Titulación de la relatoría 18.636 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INTERVENTORÍA / EFECTOS DE LA INTERVENTORÍA / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / CONCEPTO DE INTERVENTOR / INTERVENTOR / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / OBJETO DEL INTERVENTOR / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / ACUERDO DE VOLUNTADES / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / AUSENCIA DEL DOLO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La interventora ETA incurrió en culpa grave o dolo por infringir las obligaciones del contrato de interventoría de obra que celebró con el IDU, al conceptuar que no debía adquirir la extensión de un predio para construir la obra vigilada, cuya ocupación permanente, producto de la ejecución de la obra, fue posteriormente sancionada con sentencia condenatoria pagada por la entidad?
Respuesta al problema jurídico: No
El IDU celebró con la sociedad demandada un contrato de interventoría sobre la construcción de los puentes en la intersección de la Autopista Norte con calle 153 de la ciudad de Bogotá. Durante la ejecución del proyecto fue necesario analizar si se requería adquirir una porción de terreno adicional al comprado anteriormente, sobre lo cual la firma interventora dio concepto negativo. La sociedad propietaria de este terreno presentó demanda de reparación directa en contra del IDU por la ocupación del predio que no fue adquirido para la obra y, en segunda instancia, obtuvo sentencia condenatoria en contra del IDU. Para la entidad distrital, la interventora actuó con culpa grave al sugerirle no comprar los inmuebles y, como consecuencia de esa conducta, sobrevino la condena judicial. En primera instancia de este proceso, fueron denegadas las pretensiones de la demanda toda vez que los elementos subjetivos del medio de control de repetición no fueron demostrados. La apelación, formulada por el IDU, insiste en lo contrario. (...) Como la ejecución del contrato de interventoría, y en particular el oficio al que el IDU atribuye la conducta del interventor, tuvieron lugar antes del 4 de agosto de 2001, fecha de entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, fuerza concluir que las disposiciones relativas al estudio del dolo o culpa grave del demandado no son aplicables al presente caso, y que su apoyo estriba en las normas de la Constitución Política de Colombia, y del Código Civil. (...) , la Sala coincide con la primera instancia y con el Ministerio Público en que deben denegarse las pretensiones de la demanda, en cuanto la actora no satisfizo la carga de probar el elemento subjetivo de la conducta del demandado, indispensable para la prosperidad de la pretensión de repetición, (...) Cuando la parte demandada en acción o medio de control de repetición es un interventor, su responsabilidad debe evaluarse dentro del estricto marco de sus obligaciones contractuales y legales, cuyo alcance general corresponde al desempeño de labores de control y vigilancia sobre la ejecución de las obligaciones de otro contrato para que se desarrolle conforme a lo allí pactado. Con todo, su participación como intermediario entre las partes del contrato supervisado no lleva consigo la representación de la voluntad de la entidad pública contratante, por lo que al interventor “no le corresponde concertar modificación a la normativa del contrato objeto de su control o fiscalización, como, por ejemplo, convenir cantidades de obra, variar las especificaciones técnicas de la obra, variar los precios unitarios, convenir el precio de actividades no previstas, convenir prórrogas, transar o conciliar diferencias, etc.”. En ese orden de ideas, con el acuerdo de voluntades aportado al expediente no está demostrado que ETA haya tenido la obligación contractual expresa de asesorar al IDU en la gestión de los predios que correspondían a la construcción del puente “Autonorte por Calle 153”. Tampoco hay prueba de que el concepto del interventor, señalado por la actora como el hecho causante de la condena, haya antecedido la celebración de un contrato adicional o un acta de modificación del contrato de obra núm. 298 de 1999, conforme al numeral 6 de la cláusula tercera del contrato de interventoría. Menos aún fue acreditada la modificación de las obligaciones originalmente pactadas del contrato de interventoría, para incluir la labor de asesoría predial. Además, no hay prueba de que el IDU haya depositado por cualquier medio responsabilidad alguna en ETA para participar de la negociación de los predios utilizados para la construcción de la obra, de manera acorde con el tipo contractual de interventoría. Por el contrario, de manera congruente con lo afirmado en el testimonio practicado dentro del presente proceso66 , siempre la entidad se encargó de tramitar la adquisición de los predios de la obra, en particular, el de la Urbanización. Ahora, en relación con el memorando del 27 de septiembre de 1999, en el que el interventor sugirió al IDU que no era necesario adquirir “predio adicional a MAZUERA”, no se advierte que dicha opinión, allegada en manuscrito, comporte un elemento técnico concluyente, indiscutible y capaz de influenciar las decisiones que adoptó la entidad demandante, al punto de no poder separarse de lo allí consignado. Por lo demás, al margen de las afirmaciones hechas en el documento, no hay pruebas de que el interventor haya efectuado un levantamiento topográfico de las características allí descritas, ni fue aportado o practicado algún elemento de convicción que devele sus deficiencias. Por último, advierte esta instancia que la parte actora hizo afirmaciones que debieron ser acreditados directamente en el proceso de repetición, y no merecieron su atención ni un mínimo despliegue probatorio, a saber: (i) que la extensión de predio no comprada por el IDU coincida exactamente con aquella que fue objeto de la sentencia condenatoria; (ii) la condición en que obró la sociedad Fernando Mazuera y Cía. S.A. en la negociación del inmueble de la Urbanización Magdala S.A. en liquidación; (iii) que ETA haya intervenido sobre el predio que fue objeto de la condena, en contradicción con lo que afirmó el ingeniero Luna Navas dentro de este asunto. Por todo lo expuesto, el problema jurídico planteado es contestado negativamente, y en consecuencia se confirmará la sentencia apelada.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con las presunciones de dolo y culpa grave en el medio de control de repetición, cita Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 23 de septiembre de 2009. Rad. 19001-23-31-000-1995- 03024-01(17483)
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001
RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INTERVENTOR / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / EFECTOS DE LA INTERVENTORÍA / FACULTADES DEL INTERVENTOR / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / OBJETO DEL INTERVENTOR / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La responsabilidad del interventor del contrato en el medio de control de repetición debe evaluarse dentro del estricto marco de sus obligaciones contractuales y legales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Cuando la parte demandada en acción o medio de control de repetición es un interventor, su responsabilidad debe evaluarse dentro del estricto marco de sus obligaciones contractuales y legales, cuyo alcance general corresponde al desempeño de labores de control y vigilancia sobre la ejecución de las obligaciones de otro contrato para que se desarrolle conforme a lo allí pactado. Con todo, su participación como intermediario entre las partes del contrato supervisado no lleva consigo la representación de la voluntad de la entidad pública contratante, por lo que al interventor “no le corresponde concertar modificación a la normativa del contrato objeto de su control o fiscalización, como, por ejemplo, convenir cantidades de obra, variar las especificaciones técnicas de la obra, variar los precios unitarios, convenir el precio de actividades no previstas, convenir prórrogas, transar o conciliar diferencias, etc.”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-037 del 28 de enero de 2003. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 29 de noviembre de 2019. Rad. 68001-23-33-000-2013-01093-01(56925), y del 22 de agosto de 2022. Rad. 25000- 23-36-000-2015-02178-03 (62238); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 13 de febrero de 2013. Rad. 76001-23-31-000-1999-02622-01(24996); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B. Sentencia del 28 de febrero de 2013. Rad. 25000-23-26-000- 2001-02118-01(25199), y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección C, Sentencia del 7 de marzo de 2016. Rad. 11001-03-26-000-2014-00110- 00(51860) y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1° de junio de 2020. Rad. 05001-23-31-000-2000-03439-01(47101).
PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Existen presupuestos constitucionales para la configuración de la responsabilidad del funcionario público?
Respuesta al problema jurídico: Si
En este sentido se pronunció la Corte Constitucional en reciente sentencia de unificación, en la que puso de presente la existencia de unos presupuestos constitucionales de la responsabilidad del funcionario, que, en lo atinente al elemento subjetivo, resulta oportuno establecer: (i) si la actuación está directamente relacionada con el daño que motivó la condena judicial objeto de la pretensión de reembolso, (ii) si el comportamiento fue determinante en la ocurrencia de esa afectación, teniendo en cuenta las funciones contempladas en la ley y el grado de diligencia atribuible al servidor público en razón de los requisitos del cargo, la jerarquía o la retribución económica recibida y, (iii) cuál fue el grado de participación del agente.
NOTA DE RELATORÍA:
Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2020.
CULPA / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / NOCIÓN DE CULPABILIDAD / CONFIGURACIÓN DE LA CULPA / RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO / CONDUCTA / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / SENTENCIA CONDENATORIA / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran, por lo tanto, el juicio sobre la culpa imputa la obligación de reparar un daño previsto o que, siendo previsible, confió imprudentemente en su capacidad de evitarlo, con esto, a sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no equivale automáticamente al dolo o la culpa grave del funcionario?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los términos del citado artículo 63 del Código Civil, la culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran. Con el juicio sobre la culpa se imputa así la obligación de reparar un daño previsto o que, siendo previsible, confió imprudentemente en su capacidad de evitarlo, teniendo en cuenta que el ejercicio de una función o servicio público implica unos deberes expresamente establecidos en la ley o el reglamento —derivados de las funciones detalladamente definidos en estos— que el funcionario o servidor se ha comprometido a cumplir. En consecuencia, este no podrá excusar su responsabilidad arguyendo la ignorancia de los conocimientos necesarios para su ejercicio, ya que ello lo colocaría en una culpa inicial. La culpa grave, a su vez, al tenor del referido artículo 63 del Código Civil, implica un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño. En esa perspectiva, la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no equivale automáticamente al dolo o la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial del Estado no ata al juez de la repetición, el cual debe centrarse en un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, bajo las pruebas legalmente acopiadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron las pruebas allegadas al proceso de reparación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, exp. 29222 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de noviembre de 2019, exp. 43056.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Por aplicación del principio de irretroactividad de la ley, es aplicable al medio de control de repetición las normas establecidas en la Ley 678 de 2001 en relación con el análisis del dolo y la culpa grave del demandado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, “sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2° de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)”. Como la ejecución del contrato de interventoría, y en particular el oficio al que el IDU atribuye la conducta del interventor, tuvieron lugar antes del 4 de agosto de 2001, fecha de entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, fuerza concluir que las disposiciones relativas al estudio del dolo o culpa grave del demandado no son aplicables al presente caso, y que su apoyo estriba en las normas de la Constitución Política de Colombia, y del Código Civil.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 124, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001, LEY 84 DE 1873
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 150 y 152, numeral 11, de la ley 1437 de 2011 (CPACA) y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Así, pues, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Está configurada la caducidad del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: No
De acuerdo con el artículo 164 del CPACA, “cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código”. A su vez, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 prevé que la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de las condenas, de dieciocho (18) meses, según el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, vigente a la fecha de expedición de la sentencia condenatoria. Tomando en cuenta que la demanda40 fue presentada antes de extinguirse el lapso bienal contado a partir de la fecha de pago, su presentación se hizo en tiempo.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INTERVENCIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia cuando la parte vencedora no intervino en el proceso en esta instancia?
Respuesta al problema jurídico: No
Como el proceso fue adelantado en su totalidad en vigencia del Código General del Proceso, es decir, luego del 1° de enero de 2014, la condena en costas será tratada bajo sus reglas. Conforme al artículo 365, numeral 8 de dicha norma: “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. En vista de que la parte demandada no intervino en segunda instancia, no habrá lugar a condenar en costas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8