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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso

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Fecha
2025-02-03
Radicado
05001233300020150088301
Número interno
71176
Ponente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
-EJÉRCITO NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
ROBINSON DELGADO SALAS, JULIÁN ÁLVAREZ GUERRERO, GERSON HERNANDO CASTILLO GALVIS, DAINER ALEXANDER MACÍAS ROJAS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012 le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede ejercer el medio de control de repetición dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al pago total de la condena impuesta en el proceso de reparación directa, según lo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Esta regla se fundamenta en la necesidad de otorgar seguridad jurídica y evitar la parálisis del tráfico jurídico, al tiempo que protege el interés general. En el caso específico, la entidad estatal pagó la condena el 16 de mayo de 2013, y la demanda de repetición se presentó el 23 de abril de 2015, dentro del plazo legal. La regla reitera la jurisprudencia existente sobre la caducidad del medio de control y la importancia de cumplir con los plazos establecidos por el legislador para ejercer oportunamente los medios de control judicial, lo que implica que los abogados deben estar atentos a los plazos procesales para evitar la caducidad de la acción.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código Contencioso Administrativo, dado que el proceso de reparación directa inició antes del 2 de julio de 2012, y, por ende, el plazo para el cumplimiento de la sentencia debe contabilizarse conforme a lo previsto en el artículo 177 del mencionado estatuto?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 177 inc. 4
  • Ley 1437 de 2011, art. 308
  • Ley 1564 de 2012, art. 306

También resuelve

  • ¿El medio de control de repetición se ejerció de manera oportuna, es decir, dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al pago total de la condena efectuada por el Ejército Nacional…
  • ¿Cuentan con legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes involucradas en el presente asunto, en atención a que el Ejército Nacional fue la entidad condenada en el proceso de…
  • ¿Al presente asunto le resulta aplicable el régimen previsto en la Ley 678 de 2001, en atención a que los hechos que dieron lugar a la condena contra el Ejército Nacional ocurrieron en 2005, esto es…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA REPETICIÓN REGULACIÓN NORMATIVA CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO INTEGRACIÓN NORMATIVA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA INICIACIÓN DEL PROCESO CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO VIGENCIA DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL PAGO DE CONDENA JUDICIAL SENTENCIA EN FIRME SENTENCIA EJECUTORIADA FECHA DE PAGO DE CONDENA JUDICIAL CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA PAGO DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PRESUPUESTO PROCESAL LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EJÉRCITO NACIONAL CONDENA CONTRA EL ESTADO JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERÉS LEGÍTIMO LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES EN SERVICIO ACTIVO OPERACIÓN MILITAR MUNICIPIO MUERTE DEL CIUDADANO INEXISTENCIA DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO LEY 678 DE 2001 NORMA VIGENTE DAÑO DOLO CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUNCIÓN LEGAL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO FUNCIÓN PÚBLICA RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO RELACIÓN DE CAUSALIDAD SENTENCIA CONDENATORIA ACUERDO DE CONCILIACIÓN CONDUCTA REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PRESUNCIÓN DE DOLO DESVIACIÓN DE PODER FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD PENAL RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA CULPA GRAVE INFRACCIÓN MANIFIESTA LEY CONSTITUCIÓN POLÍTICA FALTA DE COMPETENCIA NULIDAD DE LA PROVIDENCIA ERROR INEXCUSABLE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA EX EMPLEADO PÚBLICO DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL SENTENCIA PENAL CONDENA HOMICIDIO PRUEBA DE LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA FALTA DE PRUEBA RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN JURISDICCIÓN PENAL COSA JUZGADA IDENTIDAD DE PARTES NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes
Titulación de la relatoría 26.011 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / REPETICIÓN / REGULACIÓN NORMATIVA / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / INTEGRACIÓN NORMATIVA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / INICIACIÓN DEL PROCESO / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / SENTENCIA EN FIRME / SENTENCIA EJECUTORIADA / FECHA DE PAGO DE CONDENA JUDICIAL Problema jurídico: ¿Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código Contencioso Administrativo, dado que el proceso de reparación directa inició antes del 2 de julio de 2012, y, por ende, el plazo para el cumplimiento de la sentencia debe contabilizarse conforme a lo previsto en el artículo 177 del mencionado estatuto? Respuesta al problema jurídico: Si Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012 le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados. No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario. En consecuencia, para efectos de contabilizar el plazo con que contaba la entidad pública para proceder al pago de la condena que le fue impuesta en el proceso de reparación directa, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso 4° del artículo 177 del CCA, según el cual las condenas podrán ser ejecutables 18 meses después de que la sentencia quede en firme. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la entrada en vigencia del CGP, consultar el auto de unificación del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, proferido el 25 de junio de 2014, exp. 49.299, C.P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 1437 DE 2011, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308, LEY 1564 DE 2012, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 306 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿El medio de control de repetición se ejerció de manera oportuna, es decir, dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al pago total de la condena efectuada por el Ejército Nacional, según lo previsto en el literal i) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA? Respuesta al problema jurídico: Si Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal. Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. (…) Asimismo, el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA señala que el medio de control de repetición caducará en dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas. En el sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la sentencia del 26 de mayo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, quedó ejecutoriada el 8 de junio de 2012, según da cuenta la constancia expedida por el secretario general de dicho Tribunal; ii) que el plazo de los 18 meses para el pago de la condena se cumplió el 9 de diciembre de 2013; iii) que la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional pagó todos los emolumentos ordenados en el fallo judicial y el pago se realizó el 16 de mayo de 2013, como consta en la certificación expedida por la tesorera principal del Ministerio de Defensa; iv) que lo primero que ocurrió fue el pago de la condena; y, v) que la demanda se presentó el 23 de abril de 2015 , esto es, dentro de los dos años que otorga el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPCA para presentarla de forma oportuna. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la la facultad del juez para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 16 de diciembre de 2020, exp. 51252, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre los plazos establecidos por el legislador para ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial, consultar la sentencia de la Corte Constitucional C-394 del 22 de mayo de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Sobre el control del derecho de acción que ejercen los términos establecidos por el legislador, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, proferida el 23 de febrero de 2006, exp. 6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Sobre la caducidad como sanción de las acciones judiciales ejercidas fuera del término legal, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 30 de enero de 2013, exp. 24879, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Asimismo, ver la sentencia de la Corte Constitucional, C-574 del 14 de octubre de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PRESUPUESTO PROCESAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / EJÉRCITO NACIONAL / CONDENA CONTRA EL ESTADO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / INTERÉS LEGÍTIMO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL / MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES EN SERVICIO ACTIVO / OPERACIÓN MILITAR / MUNICIPIO / MUERTE DEL CIUDADANO / INEXISTENCIA DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA Problema jurídico: ¿Cuentan con legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes involucradas en el presente asunto, en atención a que el Ejército Nacional fue la entidad condenada en el proceso de reparación directa y los demandados eran miembros activos de dicha institución al momento de la operación militar en la que falleció un ciudadano? Respuesta al problema jurídico: Si La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional se encuentra legitimada en la causa por activa, pues fue la entidad condenada por esta jurisdicción mediante sentencia del 18 de noviembre de 2010 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín, modificada mediante sentencia del 26 de mayo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en cuyo efecto afirma que pagó la suma de $801’823.675. (…) [los accionados] están legitimados en la causa por pasiva, en sus calidades de miembros del Ejército Nacional para la época de los hechos, acreditadas con el informe de patrullaje del 15 de julio de 2005, en el que se hace constar que los mencionados militares participaron en la operación adelantada en esa fecha en el municipio de Medellín, donde falleció (…) [un ciudadano] Asimismo, el oficio de 8 de mayo de 2015, suscrito por el Subdirector de Personal del Ejército Nacional, acredita que los demandados pertenecieron a dicha institución y actualmente se encuentran retirados. Adicionalmente, la demanda señala que los mencionados exmilitares, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dieron lugar a la condena impuesta en contra de la entidad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la legitimación en la causa como presupuesto procesal del medio de control, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 28 de abril de 2021. exp. 48436, C.P. Ramiro Pazos Guerrero y el 25 de julio de 2019, exp. 54527, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. En igual sentido, ver la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, proferida el 8 de octubre de 2020, exp. 1760-18, C.P. César Palomino Cortés. Asimismo, ver el auto del Consejo de Estado, Sección Segunda, proferido el 10 de septiembre de 2020, exp. 0736-18, C.P. César Palomino Cortés. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / EJÉRCITO NACIONAL / REGULACIÓN NORMATIVA / LEY 678 DE 2001 / NORMA VIGENTE / DAÑO / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN LEGAL / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Al presente asunto le resulta aplicable el régimen previsto en la Ley 678 de 2001, en atención a que los hechos que dieron lugar a la condena contra el Ejército Nacional ocurrieron en 2005, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2195 de 2022? Respuesta al problema jurídico: Si Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. Esta ley definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando generalidades como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional ocurrieron en el año 2005, esto es, cuando falleció (…) [el ciudadano], el régimen vigente aplicable al medio de control de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001, sin que para los efectos pueda tenerse en cuenta la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022, toda vez que esta última normativa no estaba vigente al momento de los hechos. NOTA DE RELATORÍA: sobre los aspectos regulados en la Ley 678 de 2001, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 31 de agosto de 2006, exp. 28448, C.P Ruth Stella Correa Palacio y el 23 de noviembre de 2016, exp. 46108, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001, LEY 2195 DE 2022 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / FUNCIÓN PÚBLICA / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / DAÑO / SENTENCIA CONDENATORIA / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / CONDUCTA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / REGULACIÓN NORMATIVA / LEY 678 DE 2001 / PRESUNCIÓN LEGAL / PRESUNCIÓN DE DOLO / DESVIACIÓN DE PODER / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD PENAL / RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / CULPA GRAVE / INFRACCIÓN MANIFIESTA / LEY / CONSTITUCIÓN POLÍTICA / FALTA DE COMPETENCIA / NULIDAD DE LA PROVIDENCIA / ERROR INEXCUSABLE / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA / MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL / EX EMPLEADO PÚBLICO / DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / MUERTE DEL CIUDADANO / SENTENCIA PENAL / CONDENA / HOMICIDIO / PRUEBA DE LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / FALTA DE PRUEBA / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / JURISDICCIÓN PENAL / COSA JUZGADA / IDENTIDAD DE PARTES / CONDENA CONTRA EL ESTADO / EJÉRCITO NACIONAL / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Procede aplicar la presunción de dolo prevista en el artículo 5, numeral 2, de la Ley 678 de 2001 respecto de los exintegrantes del Ejército Nacional, cuando no se aportaron pruebas que acrediten una condena penal o disciplinaria ejecutoriada por los mismos hechos que dieron lugar a la condena impuesta al Estado en el proceso de reparación directa? Respuesta al problema jurídico: No [L]a entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos, la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa. Además, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión. Como lo ha sostenido esta Corporación, para el estudio del dolo o la culpa grave se debe acudir a las normas vigentes para la época de los hechos que originaron la condena. En el caso en particular, aquella resulta ser la Ley 678 de 2001, en virtud de la cual hay lugar a predicar las presunciones previstas en la ley ibídem. Al efecto, el artículo 5° de la Ley 678 de 2001, prevé que la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Asimismo, dispone que se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas: 1. Obrar con desviación de poder; 2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento; 3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración; 4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado; y 5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial. A su turno, el artículo 6° de la misma norma, dispone que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Esta norma señala que se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas: 1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho; 2. Carencia o abuso de competencia para proferir la decisión anulada, determinada por error inexcusable; 3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable y; 4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal. Pese a lo anterior, es menester recordar que en sentencia C-374 de 2002 la Corte Constitucional señaló que la parte demandada puede desvirtuar este tipo de presunciones de hecho mediante prueba en contrario. Posición que posteriormente fue reiterada por el Consejo de Estado mediante sentencia del 6 de julio de 2017, en la que indicó que las presunciones que contempló la Ley 678 de 2001 son legales, esto es, que admiten prueba en contrario, con lo cual se garantiza el ejercicio del derecho de defensa. (…) Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la apelante señaló que se configuró la presunción establecida en el artículo 5 de la Ley 678 de 2001, pues los ex militares obraron con flagrante desviación de poder, violando todos sus deberes constitucionales, al arremeter con sus armas de dotación oficial en contra de un civil inocente a quien debían proteger, situación que se podía inferir de las sentencias penales proferidas por la jurisdicción ordinaria penal, mediante la cual fueron condenados por el homicidio de (…) [la víctima]. Como antes se indicó, el artículo 5° de la Ley 678 de 2001, prevé que la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado y, en su numeral 2, establece que esta se presume cuando el agente ha sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado. No obstante, aunque de la sentencia del 26 de mayo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia (...), puede deducirse que existe una providencia penal que condenó a (…) [los ex miembros del Ejército Nacional] por el homicidio de (…) [un ciudadano], esta no se allegó al proceso de la referencia, así como tampoco se tiene certeza de que se encuentre ejecutoriada, pues en el mismo fallo de segunda instancia de la reparación directa se advierte que la sentencia penal fue objeto del recurso extraordinario de revisión, sin que se sepa en este proceso, cual fue -si ya se profirió- la decisión final en la jurisdicción penal. Tampoco el informe de patrullaje sobre los hechos en los cuales se reportó la muerte del (…) [ciudadano] da cuenta de la actuación específica de cada uno de los hoy demandados respecto de dicho suceso, que permita acreditar con certeza su actuación dolosa, ni las actas de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (...), pues, no se probó que estas lo fueron por el delito de homicidio en persona protegida (…), de hecho, no se allegó ningún documento de trámite ante alguna de las Salas de esa jurisdicción especial en la que conste por qué hechos los demandados se sometieron a la actuación de esa Corporación. De modo que, contrario a lo señalado por la apelante, no se demostró en esta sede de justicia que los demandados hubieran cometido el hecho por el cual resultó condenada la entidad demandante en reparación directa. Con todo, la Sala precisa que no se están desconociendo los efectos de cosa juzgada de la sentencia que impuso la condena a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional en el proceso de reparación directa presentado en su contra, pues el objeto de dicha acción es la determinación de la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, mientras que en la acción de repetición la antijuridicidad de la conducta del agente en tanto dolosa o gravemente culposa es el elemento fundamental de la responsabilidad de ese agente o ex agente del Estado en contra del cual se dirige la acción, elemento huérfano de prueba en estas diligencias. Además, la cosa juzgada exige identidad entre las partes, aspecto que no se presenta entre el juicio de repetición y el de reparación directa, toda vez que en el de repetición son partes el servidor público y el Estado, en tanto que en el de reparación directa lo son el Estado y el supuesto afectado con la acción u omisión de la entidad pública. En conclusión, la declaratoria de responsabilidad civil extracontractual no lleva consigo, para casos como el sub examine, la conclusión automática de que se obró con dolo, toda vez que el hecho objetivo de una condena judicial en contra de la hoy demandante no da lugar per se a deducir la responsabilidad de los servidores públicos que tuvieron vínculo con la entidad y relación con los hechos por los cuales resultó condenada. En suma, para la Sala no se configuró la presunción establecida en el artículo 5, numeral 2 de la Ley 678 de 2001 para calificar la conducta de (…) [los ex miembros del Ejército Nacional] como dolosa, pues no se probó que hubieran sido condenados penal ni disciplinariamente por el homicidio del (…) [ciudadano]. Por todo lo anterior, se confirmará la sentencia apelada, dado que, a la luz de lo previsto en la norma antes citada, no se demostró que los demandados incurrieron en conducta dolosa, como lo señaló la apelante. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la conducta dolosa o gravemente culposa del agente en la producción del daño reparado por el Estado, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 12 de septiembre de 2016, exp. 56284, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre la declaratoria de responsabilidad del agente, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 30 de agosto de 2018, exp. 55661, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; el 30 de agosto de 2007, exp. 29.223, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Sobre el estudio del dolo o culpa grave bajo las normas vigentes para la época de los hechos que originaron la condena, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 26 de febrero de 2009, exp. 30329, C.P. Ramiro Saavedra Becerra y el 22 de julio de 2009, exp. 25659, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre las presunciones legales contempladas en la Ley 678 de 2001, consultar la sentencia de la Corte Constitucional, C-374 del 14 de mayo de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En igual sentido, ver las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 6 de julio de 2017, exp. 45203, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y el 7 de agosto de 2017, exp. 42777, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la la antijuridicidad de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente como elemento fundamental de la responsabilidad, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 30 de julio de 2021, exp. 50424, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Resulta procedente condenar en costas a la parte demandante, pese a la falta de intervención de las accionadas en esta instancia del proceso? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA -adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021- y con la disposición especial del artículo 365-1 del CGP, procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. En este caso, a pesar de que a la parte demandante se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación que interpuso en contra de la sentencia de primera instancia, no hay lugar a condenarla en costas porque estas no se causaron, dado que la parte demandada no intervino de ninguna manera en la segunda instancia de este juicio. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201500883011100103