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Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-05-31
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 08001233100020110131401
ACCION CONTRACTUAL
¿El recurso de apelación determina el marco de competencia del juez de segunda instancia cuando hay apelante único? Sí
El juez de segunda instancia debe limitar su competencia al marco establecido por el recurso de apelación presentado por el apelante único, conforme al artículo 328 del Código General del Proceso, que reitera la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado. En el caso de controversias contractuales, la jurisdicción contenciosa administrativa es competente para resolver disputas sobre la legalidad de actos administrativos contractuales que imponen multas en contratos de concesión, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. El cómputo del término de caducidad para acciones de controversias contractuales se inicia desde la fecha en que el acto administrativo demandado cobró firmeza, como lo establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. Para contratos de concesión celebrados por entidades del Estado, la normativa aplicable es la del Estatuto General de Contratación y la normatividad específica del servicio público de transporte masivo de pasajeros, según la naturaleza y composición accionaria de la entidad concesionaria.síntesis automática
También resuelve:
¿Es competente la jurisdicción contenciosa administrativa para resolver la controversia por la declaración de nulidad del acto administrativo contractual que impone multa en el marco de un contrato…
¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando en la demanda se solicita la declaración de nulidad del acto administrativo contractual que…
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable al contrato de concesión suscrito por una Empresa Industrial y Comercial del Estado (“EICE”) que tiene por objeto el transporte público masivo de pasajeros?
Colombia Compra Eficiente
Concepto
Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta con participación estatal superior al cincuenta por ciento, sus filiales y las sociedades entre entidades públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
C-1000 de 2026
2026-08-05
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a las sociedades de participación mayoritaria estatal que desarrollan actividades en competencia para contratar esquemas de participación privada?
El contratista debe cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, independientemente del régimen contractual que adopte, lo que implica que las sociedades de participación mayoritaria estatal que desarrollan actividades en competencia con el sector privado deben regirse por las normas específicas del sector en el que operan, como el Estatuto Nacional de Transporte para el transporte ferroviario. Esto significa que aunque estas entidades pueden optar por contratar esquemas de participación privada bajo su propio régimen contractual, no pueden desplazar o modificar las normas sectoriales que regulan sus actividades, como los requisitos de habilitación y permiso de operación. La entidad contratante debe verificar y consignar en los estudios y documentos previos el cumplimiento de estos requisitos, y su determinación de la modalidad contractual debe responder a los principios que rigen los regímenes especiales de contratación, lo que implica que la sola habilitación para contratar esquemas de participación privada no garantiza su adecuación y conveniencia.síntesis automática
También resuelve:
Transporte ferroviario: Ley 336 de 1996, habilitación y permiso de operación
Servicio público de transporte: Decreto 1079 de 2015, título habilitante
Planeación: Ley 1150 de 2007, Artículo 13
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-12-01
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 76001233300020240033001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En el seguro de cumplimiento como garantía de las obligaciones derivadas de un contrato estatal, la prescripción ordinaria es aplicable a todo interesado que tenga o haya debido tener conocimiento del siniestro? Sí
El contratista debe cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato estatal, y en caso de incumplimiento, la entidad estatal como beneficiaria del seguro de cumplimiento tiene la obligación de reconocer el siniestro y notificarlo al asegurador dentro del término legal. Según el artículo 1081 del Código de Comercio, la acción derivada del contrato de seguro prescribe ordinariamente en dos años desde que el interesado tuvo o debió tener conocimiento del siniestro. La entidad estatal, al tener la responsabilidad de supervisar el cumplimiento del contrato, debe actuar con diligencia y notificar cualquier incumplimiento en tiempo y forma. Si la entidad estatal conoce del siniestro pero no lo notifica oportunamente, la prescripción puede ocurrir antes de que el asegurador pueda actuar, lo que implica que la entidad estatal debe ser diligente en su vigilancia y control del contrato para evitar la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.síntesis automática
También resuelve:
¿La prescripción del contrato de seguro no solo se cuenta desde que el interesado conoce el siniestro sino también desde cuando debió haberlo conocido?
¿El término de los dos años que prevé la norma ya había fenecido para el momento en que se emitió la resolución que declaró ocurrido el siniestro de incumplimiento y, por ende…
¿No se discute la responsabilidad del contratista frente a la aseguradora derivado del contrato sino la extinción del derecho del asegurado a cobrarle a la compañía de seguros?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La contratación de infraestructura de transporte masivo por entidades estatales se sujeta al Estatuto General de Contratación por tratarse de actividades de interés general.
Sentencia — Sentencia
2026-09-07
Sección Tercera (Subsección A)
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Rad. 25000232600020100014401
ACCION CONTRACTUAL
¿El proceso de selección adelantado por TRANSMILENIO S.A. para contratar el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del sistema de transporte masivo debía someterse a los principios y reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, pese a que la entidad se encuentra sometida al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, por tratarse de una actividad ajena a escenarios de competencia o mercado regulado, vinculada al cumplimiento de cometidos estatales? Sí
Las entidades estatales descentralizadas sometidas al régimen de empresa industrial y comercial se sujetan a los principios y reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública cuando celebran contratos relacionados con actividades de interés general ajenas al mercado competitivo. El proceso de selección adelantado para contratar el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del sistema de transporte masivo persigue cometidos estatales esenciales. Por consiguiente, la actuación contractual debe regirse por la normativa pública de contratación para garantizar la libre competencia y el cumplimiento de los fines del Estado, apartándose del régimen privado cuando el objeto contractual compromete bienes y servicios de uso público.síntesis automática
También resuelve:
¿La demanda presentada en ejercicio de la acción contractual, mediante la cual se solicitó la nulidad de los actos precontractuales…
¿El pliego de condiciones exigió una experiencia general y específica mínima del director del proyecto y de los ingenieros residentes como requisito habilitante y, simultáneamente…
¿El tiempo durante el cual el director del proyecto participó en la etapa precontractual del contrato celebrado entre Konidol y Ecopetrol podía computarse como experiencia específica para efectos de…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Debe señalarse que la solicitud se ha formulado con el objetivo de obtener una decisión dentro del marco del ejercicio de funciones jurisdiccionales, y no de funciones administrativas.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas
2022-04-26
Sala Consulta y Servicio Civil
EDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ
Rad. 11001030600020220001700
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver un conflicto de competencias administrativas cuando la solicitud sobre la cual recae el conflicto se refiere al ejercicio de funciones jurisdiccionales? No
De esta manera, debe señalarse que la solicitud se ha formulado con el objetivo de obtener una decisión dentro del marco del ejercicio de funciones jurisdiccionales, y no de funciones administrativas. En ese orden, la solicitud sobre la cual recae el conflicto de competencias no es administrativa sino jurisdiccional, lo que determina la falta de competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil para definir el asunto que se pone a su consideración.… Teniendo en cuenta que la Superintendencia de Transporte manifiesta que no cuenta con facultades jurisdiccionales, será el Tribunal Superior de Bogotá el que deberá determinar si es la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Transporte u otra que tenga a cargo funciones judiciales la que deba conocer del asunto.
También resuelve:
¿La Superintendencia de Transporte es la entidad competente para conocer sobre las presuntas irregularidades e infracciones en las que pudo incurrir una empresa de transporte en el marco de un…
Consejo de Estado
Concepto
Contratación estatal: Concepto sin reserva
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva
2022-06-17
Sala Consulta y Servicio Civil
ANA MARIA CHARRY GAITAN
Rad. 11001030600020210008400
CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
¿Un aeropuerto de uso público y a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa Especial es objeto pasivo del impuesto predial y contribución por valorización? No
Conforme a lo explicado en este concepto, los aeropuertos públicos que son propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, o son administrados directamente por ella, en ejercicio de sus funciones legales, no pueden ser gravados, en principio, con el impuesto predial ni con la contribución de valorización, salvo algunas áreas, en cualquiera de los siguientes dos casos: i) Las construcciones, edificaciones o cualquier tipo de mejora sobre estos bienes, que estén en manos de particulares, pueden ser gravadas con el impuesto predial unificado, por parte de los distritos, tal como lo establecen el artículo 6, numeral 3°, de la Ley 768 de 2012 y el artículo 26, numeral 3°, de la Ley 1617 de 2013.
También resuelve:
¿La existencia de operadores de prestación de servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en un aeropuerto de uso público a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa…
¿La existencia de operadores de prestación de servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en un aeropuerto de uso público a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa…
¿La existencia de locales comerciales y la explotación económica de estos por parte de particulares, dentro de los aeropuertos a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa Especial…
Consejo de Estado
Providencia
Es competente la Sección Tercera del Consejo de Estado para conocer recurso de apelación contra sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-03-10
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000233600020120066801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la Sección Tercera del Consejo de Estado para conocer recurso de apelación contra sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo, referente a la adjudicación de rutas de transporte? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado contra una sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo, siempre que la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV y el asunto esté relacionado con actos administrativos que no sean contratos estatales, como la adjudicación de rutas de transporte. En este caso, la entidad demandada adjudicó una ruta de transporte terrestre, y el recurso de apelación fue competente para la Sección Tercera del Consejo de Estado, pese a que la Resolución 084 de 2011 podría haber sido atribuida a la Sección Primera según el Acuerdo 058 de 1999. La distribución de competencia entre secciones no altera la competencia funcional del Consejo de Estado, y la Sección Tercera ha reiterado su competencia para resolver demandas contra la adjudicación de rutas de transporte, siempre que el acto sea un acto administrativo y no un contrato estatal.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, frente al acto que adjudica una ruta terrestre de transporte de pasajeros?
¿Se entenderán demandados los actos que resolvieron los recursos interpuestos contra un acto administrativo definitivo, cuya nulidad se pretende?
¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentado dentro de los cuatro meses siguientes a notificación de la resolución que resolvió el recurso de apelación interpuesto…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos
Sentencia — Sentencia
2022-05-31
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 11001032600020210025000
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en virtud de controversias contractuales en las que una entidad pública es parte? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por entidades públicas o por quienes desempeñen funciones administrativas, conforme al artículo 149.7 de la Ley 1437 de 2011 y el inciso 3º del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. Esta competencia se fundamenta en la naturaleza jurídica de la entidad pública y en la autonomía presupuestal que le confiere la ley. El recurso de anulación es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, limitándose el juez a cuestionar la decisión arbitral únicamente por errores in procedendo, sin poder intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo. Para el estudio de fondo del recurso, es necesario que se invoquen y sustenten en debida forma las causales taxativamente previstas en la ley, lo que implica que el juez no puede ampliar su discrecionalidad más allá de estas causales.síntesis automática
También resuelve:
¿La naturaleza excepcional, restrictiva y extraordinaria del recurso de anulación contra laudo arbitral delimita al juez de lo contencioso administrativo a cuestionar la decisión arbitral únicamente…
¿Para el estudio de fondo del recurso de anulación contra laudo arbitral es necesario que se invoquen y sustenten en debida forma las causales que taxativamente están previstas en la ley?
¿Cuáles son los efectos procesales de la prosperidad de la causal octava de anulación del laudo arbitral?
Consejo de Estado
Providencia
Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de una demanda
Sentencia — Sentencia
2025-06-16
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 25000233600020180009301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de una demanda contra un acto administrativo proferido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, cuya pretensión económica supera los 300 SMLMV, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo proferido por una entidad pública del orden nacional, conforme al artículo 104 del CPACA, pues el objeto del litigio es la legalidad de ese acto. La regla se apoya en que la competencia se determina por la naturaleza pública de la entidad que expide el acto, y en que el Consejo de Estado resuelve la apelación de la sentencia del tribunal conforme a los artículos 150 y 152 del CPACA, vigentes a la fecha de radicación de la demanda, por la cuantía de la pretensión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, los actos de entidades públicas nacionales que afecten derechos económicos del administrado quedan sometidos al control de esta jurisdicción, y su apelación corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía lo exige.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es la vía judicial idónea para solicitar la nulidad del acto de adjudicación proferido dentro del proceso de selección abreviada por…
¿Una demanda presentada el 13 de diciembre de 2017 contra un acto administrativo notificado en estrados el 30 de mayo de 2017…
¿Están legitimadas en la causa por activa las sociedades que integran una unión temporal para demandar la nulidad del acto administrativo de adjudicación cuando participaron en el proceso de…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial
Sentencia — Sentencia
2024-05-22
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 68001233100020120035901
ACCION CONTRACTUAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos celebrados por Metrolínea S.A., dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso? Sí
Cuando un contrato celebrado por una empresa de transporte masivo, entidad pública de las señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, es objeto de controversia, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia si la cuantía de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo atribuye a la jurisdicción las controversias en las que la entidad sea parte; el artículo 129 del mismo código asigna a la corporación la apelación de las sentencias de los tribunales; y el artículo 132, numeral 5, fija el umbral de la doble instancia, que se determina con la cuantía de la demanda al presentarse. En el caso, la demanda se presentó en 2012 y la pretensión mayor superó el umbral, por lo que la corporación asumió la competencia de la apelación. La excepción de falta de jurisdicción propuesta en los alegatos de conclusión no prosperó. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía fijada al momento de la demanda define la competencia en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe declararse la excepción de falta de jurisdicción alegada en los alegatos de conclusión de primera instancia, dada la existencia de cláusula compromisoria y la fecha en la que se presentó la…
¿Resulta procedente la acción de controversias contractuales para demandar los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de concesión y se impuso una multa…
¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda.
Sentencia — Sentencia
2025-11-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000232600020040078002
ACCION CONTRACTUAL
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda, conforme al principio de congruencia y al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, que limita la competencia del juez superior a los problemas jurídicos derivados de los motivos de inconformidad presentados. Además, el artículo 137.4 del Código Contencioso Administrativo establece que el demandante debe señalar las normas presuntamente violadas y su concepto de violación, determinando así los problemas jurídicos a resolver en la sentencia. La Sala reitera que el juez no puede declarar la nulidad de actos administrativos con base en normas no señaladas en la demanda, salvo en casos de vulneración de derechos fundamentales de aplicación inmediata, lo que implica que las partes deben presentar sus cargos de nulidad con precisión y exhaustividad para evitar decisiones judiciales que excedan los límites establecidos por la congruencia.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre un cargo de nulidad fundado en hechos o argumentos no planteados en la demanda ni en su reforma?
¿Puede la parte demandante solicitar la declaratoria de la cosa juzgada como excepción de fondo en un proceso de lo contencioso administrativo?
¿Puede un contrato estatal estar sometido simultáneamente a normas nacionales y extranjeras por acuerdo de las partes?
CONFIRMA