Titulación de la relatoría 28.504 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONVENIO DE ASOCIACIÓN / OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / REQUISITOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / EDUCACIÓN / EDUCACIÓN BÁSICA / PROGRAMAS DE LA EDUCACIÓN / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO
Problema jurídico:
¿Se encuentran acreditados los elementos que activan la facultad-deber del juez de declarar de oficio la nulidad del convenio en este caso, es decir, el vicio aparece de forma palmaria o manifiesta en el negocio jurídico?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala encuentra que le asiste razón a la parte recurrente en cuanto a que no están dados los elementos previstos en la ley para hacer ejercicio de la facultad y deber oficioso de declarar la nulidad absoluta del convenio, toda vez que no se advierte la existencia de una nulidad que se exhiba en el proceso de forma manifiesta, a la vez que los argumentos expuestos por el Tribunal resultan insuficientes para afirmar su configuración. (...) Como ha sido reiterado por esta Subsección, aunque en aras de proteger el orden jurídico la ley confiere al juez el poder -y deber- de declarar oficiosamente la nulidad absoluta de los contratos, éste debe ejercerse bajo los estrictos lineamientos impuestos por la ley y desarrollados por la jurisprudencia para garantizar la seguridad jurídica y el principio de conservación de los contratos. En materia contencioso administrativa, la ley precisa que el juez está facultado para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato “cuando esté plenamente demostrada en el proceso”, mientras que el principio de conservación de los contratos impide al juez descartar su validez atendiendo a la relevancia y respeto del principio de la autonomía de la voluntad de quienes concurrieron a celebrarlo, lo cual sólo puede ocurrir cuando se acrediten los requisitos que activan el ejercicio de dicha atribución excepcional. (...) En línea con lo anterior, esta Subsección ha insistido en que el ejercicio de esta atribución oficiosa solo resulta procedente cuando el vicio aparece de forma palmaria o manifiesta en el negocio jurídico. En este orden, la declaratoria oficiosa de nulidad absoluta exige que el vicio sea apreciable a simple vista, por lo que debe ser tan palmario que no implique un mayor esfuerzo interpretativo para ser evidenciado, ni exija realizar juicios de valor sobre aspectos que no estén contenidos en el mismo acto o contrato viciado. Con fundamento en lo acordado por las partes, los antecedentes administrativos y las demás pruebas recaudadas, la Sala concluye que al menos formalmente, el negocio jurídico objeto de controversia corresponde a un convenio de asociación de los previstos en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y no a un contrato regido por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, razón por la que no es posible determinar su validez con base en las exigencias de esta última normativa. (...) Los convenios de asociación, a diferencia de los convenios de fomento, no tienen por propósito cumplir una función benéfica del Estado Social de Derecho, sino que su objetivo está dirigido a que las entidades públicas puedan desarrollar las actividades que específicamente la ley les ha asignado, con la colaboración de los particulares. (...) A partir de la finalidad expuesta que se pretende lograr con los convenios de asociación, su celebración y ejecución no participa de la noción de conmutatividad pues no tienen por objeto la contratación de un bien o servicio a cambio de un precio, sino la unión de esfuerzos encaminados a lograr un mismo fin que, aunque es compartido por las partes, está determinado principalmente por el cumplimiento de los cometidos y finalidades asignadas por la ley a la entidad pública sin la existencia de una relación patrimonial de orden conmutativo, pues el particular no obra con el ánimo de obtener una remuneración, sino, estrictamente, con el propósito de juntar sus esfuerzos con los de la administración para el desarrollo de las actividades que a ella corresponden. (...) Como se observa, los convenios de asociación no se estructuran bajo una relación conmutativa en la que exista un claro intercambio de prestaciones que se estiman como equivalentes. Además, como se trata de la ejecución de actividades que la ley ha asignado a la entidad estatal, pero que se desarrollan en colaboración con el particular, la primera es quien usualmente detenta la dirección y seguimiento del objeto impartiendo instrucciones para lograr dicho fin, por lo que la autonomía del particular puede verse limitada; no obstante, atendiendo a la finalidad y función colaborativa del convenio, deben establecerse mecanismos de coordinación en la ejecución de las actividades de cada uno de los cooperantes (...)Según se desprende de su contenido y antecedentes, el objeto del convenio 008 tuvo por finalidad la cooperación, coordinación y articulación entre la entidad territorial y la corporación demandante, para la implementación de un programa que hace parte del servicio público educativo a cargo de la primera y que se encontraba enmarcado dentro de las metas aprobadas e insertas en el Plan de Desarrollo del municipio vigente para el momento en que fue celebrado; paralelamente, no existen pruebas en el expediente que indiquen en contra de lo pactado y sus antecedentes, que el convenio se hubiere celebrado con un objetivo distinto a cumplir, con el apoyo de un particular, una función que la ley asignó a la entidad territorial. (...) El a quo descartó que el negocio jurídico celebrado correspondiera a un convenio de asociación por cuanto quedó “desvirtuado que el convenio fuera la forma de encauzar una donación de fomento a uno del particular”, toda vez que la entidad territorial demandada lo que buscaba era satisfacer sus obligaciones legales en materia de educación de adultos, y no fomentar actividades benéficas propias del objeto de la corporación. Esta apreciación, evidencia una confusión entre el convenio de asociación, cuya finalidad consiste en que las entidades públicas desarrollen actividades junto con personas jurídicas privadas en procura de lograr el cumplimiento de sus cometidos y funciones, con los contratos de fomento, que como se indicó, están dirigidos al impulso o apoyo de programas y actividades de interés público adelantados por entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. Como se explicó, uno de los rasgos distintivos del convenio de asociación y que precisamente lo diferencia del contrato de fomento, consiste en la finalidad de cumplir obligaciones que la ley ha puesto a cargo de la entidad pública, por lo que la verificación de tal circunstancia en el caso concreto, esto es, uno de los elementos que define a los convenios de asociación, de manera alguna podría tener la consecuencia invocada por el a quo para efectos de fundar la decisión de declarar la nulidad absoluta del acuerdo celebrado por las partes. (...) Además, no se observa que se hubiere pactado una relación patrimonial conmutativa entre el municipio y la corporación para calificarlo como un contrato estatal sujeto al régimen de la Ley 80 de 1993, pues lo estipulado no fue la prestación de un servicio y el suministro de unos bienes a cambio de un remuneración, sino la conjunción de esfuerzos y recursos entre una entidad territorial y un particular, a partir de la asignación de recursos técnicos, humanos, económicos, investigativos y materiales, para la implementación de un modelo educativo en clave con lo establecido, permitido y fomentado por la Ley 115 de 1994 y el Decreto 3011 de 1997, bajo el régimen de contratación previsto por el Decreto Constitucional 777 de 1992 y el artículo 96 de la ley 489 de 1998. (...) Según el esquema revelado por el acuerdo de voluntades, la entidad territorial no obtendría una contraprestación directa por su ejecución, pues los beneficiarios de los bienes y servicios a adquirir y prestar con ocasión de lo acordado bajo el convenio serían los destinatarios del programa educativo a ser implementado, estimados en 4000 estudiantes del municipio bajo 18 instituciones educativas; coincidente con lo anterior, las obligaciones de la corporación consistían en coordinar, organizar, evaluar, acompañar y establecer mecanismos y estrategias para la ejecución del convenio, mas no prestar un servicio o suministrar bienes a la demandada. (...) Tampoco se observa que la demandante no contara con autonomía para la ejecución del proyecto en los términos afirmados por el Tribunal, pues aunque en efecto fue el municipio quien determinó el modelo educativo y fijó sus condiciones en lo administrativo y en lo misional, era la corporación con plena autonomía y acorde con su experticia, experiencia y reconocida idoneidad acreditada, así como con fundamento en la propuesta que ella misma presentó, la encargada de orientar la ejecución del diseño curricular, organizar los grupos de estudiantes, coordinar los espacios físicos y jornadas escolares, garantizar la contratación de los docentes requeridos para la atención de los grupos de estudiantes organizados por ciclos educativos y asegurar la calidad del programa. (...) Concluye la Sala que en este caso no estaban dados los elementos de juicio necesarios para declarar de oficio la nulidad absoluta del convenio 008 de 2015, pues no hay elementos que conduzcan a advertir de forma palmaria y ostensible que se hubiere suscrito para encubrir un negocio jurídico distinto del que las partes dijeron celebrar y que, en consecuencia, debiera estar sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conclusión que de todas maneras no supone la definición de la legalidad del convenio en este proceso, aspecto que no fue puesto en consideración del juez por las partes, sino que atendiendo a lo indicado, no se encuentran acreditados los elementos que activan la facultad-deber del juez de declarar oficiosamente su nulidad por lo que se debe privilegiar la estabilidad y prevalencia del negocio jurídico. (...)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad oficiosa para declarar la nulidad de los contratos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 6 de febrero de 2019, Exp. 61720. C.P. Marta Nubia Velásquez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de mayo de 2021, Exp. 57822, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de julio de 2021, Exp. 48957, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 355, DECRETO 1403 DE 1992, DECRETO 777 DE 1992, LEY 115 DE 1994, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 96, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 96 INCISO 1
CONVENIO DE ASOCIACIÓN / NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / MUNICIPIO / COMPETENCIA DEL MUNICIPIO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / COMPETENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Tenía competencia la entidad territorial para expedir el acto administrativo de terminación y liquidación unilateral del convenio de asociación en este caso?
Respuesta al problema jurídico: Si
La falta de competencia (...) Afirmó el demandante que en tanto el convenio de asociación 008 de 2015 se rige por las normas del derecho privado, resultaba improcedente el ejercicio de facultades exorbitantes pues bajo “la autonomía de la voluntad privada no es posible constituir este tipo de poderes, en contratos en los que la ley no ha impartido autorización expresa”, y en esa medida, la entidad no podía terminar y liquidar unilateralmente el contrato con la resolución demandada.(...) En consideración a la naturaleza especial de los convenios de asociación, el artículo 1 del Decreto Constitucional (sic) 777 de 1992 definió su propio ámbito de regulación (...) de donde se desglosan los siguientes criterios de aplicación normativa: (i) La autonomía de la voluntad define la celebración y ejecución de los convenios de asociación como regla general, dado que han de sujetarse a los requisitos y formalidades legales para la contratación entre particulares que están contenidos en las normas del derecho privado. (ii) La aplicación del derecho privado se halla limitada por las normas de interés público previstas en el Decreto Constitucional 777 de 1992, y que por ende, no pueden ser definidas libremente por las partes, aspecto derivado de la premisa según la cual éstos se rigen por las normas de contratación entre particulares “salvo lo previsto en el presente Decreto”. (iii) Al estar reglamentados por un régimen especial, a los convenios de asociación no les es aplicable el régimen de la contratación estatal, salvo en los aspectos que ese mismo ordenamiento especial remita. Esta integración normativa por vía de remisión está limitada por causales taxativas, pues el Decreto 777 y las normas que lo reglamentan no contemplan una cláusula general de remisión a las normas de contratación pública, sino que solamente hace una referencia al Decreto Ley 222 de 1983, a fin de que puedan incluirse cláusulas exorbitantes, por lo que la aplicabilidad de la Ley 80 de 1993 y demás normas vigentes -en virtud de la derogatoria del Decreto Ley 222 de 1983-, en términos de reglas concernientes a requisitos y formalidades, es excepcional y taxativa. (...) Por tanto, en los convenios de asociación suscritos antes del 1 de junio de 2017 (fecha en que entró en vigencia el Decreto 092 del 23 de enero de ese año), como se predica del convenio 008 de 2015, la aplicación de las normas de la contratación estatal está limitada a los principios rectores de la contratación pública, transversales a toda la actividad contractual del estado, y por otra parte, a la integración del régimen especial con las normas del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública por expresa remisión normativa, como la prevista en el artículo 1 del Decreto 777 de 1992, de acuerdo con la cual, son aplicables las normas concernientes a las cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho común cuando así se hubiese pactado.(...) En el caso concreto, las partes acordaron en las cláusulas vigésima quinta, vigésima séptima y vigésima octava, la facultad a favor de la entidad para caducar, interpretar, terminar y liquidar unilateralmente el contrato, conforme a las normas de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, mediante acto administrativo susceptible del recurso de reposición; por ende, con fundamento en la voluntad expresada por las partes y la habilitación normativa para el uso de estas potestades definido en el régimen jurídico aplicable al convenio, la entidad territorial estaba facultada para expedir el acto administrativo demandado.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 777 DE 1992 - ARTÍCULO 1, LEY 1150 DE 2007, LEY 80 DE 1993
FALSA MOTIVACIÓN / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Acreditó la parte actora la falsa motivación de la resolución del Municipio que declaró terminado y liquidado el convenio de asociación, de forma unilateral?
Respuesta al problema jurídico: No
La falsa motivación (...) Revisadas las pruebas allegadas al proceso, la Sala encuentra que los argumentos de la parte actora resultan insuficientes para acreditar la falsa motivación aducida, en tanto no existen elementos que permitan concluir que la entidad demandada hubiese incumplido su obligación de desembolsar los recursos comprometidos, ni que el acto demandado careciera de fundamentos, o que éstos fueren contrarios a la realidad, como tampoco que estuvieren basados en una posición arbitraria o en apreciaciones erradas de la entidad, manifestaciones que salvo transcripciones in extenso de la jurisprudencia de esta Corporación, cimentaron este cargo de nulidad. (...) tal y como se expuso en el acto administrativo demandado, la condición prevista para la viabilidad del convenio y pactada para el primer desembolso a cargo del municipio, esto es, la cantidad de beneficiarios del programa educativo, no se cumplió; pero además, no podía cumplirse toda vez que las instituciones educativas focalizadas no tenían aprobadas jornadas adicionales para su ejecución y no cumplían con los requisitos de habilitación del Directorio Único de Establecimientos Educativos. Como consecuencia de lo anterior, finalizando agosto de 2015, esto es, transcurrida una tercera parte del plazo de ejecución, solo se registraban 135 estudiantes matriculados y podían matricularse un total de 218, cuando el total previsto eran 4000, y el mínimo pactado para el primer desembolso y condición inicial de los subsiguientes, eran 2000. 44. Aunque la corporación demandante afirma que el desembolso de los recursos no estaba condicionado a la matricula en el Sistema Integrado de Matrículas -SIMAT-, donde se registraban solo 135 estudiantes, sino únicamente a la inscripción de los beneficiarios en el programa, lo cual se hizo con el informe de gestión de avance de ejecución el convenio presentado el 5 de agosto de 2015, lo cierto es que en el expediente tampoco obra prueba de esas personas realmente inscritas en el programa. (...) En adición a la imposibilidad de establecer los grupos de estudiantes inscritos en cada uno de los ciclos en el marco del convenio, con identificación de las personas, la correspondiente hoja de matrícula suscrita, el horario elegido y su ingreso a un establecimiento educativo que hubiese adoptado el modelo educativo, está probado que esa información fue solicitada por el supervisor del convenio a la corporación demandante con posterioridad al momento en que la última afirma haber certificado la totalidad de estudiantes y solicitado el primer desembolso, sin que tampoco esté acreditada la atención de ese requerimiento. (...) Además, la parte actora no afirmó y no se extrae del material probatorio, que el incumplimiento de las condiciones pactadas para la viabilidad del convenio y los desembolsos a cargo del municipio hubiesen tenido origen en la conducta o en una omisión de éste; por el contrario, está probado que la entidad territorial participó activamente en la promoción del programa y en las reuniones celebradas para asegurar su viabilidad, suscribió un otrosí ante la reducción de las instituciones educativas habilitadas para implementar el modelo educativo y realizó las consultas correspondientes al Ministerio de Educación Nacional con el fin de implementar una solución. 49. La Sala encuentra que no se aportó prueba alguna para desvirtuar que - como se indicó en el acto acusado- la imposibilidad de implementar el programa tuviese origen en la negativa de las instituciones educativas focalizadas para ello al no estar contemplado en el PEI, no tener aprobadas jornadas adicionales, no cumplir con los requisitos de habilitación del DUE y no ser aprobados por sus consejos directivos, lo que conllevó a la imposibilidad de cumplir con la condición pactada de los beneficiarios mínimos necesarios para la ejecución del convenio, asunto que las partes previeron al supeditar el desembolso de los recursos del municipio a la verificación de la cantidad de estudiantes efectivamente inscritos y matriculados para ser destinatarios del programa educativo. De manera que se trataba de un riesgo que no era ajeno para la corporación demandante como experta en su implementación. (...) Por tanto, es claro que la parte actora no acreditó la existencia de los primeros 2000 (de 4000) estudiantes inscritos y matriculados que podían ser beneficiarios del programa educativo, condición fijada para el primer desembolso a cargo de la entidad, como tampoco discute que solo fuera posible matricular a solo 218 estudiantes, evidenciando la inviabilidad de ejecutar el convenio. (...) Finalmente, se destaca que la pretensión de condena de la parte actora valorada en la totalidad de los aportes a cargo del municipio ($4.874.164.000), por concepto de las “sumas dejadas de pagar tras la imposibilidad del contratista de ejecutar las obligaciones”, resulta improcedente no solo porque no se acreditó el cumplimiento de las condiciones acordadas para el desembolso de los recursos a cargo de la municipio -y dado que la inejecución del negocio descartaría el surgimiento de la “contraprestación” acordada por ello-, sino además, por cuanto resulta sustancialmente contradictoria con la naturaleza de la tipología negocial acordada donde se expresó el interés de los cooperantes en sumar esfuerzos para el logro de un objetivo común y el compromiso de efectuar aportes para ello, sin que el municipio se hubiere obligado a pagar por algún bien o servicio a la corporación demandante como si se tratase de una relación conmutativa. En este aspecto, la demanda y sus pretensiones resarcitorias se apartan del objeto y fin de esta tipología convencional, aspecto sobre el cual el a quo tuvo razones para considerar que si ese era el entendimiento del convenio debía declararse de oficio su nulidad, asunto sobre el que la Sala ya ha expresado su posición que reafirma, indicando que no por lo que se pretende por el demandante puede definirse el objeto de un negocio jurídico. (...) Igual conclusión se impone respecto del material pedagógico que la corporación adquirió directamente y a su nombre para la ejecución del convenio, y que está acreditado continúa en su poder, bienes que no se obligó a suministrar a la entidad territorial ni esta última a pagar como si se tratara de su compradora, y cuya adquisición, sin que se hubiesen cumplido las condiciones previstas para la viabilidad del convenio y el desembolso de los recursos a cargo de la entidad demandada, fue un riesgo que asumió la demandante sin participación de la entidad territorial, sin que exista sustento legal o contractual para trasladarlo a la última, particularmente, cuando está probado que la frustración del convenio tuvo origen en la ausencia de las condiciones acordadas para su ejecución como riesgo previsible.
DESVIACIÓN DE PODER / IMPROCEDENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / INOPERANCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El actor planteó la existencia de elementos fácticos o jurídicos tendientes a indicar que la expedición de la resolución de terminación y liquidación unilateral del convenio de asociación, tuviere propósitos, fines o intereses diferentes a los definidos en su contenido, contrarios a los intereses públicos, o distintos a las finalidades concretas previstas en la ley?
Respuesta al problema jurídico: No
La desviación de poder (...) La desviación de poder está intrínsecamente relacionada con el elemento teleológico del acto administrativo, pues las atribuciones otorgadas a un funcionario público para gestionar y concretar un acto deben dirigirse principalmente al cumplimiento de los fines del Estado, el interés general, la satisfacción de las necesidades colectivas y la garantía y efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política y las normas jurídicas; en consecuencia, si una autoridad dicta un acto utilizando una competencia que la ley le ha otorgado, pero con una finalidad extraña al interés general, ese acto sería ilegal por desviación de poder. (...) Pero de igual manera, no solo cuando se está frente a una finalidad personal, extraña al interés público, o que se quiera actuar con el fin de beneficiar a un tercero o a un grupo de terceros, se configura un vicio en el acto administrativo por desviación de poder, pues en determinadas hipótesis tal vicio también estará presente bajo situaciones en las que se quiera beneficiar a la misma administración, o cuando el fin perseguido, si bien es coherente con el interés general, se aparta del fin específico contemplado en la ley para el respectivo acto, esto, en tanto es factible que un acto persiga fines de interés público pero distintos a los previstos en la norma que establece la competencia. (...) Precisado lo anterior la Sala no encuentra que en el caso concreto, mediara un vicio por desviación de poder; las alegaciones del actor expresan un desacuerdo con las motivaciones del acto demandado calificándolas de arbitrarias, sin que hubiese planteado la existencia de elementos fácticos o jurídicos tendientes a indicar que su expedición tuviere propósitos, fines o intereses diferentes a los definidos en su contenido, contrarios a los intereses públicos, o distintos a las finalidades concretas previstas en la ley. (...) En consecuencia, dado que la parte actora no acreditó que la entidad demandante hubiese incumplido su obligación de desembolsar los recursos comprometidos bajo el convenio, como tampoco desvirtuó la presunción de legalidad que acompaña al acto demandado bajos los cargos de nulidad aducidos, la Sala negará las pretensiones de la demanda.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede condenar en costas a la parte vencida en este proceso, a favor de la entidad territorial?
Respuesta al problema jurídico: Si
Costas (...) Como en este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas a la parte demandante, vencida en el proceso. A diferencia de lo afirmado por la parte actora para oponerse a la condena en costas en el recurso de apelación, bajo las reglas del código en cita no se requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso, frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. (...) La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho, éstas se rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, el cual dispone que en las sentencias dictadas en procesos declarativos en segunda instancia, como sucede en el caso concreto, se fijarán entre 1 a 5 SMLMV. (...) Con fundamento en lo anterior, la corporación demandante será condenada al pago de agencias en derecho en atención conforme a las reglas vigentes en la materia, por lo que en los términos del artículo 2 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, se fijan como agencias en derecho a cargo de la parte recurrente, la suma equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, a favor de entidad territorial demandada, teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de su gestión en segunda instancia.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366