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Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2024-07-08Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001032600020240004900LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se advierte que una de las partes del presente asunto sea un particular en ejercicio de funciones administrativas? No
El contratista no es considerado un particular en ejercicio de funciones administrativas cuando el objeto del contrato es la prestación de servicios profesionales a cambio de una contraprestación económica, y no se relaciona con funciones propias del Estado. La Sala determina que, al no acreditarse la calidad de entidad pública o de particular en ejercicio de funciones públicas, el Consejo de Estado no cuenta con jurisdicción para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral, remitiendo el asunto a la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar donde funcionó el tribunal de arbitraje, conforme al artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y los numerales 7º del artículo 104 y 149 del CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿Esta Corporación cuenta con jurisdicción para decidir el asunto objeto de estudio al tratarse de un conflicto entre particulares?¿Corresponde al Consejo de Estado conocer de los recursos contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de…
¿El fallo de responsabilidad patrimonial o en sede de legalidad ata al juez de la repetición? No
El fallo de responsabilidad patrimonial del Estado o de nulidad del acto no ata al juez de la repetición, de modo que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente debe acreditarse en el proceso de repetición con prueba propia. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la sentencia condenatoria contra el Estado no es prueba suficiente de la conducta del agente, porque en repetición se realizan valoraciones distintas sobre el comportamiento del servidor y no sobre la responsabilidad del Estado. Segunda, la declaración judicial de afectación de un derecho o de antijuridicidad del daño no acredita la conducta dolosa o culposa del agente que lo propició. Tercera, la entidad que pretende repetir debe expresar la causal de la presunción de dolo o culpa grave y acreditar sus supuestos en el proceso, con oportunidad de defensa para el demandado. En el caso no se acreditó el aspecto volitivo del demandado, por lo que la providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba del dolo o de la culpa grave en la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La desviación de poder manifestada está respaldada en el acervo probatorio?¿Las atribuciones otorgadas a un funcionario público para gestionar y concretar un acto deben dirigirse principalmente al cumplimiento de los fines del Estado?¿El acto administrativo fue proferido por el demandado ostentando la calidad de servidor público?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-04-26Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 44001233100020000054002ACCION CONTRACTUAL
¿Debe la entidad demandada pagar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión? Sí
El contratista no puede reclamar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión, ya que estas deben basarse en la extinción de los compromisos adquiridos y no en las sumas de dinero que fueron pactadas como parte de la oferta para contratar. La entidad demandada no está obligada a pagar estas restituciones mutuas, ya que el dictamen pericial y la formulación del incidente se apartan de lo dispuesto por la sentencia anulatoria del contrato. Además, es necesario probar el monto de los gastos en que incurrió el contratista para la ejecución del objeto del contrato, lo cual no se refleja en el texto contractual ni en la proyección financiera presentada. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la cuantificación de restituciones mutuas en casos de nulidad contractual, limitando la posibilidad de reclamar sumas que no se ajusten a la realidad de la ejecución del contrato.síntesis automática
¿La nulidad judicial del acto administrativo que retiró del servicio a la funcionaria por falta de motivación, es suficiente para presumir el dolo del demandado? No
La nulidad judicial del acto de insubsistencia por falta de motivación no basta para presumir el dolo del exservidor que lo expidió, pues la entidad debe demostrar que el acto se expidió con la intención deliberada de un fin ajeno a las finalidades de la función pública. La regla se apoya en que la presunción de dolo exige acreditar su supuesto de hecho, y en que la sola invalidez de un acto por un vicio formal no permite deducir la conducta dolosa del agente. Por ello, el juez debe examinar la finalidad real que motivó la decisión del servidor. En el asunto, la entidad no demostró que el exservidor expidiera el acto con esa intención, pues la desvinculación obedeció a la necesidad de nombrar profesionales especializados en la oficina jurídica ante el volumen de casos, y la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones. En la práctica, la entidad que repite por un acto de insubsistencia anulado debe probar la intención dolosa y no solo la falta de motivación.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia condenatoria solo reprochó la falta de motivación o ausencia de razones de la declaración de insubsistencia?¿La ausencia de motivación que dio lugar a la condena en este caso específico, se subsume en el supuesto de hecho de la presunción de dolo alegada en la demanda?¿Mientras a la entidad demandante le incumbe demostrar los supuestos fácticos para que opere la presunción que alega, a la parte demandada le corresponde desvirtuar el hecho deducido con el propósito…
¿Se acreditó el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición? No
El contratista no puede acreditar el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición, ya que no existen elementos probatorios que demuestren que la funcionaria actuó con intención de desviar el poder para fines distintos a los del buen servicio. El tribunal revoca parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva de una de las funcionarias demandadas, pero confirma que no se acreditó el dolo ni la desviación de poder, al no haberse presentado pruebas que indiquen que la conducta de las servidoras públicas fue desplegada con propósitos distintos a los del buen servicio. Este precedente reitera la necesidad de presentar pruebas idóneas y trasladadas al proceso para demostrar la conducta dolosa del agente estatal, y confirma que documentos públicos con presunción de autenticidad son suficientes para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición.síntesis automática
¿La desviación de poder consiste en el vicio de ilegalidad de los actos administrativos por cuya virtud la autoridad decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la prerrogativa de poder que le ha sido asignada? Sí
No sería correcto asumir que el ex Director Operativo de C.A.L.I, fue declarado insubsistente por sostener una simple amistad con los presuntos adversarios políticos del nominador, cuando es claro que tal funcionario no hacía parte de la estructura política de aquellos y si bien era amigo de uno de los concejales que votó en contra del proyecto promovido por el alcalde, lo cierto es que también sostenía relaciones amistosas en común con quien declaró su insubsistencia. A la luz de tal situación, el hecho de sostener una relación personal de amistad con los adversarios o aliados del actual gobernante, no puede ser tomado como prueba determinante para arribar a la hipótesis que se plantea en la demanda.
También resuelve:¿Se confirma la decisión adoptada por el Tribunal a quo en tanto no está acreditado el vicio de desviación de poder?¿Se puede colegir que la declaratoria de insubsistencia del funcionario se hubiere dado como consecuencia de la votación negativa que obtuvo el proyecto de reestructuración de Emcali?¿En la culpa grave se halla inmersa una conducta en que su autor ha obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de controversias contractuales si se configura la caducidad, la cual se determina a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación de común acuerdo del convenio, siempre que la entidad estatal no tenga la facultad legal ni convencional para liquidar unilateralmente el contrato. La Sala confirmó que la excepción de caducidad fue adecuadamente declarada, pues la interpretación del ordinal (v) del artículo 164.2(j) del CPACA, según la cual no se considera el término adicional de dos meses para el cómputo de la caducidad cuando no se pactó la liquidación unilateral, era ya pacífica en la jurisprudencia antes de la presentación de la demanda. Esta regla implica que las entidades estatales deben cumplir rigurosamente con los plazos para la liquidación de contratos estatales, evitando así la caducidad del medio de control contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas y la fijación de agencias en derecho dictadas en primera instancia?¿Si la entidad estatal no ostenta la potestad legal ni la facultad convencional para efectuar la liquidación unilateral, el término de caducidad debe contarse desde el día siguiente al vencimiento…¿El régimen jurídico aplicable al convenio es el de derecho privado integralmente y no se incorporó estipulación alguna que confiriera a una de las partes la facultad de practicar la liquidación…
¿Se probó que la conducta de los servidores públicos fue realizada con culpa grave? No
Al no estar probado el hecho que permite tener por cierto que la conducta fue realizada con culpa grave, es deber de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. acreditar dicha calificación, y no compete a los funcionarios derrumbar la presunción legal. Más allá del expediente contractual… , no existen elementos de juicio que permitan calificar la conducta de los funcionarios [demandados] como ajena a las finalidades del Estado o como una violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Sobre todo… que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. limitó su actuación a asegurar en la demanda que los servidores tenían conocimiento de la irregularidad en que incurrieron y de su comportamiento omisivo, sin allegar prueba alguna que corroborara tales afirmaciones.
También resuelve:¿La entidad demandante probó que los demandados procedieron de manera dolosa o gravemente culposa?¿Está probado que los diseños elaborados por la firma consultora hayan determinado la inclusión de un túnel?¿La entidad aduce de los servidores demandados el conocimiento de la irregularidad en que incurrían y el comportamiento omisivo?
¿Se probó la actuación dolosa de las demandadas en repetición? No
El contratista no puede probar la actuación dolosa de las demandadas en repetición si las pruebas documentales presentadas solo acreditan circunstancias externas y ajenas a las accionadas, sin ofrecer grado de certeza alguno sobre la intención de apartarse del servicio público por parte de las demandadas. En este caso, la Sala concluyó que la copia del acto de remoción, la historia laboral del funcionario, los acuerdos de reestructuración y el acta de comité de conciliación no eran idóneas para demostrar el elemento subjetivo inherente al juicio de repetición, ya que no se refieren a la conducta de las accionadas. Esto implica que el contratista debe presentar pruebas que directamente demuestren la intención dolosa de las demandadas para tener éxito en un juicio de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Al Consejo de Estado le corresponde el conocimiento de las demandas de repetición interpuestas contra de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional?¿La condena objeto del sub examine se profirió en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo?¿Se invocó la presunción de dolo con fundamento en que el acto administrativo de remoción habría sido expedido con base en un hecho inexistente?
PRINCIPAL / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / ERROR INEXCUSABLE / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBER DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ACTO DE RELIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / PAGO DEL AUXILIO DE CESANTÍAS / RECLAMACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ABONO A CRÉDITO HIPOTECARIO / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La reliquidación del auxilio de cesantías objeto del acuerdo conciliatorio extrajudicial que sustenta la pretensión de reembolso es atribuible a los demandados, a título de culpa grave, por el incumplimiento de la función de notificación de los actos administrativos de reconocimiento y liquidación del auxilio de cesantías, que presuntamente tenían a su cargo como directores, jefes y asesores de las áreas de recursos humanos y prestaciones sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores? No
En la acción de repetición, la culpa grave no se configura cuando la entidad no demuestra la omisión inexcusable de la función imputada al agente ni una relación causal clara entre esa omisión y el hecho que motivó la conciliación extrajudicial. La regla se apoya en dos razones. Primera, la omisión de expedir y notificar el acto de liquidación de cesantías no quedó probada como inexcusable para cada uno de los demandados, pues la entidad no acreditó el supuesto de hecho de la culpa grave imputada. Segunda, la convocante, como afiliada, tuvo conocimiento de las consignaciones anuales del auxilio en su cuenta individual, lo que impide atribuir a los agentes el pago reconocido en la conciliación. La providencia confirma la negativa de las pretensiones y no altera el régimen probatorio de la culpa grave. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe probar individualmente la conducta de cada demandado y su relación causal con el pago, sin trasladar al agente el costo de un acuerdo conciliatorio cuando falta esa prueba. Esa carga resulta especialmente exigente cuando el daño se atribuye a una omisión de notificación que la propia administración debía cumplir.síntesis automática
También resuelve:¿En los documentos allegados consta a cuál de los servidores o exservidor demandados le correspondía la función de reconocer el auxilio de cesantías y notificar el acto de reconocimiento?¿El pago asumido por el ente accionante con motivo de la reliquidación del auxilio de cesantías de la servidora devino por la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional?¿La legitimación en la causa se clasifica en procesal o de hecho, y material?
¿El medio de control de controversias contractuales es el medio de control procedente para conocer sobre la responsabilidad contractual? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el convenio… fue suscrito por el municipio de Puerto Boyacá [y la corporación] -entidad con un 51% de capital público- en el marco de sus funciones. El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, [conforme] el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, [dado] que la pretensión [mayor], supera los 500 SMLMV. En virtud del artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, [se] declare el incumplimiento, [se] condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas.
También resuelve:¿El municipio de Puerto Boyacá contaba con dos años para impugnar el contrato, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que liquidó unilateralmente el acuerdo convencional?¿En virtud de la colaboración que debe preponderar entre las entidades del Estado, existe la posibilidad de cooperación entre estas, mediante la celebración de convenios interadministrativos?¿En los contratos administrativos las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un objetivo común, pues la contratista actúa a cambio de una retribución patrimonial por el cumplimiento de la…
¿La obligación de devolución pactada en el acuerdo de pago suscrito entre la CNTV y Galaxy, condicionada a una eventual decisión judicial o administrativa favorable a Galaxy y/o Sky, resulta exigible ante el acaecimiento de dicha condición suspensiva? Sí
El contratista puede establecer una obligación condicional en un acuerdo de pago con la entidad estatal, siempre y cuando dicha condición no contravenga la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la buena administración. En este caso, la Sala determinó que la cláusula novena del acuerdo de pago, que establece la devolución de sumas de dinero en caso de una decisión judicial o administrativa favorable al contratista, es válida y eficaz, pues no transgrede los límites de la autonomía privada de la entidad estatal y cumple con los requisitos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta decisión reitera la posibilidad de que las entidades estatales celebren contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y el cumplimiento de los fines estatales, siempre y cuando se respeten los principios y finalidades del ordenamiento jurídico aplicable.síntesis automática
También resuelve:¿La cláusula novena del acuerdo de pago celebrado entre la CNTV y DirecTV resulta válida y eficaz en el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?¿Es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) responsable del cumplimiento de la obligación condicional pactada en la cláusula novena del acuerdo de pago suscrito…¿Se entiende cumplida la condición suspensiva establecida en la cláusula novena del acuerdo de pago del 14 de diciembre de 2005…
¿El demandado en repetición padecía un agravamiento del trastorno afectivo bipolar, que le había sido diagnosticado, que mermó su capacidad de autodeterminación cuando accionó el arma de dotación? Sí
El agravamiento de un trastorno mental preexistente, causado por factores externos que mermen la capacidad de comprensión y autodeterminación del agente en el momento del hecho, excluye la culpabilidad y hace improcedente la acción de repetición, pues no puede imputarse un juicio de reproche a quien actuó en situación de inimputabilidad. Una razón es que los medios documentales y técnicos mostraron que el trastorno afectivo bipolar diagnosticado en 2008 se agravó en la época del hecho por el traslado de lugar de trabajo, la falta de medicamentos y la ausencia de controles psiquiátricos, lo que generó descontrol, irritabilidad y depresión. Otra razón es que el dictamen técnico y la historia clínica permitieron inferir que, al accionar el arma de dotación, el agente tenía disminuida su capacidad de autodeterminación. En el caso, el daño fue causado por un disparo de un miembro de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones, y la Subsección confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la historia clínica y el dictamen técnico son determinantes para establecer la inimputabilidad en la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿El auxiliar de la justicia tenía los conocimientos necesarios para interpretar la historia clínica del ahora demandado?¿El trastorno afectivo bipolar que padecía el accionado al momento de ocurrencia del hecho dañoso afectó su comportamiento?¿El demandado incurrió en una conducta gravemente culposa, al hacer uso del arma de dotación sin sujeción a los principios de proporcionalidad y necesidad?
¿El permitir aportar un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social vulnera las reglas de la licitación? No
La certificación de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales es un requisito de control para evitar la evasión, y no una inhabilidad para contratar con el Estado. Esta regla se apoya en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuya redacción no establece expresamente una inhabilidad, y en el carácter taxativo de las inhabilidades, que no admite interpretación extensiva o analógica. Por ello, la entidad puede habilitar al proponente que aporta un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social, sin infringir las reglas de la licitación. En el caso concreto la resolución de adjudicación no adolece de nulidad, porque el proponente seleccionado fue habilitado en esos términos. La sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de un documento subsanable de seguridad social no conduce, por sí sola, a la inhabilidad del proponente.síntesis automática
También resuelve:¿Si el contratista se encuentra al día y no aportó el medio de prueba, podrá allegarlo, pero en caso de que se encuentre incumplido, deberá ser rechazado y no podrá ser adjudicatario?¿Está demostrado que las reglas del proceso impusieran como causal de rechazo la ausencia de prueba del pago de parafiscales?¿La selección objetiva del contratista es un principio y deber fundamental en la actividad contractual Estatal que orienta todos los procesos de selección?
¿Se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no logra configurar el daño antijurídico como elemento primario de la responsabilidad del Estado, ya que no acredita la existencia de un perjuicio que satisfaga los requisitos legales, ni demuestra que la medida de aseguramiento impuesta haya carecido de proporcionalidad o razonabilidad, o que haya sido arbitraria. La Sala confirma la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales previstos en la ley penal vigente y no se probó que la Fiscalía hubiera causado un daño antijurídico al procesado, lo que hace infructuoso el análisis de la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Se allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria?¿La medida privativa de la libertad no quebrantó lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y garantizó los derechos del procesado?¿En manos del juez está la labor de definir el régimen de responsabilidad aplicable y la motivación que sustente la decisión que se habrá de adoptar?
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión?¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas?¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
¿Existen saldos a favor de alguna de las partes con ocasión de la ejecución del contrato de concesión que les generen saldo a favor? No
El contrato de concesión no permite la devolución de saldos a favor de ninguna de las partes durante su ejecución, salvo que las partes manifiesten estar a paz y salvo hasta una fecha específica, en la que se amplía el plazo del contrato. En este caso, el dictamen judicial no fue detallado y preciso, por lo que no tiene eficacia probatoria. Además, la parte demandante no puede desconocer sus actos propios al reclamar incumplimientos de obligaciones respecto de las cuales manifestó estar a paz y salvo. La renuncia del concesionario a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo también impide estudiar reclamaciones del demandante respecto a incumplimientos posteriores. Las entidades estatales están autorizadas para celebrar contratos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Las pretensiones no se ajustan a la buena fe contractual, pues lo que pretende el demandante es desconocer sus actos propios al reclamar el incumplimiento de obligaciones respecto de las cuales…¿Como el concesionario renunció a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo, tampoco es posible estudiar las reclamaciones del demandante respecto a posibles…¿Las entidades están autorizadas para celebrar los contratos y acuerdos que permita la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales?
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, incluyendo convenios interadministrativos, siempre que la demanda sea oportuna y se ajuste a los plazos establecidos. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de estos asuntos cuando ambos extremos procesales son entidades públicas, y el Consejo de Estado tiene vocación de segunda instancia en casos que superen la cuantía mínima legal. La caducidad del medio de control comienza a correr desde el día siguiente al vencimiento del término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades, y el recurso de apelación debe limitarse a los reparos concretos formulados por el impugnante, sin que el juez pueda reformar el fallo en perjuicio del apelante único, salvo que sea indispensable para resolver puntos íntimamente relacionados con la modificación.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del…¿En la presente controversia el cómputo de los dos años de la caducidad empieza a correr desde el día siguiente al que se venció el término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades?¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?
¿El contrato de seguro de cumplimiento es accesorio al contrato estatal que ampara? No
El contrato de seguro de cumplimiento es un negocio principal, autónomo e independiente del contrato estatal que ampara, de modo que la obligación de la aseguradora es propia y no se suspende de forma automática con la suspensión de la exigibilidad del contrato amparado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la aseguradora asume una obligación propia de cubrir los perjuicios por incumplimiento del contratista, a cambio de una prima, y su obligación surge cuando se materializa el riesgo. Segunda, el contrato de seguro es una tipología especial de negocio, con estructura y funcionamiento distintivos, que responde a la especialidad de la empresa aseguradora. Tercera, no existe una comunicabilidad automática de la suspensión del contrato amparado a la póliza, de modo que la aseguradora no puede fincar en ella la suspensión de sus obligaciones. La providencia confirma la negativa de las pretensiones de la aseguradora. La consecuencia práctica es que la suspensión de la ejecución del contrato amparado no suspende por sí sola la obligación de la aseguradora, que es propia de su negocio.síntesis automática
También resuelve:¿La suspensión de la ejecución del contrato de obra produce como efecto directo y automático la suspensión de las obligaciones del contrato de seguro durante dicho interregno?¿Ante la suspensión del término del negocio jurídico, el interés asegurable y el riesgo de su afectación permanecen patentes mientras el vínculo subsista y existan saldos del anticipo sin disponer en…¿El alcance de la póliza de cumplimiento en la contratación estatal debe ser mayor al que tiene en un negocio jurídico privado en virtud del cumplimiento de los fines esenciales del Estado?