Titulación de la relatoría 27.811 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONTRATO DE SEGURO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE SEGURO / CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / OBJETO DEL CONTRATO DE SEGURO / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE SEGURO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO / CONTRATO ESTATAL / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO
Problema jurídico:
¿El contrato de seguro de cumplimiento es accesorio al contrato estatal que ampara?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l contrato de seguro de cumplimiento no ostenta el carácter de accesorio del contrato que ampara (...), se trata de un negocio principal, autónomo e independiente. Las razones en las que se funda tal aserto parten de la regulación y estructura de este tipo de negocio, en el que la aseguradora asume una obligación que le es propia, consistente en cubrir al asegurado y/o beneficiario, a cambio del pago de una prima, de los perjuicios que le puedan ser ocasionados en caso de incumplimiento de las obligaciones de su contratista (siniestro), esto es así, aun cuando el surgimiento de tal obligación de la aseguradora esté condicionado a que se materialice el riesgo, esto es, a que en el negocio jurídico cuyo cumplimiento ampara el contratista inobserve los compromisos adquiridos y que este comportamiento le genere un perjuicio al beneficiario de la póliza. (…) [E]l contrato de seguro se regula como una tipología especial de negocio jurídico, con una estructura y funcionamiento distintivos, enmarcados en la aptitud y especialidad de la empresa aseguradora y la obligación que adquiere de amparar los riesgos asumidos, en el marco de su actuar negocial y experticia en dicho campo. (...) Así las cosas y ante la evidencia de que el contrato de seguro de cumplimiento es autónomo respecto del contrato cuyo cumplimiento ampara, debe colegirse desde ya que no le asiste razón a la aseguradora cuando le atribuye la errada condición de accesorio, con el objeto de fincar sus pretensiones en una supuesta suspensión de sus obligaciones, derivada de una inexistente comunicabilidad automática de la suspensión en la exigibilidad de las del contrato amparado.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la naturaleza del contrato de seguro, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 22 de abril de 2009 rad. 14667, C. P. Myriam Guerrero de Escobar; sentencia de 13 de agosto de 2020, rad. 60348, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 6 de febrero de 2020, rad. 56088, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 2 de mayo de 2002, rad. 6785, M.P. Manuel Ardila Velásquez; sentencia de 15 de agosto de 2008, rad. 11001-31-03-016-1994-03216-01, M. P. Pedro Octavio Munar Cadena; sentencia de 12 de diciembre de 2006, rad. 19980085301; y sentencia de 15 de agosto de 2008, rad. 11001310301619940321601.
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE SEGURO / COBERTURA DEL CONTRATO DE SEGURO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SEGURO / EFECTIVIDAD DEL CONTRATO DE SEGURO / ACTIVIDAD ASEGURADORA / OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ASEGURADORA
Problema jurídico:
¿La suspensión de la ejecución del contrato de obra produce como efecto directo y automático la suspensión de las obligaciones del contrato de seguro durante dicho interregno?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a detención pactada de la ejecución del contrato amparado no supone que se detengan o desaparezcan temporalmente las obligaciones asumidas por la aseguradora, toda vez que, mientras esté vigente tal pacto negocial, perdura el propósito de conservar el patrimonio envuelto en esa contratación, en la medida que se mantiene latente el riesgo de que se incumplan las obligaciones convenidas, pues éstas, se insiste, no han desaparecido, de ahí que también se mantenga la obligación condicional de pago. Esto explica por qué en las modificaciones a la póliza de cumplimiento que expidió Seguros del Estado S.A., en razón de las suspensiones del contrato de obra, no se observa que los amparos se hubieren interrumpido por el periodo de aquéllas.
ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / ANTICIPO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ANTICIPO DEL CONTRATO / PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE ANTICIPO DEL CONTRATO / CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Ante la suspensión del término del negocio jurídico, el interés asegurable y el riesgo de su afectación permanecen patentes mientras el vínculo subsista y existan saldos del anticipo sin disponer en las labores para las cuales ha sido pactado?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el campo específico de la contratación estatal, el buen manejo y correcta inversión del anticipo se erige como una obligación de cardinal relevancia de cara a la efectiva protección del patrimonio público y la consecución de los fines esenciales del Estado, por lo cual resulta coherente y por demás justificado que se exija la constitución de un amparo que cubra específicamente el riesgo de las inobservancias del contratista de cara a la disposición de tales recursos. (…) [D]ada la constatación de que la obligación que deriva de la entrega del anticipo, esto es, su correcto manejo e inversión, permea el devenir contractual, es claro que, incluso, ante la suspensión del término -no de la vigencia- del negocio jurídico en el que se ha pactado, el interés asegurable y el riesgo de su afectación permanecen patentes, en tanto, mientras el vínculo subsista y existan saldos del anticipo sin disponer en las labores para las cuales ha sido pactado, persiste el riesgo de su apropiación o de su incorrecto empleo y con ello la posibilidad de lesión del patrimonio público que se busca proteger; de manera que ante la pervivencia de tales aspectos, no es posible sostener que la suspensión del contrato de obra 620 de 2010 hubiere conllevado, por “sustracción de materia”, al detenimiento, ni siquiera temporal, de las obligaciones de la aseguradora. (…) [E]l riesgo que ampara el seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales está asociado a la posibilidad de que el contratista inobserve sus obligaciones, por lo cual, salvo que lo que se cuestione sea que el incumplimiento no es atribuible a él sino a la contratante, no cabe a la aseguradora discutir sobre la forma en que la entidad desarrolla sus compromisos, para sustraerse del cumplimiento de los suyos. Es del caso igualmente reparar en que el hecho de que una obligación esté suspendida significa que su ejecución no es exigible por el acreedor, no que, si pese a ello se ejecuta, su cumplimiento no provenga de la relación contractual que la originó. (…) En consecuencia (…) la Sala encuentra que el supuesto fáctico en el que la aseguradora funda este cargo de la apelación no está acreditado.
ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / CONTRATO DE SEGURO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SEGURO / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO DE SEGURO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO / VALIDEZ DEL CONTRATO DE SEGURO / VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO DE SEGURO / INTERÉS GENERAL / ACTIVIDAD DE INTERÉS GENERAL / FINALIDAD DEL ESTADO / CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DEL ESTADO / FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO
Problema jurídico:
¿El alcance de la póliza de cumplimiento en la contratación estatal debe ser mayor al que tiene en un negocio jurídico privado en virtud del cumplimiento de los fines esenciales del Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a terminación anticipada por falta de notificación de la agravación del estado del riesgo prevista en el inciso cuarto del artículo 1060 del Código de Comercio no aplica en los contratos de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales, no solo por la función económica que cumplen, sino también por oponerse al interés asegurable que profesan, donde el deber de garantía se edifica en normas de orden público que no se pueden desconocer ni dejar sin efecto. (…) [E]l alcance de la póliza de cumplimiento a favor de entidades públicas no se reduce a avalar la observancia de obligaciones derivadas de un negocio jurídico, sino que constituye, realmente, una herramienta apropiada para garantizar la satisfacción de los cometidos que se buscan cubrir a través de la contratación estatal, mediante la conservación del patrimonio que está inmiscuido en el negocio jurídico, pues dicha garantía funciona como respaldo de protección y reparación del erario, en la medida que da confianza de la indemnización que recibiría la entidad en caso de acaecimiento de los riesgos amparados, lo cual provee la salvaguarda en la continua y eficiente la prestación de los servicios públicos a cargo de la entidad contratante. (…) Así las cosas y dado que a la entidad estatal le corresponde cumplir con los fines esenciales del Estado, para lo cual utiliza el contrato como medio eficiente para su consecución al contar con la colaboración de un tercero especializado en la ejecución del objeto requerido, es claro que surge el riesgo de que un eventual desconocimiento de las obligaciones de aquél le pueda acarrear perjuicios, lo cual eleva como una necesidad imperiosa contar con una garantía de aseguramiento, toda vez que los daños patrimoniales que se le puedan causar no se circunscriben a afectar a un sujeto individual, sino a perturbar al colectivo que representa la sociedad y la prosperidad comunal.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la póliza de cumplimiento, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 6 de julio de 2020, rad. 47630. C. P. Martín Bermúdez Muñoz; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil; sentencia de 2 de mayo de 2002, rad. 6785, M. P. Manuel Ardila Velásquez; sentencia de 15 de agosto de 2008, rad. 11001-31-03-016-1994-03216-01, M. P. Pedro Octavio Munar Cadena.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1060, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1071
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / APROBACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / RIESGO ASEGURABLE / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Las obligaciones derivadas del contrato estatal deben contar con una garantía que avale su cumplimiento la cual debe estar vigente por el mismo tiempo que permanezca el riesgo de su inobservancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]ara resolver el cargo de la apelación consistente en que la aseguradora no estaba llamada a cubrir los perjuicios que se derivaron del indebido uso que el consorcio le dio a los recursos del anticipo del contrato de obra 620 de 2010, porque el seguro que se tomó para amparar su cumplimiento se habría terminado por falta de notificación de la alteración del estado del riesgo, es necesario reparar en el contenido del artículo 1060 del Código de Comercio en el que se soporta tal alegación (...). [L]as consecuencias a las que alude el artículo 1060 en mención no pueden trasladarse automáticamente al contrato de seguro de cumplimiento a favor de entidades públicas, sino que su lectura debe hacerse en clave con la naturaleza de esta clase de seguro y con las normas de orden público que el legislador instituyó para la protección del erario que queda comprometido en el marco de los contratos estatales, lo cual significa que esta norma –como cualquier otra del derecho privado (art. 13 Ley 80 de 1993)– sólo podrá ser aplicada en lo que no contravenga la especialidad y finalidad que persigue la contratación de la administración y, de la mano con ello, en cuanto no se oponga a las normas que regulan con carácter especial algunos aspectos del seguro de cumplimiento a favor de tales entidades. En ese contexto y en atención a que lo que impone la Ley 1150 de 2007 con carácter imperativo es que las obligaciones derivadas del contrato estatal deben contar con una garantía que avale su cumplimiento, de donde claramente se deriva que deben estar vigentes por el mismo tiempo que permanezca el riesgo de su inobservancia –lo cual, a su vez, es concordante con las normas reglamentarias que desarrollan esta ley en este aspecto–, dable es concluir que se opone abiertamente a dicha norma de orden público el contenido de otras de derecho privado que admiten la posibilidad de que la vigencia de la póliza que se ha pactado en función de la del contrato amparado, pueda cesar en sus efectos de manera anticipada, bien sea por la decisión unilateral del asegurador o del tomador, o bien por una consecuencia legal. Así las cosas, tratándose de contratos estatales y por las razones previamente explicadas sobre el carácter irrevocable de la póliza de cumplimiento, el interés asegurable que se identifica cuando el beneficiario de la indemnización es una entidad estatal y las normas de orden público que se instituyeron como expresión de tales aspectos, resulta forzoso concluir que una vez notificada de la alteración del estado del riesgo, la aseguradora solo podrá reajustar el valor de la prima. A su turno, si no acontece la notificación de la agravación del estado del riesgo, la consecuencia prevista en el derecho común no podrá tener operancia, pues ello significaría admitir que el contrato estatal podría quedar desprovisto de protección patrimonial, en contravía de las normas que imponen su obligatoria salvaguarda durante toda la vigencia del negocio jurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el carácter de orden público de las normas que regulan las garantías en materia de contratación estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 20 de noviembre de 2003, rad, 19929, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia 10 de julio de 2013, rad. 27816, C. P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia de la Corte Constitucional, C-648 de 2002. Respecto al interés asegurable en la póliza de cumplimiento, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2009, rad. 14667, C. P. Myriam Guerrero de Escobar; sentencia de 30 de enero de 2008, rad. 32867, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 14 de junio de 2019, rad. 36860, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera y sentencia de 28 de noviembre de 2019, rad. 36600, C. P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1060, LEY 1150 DE 2007
CAMBIOS DEL RIESGO ASEGURABLE / DETERMINACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES / DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL / NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS DEL RIESGO ASEGURABLE / PROBABILIDAD DE CONCRECIÓN DEL RIESGO / VALORACIÓN DEL RIESGO / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / ANTICIPO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ANTICIPO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / RIESGO PREVISIBLE / INEXISTENCIA DEL HECHO IMPREVISIBLE
Problema jurídico:
¿La conducta del contratista en el manejo del anticipo era imprevisible para la aseguradora al momento de la celebración del contrato de seguro?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n un escenario como el que toca el sub lite, le corresponde a la aseguradora demostrar la razón de por qué el supuesto acaecido no era previsible al momento de la expedición de la póliza y por qué supera el nivel del riesgo que asumió y la medida de dicha agravación; sin embargo, más allá de su dicho, Seguros del Estado no acreditó ninguno de esos supuestos. (…) En suma, la necesidad de la firma de la interventoría para disponer de los recursos del anticipo –que, por regla general, se emite previa verificación de los avances de la ejecución del objeto pactado– se erigió como un mecanismo de control para que se invirtieran en los propósitos de la obra. En ese contexto, constituía un riesgo desde el momento mismo en que se tomó la póliza, que el contratista, eventualmente, incumpliera su obligación de manejar los recursos en las condiciones pactadas y que ello pudiera conducir a la configuración de alguno de los riesgos cubiertos por el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, esto es, a su no inversión, su uso indebido e, incluso, a su apropiación; de manera que, en estas condiciones y ante la ausencia de una prueba que conduzca a una conclusión diferente, no es posible colegir que esa conducta del consorcio hubiere sido imprevisible al momento de tomar la póliza, menos aún que hubiere conllevado a la agravación del estado del riesgo al momento en que se expidió la póliza.
ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / PAGO DEL SINIESTRO / RECONOCIMIENTO DEL SINIESTRO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / COBERTURA DE LA PÓLIZA DE SEGURO / COBERTURA DEL CONTRATO DE SEGURO / ANTICIPO DEL CONTRATO / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La ocurrencia del siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo declarado por la entidad estaba amparado por el contrato de seguro?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los términos del artículo 1072 del Código de Comercio, el siniestro se concibe como la realización del riesgo asegurado, escenario que se concreta en el momento mismo en que acontece el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales aseguradas –para unos casos específicos previstos en la ley, se constituye con la expedición del acto administrativo que lo declare –, lo que descarta, de entrada, que dicho momento tenga que coincidir con el de la liquidación del contrato, en tanto se trata de una fase posterior a la finalización del plazo pactado para la ejecución del objeto convenido, destinada a establecer el balance final de lo que fue la ejecución del negocio jurídico. (…) [E]n virtud de la vigilancia y control del vínculo negocial, la entidad cuenta con herramientas precisas para constatar la inobservancia de los compromisos adquiridos para la ejecución del contrato durante su curso, por lo cual, aunque no se descarta que la declaración del siniestro se pueda hacer durante la fase de la liquidación –pero dentro del de los términos de prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro (art. 1081, C.Co.)–, no se impone como necesario que se llegue hasta esa etapa para constatar el incumplimiento que, en todo caso, habrá ocurrido de manera previa (...). En consecuencia, el hecho de que la entidad advierta la ocurrencia de alguno de los supuestos que están cobijados por el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo antes de realizar el balance final del contrato, no le impide declarar su ocurrencia. Al contrario, de cara al tiempo de prescripción extintiva de la acción derivada del contrato de seguros que la ley consagra, lo que se impone es hacerlo dentro de ese periodo que, incluso, puede vencer antes de la fase de liquidación del contrato. (…) [D]e acuerdo con el [Decreto 4828 de 2008 artículo 4.2.1], los riesgos que quedan cubiertos por el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo son los de no inversión, uso indebido y apropiación. La amortización no queda comprendida en ninguno de ellos, porque se trata de un ejercicio contable posterior, consistente en la devolución progresiva de tales recursos, mediante el descuento aplicado a los resultados de cada corte de cuentas pactado, cuyo cumplimiento depende de la forma en la que las partes hayan estipulado tal ejercicio, pero que, generalmente, coincide con la ejecución del 100% del objeto convenido. (…) [E]l siniestro que declaró la entidad no fue el de la amortización del anticipo, que tampoco fue amparado por la aseguradora, sino el de su uso indebido el cual ocurrió y se pudo verificar al margen de la liquidación del contrato y del ejercicio contable de la amortización. Por consiguiente y ante la advertencia de ausencia de prosperidad de las argumentaciones esbozadas por la actora respecto de este cargo, la Sala lo negará.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del riesgo asegurado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de noviembre de 2020, rad. 47760, C. P. Martín Bermúdez Muñoz; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 1 de septiembre de 2022, rad. SC2840-2022 y sentencia de 24 de julio de 2006, rad. 00191.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1081, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1072, DECRETO 4828 DE 2008
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / DECISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ENTIDAD ASEGURADORA
Problema jurídico:
¿En el procedimiento administrativo relativo al incumplimiento del contratista existió violación al debido proceso de la aseguradora?
Respuesta al problema jurídico: No
[P]or disposición legal contenida en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 –vigente para el momento en que se dio inicio al procedimiento administrativo que antecedió a la expedición de la Resolución No. 4266 de 2011 –, la aseguradora debe ser vinculada al procedimiento administrativo que se surta con el objeto de imponer multas, sanciones y declaraciones de incumplimiento del contratista, en la medida que, si bien la decisión administrativa que en ese sentido puede llegar a adoptarse en el marco de tal procedimiento no podría calificarse respecto de ella como una sanción, dado que lo que define es la materialización de su obligación contractual de pago por cumplimiento de la condición de la que pende –la configuración del siniestro–, lo cierto es que, por eso mismo, respecto de ella se predica un indudable interés en el resultado de la actuación, de ahí que sea un sujeto legitimado para intervenir en ella. (…) [E]l debido proceso del garante no se entiende satisfecho solamente con la notificación del acto que declare el siniestro, comoquiera que resulta ineludible su convocatoria de forma anterior a la toma de la decisión, para que pueda conocer los hechos que la fundamentan, presentar sus descargos, argumentaciones y pruebas que estime pertinentes a efectos de controvertir los cargos con fundamento en los cuales la entidad pretende hacer efectiva la garantía de cumplimiento (...). En el sub lite, obra el oficio OAJ 33682 del 9 de agosto de 2011, dirigido a la aseguradora, contentivo de la invitación a la audiencia del proceso sancionatorio en el marco de la Ley 1474 de 2011, en la cual se manifestó que tenía como propósito iniciar el trámite para la declaratoria de caducidad del contrato de obra 620 de 2010, con la enunciación de los hechos que soportaron el grave incumplimiento aducido en contra del contratista (...). Asimismo, se aportaron dos citaciones remitidas por el INVÍAS a la aseguradora, la primera, fechada el 19 de agosto de 2011 –identificada con el número OAJ 35612 – y, la segunda, fechada el 22 de ese mismo mes y año –bajo la radicación OAJ 3590749, con el fin de convocar a la compañía de seguros a la audiencia del proceso sancionatorio cuya reanudación se programó para el 25 de agosto siguiente. (…) [L]a parte actora no cumplió con la carga de prueba que le compelía en torno al aspecto en estudio –onus probando incumbit actori-, según lo previsto en el artículo 167 del C.G.P –, toda vez que no logró acreditar el fundamento en que apoyó su pedimento, dado que no demostró que las citaciones mencionadas le hubieren sido entregadas con posterioridad al 25 de agosto de 2011. Por consiguiente y como no se comprobó que a Seguros del Estado se le hubiere convocado de forma tardía a la audiencia que definió el procedimiento sancionatorio del contrato 620 de 2010, es decir, no se acreditó la indebida citación del garante, resulta forzoso colegir que no se demostró la transgresión de su derecho de contradicción y defensa, aserto que conduce a la Sala a no acceder a la prosperidad del cargo de violación al debido proceso.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas a cargo de la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Habida consideración de que en este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, numeral 1, la Sala condenará en costas a la parte demandante en la medida en que, por las razones previamente expresadas, se resolverá desfavorablemente el recurso de apelación que interpuso en contra de la sentencia del 24 de agosto de 2015, en lo que le fue desfavorable. Se advierte que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se regirán por el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda. De conformidad con su artículo tercero, en la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y demás circunstancias relevantes.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366