturaleza de acto administrativo consensual? ¿El concesionario al demandar el acto administrativo consensual que había aceptado durante el proceso contractual, actuó contrariando el principio de buena fe? ¿La resolución demandada al fijar el valor de la prórroga desconoció las normas sobre las que debía fundarse?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

¿Los actos administrativos de trámite son susceptibles de control jurisdiccional?

Aclaración voto — Aclaración de voto 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020220015400 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Los actos administrativos de trámite son susceptibles de control jurisdiccional? No
Al proferir el laudo arbitral del 27 de abril de 2022, el tribunal obró sin competencia porque impidió a la Administración ejercer sus facultades legales por vía de un pronunciamiento "preventivo", sin que existiera un acto administrativo susceptible de ser demandado. Lo anterior excedía tanto la competencia de los árbitros como la que podía tener el juez de lo contencioso administrativo. No obstante, la Agencia Nacional de Minería (ANM) limitó el cargo de anulación a la "prejudicialidad" y el "pleito pendiente".… Cerro Matoso no podía demandar los actos de trámite que la ANM hubiera proferido en el procedimiento administrativo. Tampoco podía pretender que se terminara ese procedimiento.
También resuelve: ¿Los actos administrativos son susceptibles de control jurisdiccional solo hasta que son definitivos y ejecutables? ¿Los árbitros tienen la competencia para ejercer control de legalidad respecto a los actos administrativos de trámite expedidos por la Agencia Nacional de Minería? ¿El Juez Contencioso al conocer del recurso de anulación contra laudo arbitral debe interpretar los cargos presentados por el recurrente de manera estricta?