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Consejo de Estado Providencia

Recurso extraordinario de revisión: Sentencia

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Fecha
2023-06-14
Radicado
11001032600020210021700
Número interno
67663
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
SOCIEDAD TRACTEC S.A.S.
Demandado
MUNICIPIO DE PAIPA PAIPA

Síntesis de la providencia

Recurso extraordinario de revisión: Sentencia

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

El recurso extraordinario de revisión es una herramienta cuyo propósito es despojar del carácter inmutable y de cosa juzgada que por regla general tienen las decisiones judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la Ley 1437 de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al ordenamiento jurídico, siempre que se configure alguna de las causales taxativamente previstas en la ley.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El recurso extraordinario de revisión no es la vía para corregir yerros probatorios de las partes, reabrir el debate, revivir términos ni reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, pues su finalidad es despojar de la cosa juzgada a una sentencia contraria al ordenamiento solo por las causales taxativamente previstas en la ley. La regla se apoya en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984, mantenido en la Ley 1437 de 2011, y en el artículo 248 del CPACA, que lo hace procedente contra sentencias ejecutoriadas de las secciones, subsecciones, tribunales administrativos y jueces administrativos. Además, la revisión es un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia, lo que impide utilizarla como una nueva instancia. En el asunto, la parte que la promovió pretendía reabrir la discusión probatoria del proceso ordinario, y la Sala declaró infundado el recurso. En la práctica, los errores probatorios cometidos en el proceso ordinario no justifican la revisión si no encajan en una causal taxativa.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El recurso extraordinario de revisión es la vía adecuada para corregir los yerros probatorios de las partes procesales, para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 185
  • Ley 1437 de 2011, art. 248

También resuelve

  • ¿La sentencia del 11 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso de reparación directa interpuesto por el demandante…
  • ¿Debe condenarse en costas procesales y agencias en derecho a la parte recurrente atendiendo a la naturaleza, duración y complejidad del proceso…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

INFUNDADO

Descriptores temáticos

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN FUNDAMENTO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN ALCANCE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONCEPTO DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN OBJETO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN FINALIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN GENERALIDADES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INMUTABILIDAD DE LA SENTENCIA PRINCIPIO DE COSA JUZGADA CAUSALES DE REVISIÓN DE LA SENTENCIA SENTENCIA EJECUTORIADA REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA TERCERA INSTANCIA IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA JUEZ DEBERES DEL JUEZ FACULTADES DEL JUEZ NEGACIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA QUE PUSO FIN AL PROCESO CAUSALES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN AUSENCIA DE LA CONFIGURACIÓN DE LAS CAUSALES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INTERPOSICIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN PRESUPUESTOS DE LA NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA ALCANCE DE LA NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA NULIDAD PROCESAL NULIDAD PROCESAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CAUSALES DE NULIDAD PROCESAL CAUSALES DE NULIDAD GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO PRINCIPIO DE CONGRUENCIA CONCEPTO DE PRINCIPIO DE CONGRUENCIA FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA LÍMITES DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INFUNDADO DERECHO AL DEBIDO PROCESO DERECHO DE DEFENSA RESTITUCIÓN DEL BIEN INMUEBLE ARRENDADO RESTITUCIÓN DE BIEN INMUEBLE SOCIEDAD SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN EN CONTRA DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO SOCIEDAD ANÓNIMA COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO GESTIÓN DEL PROCESO DURACIÓN DEL PROCESO DURACIÓN DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO ENTIDAD TERRITORIAL

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Consejo de Estado 2023-09-26 Sección Tercera (Subsección C)
Procede la aprobación de la liquidación de costas realizada por la Secretaría de la Sección Tercera
Titulación de la relatoría 29.088 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / FUNDAMENTO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / ALCANCE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / CONCEPTO DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / OBJETO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / FINALIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / GENERALIDADES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / INMUTABILIDAD DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE COSA JUZGADA / CAUSALES DE REVISIÓN DE LA SENTENCIA / SENTENCIA EJECUTORIADA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / TERCERA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA / JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ Problema jurídico: ¿El recurso extraordinario de revisión es la vía adecuada para corregir los yerros probatorios de las partes procesales, para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario? Respuesta al problema jurídico: No El recurso extraordinario de revisión es una herramienta cuyo propósito es despojar del carácter inmutable y de cosa juzgada que por regla general tienen las decisiones judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la Ley 1437 de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al ordenamiento jurídico, siempre que se configure alguna de las causales taxativamente previstas en la ley. De acuerdo con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este recurso procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos. Se trata de un proceso independiente y autónomo al que dio origen a la sentencia cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una instancia adicional. En consecuencia, este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario. (…) Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el análisis de este recurso tiene interpretación restrictiva. (…) De alli entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos cases previstos en la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su procedencia o crear unos requisitos de causales distintas, dado que ello no solo desnaturalizaría la excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente contra la seguridad jurídica. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, ver, Corte Constitucional, sentencia C-090 de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía y sentencia C-871 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas. Así mismo, consultar, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 17 de julio de 2013, exp.11001-03-15-000-2012-00231-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccion C, sentencia del 18 de diciembre de 2020, exp. 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456), C.P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 185, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 248 NEGACIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA QUE PUSO FIN AL PROCESO / CAUSALES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / AUSENCIA DE LA CONFIGURACIÓN DE LAS CAUSALES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / PRESUPUESTOS DE LA NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA / ALCANCE DE LA NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA / NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / NULIDAD PROCESAL / NULIDAD PROCESAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD PROCESAL / CAUSALES DE NULIDAD / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONCEPTO DE PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / LÍMITES DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INFUNDADO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO DE DEFENSA / RESTITUCIÓN DEL BIEN INMUEBLE ARRENDADO / RESTITUCIÓN DE BIEN INMUEBLE / SOCIEDAD / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN EN CONTRA DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / SOCIEDAD ANÓNIMA Problema jurídico: ¿La sentencia del 11 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso de reparación directa interpuesto por el demandante, se encuentra incursa en la causal quinta de revisión al estar acreditados los supuestos contemplados en el artículo 250 del CPACA, por lo cual, debe declararse fundado el recurso extraordinario de revisión? Respuesta al problema jurídico: No La causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De la lectura de la norma [artículo 250 de la Ley 1437 de 2011] se desprende que la configuración de la causal necesita, de un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la sentencia y, del otro, que contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo, debido a que el legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se ha configurado una “nulidad originada en la sentencia”, ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado la que ha dotado de contenido esta disposición (…) En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado esto implica corroborar que: i) el vicio alegado se originó en la sentencia, es decir, que se materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) la anomalía es de tal magnitud que configura un defecto insanable de la actuación al punto que, de no presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta. (…) Sin embargo, en algunos casos se ha aceptado la proposición de la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia, siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el que la parte actora debe probar que efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso. (…) En cuanto a la segunda exigencia, este órgano de cierre ha señalado que son dos los grupos de anomalías que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado de la sentencia: el primero, relacionado con irregularidades que constituyen causal de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la sentencia y, el segundo, relativo a los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar en la vulneración del artículo 29 Superior. El primer grupo estaría referido entonces a las causales de nulidad procesal previstas en el CPACA, en el Código de Procedimiento Civil (CPC) o en el Código General del Proceso (CGP), siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la sentencia. El segundo, a la inobservancia de aspectos procesales de tal transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido proceso, lo cual excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos que conciernan al contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la forma de aplicación de una determinada norma. Así, según la jurisprudencia de esta Corporación y a modo enunciativo, una nulidad originada en la sentencia por circunstancias distintas a las causales de nulidad procesal previstas en el CPACA o en el Código General del Proceso puede acaecer en los siguientes eventos: i) cuando se dicta sentencia en un proceso que terminó por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo; ii) cuando el fallo aparece firmado por menor o mayor número de magistrados o cuando es adoptado con un número de votos diferente al previsto en la ley; iii) cuando el fallo viola el principio de non reformatio in pejus; iv) cuando la sentencia condena a quien no es parte dentro del proceso; v) cuando el fallo se profiere con falta de competencia o de jurisdicción; vi) cuando se dicta sentencia con pretermisión de las instancias procesales previas; vii) cuando el demandado es condenado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta; viii) cuando la sentencia carece totalmente de motivación, o ix) cuando la sentencia carece de congruencia interna o externa. En cuanto al principio de congruencia, resulta relevante indicar que éste tiene dos manifestaciones concretas: la interna, que se refiere a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia, y la externa, que propende porque la decisión contenida en su parte resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda y en su contestación , es decir, que haya identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones oportunamente presentadas, salvo por las competencias oficiosas que la ley otorga al juzgador. Lo anterior, con fundamento en el artículo 281 del Código General del Proceso que reformó el artículo 305 del CPC, aplicable por remisión normativa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011. (…) Cuando falta esa congruencia externa, se habla de decisiones ultrapetita, que tienen lugar cuando se reconoce un mayor derecho al pretendido, extrapetita cuando se reconoce un derecho no reclamado o que siendo reclamado se concede por una causa distinta al supuesto fáctico y jurídico de la demanda, o infrapetita cuando no se resuelve algún asunto debidamente planteado. De fondo, la razón por la cual procede la nulidad originada en la sentencia cuando se desconoce el principio de congruencia, es porque en estos casos el fallador excede su competencia, la que, como se ha dicho, está determinada por las pretensiones y los fundamentos de la demanda, la contestación y las excepciones propuestas y, tratándose de sentencias de segunda instancia, por lo indicado en el recurso de apelación sin perjuicio de los asuntos intrinsecos que deba resolver el fallador para resolver la litis planteada (…) En conclusión, la procedencia de la causal de nulidad originada en la sentencia de que trata el numeral 5° del articulo 250 del CPACA impone acreditar, de un lado, que el recurso se interpone contra una sentencia respecto de la cual no procede el recurso de apelación y, del otro, que el fallo a infirmar dio origen a una nulidad procesal de las que tratan las codificaciones procesales o a un defecto con implicaciones graves en la garantía del debido proceso. [En el caso concreto]. Para empezar, es claro que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) no era pasible del recurso de apelación, porque esta decisión se produjo, precisamente, al resolver la alzada formulada por la parte demandada dentro del proceso de restitución de bien inmueble arrendado, surtiendo asi las instancias que previo la ley para esa herramienta judicial. Ahora bien, la sociedad recurrente asegura que en este caso se configuro la causal de revisión debido a; i) la materialización de los supuestos de nulidad procesal previstos en los numerales 2, 5 y 6 del artículo 133 del CGP; ii) la violación del príncipio de congruencia, en tanto el Tribunal no se pronunció respecto de todos los argumentos presentados en el recurso de apelación, y iii) la violación de los derechos al debido proceso y a la defensa al haberse dictado la providencia sin participación de una de las partes (…) La sociedad recurrente sostiene que en este asunto se materializaron las causales de nulidad procesal previstas en los numerales 2, 5 y 6 del artículo 133 del CGP, debido a que, bajo el entendimiento de que la contestación de la demanda fue presentada de forma extemporánea, el proceso se surtió sin su intervención y, por ende, pretermitiendo integralmente la instancia, sin agotar la etapa probatoria y eliminando la posibilidad de presentar alegatos, asuntos a los que se refiere el artículo 133 (…) Al respecto, tal y como se indicó en el acápite de consideraciones generales de esta providencia, debe resaltarse que es requisito fundamental de la prosperidad de esta causal de revisión que la nulidad procesal alegada haya tenido lugar con la sentencia acusada o que, ocurrida antes de la expedición de la sentencia, esta no haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el que la parte actora debe probar que efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso. No obstante, la Sala encuentra que, como Io afirmo el Ministerio Publico, las anomalías a las que alude la recurrente, de haberse presentado, no habrían tenido lugar con la expedición de la sentencia objeto de revisión sino en una etapa anterior, específicamente en el fallo de primera instancia. En efecto, fue el Juzgado Primero Administrativo Oral de Duitama el que. en la providencia dictada el trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), concluyo que la contestación de la demanda se había presentado por fuera de la oportunidad legal correspondiente, y fue a partir de esa consideración que determino que resultaba del caso dar aplicación al numeral 3 del artículo 384 del CGP, dictando sentencia de plano ante la ausencia de oposición. De hecho, la apelacion del fallo de primera instancia presentada por la sociedad (…) se estructuro alrededor de esas situaciones en particular, mediante un escrito en el que la recurrente expuso las razones por las cuales consideraba, de un lado, que la contestación si se había radicado en tiempo bajo su entendimiento particular y subjetivo del alcance de las ordenes contenidas en el auto admisorio de la demanda y de las normas que resultaban aplicables a este asunto, y, del otro, que la actuación del Juzgado había afectado sus derechos de contradicción y defensa. Así las cosas, es claro que los alegados vicios no se habrían presentado en la sentencia objeto de revisión sino en una oportunidad procesal anterior, estando acreditado, además, que la sociedad recurrente tuvo la oportunidad de presentar dentro del trámite ordinario los argumentos que sustentaban su desacuerdo con la decisión adoptada por el Juzgado, para que se decidiera respecto de ellos. Cosa distinta es que el ad quem no haya aceptado esas alegaciones y que, por consiguiente, haya procedido a confirmar la decisión adoptada en primera instancia. En cualquier caso, la Sala debe precisar que ninguna de las causales de nulidad procesal alegadas estaría configurada en el caso concrete, debido a que no se pretermitió Instancia procesal alguna ni tampoco se omitió la oportunidad legal para la solicitud, decreto o práctica de pruebas o para alegar de conclusión; en realidad, la forma como se desarrolló el proceso en primera instancia fue simplemente la consecuencia de dar aplicación al numeral 3 del artículo 384 del CGP, el cual prev6 que, ante el silencio de la contraparte, el juez dictara sentencia ordenando la restitución‘‘2. Además, es claro que aquí no se pretermitieron las instancias legales, pues las dos fueron agotadas de conformidad con las reglas aplicables al asunto. En ese sentido, de Io que se trata es de que la recurrente, al no compartir las consideraciones que llevaron al Juzgado a dar por no contestada la demanda y aplicar el tramite sumarlo previsto en la ley para esos casos, así como las razones del Tribunal para confirmar esa decisión, pretende controvertirlas a través de esta herramienta judicial extraordinaria, Io cual desborda su propósito, pues aquella no se erige como una tercera instancia o una nueva oportunidad para debatir las decisiones judiciales que sean adversas a los intereses de quien recurre. (…) Ahora bien, la sociedad recurrente también afirma que el Tribunal profirió una sentencia incongruente, habida cuenta que omitió pronunciarse sobre los argumentos del recurso de apelación, en especial, los relacionados con: i) el alcance de Io ordenado en los numerales tercero y cuarto del auto admisorio de la demanda y la supuesta variación por parte del Juzgado en el compute del término de contestación de la demanda; ii) la aplicación del artículo 199 del CPACA al caso concrete debido a la integración de que trata el artículo 306 ibidem; iii) la configuración de las causales de nulidad procesal alegadas en el recurso de apelación (numerales 5° y 8° del articulo 133 del CGP), y iv) la existencia de un proceso similar en el que el Juzgado Primero administrativo Oral de Duitama declaro la nulidad absoluta de un contrato de arrendamiento que tuvo origen en la misma convocatoria pública, en tanto a la sociedad recurrente se le ordeno el pago de los cánones supuestamente adeudados. Como se indicó al precisar los alcances de la causal de nulidad originada en la sentencia, tratándose de fallos de segunda instancia corresponde al juez armonizar su decisión con Io pedido en la sustentación de la apelación, so pena de que la sentencia se repute incongruente. una tercera instancia o una nueva oportunidad para debatir las decisiones judiciales que sean adversas a los intereses de quien recurre. En este caso, sin embargo, de la revisión de la sentencia acusada la Sala encuentra que no es cierto que el Tribunal administrativo de Boyacá haya omitido pronunciarse sobre los argumentos que la sociedad recurrente presento en el recurso de apelación, pues, por el contrario, Io que se acredito es que dicha autoridad judicial explico con claridad y suficiencia las razones por las que considero que no era posible acoger las tesis propuestas en la impugnación. Asi, respecto del primer y segundo argumento, de acuerdo con los cuales el Tribunal no analizo la literalidad de Io ordenado en el auto admisorio de la demanda ni el supuesto cambio intempestivo de las reglas fijadas por el Juzgado, asi como la posibilidad de aplicar el articulo 199 del CPACA al proceso de restitución, Io que se advierte es que la autoridad de segunda instancia no solo si analizo expresamente estos asuntos sino que explico de manera suficiente las razones por las que no era posible acceder a Io pedido por la recurrente. (…) Nótese entonces como el Tribunal analizo de manera expresa y especifica tanto el alcance de las ordenes emitidas por el Juzgado como los argumentos de la recurrente, para luego concluir que no era posible aplicar las normas del CPACA y, en especial, el artículo 199 de ese Estatuto, como lo solicito la sociedad (…). en el escrito de apelación de la sentencia de primera instancia (…) Lo propio sucedió frente a la consideración de que en el proceso ordinario se habrían configurado las causales de nulidad procesal previstas en los numerales 5’ y 8° del articulo 133 del CGP (…) Pero, ademas, el fallador de segunda instancia analizo de fondo los supuestos facticos alegados por la sociedad (…) como fundamento de la supuesta nulidad (…) En este contexto, no puede predicarse que la sentencia haya omitido pronunciarse sobre los argumentos del recurso de apelación en Io que a las causales de nulidad procesal concierne (…) En este punto, debe resaltarse que. de conformidad con Io reglado en el artículo 328 del CGP, es la apelación la que fija el marco dentro del cual podía pronunciarse el Tribunal y, de contera, los parámetros para el análisis de congruencia de la decisión (…) adoptada en segunda instancia, y no las alegaciones tardías que hubieran podido formularse en instrumentos como los alegatos de conclusión (…) Asi las cosas, huelga concluir entonces que el ad quern si examino y analizo todos los cargos planteados en la alzada, de manera que el cargo por incongruencia no está llamado a prosperar. (…) Finalmente y en cuanto al argumento relacionado con la alegada vulneración de los derechos al debido proceso y a la defensa por tramitar el proceso sin la participación de la contraparte, la Sala encuentra que esta censura tampoco se encuentra debidamente acreditada, toda vez que, como se indicó en precedencia, esa decisión, lejos de ser arbitraria o caprichosa, se sustentó en el carácter extemporáneo de la contestación de la demanda radicada por (…). y a la aplicación de las consecuencias que previo el legislador para estos eventos, al tenor de Io previsto en el numeral 3 del artículo 384 del CGP. En consecuencia, para la Sala este cargo tampoco está llamado a prosperar. (…) En suma, por todo Io anteriormente expuesto, es claro que el presente recurso deberá declararse infundado, al no estar acreditados los supuestos que dan lugar a la causal de revisión invocada NOTA DE RELATORÍA: Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, exp.11001031500020170251900, C.P. Nicolás Yepes Corrales; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2019, exp. 11001333103520080018001, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, exp. 11001031500020140309300, C.P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2018, exp. 11001032500020150099600, C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N. 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, exp. 11001031500020140309300, C.P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N 13, sentencia del 7 de junio de 2016, exp. 11001031500020150249300, C.P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N. 26, sentencia del 3 de febrero de 2015, exp.11001031500019980015701, C.P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sala Especial No. 26, sentencia del 3 de febrero de 2015, exp. 11001031500020110163900, C.P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N. 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, exp. 11001031500020150234200, C.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N. 2, sentencia del 1 de octubre de 2019, exp. 11001031500020130221600, C.P. Cesar Palomino; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, exp. 11001031500020070065300, C.P. Jesús María Lemos; sentencia del 4 de agosto de 2015, exp. 110010315000201300702-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez; sentencia del 1 de noviembre de 2016, exp. 11001031500020120023000, C.P. Víctor Hernando Alvarado; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N.15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, exp. 11001031500020180141500, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; Consejo de Estado, sentencia del 3 de febrero de 2015, exp. 11001031500020090049400, C.P. Marta Teresa Briceño; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de abril de 2015, exp. 20083531900; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N. 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, exp. 110010315000201502342; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N. 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, exp. 11001031500020140309300, C.P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N. 4, sentencia del 23 de julio de 2019, exp. 11001031500020180434500, C.P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N. 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, exp. 11001031500020140309300, C.P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2019, exp. 11001032500020130023300, C.P. Gabriel Valbuena; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2019, exp. 11001032500020140032500, C.P. Luis Rafael Vergara; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión, N.15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, exp. 11001031500020180141500, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 1 de marzo de 2018, exp. 11001032500020130083800, C.P. Gerardo Arenas Monsalve; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de agosto de 2021, exp. 11001032600020190010000 (64246), C.P. María Adriana Marín y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002, exp. 76001232400019970434501, C.P. Juan Ángel Palacio; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N. 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, exp. 11001031500020140309300, C.P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2018, exp. 11001032500020150099600, C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N. 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, exp. 11001031500020140309300, C.P. Guillermo Sánchez Luque y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2021, exp. 11001-03-26-000-2019-00143-00, C.P. María Adriana Marín. De igual forma, consultar, sentencia C-537-16 de 5 de octubre de 2016, M.P. Cristina Pardo. Así mismo, ver, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 1 de marzo de 2016, exp.11001020300020120212600 (SC4415-2016), M.P. Ariel Salazar. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 305, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 199, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 250 NUMERAL 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 133 NUMERAL 2, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 133 NUMERAL 5, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 133 NUMERAL 6, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 133 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 384 NUMERAL 3 NEGACIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / GESTIÓN DEL PROCESO / DURACIÓN DEL PROCESO / DURACIÓN DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INFUNDADO / MUNICIPIO / ENTIDAD TERRITORIAL / SOCIEDAD ANÓNIMA Problema jurídico: ¿Debe condenarse en costas procesales y agencias en derecho a la parte recurrente atendiendo a la naturaleza, duración y complejidad del proceso, en cuanto se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión? Respuesta al problema jurídico: Si Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión de la referencia se formuló cuando ya estaba en vigencia Ley 2080 de 2021, para resolver sobre las costas debe darse aplicación al texto del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con las modificaciones que introdujo dicha legislación, en concordancia con lo que sobre el punto dispone el Código General del Proceso. (…) Bajo este entendido, esta Sala condenará en costas a la parte recurrente y ordenará a la Secretaría de la Sección Tercera que proceda con la respectiva liquidación, teniendo en cuenta las reglas previstas en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, en particular, aquella que establece que en el expediente debe aparecer que se causaron “y en la medida de su comprobación”. En Io que respecta a las agendas en derecho y al encontrarse acreditada la labor defensiva en la que incurrió el municipio de Paipa, de conformidad con los parámetros establecidos en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 (…) la Sala impondrá condena por ese concepto por la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (smimv) a favor dicha entidad territorial, atendiendo a la naturaleza, duración y complejidad del proceso. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 104554 DE 2016 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 9, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 255, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000202100217001100103