Titulación de la relatoría 18.187 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA OBJETIVA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer asuntos mediante el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación” (se destaca). Por su parte, el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 dispone, en su numeral 9, que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de las demandas de repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, “cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y siempre que la competencia no esté asignada al Consejo de Estado”. En el caso bajo estudio, la pretensión del medio de control de repetición se estimó en la suma de $2.832’000.00026, la cual superó los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año en que se presentó la demanda27 . En definitiva, se tiene competencia para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo en un proceso de repetición con vocación de doble instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152
CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
En lo relacionado con el término de caducidad para demandar en repetición, existen dos situaciones a partir de las cuales aquel empieza a contabilizarse y se debe acoger la que primero ocurra: a partir del día siguiente de aquel en que se efectúe el pago o desde el vencimiento de los 10 meses que establece el inciso 2º del artículo 192 del CPACA. Le corresponde a la Sala definir desde qué momento se debe contabilizar el término de caducidad en el asunto de la referencia, para lo cual se debe verificar cuál de los dos eventos mencionados ocurrió primero. La condena que sirve de base de las pretensiones de repetición fue la proferida el 24 de abril de 2014 por el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las controversias surgidas entre el municipio de Bucaramanga y la sociedad Consultorías, Inversiones y Proyectos Ltda., con ocasión del contrato de consultoría número 114, celebrado el 12 de marzo de 2010. Contra esa decisión, el municipio de Bucaramanga interpuso recurso extraordinario de anulación; el que fue resuelto por la Sección Tercera de esta Corporación el 12 de marzo de 2015; oportunidad en la que se declaró infundado el recurso y se levantó “la suspensión de lo resuelto en el laudo arbitral proferido el 24 de abril de 2014”. Se evidencia que la sentencia del 12 de marzo de 2015 fue notificada por edicto31 , que se fijó entre el 23 y el 27 de abril de la misma anualidad y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del CGP, cobró ejecutoria el 4 de mayo de 2015, tres días después de su notificación. Entonces, los 10 meses se cumplieron el 5 de marzo de 2016. Por su parte, el municipio de Bucaramanga completó el pago el 23 de enero de 2017, día en que se realizó el último desembolso, es decir, después de los 10 meses previstos en el artículo 192 del CPACA. Así las cosas, el término de caducidad corrió desde el 6 de marzo de 2016 hasta el 6 de marzo de 2018 y la demanda se presentó antes del vencimiento de dicho término, el 30 de octubre de 2017. Lo expuesto permite concluir que el medio de control de repetición se ejerció dentro de la oportunidad legal prevista para ello.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192 INCISO 2, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 302
MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El recurso de apelación determina el marco de competencia del juez de segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander encontró acreditado que el municipio de Bucaramanga fue condenado, en un laudo arbitral, a indemnizar los perjuicios causados por el incumplimiento del contrato número 114 de 2010; que esa entidad territorial pagó la suma de $2.844’887.000 en favor de la sociedad CIP Ltda. -correspondiente al monto de la condena más los intereses - y que Álvaro Antonio Ramírez Herrera y Clemente León Olaya se desempeñaron como secretarios de infraestructura en la alcaldía de Bucaramanga; el primero, desde el 27 de mayo de 2009 hasta el 2 de enero de 2012 y el segundo, del 5 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, en su criterio, la “causa principal” por la que se condenó al municipio de Bucaramanga fue porque el entonces alcalde “no formaliz[ó] los fondos presupuestales necesarios”, lo que generó “el abandono de la ejecución contractual”, y no las conductas de Álvaro Antonio Ramírez Herrera y/o de Clemente León Olaya. Esa última conclusión fue la que cuestionó la entidad territorial. La competencia de la Sala para pronunciarse en este asunto no es plena, sino que está sujeta a los razonamientos de inconformidad invocados en el recurso de apelación. El ente territorial recurrente planteó que el Tribunal Administrativo no valoró que las comunicaciones que envió la sociedad CIP Ltda. a Álvaro Antonio Ramírez Herrera y Clemente León Olaya no fueron contestadas por ellos, pese a que en dicha circunstancia se apoyó el Tribunal de Arbitramento para declarar el incumplimiento contractual. Por ese motivo, el recurrente concluyó que el daño antijurídico sí tuvo su origen en las conductas de los demandados. Como los demás requisitos para la prosperidad de la acción de repetición se encontraron acreditados en primera instancia y ese aspecto no fue cuestionado en el recurso de apelación que aquí se decide, no hay lugar a efectuar ningún análisis al respecto
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / IMPUTACIÓN DEL DAÑO / FINALIDAD DE LA IMPUTACIÓN PARCIAL / SUPERIOR JERÁRQUICO / RESPONSABILIDAD DEL SUPERIOR JERÁRQUICO / FUNCIONES DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / FUNCIONES DEL EMPLEADO PÚBLICO / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA PRIVATIVA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuando hay varios demandados en repetición, cómo se estudia el grado de participación con el fin de atribuir la responsabilidad a múltiples personas en razón de la distribución de funciones y jerarquías dentro de la institución pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se recuerda que la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-354 de 2020 indicó que pueden presentarse eventos en los que la responsabilidad sea atribuible a múltiples personas “en razón de la distribución de funciones y jerarquías dentro de la institución pública” y que, en esos eventos, los jueces de repetición deben determinar el grado de participación de los demandados en los hechos que dieron lugar al daño, teniendo en cuenta las conductas de los agentes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-354 de 2020.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES / CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / AUSENCIA DEL DOLO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿Está probado que el daño causado por el cual la entidad tuvo que pagar una indemnización se dio por las conductas de los exfuncionarios vinculados en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[N]o le asiste razón al ente territorial recurrente, pues no es cierto que los ahora demandados omitieron cada una de las comunicaciones que le fueron remitidas por la sociedad CIP Ltda., así como tampoco se probó que incumplieron con los “deberes propios de su cargo” como secretarios de infraestructura de Bucaramanga y supervisores del contrato número 114 de 2010. En los términos pactados en el contrato de consultoría número 114, la supervisión consistía en la vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa, financiera y contable, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en este caso, la “evaluación y estructuración técnica, legal y financiera de un mecanismo para la realización del diseño final, gestión ambiental, gestión predial, construcción, rehabilitación, mantenimiento y operación de la troncal Metropolitana Norte - Sur en la ciudad de Bucaramanga”. En este sentido, la función de los aquí demandados -como supervisores del contrato mencionado- fue ejecutada, en la medida en que sí se cumplió con el objeto contratado y de ello dan cuenta no solo los informes enviados por la sociedad CIP Ltda. para la estructuración del proyecto de la troncal metropolitana –que fueron relacionados en el acápite probatorio-, sino que el municipio pagó el costo fijo del contrato, la suma de $40’679.072, correspondiente a la “fase 0” y a la “etapa 1 fase 1”. Así lo dijo Clemente León Olaya, como secretario de infraestructura de Bucaramanga, en la comunicación que envió a la sociedad CIP Ltda. el 6 de mayo de 2013, oportunidad en la que consignó que el “contratista ya había recibido el costo fijo del contrato, el cual correspond[ía] a la ejecución contractual ya desplegada”. No sobra agregar que, aunque para la ejecución del objeto contratado fueron necesarias tres prorrogas, no se probó que fueron requeridas porque los aquí demandados omitieron suministrar información y/o documentación al consultor para el cabal cumplimiento del contrato número 114. Incluso, en una de las comunicaciones de la sociedad CIP Ltda., en la que solicitó una “extensión del plazo”, fundamentó su petición en el hecho de que se estaban adelantando “visitas y reuniones consultivas” en el Inco, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación y elevando “consultas formales y específicas” en el Ministerio de Transporte, Inco, la Contraloría General de la República, “con el objetivo de asegurar un escenario jurídico idóneo para el desarrollo del proyecto”; también soportó la prórroga en que “del texto definitivo del estatuto anticorrupción podría ser necesario efectuar ajustes a los documentos producto de la estructuración”. (...) En definitiva, en este caso el municipio de Bucaramanga no aportó pruebas que demostraran que el daño por el cual debió pagar la indemnización impuesta en el laudo del 24 de abril de 2014 tuvo su origen en las conductas de los exfuncionarios vinculados a este proceso, lo que le permite a la Sala establecer que Álvaro Antonio Ramírez Herrera y Clemente León Olaya carecen de legitimación material en la causa por pasiva, conclusión que se reforzará en el siguiente acápite.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / DOLO / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / CULPA GRAVE / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / DAÑO ANTIJURÍDICO / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos constitucionales que deben tener en cuenta los funcionarios judiciales para resolver las demandas de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e pone de presente que en la sentencia de unificación SU-354 de 202080 la Corte Constitucional fijó los presupuestos constitucionales que debían ser tenidos en cuenta por los funcionarios judiciales al resolver las demandas de repetición; entre ellos, que la atribución del daño antijurídico al agente, a título de dolo o culpa grave, implicaba probar dos aspectos ante el juez contencioso administrativo, al margen del análisis efectuado en la providencia de responsabilidad del Estado: el primero, que “el daño antijurídico hubiese tenido su origen en una acción u omisión del demandado”; y el segundo, que tal actuación, “conforme a la normatividad vigente para la época en que se presentó el daño antijurídico estuvo dirigida a la realización de un hecho ajeno a las finalidades del Estado (dolo), o es calificable como una infracción directa a la Constitución o a la ley o una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones (culpa grave)”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Constitucional, sentencia de unificación SU-354 de2020.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ALCALDE MUNICIPAL / AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS
Problema jurídico:
¿Es el alcalde municipal de Bucaramanga quien debió ser demandado en repetición para responder por el daño causado por no realizar los trámites requeridos para obtener los recursos necesarios para la ejecución del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Tribunal Administrativo de Santander concluyó que la “causa eficiente” por la que se condenó al municipio de Bucaramanga consistió en que no se realizaron “los trámites requeridos para obtener los recursos necesarios”, lo que “gener[ó] el abandono en su ejecución contractual”, a lo que advirtió que “la obligación de formalizar los fondos presupuestales necesarios para continuar con la adición y modificación del contrato recaía (…) en el alcalde de Bucaramanga”, de conformidad con el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994 y lo dispuesto en el acuerdo municipal número 065 del 28 de diciembre de 2010; conclusión que comparte la Sala, como se verá a continuación. En el expediente está probado que, para la estructuración financiera del proyecto de la troncal Metropolitana norte - sur en la ciudad de Bucaramanga, el 15 de julio de 2010, el entonces secretario de hacienda del municipio de Bucaramanga – persona diferente a los aquí demandados-, en una reunión con la sociedad CIP Ltda, se comprometió a presentar el proyecto ante el “Concejo de la ciudad para la aprobación de las vigencias futuras correspondientes y determinar el monto de la inversión (obra civil, predios y planes de manejo) que pueden ser efectuados con dichos recursos”, porque para la ejecución de esa carretera “se requería la suma de $240.097.479,183” y no se contaba “con apropiación presupuestal para la presente vigencia para financiar el proyecto”. Así quedó consignado en el acta de reunión número 002 de 2010. (...) Llama la atención de esta Sala que cuando el municipio de Bucaramanga interpuso recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral, con fundamento en la causal 9a del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, puso de presente que “el CONTRATO No 114 de 2010 (…) no se llevó a cabo, por (…) la imposibilidad de los recursos para abrir el proceso licitatorio para concesionar el proyecto, encontrándonos ante una situación imprevisible (…)” (se destaca). De conformidad con el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, las vigencias futuras, necesarias para financiar el proyecto, debían ser gestionadas por el alcalde de Bucaramanga ante el Concejo Municipal, norma que encuentra respaldo en lo que dispone el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política8. Aunque en primera instancia la negativa de las pretensiones de la demanda devino de la falta de acreditación del elemento subjetivo, toda la argumentación estuvo orientada, en realidad, a determinar que [los demandados] carecían de legitimación en la causa por pasiva, porque la demanda debió formularse en contra del entonces alcalde de Bucaramanga.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INTERÉS PÚBLICO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas en el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, establece: Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal (se destaca). De la lectura de la norma se desprende que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, excepto en los procesos en que se ventilan intereses públicos. El proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la protección del patrimonio público. Sobre este particular, la Corte Constitucional ha señalado: (…) es importante resaltar que la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política (…) (se destaca). Pues bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA y en razón a que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, en este caso no habría lugar a condenar en costas a la parte vencida, es decir, a la parte actora. Ese criterio ha sido reiterado por esta Subsección en múltiples pronunciamientos.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47
Texto extraído del PDF oficial 86.463 caracteres
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)
RADICACIÓN: 68001-23-33-000-2017-01350-01
NO. INTERNO: 68.019
ACTOR: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
DEMANDADO: ÁLVARO ANTONIO RAMÍREZ HERRERA Y OTRO
REFERENCIA: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Temas: DEMANDA DE REPETICIÓN/ VERIFICACIÓN DE LOS P RESUPUESTOS DE
PROSPERIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN - está sujeta a los argumentos del
recurso de apelación / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - el daño
antijurídico no tuvo su origen en las conductas omisivas de los demandados
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por l a entidad
territorial demandante en contra de la sentencia fechada el 23 de septiembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda1.
I. SÍNTESIS DEL CASO
En laudo del 24 de a bril de 2014 , el Tribunal de Arbitramento constituido para
dirimir las controversias surgidas entre el municipio de Bucaramanga y la
sociedad Consultorías, Inversiones y Proyectos Ltda., con ocasión del contrato de
consultoría número 114, celebrado el 12 d e marzo de 2010 , declaró que el
municipio incumplió ese contrato y lo condenó a pagar, en favor de la sociedad
mencionada, la suma de $2’832.000.000, a título de indemnización de perjuicios.
Por lo anterior, el municipio de Bucaramanga demandó en repeti ción a Álvaro
Antonio Ramírez Herrera y Clemente León Olaya, quienes, en su condición de
1 En la sentencia, que obra a folios 2.101 a 2.107 del cuaderno del Consejo de Estado, se resolvió
lo siguiente:
PRIMERO: DENIÉGASE las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en esta
providencia.
SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa
de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de origen, previas
constancias de rigor en el sistema Justicia XXI.
Radicación: 680012333000201701350 01 (68.019)
Actor: Municipio de Bucaramanga
Demandado: Álvaro Antonio Ramírez Herrera y otro
Referencia: Medio de control de repetición
2
secretarios de infraestructura de Bucaramanga , habrían sido los supervisores de
ese contrato.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
En escrito presentado el 30 de octubre de 20172, el municipio de Bucaramanga ,
por conducto de apoderado judicial, formuló demanda de repetición contra Álvaro
Antonio Ramírez Herrera y Clemente León Olaya, con el fin de que se le s
condenara a reintegrar la suma de $2.832’000.000, la cual tuvo qu e pagar en
favor de la sociedad Consultorías Inversiones y Proyectos Ltda., en cumplimiento
de la condena impuesta en el laudo del 24 de abril de 2014, proferido por el
Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las controversias surgidas entre
el municipio de Bucaramanga y la sociedad Consultorías, Inversiones y Proyectos
Ltda., con ocasión d el contrato de consultoría número 114, celebrado el 12 de
marzo de 2010.
En concreto, el municipio de Bucaramanga solicitó que se efectuar an las
siguientes d eclaraciones y condenas (se transcribe de forma literal, incluso con
posibles errores)3:
PRIMERA: Que se declare que, con ocasión de la conducta gravemente
culposa y la omisión a los deberes propios del cargo de Secretario de
Infraestructura del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA , el señor ÁLVARO
ANTONIO RAMÍREZ HERRERA es responsable de la condena impuesta al
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA por el Tribunal de Arbitramento del Centro
de Conciliación y Amigable Composición de la Universidad Cooperativa de
Colombia en LAUDO ARBITRAL de fecha 24 de abril de 2014, por medio del
cual se condenó al ente territorial al pago de la suma de DOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES ($2.832’000.000) a favor de la
SOCIEDAD CONSULTORÍAS INVERSIONES Y PROYECTOS LTDA.
SEGUNDA: Que se declare que, con ocasión de la conducta gravemente
culposa y la omisión a los deberes propios del cargo de supervisor del
contrato de consultoría No. 114 de 2010, el señor CLEMENTE LEÓN OLAYA
es responsable de la condena impuesta al MUNICIPIO DE BUCARAMAN GA
por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación y Amigable
Composición de la Universidad Cooperativa de Colombia en LAUDO
ARBITRAL de fecha 24 de abril de 2014 , por medio del cual se condenó al
ente territorial al pago de la suma de DOS MIL O CHOCIENTOS TREINTA Y
DOS MILLONES ($2.832.000.000) a favor de la SOCIEDAD
CONSULTORÍAS INVERSIONES Y PROYECTOS LTDA ., por concepto de
indemnización y gastos del proceso.
TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, los
señores ÁLVARO AN TONIO RAMÍREZ HERRERA Y CLEMENTE LEÓN
2 Folio 86 del cuaderno de primera instancia.
3 Folio 3 del cuaderno de primera instancia.
Radicación: 680012333000201701350 01 (68.019)
Actor: Municipio de Bucaramanga
Demandado: Álvaro Antonio Ramírez Herrera y otro
Referencia: Medio de control de repetición
3
OLAYA deberán pagar al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, la suma de DOS
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES ($2.832’ 000.000), más la
corrección monetaria desde el día de enero de 2017 hasta la fecha en que se
haga efectiva la obligación.
Como fundamentos fácticos de la demanda, en síntesis, se narraron los
siguientes:
El 12 de marzo de 2010, la sociedad Consultorías, Inversiones y Proyectos Ltda. -
en adelante CIP Ltda. - y el municipio de Bucaramanga suscribieron el contrat o
número 114, cuyo objeto consistía en la “evaluación y estructuración técnica, legal
y financiera de un mecanismo para la realización del diseño final, gestión
ambiental, gestión predial, construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación
de la troncal metropolitana Norte - Sur en la ciudad de Bucaramanga".
Se narró que la sociedad CIP Ltda., durante la ejecución del contrato , envió
diferentes comunicaciones al municipio de Bucaramanga, en concreto, a Álvaro
Antonio Ramírez Herrera y a Clemente León Olaya, quienes fungieron como
secretarios de infraes tructura del municipio de Bucaramanga y supervisores d el
contrato número 114 de 2010, pero que ninguna de estas fue atendida por los
entonces funcionarios.
La sociedad CIP Ltda. presentó demanda ante el centro de Conciliación, Arbitraje
y Amigable Composición de la Universidad Cooperativa de Colombia. Mediante
laudo del 24 de abril de 2014, un Tribunal de Arbitramento -que se constituyó para
dirimir esa controversia - declaró que el municipio de Bucaramang a incumplió el
contrato número 114 de 2010, y ordenó el pago de una indemnización por el valor
de $2.832’000.000, en favor de la sociedad ya mencionada.
Según la demanda, Álvaro Antonio Ramírez Herrera y Clemente León Olaya
actuaron con culpa grave, porque omitieron los “ deberes propios de su cargo ”
como secretarios de infraestructura de Bucaramanga y supervisores del contrato
número 114 de 2010. Se indicó que fue la falta de respuesta a las comunicaciones
remitidas por la sociedad CIP Ltda. lo que dio lugar a que el Tribunal de
Arbitramento declarara que el municipio de Bucaramang a incumplió el negocio
jurídico mencionado. A continuación, lo que se consignó, de forma textual, en la
demanda (se transcribe de forma textual, incluidos posibles errores)4:
4 Folio 6 del cuaderno de primera instancia.
Radicación: 680012333000201701350 01 (68.019)
Actor: Municipio de Bucaramanga
Demandado: Álvaro Antonio Ramírez Herrera y otro
Referencia: Medio de control de repetición
4
En ese sentido, en ta nto el factor de culpa grave que incidió en el
incumplimiento contractual definido por e l Tribunal, se encuentra en las
omisiones de aquella persona a quien estaban dirigidas dichas
comunicaciones de las que no se probó hay a existido re spuesta (…), la
calificación de esa conducta dentro del mencionado incumplimiento, recae
necesariamente sobre las personas que debieron informar a Consultorías,
Proyectos e Inversiones sobre los pormenores de la ejecución del contrato, en
este caso, el ing . Álvaro Antonio Ramírez Herrera y el ing Clemente León,
quienes se desempeñaron como secretarios de infraestructura y actuaron
como supervisores del contrato para la época de los hechos.
De ese modo, probado esta que la conducta gravemente culposa a la que se
hizo referencia en este acápite de los ex servidores públicos, Álvaro Antonio
Ramírez Herrera y Clemente León, fueron las causa s que origin aron la
condena impuesta al municipio de Bucaramanga dentro del laudo arbitr al de
fecha 24 de abril de 2014 y solicito respetuosamente se ac ceda a las
pretensiones que aquí se solicitan.
2. Trámite en primera instancia
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Santander5, a través
de auto del 6 de diciembre de 2017 ; decisión que fue debidamente notificada a
Álvaro Antonio Ramírez Herrera, a Clemente León Olaya6 y al Ministerio Público7.
Álvaro Antonio Ramírez Herrera , en su escrito de contestación de la demanda,
indicó que sí realizó actos propios de su cargo como secretario de i nfraestructura
y que no era responsable de la condena impuesta al municipio de Bucaramanga
en el laudo arbitral del 24 de abril de 2014.
Señaló que, aun cuando existieron solicitudes por parte de la empresa CIP Ltda.,
las mismas quedaron absueltas en las reuniones del co mité supervisor; al menos
hasta el 2 de enero de 2012, fecha en la que dejó el cargo de secretario de
infraestructura del municipio de Bucaramanga.
Propuso como excepción la que denominó “ inexistencia de nexo causal para
imputar responsabilidad”8
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.