Síntesis de la providencia
Salvamento de voto: la ley solo establece este requisito respecto del acta de liquidación bilateral
Lo que dijo la Sala
No comparto la decisión de la sentencia de la referencia, en cuanto negó las pretensiones elevadas por la demandante al considerar que esta no hizo salvedades en las modificaciones contractuales.… Respecto del asunto relacionado con las salvedades en las modificaciones contractuales considero que, sin que exista norma legal que lo sustente, no puede exigírsele al contratista que plasme una reclamación en el desarrollo del contrato como presupuesto para formular pretensiones judiciales, así estas versen sobre hechos ocurridos antes de la suscripción de convenios modificatorios o suspensiones. La ley solo establece este requisito respecto del acta de liquidación bilateral.… Debe tenerse en cuenta, además, que el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 establece que al contratista no se le puede imponer la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste.
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Problema jurídico
¿Sin que exista norma legal que lo sustente, no puede exigírsele al contratista que plasme una reclamación en el desarrollo del contrato como presupuesto para formular pretensiones judiciales, así estas versen sobre hechos ocurridos antes de la suscripción de convenios modificatorios o suspensiones, pues al considerarse que la renuncia a una reclamación tenga el carácter de cosa juzgada en relación con los perjuicios que pudo haber sufrido el contratista, se iría en contra de los mandatos legales y se restringiría el derecho de acceso a la administración de justicia?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿Si antes de la terminación del contrato se advierte que la obra no podrá ejecutarse dentro del plazo previsto y la entidad estima que ello se generó por el incumplimiento del contratista…
- ¿La figura del desequilibrio económico del contrato tiene un fundamento legal en los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993…
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Titulación de la relatoría 8.589 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
GARANTÍAS DEL CONTRATISTA / DERECHOS DEL CONTRATISTA / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATACIÓN ESTATAL / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ALCANCE DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PROTECCIÓN JURÍDICA DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / GARANTÍAS DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / COSA JUZGADA
Problema jurídico:
¿Sin que exista norma legal que lo sustente, no puede exigírsele al contratista que plasme una reclamación en el desarrollo del contrato como presupuesto para formular pretensiones judiciales, así estas versen sobre hechos ocurridos antes de la suscripción de convenios modificatorios o suspensiones, pues al considerarse que la renuncia a una reclamación tenga el carácter de cosa juzgada en relación con los perjuicios que pudo haber sufrido el contratista, se iría en contra de los mandatos legales y se restringiría el derecho de acceso a la administración de justicia?
Respuesta al problema jurídico: Si
No comparto la decisión de la sentencia de la referencia, en cuanto negó las pretensiones elevadas por la demandante al considerar que esta no hizo salvedades en las modificaciones contractuales. (...) Respecto del asunto relacionado con las salvedades en las modificaciones contractuales considero que, sin que exista norma legal que lo sustente, no puede exigírsele al contratista que plasme una reclamación en el desarrollo del contrato como presupuesto para formular pretensiones judiciales, así estas versen sobre hechos ocurridos antes de la suscripción de convenios modificatorios o suspensiones. La ley solo establece este requisito respecto del acta de liquidación bilateral. (...) Debe tenerse en cuenta, además, que el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 establece que al contratista no se le puede imponer la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste. En consecuencia, entender que el silencio equivale a una renuncia, implica desconocer la norma. (...) Esta norma también protege el acceso a la administración de justicia, que es lo que se restringe cuando la parte en un contrato renuncia a realizar judicialmente una reclamación. Es una disposición particular en relación con los contratos estatales, con el objeto de proteger los derechos del contratista y el interés público vinculado con la realización del contrato. (...) Considero que no se puede permitir que una entidad le cierre el paso a la reclamación del contratista. No puede considerarse que esta renuncia a una reclamación tenga el carácter de cosa juzgada en relación con los perjuicios que el contratista pudo haber sufrido con la modificación o suspensión del contrato. Este es precisamente el alcance del numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. (...) Esta orientación no solo se justifica en la finalidad de salvar el contrato; también se basa en el hecho de que una de las partes contractuales, la entidad, posee facultades excepcionales que el juez del contrato debe controlar. Los privilegios provenientes de la lógica propia de estos contratos son los que la ley pretende limitar.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 3
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO / MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DERECHOS DEL CONTRATISTA / GARANTÍAS DEL CONTRATISTA / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO PROPIO / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / TEORÍA DEL ACTO PROPIO / RENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS
Problema jurídico:
¿Si antes de la terminación del contrato se advierte que la obra no podrá ejecutarse dentro del plazo previsto y la entidad estima que ello se generó por el incumplimiento del contratista, está última tiene como opciones no prorrogar el contrato y dejar la obra inconclusa para posteriormente demandar al contratista, o suscribir la prórroga pero condicionando al contratista a que no realice ninguna reclamación, situaciones que se consideran como una forma de resolver sus conflictos sin acudir al juez del contrato, pero que en todo caso pueden llegar a contradecir la finalidad ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si antes de la terminación del contrato se advierte que la obra no podrá
ejecutarse dentro del plazo previsto y la entidad estima que lo anterior se generó
por el incumplimiento del contratista, lo que normalmente ocurrirá es que solo
firmará la prórroga si el contratista renuncia a reclamar perjuicios con ocasión de
esta. Las acciones que una parte (la Contratante) puede realizar ante el
incumplimiento de la otra, se consideran como una forma de resolver sus
conflictos sin acudir al juez del contrato, y eso es precisamente lo que se pretende
impedir con la prohibición legal. En este sentido, ante el incumplimiento del
contratista, la entidad tendría las siguientes opciones: (...) Si el contratista ha incumplido, la entidad no accede a prorrogar el contrato,
la obra queda inconclusa y la entidad deberá demandar al contratista por los
perjuicios que le causó. (...) La entidad suscribe la prórroga, pero la condiciona a que el contratista no
realice ninguna reclamación, lo cual está prohibido por la norma referida. Esta
situación ilegal estaría siendo avalada por el juez del contrato al acoger la tesis
de la sentencia de la referencia, pues no estudia la pretensión fundándose en un
principio (no ir en contra de los actos propios) que evidentemente contradice la
ley.
DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE EQUILIBRO CONTRACTUAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / EFECTOS DE LA TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / IMPREVISIBILIDAD / EXPEDICIÓN DEL DECRETO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La figura del desequilibrio económico del contrato tiene un fundamento legal en los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993, normas que consagran la obligación de las entidades de restablecer el equilibrio económico del contrato por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas, por lo que no debe acudirse a elucubraciones teóricas sin fundamento legal, como la del hecho del príncipe, para analizar la procedencia de una figura cuyos elementos están determinados con claridad en la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]i bien comparto la decisión de declarar no probado el desequilibrio económico del contrato, no estoy de acuerdo con las consideraciones relacionadas con la figura del hecho del príncipe y ni estoy de acuerdo en que se usen como fundamento para negar las pretensiones. (...) La figura del desequilibrio económico tiene un fundamento legal en los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993, normas que consagran la obligación de las entidades de restablecer el equilibrio económico del contrato por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Por lo tanto, considero que no debe acudirse a elucubraciones teóricas sin fundamento legal, como la del hecho del príncipe, para analizar la procedencia de una figura cuyos elementos están determinados con claridad en la ley. (...) Para el caso concreto, en mi opinión, la expedición del Decreto 563 de 2007 sí podía ser considerada como una situación imprevista no imputable al contratista. Sin embargo, la demandante no probó cómo la expedición de dicho acto administrativo rompió la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, que era la razón por la cual debían negarse las pretensiones.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5
Texto extraído del PDF oficial 7.222 caracteres
1
Radicado: 25000-23-36-000-2012-00507-00 (52148)
Demandante: Isaac Akerman y Asociados S.A. y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Freddy Ibarra Martínez
Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 25000-23-36-000-2012-00507-00 (52148)
Demandante: Isaac Akerman y Asociados S.A. y otro
Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa Especial
de Cuerpo de Bomberos
Referencia: Controversias contractuales
Tema: El hecho de no dejar salvedades en los actos modificatorios del
contrato no impide el estudio de fondo de las pretensiones de
incumplimiento – El desequilibrio económico del contrato debe
estudiarse a la luz de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, esto es,
la existencia de situaciones imprevistas no imputables al
contratista, sin que sea necesario realizar elucubraciones teóricas
que no tienen fundamento legal.
Salvamento parcial de voto y aclaración de voto del magistrado Martín
Bermúdez Muñoz
No comparto la decisión de la sentencia de la referencia, en cuanto negó las
pretensiones elevadas por la demandante al considerar que esta no hizo
salvedades en las modificaciones contractuales. Además de lo anterior, si bien
comparto la decisión de declarar no probado el desequilibrio económico del
contrato, no estoy de acuerdo con las consideraciones relacionadas con la figura
del hecho del príncipe y ni estoy de acuerdo en que se usen como fundamento
para negar las pretensiones.
1.- Respecto del asunto relacionado con las salvedades en las modificaciones
contractuales considero que, sin que exista norma legal que lo sustente, no puede
exigírsele al contratista que plasme una reclamación en el desarrollo del contrato
como presupuesto para formular pretensiones judiciales, así estas versen sobre
hechos ocurridos antes de la suscripción de convenios modificatorios o
suspensiones. La ley solo establece este requisito respecto del acta de
liquidación bilateral.
2.- Debe tenerse en cuenta, además, que el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80
de 1993 establece que al contratista no se le puede imponer << la renuncia,
desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones
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Radicado: 25000-23-36-000-2012-00507-00 (52148)
Demandante: Isaac Akerman y Asociados S.A. y otro
por parte de éste >>. En consecuencia, entender que el silencio equivale a una
renuncia, implica desconocer la norma.
3.- Esta norma también protege el acceso a la administración de justicia, que es
lo que se restringe cuando la parte en un contrato renuncia a realizar
judicialmente una reclamación. Es una disposición particular en relación con los
contratos estatales, con el objeto de proteger los derechos del contratista y el
interés público vinculado con la realización del contrato.
4.- Si antes de la terminación del contrato se advierte que la obra no podrá
ejecutarse dentro del plazo previsto y la entidad estima que lo anterior se generó
por el incumplimiento del contratista, lo que normalmente ocurrirá es que solo
firmará la prórroga si el contratista renuncia a reclamar perjuicios con ocasión de
esta. Las acciones que una parte (la Contratante) puede realizar an te el
incumplimiento de la otra , se consideran como una forma de resolver sus
conflictos sin acudir al juez del contrato, y eso es precisamente lo que se pretende
impedir con la prohibición legal. En este sentido, ante el incumplimiento del
contratista, la entidad tendría las siguientes opciones:
4.1.- Si el contratista ha incumplido, la entidad no accede a prorrogar el contrato,
la obra queda inconclusa y la entidad d eberá demandar al contratista por los
perjuicios que le causó.
4.2.- La entidad suscribe la prórroga, pero la condiciona a que el contratista no
realice ninguna reclamación, lo cual está prohibido por la norma referida. Esta
situación ilegal estaría siendo avalada por el juez del contrato al acoger la tesis
de la sentencia de la referencia, pues no estudia la pretensión fundándose en un
principio (no ir en contra de los actos propios) que evidentemente contradice la
ley.
5.- Considero que no se pued e permitir que una entidad le cierre el paso a la
reclamación del contratista. No puede considerarse que esta renuncia a una
reclamación tenga el carácter de cosa juzgada en relación con los perjuicios que
el contratista pudo haber sufrido con la modificación o suspensión del contrato.
Este es precisamente el alcance d el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de
1993.
6.- Esta orientación no solo se justifica en la finalidad de salvar el contrato ;
también se basa en el hecho de que una de las partes contractuales, la entidad,
posee facultades excepcionales que el juez del contrato debe controlar. Los
privilegios provenientes de la lógica propia de estos contratos son los que la ley
pretende limitar.
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Radicado: 25000-23-36-000-2012-00507-00 (52148)
Demandante: Isaac Akerman y Asociados S.A. y otro
7.- Ahora bien, en relación con las consideraciones relacionadas con el
desequilibrio económico, en la sentencia se afirma que este debe analizarse bajo
la figura del hecho del príncipe. Así, se afirma que:
<<Al respecto, es necesario establecer la aplicabilidad de la figura del hecho del
príncipe como causa del desequilibrio económico del contrato estatal, para con
posterioridad establecer si las actividades adicionales que requirió el contrato son
susceptibles de indemnización. (…)
En ese contexto a partir de los requisitos que la Sala en reiteradas oportunidades
ha señalado como indispensables para la configuración del hecho del príncipe, el
Decreto 563 de 2007 no tiene la calidad de constituir causa del hecho del príncipe,
debido a que no se trata de “un acto de carácter general expedido por el órgano
o autoridad pública contratante (ley o acto administrativo) en ejercicio de una
competencia diferente a la contractual que afecte gravemente la ecuación
financiera de un contrato”.>>
8.- La figura del desequilibrio económico tiene un fundament o legal en los
artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993, normas que consagran la obligación de las
entidades de restablecer el equilibrio económico del contrato <<por la ocurrencia
de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas >>. Por lo
tanto, considero que no debe acudirse a elucubraciones teóricas sin fundamento
legal, como la del hecho del príncipe, para analizar la procedencia de una figura
cuyos elementos están determinados con claridad en la ley.
9.- Para el caso concreto, en mi opinión, la expedición del Decreto 563 de 2007
sí podía ser considerada como una situación imprevista no imputable al
contratista. Sin embargo, la demandante no probó cómo la expedición de dicho
acto administrativo rompió << la igualdad o equivalencia entre derechos y
obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar>>, que era la razón
por la cual debían negarse las pretensiones.
Fecha ut supra,
Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado