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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

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Fecha
2022-11-04
Radicado
19001233300020130016701
Número interno
68336
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
GUILLERMO LEÓN SARRIA GALLEGO

Síntesis de la providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

Lo que dijo la Sala

La Ley 1437 de 2011, en sus artículos 149, 152 y 155, (i) reguló de manera expresa la competencia funcional del medio de control de repetición, (ii) derogó el criterio de conexidad que preveía el artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y (iii) reiteró el factor subjetivo, es decir, el que atiende a la calidad del demandado -en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado- e introdujo el factor objetivo debido a la cuantía para los asuntos de doble instancia. De tal manera que, en este caso, el análisis de la competencia de la Sala para conocer en segunda instancia de este proceso se efectuará con base en la Ley 1437 de 2011, pues se inició en vigencia de ese cuerpo normativo.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La Ley 1437 de 2011 establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. En el caso de un proceso de repetición con vocación de doble instancia, la competencia del Consejo de Estado se determina por la cuantía del proceso, siendo competente para conocer el recurso de apelación si la cuantía excede de 500 SMLMV. En el caso bajo estudio, la pretensión del medio de control de repetición superó esta cuantía, lo que implica que la Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de procesos en el marco del medio de control de repetición?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 149, 152 y 155
  • Ley 1564 de 2012, art. 615
  • Ley 678 de 2001, art. 7

También resuelve

  • ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición dependiendo la normatividad procesal aplicable?
  • ¿Cuáles son los presupuestos para la valoración de la prueba trasladada en el medio de control de repetición?
  • ¿Cómo se determina la normatividad aplicable al medio de control de repetición para el estudio de la conducta del agente demandado?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTO PROCESAL COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA FUNCIONAL CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TRÁNSITO LEGISLATIVO APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO PRUEBA TRASLADADA VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO DOLO CONCEPTO DE DOLO PRUEBA DEL DOLO CULPA GRAVE CONCEPTO DE CULPA GRAVE PRUEBA DE LA CULPA GRAVE BUENA FE CONCEPTO DE BUENA FE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO ACTIVIDAD PELIGROSA DAÑO EN EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA EMBRIAGUEZ CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR EMBRIAGUEZ ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON VEHÍCULO OFICIAL RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO CONDENA TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA PAGO DE LA CONDENA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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La demanda de repetición debe presentarse en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena o, desde el vencimiento del plazo con el que contaba la entidad para pagar.
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Titulación de la relatoría 23.719 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de procesos en el marco del medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si La Ley 1437 de 2011, en sus artículos 149, 152 y 155, (i) reguló de manera expresa la competencia funcional del medio de control de repetición, (ii) derogó el criterio de conexidad que preveía el artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y (iii) reiteró el factor subjetivo, es decir, el que atiende a la calidad del demandado -en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado- e introdujo el factor objetivo debido a la cuantía para los asuntos de doble instancia. De tal manera que, en este caso, el análisis de la competencia de la Sala para conocer en segunda instancia de este proceso se efectuará con base en la Ley 1437 de 2011, pues se inició en vigencia de ese cuerpo normativo. El artículo 150 ibidem, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, “de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación”. Por su parte, el numeral 11 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 dispone que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de las demandas de “repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de 500 SMLMV y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia”. En el caso bajo estudio, se advierte que la pretensión del medio de control de repetición superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa1 , razón por la cual se concluye que esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia, dentro de un proceso de repetición con vocación de doble instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 155, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TRÁNSITO LEGISLATIVO / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición dependiendo la normatividad procesal aplicable? Respuesta al problema jurídico: Si De entrada, la Sala observa que la condena objeto del sub examine se profirió en un proceso de reparación directa tramitado en vigencia del Decreto 01 de 1984, de ahí que la Policía Nacional debía cumplirla en los términos del artículo 177 de ese cuerpo normativo (fl. 92 del c.3). En ese sentido, la entidad tenía 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria del fallo de segunda instancia, lo cual ocurrió el 24 de mayo de 2010, tal como consta a folio 93 del cuaderno 3, de manera que el plazo para pagar la condena impuesta corrió entre el 25 de mayo de 2010 y el 25 de noviembre de 2011. Ahora bien, cabe decir que la demanda se presentó en vigencia del Ley 1437 de 2011, por tal razón, en principio, las normas procesales que deben aplicarse al caso concreto son las previstas en ese cuerpo normativo, tal como lo dispuso el legislador en el régimen de transición que adoptó en el inciso primero del artículo 308 ibidem2 , así como las disposiciones de la Ley 1564 de 20123 , en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de dichos estatutos4 ; empero, en lo que concierne a la oportunidad debe tenerse en cuenta que los términos que hubieren empezado a correr en vigencia de una ley anterior continuarán corriendo de conformidad con ella, en atención a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 18875 . De este modo, si bien la demanda se presentó el 20 de marzo de 2013, esto es, en vigencia de la Ley 1437 de 2011, lo cierto es que el término de caducidad empezó a correr con anterioridad a la entrada en vigencia del mencionado cuerpo normativo (2 de julio de 2012), por tanto, la oportunidad para tal efecto es la establecida en el Decreto 01 de 1984. El numeral 9 del artículo 136 ibidem disponía que la pretensión de repetición caducaba “al vencimiento de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”, norma que la Corte Constitucional, a través de sentencia C-832 de 2001, declaró exequible condicionalmente, bajo el entendido de que “(…) [e]l término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previstos en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo6 ”. A su vez, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 dispuso que la repetición caducaba “al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha de pago total efectuado por la entidad pública (…)”, como esta norma reiteró el contenido normativo del numeral 9 del artículo 136 del CCA, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-394 de 20027 , precisó que lo señalado en la providencia C-832 de 2001, le resultaba aplicable a la anterior disposición normativa, por cuanto se trataba del mismo contenido material. Así pues, lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha efectiva del pago de la condena o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero. En el caso analizado, la entidad demandante pagó la condena dentro del término dispuesto en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, pues tenía hasta el 25 de noviembre de 2011 y efectuó el mismo el 29 de marzo de 2011 (fls. 312 – 315 del c.2). En este estado de cosas, el término de caducidad de la pretensión de repetición corrió desde el 30 de marzo de 2011 y venció el 30 de marzo de 2013, por lo que, al haberse presentado la demanda el 20 de marzo de 2013, se encuentra que fue oportuna. PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para la valoración de la prueba trasladada en el medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si Según el artículo 174 de la Ley 1564 de 2012, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas”. En el presente asunto, la parte accionante solicitó que se allegara a este proceso el expediente de reparación directa seguido en su contra, el cual contiene, a su vez, copia del proceso disciplinario y penal adelantado contra el demandado, así como el tramitado por la justicia ordinaria contra el conductor del camión con el que colisionó el vehículo oficial, prueba que el Tribunal de instancia decretó y, posteriormente, corrió traslado de esta (fl. 281 y 370 del c.1). Así las cosas, la Sala valorará, sin restricción alguna, las pruebas documentales que obran en dichas actuaciones, dado que su traslado fue solicitado por la parte actora, la partes tuvieron la oportunidad de conocer el contenido y contaron con la oportunidad procesal para que, si así lo consideraban, formularan algún reparo, lo que no ocurrió, por lo que serán objeto de análisis. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CONCEPTO DE DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / BUENA FE / CONCEPTO DE BUENA FE OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se determina la normatividad aplicable al medio de control de repetición para el estudio de la conducta del agente demandado? Respuesta al problema jurídico: Si La Subsección evidencia que los supuestos fácticos debatidos en este proceso ocurrieron el 2 de marzo de 1997, esto es, antes de la expedición de la Ley 678 de 2001, razón por la cual la Sala ha sostenido que esa norma no es aplicable para calificar la conducta de los demandados13, sino el artículo 63 del Código Civil (...) Esta Corporación ha señalado que los conceptos de culpa grave y dolo previstos en el Código Civil deben armonizarse con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, así como con la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Es igualmente necesario tener en cuenta otros postulados constitucionales como el de la buena fe (artículo 83), al cual deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas. (...) Así las cosas, en aquellos eventos regidos por la normativa anterior a la Ley 678 de 2001, la calificación de si una conducta es “dolosa o gravemente culposa” le impone a la parte actora demostrar, con suficiencia, tal circunstancia y, solo en ese caso, habrá lugar a endilgarle responsabilidad patrimonial al demandado. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permite deducir su responsabilidad? Respuesta al problema jurídico: Si Es clara, entonces, la determinación de que, en materia de responsabilidad subjetiva, el análisis de la conducta del agente juega un papel decisivo. De ahí que, como lo ha dicho esta Sección, no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Sentencia del 9 de septiembre de 2016, expediente 49764, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO / ACTIVIDAD PELIGROSA / DAÑO EN EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA / EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA / EMBRIAGUEZ / CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR EMBRIAGUEZ / ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON VEHÍCULO OFICIAL / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Está probada la culpa grave del agente que ocasionó el accidente de tránsito por el cual fue condenado el Estado por conducir en estado de embriaguez, con exceso de velocidad y con poco descanso previo? Respuesta al problema jurídico: Si Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que en la demanda se imputó un actuar gravemente culposo al demandado, aspecto frente al cual se defendió a lo largo del proceso y debatió en la alzada, por ende, lo que corresponde es verificar sí se demostró con suficiencia esa conducta. (...) Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que en la demanda se imputó un actuar gravemente culposo al demandado, aspecto frente al cual se defendió a lo largo del proceso y debatió en la alzada, por ende, lo que corresponde es verificar sí se demostró con suficiencia esa conducta. La Subsección parte por señalar que la actividad de conducir vehículos automotores ha sido considerada tanto por la jurisprudencia constitucional como por la especializada en la materia, una actividad peligrosa que “aunque lícita coloca per se a la comunidad ante inminente peligro de recibir lesión” 16, por tal motivo, su ejercicio requiere, entre otros, la observancia del deber objetivo de cuidado. Como antes se vio, el examen médico de embriaguez que le fue practicado al señor Sarria Gallego después de la ocurrencia del siniestro demuestra que presentaba grado I de embriaguez, aliento alcohólico leve, laterodesviación a la derecha y aumento de polígono de sustentación, lo cual permite colegir que aquel manejaba el vehículo oficial en estado de embriaguez. (...) Ciertamente, en el informe de tránsito se describió como causas probables del siniestro “impericia en el manejo y/o vehículo mal estacionado”; no obstante, de la valoración conjunta de los informes técnicos aportados y de las inspecciones judiciales prácticas al lugar de los hechos es dable resaltar que el último supuesto quedó sin sustento, en tanto se determinó que el camión no estaba mal parqueado y, en todo caso, tenía las luces encendidas; es más, se afirmó que en el hipotético de que se considerara que eso era ajeno a la realidad no podía negarse que el automotor estacionado a un lado de la vía “sí era visible para la persona que manejaba el vehículo oficial”, incluso que este contaba con espacio suficiente para adelantar el vehículo particular, pero por la velocidad “era imposible que hubiera pasado en forma normal”. Lo anterior refuerza la tesis de la falta de pericia del apelante al conducir, quien, además, por su experiencia de “17 años como conductor”, como lo aseveró, debió con mayor razón prever el suceso, pues el obstáculo no ocupaba la totalidad de la vía y la camioneta al pasar sobre esta tenía un espacio de dos metros, situación que se verificó con el croquis del accidente y, además, los testigos afirmaron que lo vehículos que conformaban la caravana guardaban una distancia prudente entre ellos, hecho del que se infiere que el camión no afectó el tránsito de la zona, al punto de que los demás automotores pudieron esquivarlo. A su vez, anula la justificación -de la que se tienen dudas si sucedió-, relacionada con que otro vehículo lo “encandelilló” (sic) y le impidió observar el camión, en tanto es claro que con antelación lo pudo observar. De otra parte, se tiene que los superiores del demandado, esto es, los señores Libardo Andrés Linares Hernández y Bladimir Rodríguez Hernández afirmaron que, si bien no desconocían que todo el personal había tenido un turno extenso de trabajo, previo a emprender el viaje de regreso a Popayán, le preguntaron al señor Guillermo León Sarria Gallego si se hallaba en buenas condiciones para manejar, y este respondió afirmativamente, situación que resultó suficiente para que el juez de primera instancia concluyera, en relación con este aspecto, que el demandado asumió una conducta negligente y despreocupada; sin embargo, la Subsección estima que ese actuar, pese a que influyó en la causación del accidente de tránsito, no puede atribuírsele a aquel. Lo anterior, porque el hecho de no oponerse a la orden no se traduce automáticamente en un actuar culposo, teniendo en cuenta que se encontraba en cumplimiento de sus labores y estaba en condición de subordinación, por manera que, aunque se le dio la oportunidad de manifestar su agotamiento, no podía decidir de manera libre y voluntaria optar por manejar o no en estado de cansancio, máxime cuando los demás conductores –que se hallaban en iguales condiciones– manifestaron estar bien. Aquí es claro que la entidad estatal conocía de antemano la situación física del señor Sarria Gallego, por la duración del turno de trabajo que tuvo el día de los hechos –solo descansó una hora y media–, de ahí que, al margen de lo dicho por él, al ente le correspondía tomar una decisión más razonable para que su agente ejerciera sin inconvenientes la actividad peligrosa, por ejemplo, designar conductores de reemplazo o permitir que descansara después de fracasada la misión, lo que no ocurrió, sino que avaló que el desplazamiento se efectuara bajo tal condición, situación que permite atenuar la condena a imponer, según se verá en el acápite siguiente. Lo que no puede dejar de reprochar la Sala es que el agente trató de sobrellevar la anterior situación con la ingesta de bebidas embriagantes, aunado a que manejaba con exceso de velocidad, aspectos que sin duda le restaron capacidad para maniobrar los obstáculos en el camino, como el camión estacionado en la carretera con el que colisionó. Nótese que las anteriores circunstancias, esto es, el estado de embriaguez, el exceso de velocidad con el que viajaba y el cansancio del conductor fueron determinantes para la condena privativa de la libertad como autor de los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas19, pues se probó que el accidente ocurrió porque “las condiciones físicas y psicológicas estaban disminuidas, (…) por el cansancio físico (…) por la ingesta de bebida alcohólica (…), lo que le impidió frenar a tiempo o realizar la respectiva maniobra de esquivar el camión para evitar el impacto entre los rodantes, porque existía la suficiente distancia y espacio para detener la marcha o pasar sin inconvenientes, a lo que se añade la velocidad”. De este modo, las condiciones mencionadas, acreditados en el presente asunto, resultaron ser los factores determinantes para la ocurrencia del suceso, pues los mismos hicieron que perdiera las capacidades de reacción y maniobra al momento de encontrarse con el camión estacionado sobre la vía y, como consecuencia, constituyen una flagrante violación a las normas de seguridad vial y a sus obligaciones como servidor público; empero, se reitera, en criterio de la Sala, no le es imputable manejar en estado de agotamiento. Finalmente, en lo referente al fundamento de responsabilidad que se aplicó para definir la controversia de reparación directa, hay que decir que no genera algún tipo de duda, dado que, según la transcripción que se realizó del fallo respectivo, es evidente que se condenó a la Policía Nacional por riesgo excepcional; sin embargo, contrario a lo dicho por el recurrente, ello no tiene relevancia en el sub lite, puesto que, al igual que en los demás títulos de imputación de responsabilidad extracontractual del Estado, la conducta de los agentes estatales no es objeto de análisis y, en todo caso, la sentencia no acredita, per se, el requisito subjetivo para la prosperidad del medio de control de repetición. Precisamente, por tal razón, en este juicio de repetición, la Sala no hizo alusión a las consideraciones a las que arribó la Sección Tercera de esta Corporación para edificar la responsabilidad por el accidente de tránsito mencionado, sino que, como se vio, realizó una valoración conjunta de los elementos de juicio obrantes al plenario, a fin de constatar la culpa grave del exagente. Por lo descrito, en criterio de la Sala, la actuación del demandado puede calificarse como gravemente culposa, en la medida en que, a la luz de lo previsto en el artículo 63 del Código Civil y conforme a las pruebas, echó de menos todo tipo de previsiones relacionadas con el buen manejo del automotor oficial el 2 de marzo de 1997, conducta con la cual generó la obligación para el Estado de responder patrimonialmente por ese hecho, por ende, confirmará la sentencia de primera instancia. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDENA / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / PAGO DE LA CONDENA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se determina la condena en el medio de control de repetición cuando se constata que la conducta desplegada por el demandado es gravemente culposa? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala aclara que este aspecto fue objeto de apelación, por manera que, en este punto, reitera la tesis de la Subsección, según la cual cuando se constata que la conducta desplegada por el demandado es gravemente culposa, como aquí ocurre, se estima procedente que el reembolso se efectúe por el 60% de la condena20, pero, dado que uno de los factores determinantes del accidente de tránsito que dio origen a la condena por la que se repite no es atribuible al demandado, se reducirá en un 10% más. (...) como se explicó, el monto previamente establecido deberá ser reembolsado solo en un 50%, puesto que se probó que la conducta desplegada por el demandado fue gravemente culposa y no dolosa, lo cual corresponde a la suma de $585’160.422. Para tal efecto, se concederá el plazo de 6 meses contados desde la ejecutoria de esta providencia, para que el señor Guillermo León Sarria Gallego proceda al pago del rubro referido, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 678 de 2001 y, en atención al criterio pacífico adoptado por esta Subsección. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas y fijación de agencias en derecho en el medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. En efecto, como la condena en costas obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta la conducta de las partes, sino a los supuestos decantados por la norma. El artículo 365 de la Ley 1564 de 2011 señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso y el artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”, pero vale aclarar que estás últimas serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 de esa misma norma. En el caso concreto, se observa que la presente decisión modificará el fallo apelado, dado que redujo la condena reconocida por el a quo. Por consiguiente, en atención a lo previsto en numeral 2 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, se determina que hay lugar a condenar en costas, en esta instancia, a la parte vencida en el proceso y a quien se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación, esto es, a la parte demandada. Además, tal como lo dispone la legislación pertinente, las mismas deberán ser liquidadas por el juez de primera instancia, teniendo en cuenta las agencias en derecho que se fijan en el equivalente al 1% de las pretensiones reconocidas ($5’851.604), monto que deberá ser pagado a favor de la Policía Nacional, al tenor de lo dispuesto del Acuerdo 1887 de 2003, toda vez que, si bien no presentó alegatos de conclusión, lo cierto es que sí debió atender el proceso de manera diligente y oportuna a través de su apoderado judicial, que hace parte de su planta de personal . FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2011 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2011 - ARTÍCULO 365
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00167-01 (68.336) Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL Demandado: GUILLERMO LEÓN SARRIA GALLEGO Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE – la demanda se radicó en vigencia del CPACA / COMPETENCIA FUNCIONAL – factor cuantía en procesos con vocación de doble instancia / CADUCIDAD – condena proferida en un proceso de CCA – término de caducidad – fecha en la que se realiza el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo para proceder de conformidad, en el sub lite empezó a correr en vigencia del CCA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA – se ciñe a los cargos formul ados contra el fallo del a quo por el apelante / RESPONSABILIDAD DEL DEMANDADO – análisis a la luz de lo previsto en el Código Civil – CULPA GRAVE DEL AGENTE – se probó que el daño causado fue consecuencia de su actuación imprudente y descuidada / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA – se reduce debido a la tesis reiterada de la Sala / COSTAS PROCESALES – cuando se modifica la decisión de primera instancia, procede su fijación en segunda instancia. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandado c ontra la sentencia del 24 febrero del 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda. I. SÍNTESIS DEL CASO El 2 de marzo de 1997, en la vía que del municipio de Santander de Quilichao conduce a Popayán, Cauca, se presentó un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados una camioneta de la Policía Nacional y un tracto camión. Como consecuencia del choque, fallecieron los patrulleros Gerardo Antonio Caicedo Ramírez y Carlos Alberto Agudelo López, quienes iban como pasajeros en el vehículo oficial. Posteriormente, los familiares de las víctimas promovieron Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00167-01 (68.336) Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL Demandado: GUILLERMO LEÓN SARRIA GALLEGO Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN 2 un proceso de reparación directa en el que se condenó a la aquí demandante a pagar la suma $1.259’096.661; por consiguiente, demandó en repetición al señor Guillermo León Sarria Gallego, quien conducía el día de los hechos, con base en que su conducta fue gravemente culposa, lo que dio lugar al pago efectuado. II. ANTECEDENTES 1. Demanda El 20 de marzo de 2013 (fl. 153 del c.1), la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por conducto de apoderado judicial (fl. 1 de c.1), formuló demanda de repetición contra el señor Guillermo León Sarria Gallego, con el fin de que se le condenara a reintegrar la suma de $1.259 ’096.661, la cual tuvo que pagar en cumplimiento de la sentencia del 28 de abril de 2010, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro de un proceso de reparación directa. En concreto, la entidad demandante solicitó que se efectuaran l as siguientes declaraciones y condenas (fls. 144 – 145 del c.1): Primero. Que el agente de la Policía Nacional Guillermo León Sarria Gallego es responsable por su conducta irresponsable, imprudente y negligente, es decir, actuó con culpa grave, por cuanto quedó acreditado que (…) inició su marcha a la ciudad a Popayán, conduciendo un vehículo oficial, sin importarle su estado anímico, pues según el examen médico legal de embriaguez, presentaba aliento alcohólico y primer grado de embriaguez. De igual manera se pudo concluir que el accidente de tránsito donde fallecieron los agentes Gerardo Antonio Caicedo Ramírez y Carlos Alberto Agudelo López, obedeció a la impericia del conductor Sarria Gallego, desacierto que aunado a la conducta irresponsable que asumió al conducir en estado de embriaguez, llevó a que al accidente donde perdieron la vida sus compañeros de trabajo. Segundo. Que se condene al ex agente Guillermo León Sarria Gallego (…), al pago de la suma que la Policía Nacional resultó condenada s obre las pretensiones económicas en las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el Tribunal Administrativo del Cauca y el Consejo de Estado, sentencias, es decir, la suma de $1.259.096.661 (…). Como fundamento fáctico de la demanda, se n arró que, el 1° de marzo de 1997, el señor Guillermo León Sarria Gallego, patrullero adscrito al Departamento de Policía del Cauca, junto con sus compañeros Gerardo Antonio Caicedo Ramírez, Carlos Alberto Agudelo López, Nundier Sánchez Grajales y Jesús María Salazar Donado, en cumplimiento de una orden de sus superiores, se desplazaron en una camioneta desde Popayán a Santander de Quilichao, Cauca. Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00167-01 (68.336) Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL Demandado: GUILLERMO LEÓN SARRIA GALLEGO Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN 3 Al día siguiente, siendo las 5:30 a.m., el señor Guillermo León Sarria Gallego mientras conducía de regreso a la ciudad de origen, colisionó violentamente con un tracto camión que se encontraba estacionado en la vía, oportunidad en la que fallecieron sus compañeros Caicedo Ramírez y Agudelo López. El informe técnico del accidente de tránsito consignó como posi ble causa del choque “impericia en el manejo” y el examen médico que se le practicó al aquí demandado determinó “ primer grado de embriaguez ”, pruebas que sirvieron de fundamento para iniciar las investigaciones disciplinaria y penal, en las que fue absuelto en la primera de estas, pero condenado a 36 meses de prisión como autor de los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas por la Justicia Penal Militar. Los familiares de las víctimas directas del daño promovieron una demanda de reparación directa contra la Policía Nacional, la cual se tramitó con el radicado 1998-01130-01 y cuyo conocimiento, en primera instancia, le correspondió al Tribunal Administrativo del Cauca, autoridad judicial que, mediante sentencia del 7 de septiembre de 2000, declaró responsable a la referida entidad por la muerte de las personas mencionadas, decisión que fue confirmada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia del 28 de abril de 2010. A través de Resolución 0264 del 22 de marzo de 2011, la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional reconoció a favor de los actores de ese proceso la suma de $1.259’096.661, por concepto de indemnización de perjuicios. A juicio de la entidad estatal, el demandado actuó con culpa grave, puesto que de manera imprudente infringió “ las reglas más elementales para el manejo de vehículos, deber objetivo de cuidado que le era exigible” y, con ello, dio lugar a la condena impuesta en su contra. 2. Trámite en primera instancia 2.1. En auto del 29 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda y dispuso su notificación al demandado y al Ministerio Público (fl. 175 del c.1). Dado que no fue posible notificar al demandado, en auto del 7 de diciembre de 2016, previo emplazam iento, se designó un curador ad litem para Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00167-01 (68.336) Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL Demandado: GUILLERMO LEÓN SARRIA GALLEGO Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN 4 que asumiera su representación judicial (fl. 212 del c.2), quien se posesionó el 12 de julio de 2018 (fl. 265 del c.2). 2.2. El curador ad litem del señor Guillermo León Sarria Gallego consideró que no se reunía uno de los supuestos necesarios para acceder a las pretensiones de la demanda, a saber, la conducta gravemente culposa del ex agente estatal. Al respecto, manifestó que no se probó la incidencia que tuvo su actuación en la muerte de los señores Gerardo Antonio Caicedo Ramírez y Carlos Alberto Agudelo López el 2 de marzo de 1997; por el contrario, las pruebas del juicio de reparación directa no eran conclusivas y, en todo caso, el informe del accidente de tránsito “no soporta la infracción a normas de conducción”, situación que impedía endilgar una condena patrimonial en su contra. Adujo que en el proceso de reparación directa en el que resultó condenada la Policía Nacional no se realizó una valoración de su conducta y, además, no fue vinculado y, por tanto, no pudo ejercer su derecho de defensa. Como excepciones propuso (i) “no aplicación de la presunción de dolo o culpa de la Ley 678 de 2001 ”, toda vez que los hechos ocurrieron con anterioridad a su entrada en vigencia, y (ii) “falta de certeza dolo o culpa grave”, teniendo en cuenta que la sentencia que le puso fin a la controversia de reparación directa, por sí sola, no edificaba el actuar reprochado (fls. 268 – 271 del c.2). 2.3. El 19 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial (fl . 275 del c.2), oportunidad en la cual el a quo manifestó que no se formularon excepciones previas y tampoco se configuró alguna que debiera ser declarada en esa etapa procesal. A continuación, fijó el litigio en los siguientes términos (fls. 280 – 281 del c.2): La Litis consiste en determinar si le asiste o no responsabilidad patrimonial al señor Guillermo León Sarria Gallego por la condena impuesta a la Policía Nacional en el proceso de reparación directa adelantado por la muerte de los agentes de la Po licía Nacional Gerardo Antonio Caicedo Ramírez y Carlos Alberto Agudelo López, en hechos sucedidos el 2 de marzo de 1997. La fijación del litigio fue puesta a consideración de las partes, quienes manifestaron expresamente su aceptación. Luego, el magistrado conductor tuvo como pruebas Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00167-01 (68.336) Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA

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