Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (FUNCIÓN JURISDICCIONAL POR PARTICULARES) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo cuando se alega la lesión enorme de un contrato

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2022-12-16
Radicado
05001233100019980030801
Número interno
41564
Ponente
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
PEDRO URIBE A. SUCESORES LTDA
Demandado
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo cuando se alega la lesión enorme de un contrato

Regla de decisión

Procede la acción de controversias contractuales para demandar la lesión enorme de un contrato.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Problema jurídico

¿Procede la acción de controversias contractuales para demandar la lesión enorme de un contrato?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 87
  • Ley 80 de 1993, arts. 50 y 51
  • Ley 84 de 1873, arts. 1546 y 1602

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo cuando se alega la lesión enorme de un contrato (arts. 50 y 51 Ley 80, 1546 y 1602 CC y 87 CCA).

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LESIÓN ENORME CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE COMPRAVENTA CONTRATO PÚBLICO TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN ACCIÓN RESCISORIA POR LESIÓN ENORME COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA AVALÚO COMERCIAL AVALÚO COMERCIAL DEL PREDIO PRUEBA PERICIAL PRUEBA PERICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DICTAMEN PERICIAL INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL CONTRADICCIÓN PROCESAL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA FALTA DE LA VALIDEZ DE LA PRUEBA FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA PRUEBA DE OFICIO DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO PRUEBA DE OFICIO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DE OFICIO CONDICIONES PARA EL DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO NECESIDAD DE LA PRUEBA DE OFICIO NORMATIVA DE LA PRUEBA DE OFICIO PODER OFICIOSO DEL JUEZ FACULTADES DEL JUEZ ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL JUEZ FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ SOLICITUD DE PRUEBA SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBA NEGACIÓN DE LA PRUEBA NEGACIÓN DE LA PRÁCTICA DE PRUEBA NEGACIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA SOLICITUD DE DICTAMEN PERICIAL NORMATIVA DEL CONTRATO LEY APLICABLE AL CONTRATO ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ENAJENACIÓN VOLUNTARIA DE LA PROPIEDAD UTILIDAD PÚBLICA DEL BIEN INMUEBLE OBRA DE INTERÉS SOCIAL USO DEL SUELO REGLAMENTACIÓN DEL USO DEL SUELO ORDENAMIENTO TERRITORIAL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ADQUISICIÓN DE PREDIO PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL ENAJENACIÓN DEL BIEN MUEBLE EXPROPIACIÓN PROCESO DE EXPROPIACIÓN EXPROPIACIÓN DE BIEN INMUEBLE PRECIO DE ENAJENACIÓN DE BIEN ENAJENACIÓN DE BIEN PROCEDENCIA DE LA LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA PROCEDENCIA DE LA LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO ESTATAL DE COMPRAVENTA CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE OBJETO DE LA LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA CLASES DE LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA PRECIO DEL CONTRATO JUSTO PRECIO DE LA COMPRAVENTA PRECIO VALORACIÓN DEL BIEN PRESUPUESTOS DE LA LESIÓN ENORME FINALIDAD DE LA PRUEBA PERICIAL ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL REQUISITOS DE LA PRUEBA PERICIAL REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL FORMA DE RENDIR EL DICTAMEN PERICIAL OBJETIVO DEL DICTAMEN PERICIAL OBJETO DE LA PRUEBA PERICIAL CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL VALOR COMERCIAL DEL BIEN INMUEBLE VALOR DEL BIEN INMUEBLE PRECIO DEL BIEN RESCISIÓN DEL CONTRATO POR LESIÓN ENORME IMPROCEDENCIA DE LA LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA PRUEBA DE LA LESIÓN ENORME FALTA DE PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C)
La Subsección resolverá el problema jurídico
Consejo de Estado 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C)
El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía
Consejo de Estado 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C)
Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes
Consejo de Estado 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C)
Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, para conocer del litigio y del recurso de apelación, en atención
Consejo de Estado 2022-09-22 Sección Tercera (Subsección C)
La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, por lo que resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para perseguir la nulidad absoluta del contrato, con fundamento en la ilegalidad del acto administrativo de adjudicación del mismo.
Consejo de Estado 2025-10-21 Sección Tercera (Subsección C)
Debe declararse fundado el impedimento de una magistrada
Titulación de la relatoría 31.500 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LESIÓN ENORME Problema jurídico: ¿Procede la acción de controversias contractuales para demandar la lesión enorme de un contrato? Respuesta al problema jurídico: Si La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo cuando se alega la lesión enorme de un contrato (arts. 50 y 51 Ley 80, 1546 y 1602 CC y 87 CCA). FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 51, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LESIÓN ENORME / CONTRATO DE COMPRAVENTA / CONTRATO PÚBLICO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / ACCIÓN RESCISORIA POR LESIÓN ENORME Problema jurídico: ¿Se presentó oportunamente la acción de controversias contractuales incoada para demandar la lesión enorme de un contrato público de compraventa? Respuesta al problema jurídico: Si Frente a las pretensiones relativas a la configuración de la lesión enorme aducidas en la demanda, la Sala ha sostenido que, aunque el artículo 1954 CC establece que la acción rescisoria por lesión enorme expira en cuatro años contados desde la fecha del contrato, el término aplicable en los contratos públicos es el prescrito en el artículo 136.10 CCA, por ser norma especial. El artículo 624 CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prescribe que los términos se rigen por las leyes vigentes al momento en que empiezan a correr. El 31 de enero de 1996 –fecha en la que se celebró el contrato de compraventa– se encontraba vigente el artículo 136 CCA, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989, antes de la modificación introducida por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que disponía que las acciones relativas a los contratos caducarían a los dos años de expedidos los actos o de ocurridos los hechos que den lugar a ella. Como el 31 de enero de 1996 se celebró el contrato de compraventa cuya lesión se alega (…), el término para interponer la demanda vencía el 31 de enero de 1998. Como el 30 de enero de 1998 se interpuso la demanda, el medio de control se intentó en tiempo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad de la acción de controversias contractuales en casos de lesión enorme, consultar providencia de 24 de agosto de 2000, Exp. 12850, C.P. María Elena Giraldo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, DECRETO 2304 DE 1989 - ARTÍCULO 23, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1954 COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Cuentan con valor probatorio los documentos aportados en copia simple? Respuesta al problema jurídico: Si Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, consultar providencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero. AVALÚO COMERCIAL / AVALÚO COMERCIAL DEL PREDIO / PRUEBA PERICIAL / PRUEBA PERICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTRADICCIÓN PROCESAL / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / FALTA DE LA VALIDEZ DE LA PRUEBA / FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Cuenta con valor probatorio el avalúo comercial aportado por la demandante y reconocido en diligencia de reconocimiento por su autor, cuando no fue sometido a la contradicción establecida para ese medio de prueba? Respuesta al problema jurídico: No El avalúo comercial (...) del 6 de abril de 1995 (…), aportado por la demandante y reconocido en diligencia de reconocimiento por su autor (…), no será valorado como dictamen pericial por la Sala, pues no fue sometido a la contradicción establecida para ese medio de prueba, con el fin de que se pudiera pedir su aclaración, corrección u objeción por error grave, de conformidad con los numerales 1 y 4 del artículo 238 CPC. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 238 NUMERAL 1, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 238 NUMERAL 4 PRUEBA DE OFICIO / DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / PRUEBA DE OFICIO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DE OFICIO / CONDICIONES PARA EL DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / NECESIDAD DE LA PRUEBA DE OFICIO / NORMATIVA DE LA PRUEBA DE OFICIO / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL JUEZ / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / SOLICITUD DE PRUEBA / SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LA PRÁCTICA DE PRUEBA / NEGACIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA / DICTAMEN PERICIAL / PRUEBA PERICIAL / SOLICITUD DE DICTAMEN PERICIAL Problema jurídico: ¿Hay lugar a decretar como prueba de oficio un dictamen pericial solicitado por la parte demandante? Respuesta al problema jurídico: No La parte demandante solicitó, en el recurso de apelación, que se decretara como prueba de oficio un dictamen pericial en caso de que el practicado en el proceso no acreditara la lesión enorme. El decreto de pruebas de oficio no procede a solicitud de parte, sino que el juez por iniciativa propia decide si las decreta. La Sala, pues, no estaba obligada a decretar prueba alguna, y tomará la decisión con fundamento en las pruebas allegadas al proceso. NOTA DE RELATORÍA: de 24 de enero de 2007, Exp. 32004, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 8 de junio de 2021, Exp. 64560, C.P. Guillermo Sánchez Luque. CONTRATO DE COMPRAVENTA / NORMATIVA DEL CONTRATO / LEY APLICABLE AL CONTRATO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL Problema jurídico: ¿El régimen del contrato de compraventa en el caso sub lite, al ser celebrado por un establecimiento público, se rige por la Ley 80 de 1993? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 1 de la Ley 80 de 1993 establece que esa ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. En consonancia, el literal a) del numeral 1 del artículo 2, definió, para los solos efectos de esta ley, que las áreas metropolitanas serían entidades estatales. El estatuto de contratación regula particularmente cinco materias propias del régimen de la contratación: (i) capacidad: dentro de la cual están las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés, los consorcios y uniones temporales –que pueden celebrar contratos sin ser personas jurídicas– y el registro único de proponentes; (ii) la selección objetiva, que abarca los procedimientos de selección de contratistas; (iii) el perfeccionamiento y la forma del contrato, la urgencia manifiesta y algunos tipos de contratos; (iv) algunos aspectos relativos a su ejecución como el manejo de riesgo, la ecuación contractual y las denominadas «potestades excepcionales» y (v) la liquidación del contrato y la de solución de controversias. En lo demás, la Ley 80 de 1993 prescribe que, por regla general, los contratos que celebren las entidades, a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto, se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes (arts. 13, 23, 28, 32, 40, 44 y 45 de la Ley 80 de 1993 y art. 2 CC), salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. De modo que el contrato estatal se rige por las disposiciones comerciales y civiles, salvo lo previsto por las normas de orden público en la Ley 80 y sus modificaciones (arts. 5.1 Ley 57 de 1887 y 3° de la Ley 153 de 1887). Como el 31 de enero de 1996, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá suscribió el contrato de compraventa con (…) [el demandante], a sus contratos se aplica, además del derecho privado, la regulación especial prevista en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen aplicable al contrato de compraventa celebrado por una entidad estatal em vigencia de la Ley 80 de 1993, consultar providencia de 28 de febrero de 2020, Exp. 31628, C.P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 3, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2 ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / ENAJENACIÓN VOLUNTARIA DE LA PROPIEDAD / UTILIDAD PÚBLICA DEL BIEN INMUEBLE / OBRA DE INTERÉS SOCIAL / USO DEL SUELO / REGLAMENTACIÓN DEL USO DEL SUELO / ORDENAMIENTO TERRITORIAL / PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL / ADQUISICIÓN DE PREDIO / PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL Problema jurídico: ¿La adquisición de inmuebles a través del procedimiento administrativo que previó la Ley 9 de 1989, está subordinada a unos presupuestos legales, esto son, que los predios sean necesarios para el desarrollo de proyectos, obras o actividades con fines de utilidad pública o interés social; y que sean consonantes con los usos del suelo y objetivos de los planes de ordenamiento territorial? Respuesta al problema jurídico: Si La Ley 9 de 1989 dispuso un marco legal para que los municipios pudieran organizar y planificar el desarrollo de su territorio, a través de facultades e instrumentos de delimitación de los usos del suelo, adquisición de bienes inmuebles destinados para la realización de fines de utilidad pública o interés social, legalización de títulos para vivienda de interés social, gestión urbanística e instrumentos de intervención de la propiedad como la expropiación y la extinción de dominio de inmuebles urbanos. La adquisición de inmuebles a través del procedimiento administrativo que previó la Ley 9 de 1989 está subordinada a unos presupuestos legales. Los predios deben ser necesarios para el desarrollo de proyectos, obras o actividades con fines de utilidad pública o interés social. Deben, además, ser consonantes con los usos del suelo y objetivos de los planes de ordenamiento territorial, como planes de vivienda de interés social, preservación del patrimonio cultural, ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social, de ampliación, distribución, almacenamiento y regulación de servicios públicos, ejecución de obras públicas, constitución de zonas de reservas, entre otros (artículo 10). NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos legales para la adquisición de inmuebles a través del procedimiento administrativo que previó la Ley 9 de 1989, consultar providencia de 4 de abril de 2002, Exp. 13642, C.P. María Elena Giraldo Gómez. FUENTE FORMAL: LEY 9 DE 1989 - ARTÍCULO 10 ENAJENACIÓN DEL BIEN MUEBLE / ENAJENACIÓN VOLUNTARIA DE LA PROPIEDAD / ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE / PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL / EXPROPIACIÓN / PROCESO DE EXPROPIACIÓN / EXPROPIACIÓN DE BIEN INMUEBLE Problema jurídico: ¿La adquisición de predios en la Ley 9ª de 1989 se lleva a cabo, en primer término, a través de una etapa de enajenación voluntaria que, de no lograrse, abre paso a la fase de expropiación, que puede ser administrativa o judicial? Respuesta al problema jurídico: Si Adquisición de predios en la Ley 9ª de 1989 por enajenación voluntaria. Esta adquisición se lleva a cabo, en primer término, a través de una etapa de enajenación voluntaria que, de no lograrse, abre paso a la fase de expropiación, que puede ser administrativa o judicial. El procedimiento de adquisición por enajenación voluntaria inicia con la oferta de compra que hace la administración al propietario del inmueble, contenida en un oficio que envía el representante legal de la entidad adquirente. El oficio debe contener la oferta propiamente dicha, la transcripción de las normas que reglamentan la enajenación y la expropiación, la identificación precisa del inmueble y el precio base de negociación (art. 13). El precio base de negociación se fundamenta en un avalúo efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad que cumpla sus funciones, el cual se debe anexar a la oferta de compra. Reunidos estos elementos en el oficio, la entidad adquirente debe inscribirlo en el folio de matrícula inmobiliaria cinco días después de su notificación al propietario y a partir de allí el inmueble queda fuera del comercio y con una afectación al interés general, que impide que sobre el mismo se concedan licencias de construcción o permisos de funcionamiento para actividades comerciales o industriales. Este oficio no es un acto administrativo, porque la norma dispone que no es susceptible de recurso o acción ante la jurisdicción contencioso administrativa. Según el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, que introdujo modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria, el precio de adquisición será igual al valor comercial que determine el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por peritos privados inscritos en las lonjas y se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra. Este procedimiento puede terminar de dos formas: (i) con la aceptación de la oferta de compra por parte del propietario y la consecuente suscripción de un contrato de promesa de compraventa o compraventa o (ii) con el inicio del procedimiento de expropiación si transcurridos treinta días desde la recepción de la comunicación no se logra un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, según el artículo 61 citado. FUENTE FORMAL: LEY 338 DE 1997 - ARTÍCULO 61, LEY 9 DE 1989 - ARTÍCULO 13 ENAJENACIÓN DEL BIEN MUEBLE / PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL / ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE / ENAJENACIÓN VOLUNTARIA DE LA PROPIEDAD / EXPROPIACIÓN / PROCESO DE EXPROPIACIÓN / EXPROPIACIÓN DE BIEN INMUEBLE / ADQUISICIÓN DE PREDIO / PRECIO DE ENAJENACIÓN DE BIEN Problema jurídico: ¿La adquisición de predios en la Ley 9ª de 1989 se lleva a cabo, en primer término, a través de una etapa de enajenación voluntaria que, de no lograrse, abre paso a la fase de expropiación, que puede ser administrativa o judicial? Respuesta al problema jurídico: Si Adquisición de predios en la Ley 9ª de 1989 por enajenación voluntaria. Esta adquisición se lleva a cabo, en primer término, a través de una etapa de enajenación voluntaria que, de no lograrse, abre paso a la fase de expropiación, que puede ser administrativa o judicial. El procedimiento de adquisición por enajenación voluntaria inicia con la oferta de compra que hace la administración al propietario del inmueble, contenida en un oficio que envía el representante legal de la entidad adquirente. El oficio debe contener la oferta propiamente dicha, la transcripción de las normas que reglamentan la enajenación y la expropiación, la identificación precisa del inmueble y el precio base de negociación (art. 13). El precio base de negociación se fundamenta en un avalúo efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad que cumpla sus funciones, el cual se debe anexar a la oferta de compra. Reunidos estos elementos en el oficio, la entidad adquirente debe inscribirlo en el folio de matrícula inmobiliaria cinco días después de su notificación al propietario y a partir de allí el inmueble queda fuera del comercio y con una afectación al interés general, que impide que sobre el mismo se concedan licencias de construcción o permisos de funcionamiento para actividades comerciales o industriales. Este oficio no es un acto administrativo, porque la norma dispone que no es susceptible de recurso o acción ante la jurisdicción contencioso administrativa. Según el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, que introdujo modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria, el precio de adquisición será igual al valor comercial que determine el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por peritos privados inscritos en las lonjas y se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra. Este procedimiento puede terminar de dos formas: (i) con la aceptación de la oferta de compra por parte del propietario y la consecuente suscripción de un contrato de promesa de compraventa o compraventa o (ii) con el inicio del procedimiento de expropiación si transcurridos treinta días desde la recepción de la comunicación no se logra un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, según el artículo 61 citado. FUENTE FORMAL: LEY 338 DE 1997 - ARTÍCULO 61, LEY 9 DE 1989 - ARTÍCULO 13 ENAJENACIÓN DE BIEN / ENAJENACIÓN VOLUNTARIA DE LA PROPIEDAD / LESIÓN ENORME / PROCEDENCIA DE LA LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA / PROCEDENCIA DE LA LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO ESTATAL DE COMPRAVENTA / CONTRATO DE COMPRAVENTA / CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE Problema jurídico: ¿Cuando las partes suscriban un contrato de promesa de compraventa o compraventa en un procedimiento de enajenación voluntaria pueden solicitar la lesión enorme? Respuesta al problema jurídico: Si Cuando las partes suscriban un contrato de promesa de compraventa o compraventa en un procedimiento de enajenación voluntaria, podrán pedir la lesión enorme. En efecto, aunque el legislador estableció un procedimiento para establecer el valor del bien que involucra entidades especializadas y expertos en la materia, cuando el demandante demuestre la configuración de la lesión enorme, el juez deberá declararla. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la lesión enorme cuando las partes suscriban un contrato de promesa de compraventa o compraventa en un procedimiento de enajenación voluntaria, consultar providencias de 5 de mayo de 2020, Exp. 51800, C.P. Alberto Montaña Plata; de 20 de noviembre de 2020, Exp. 45771, C.P. José Roberto Sáchica; de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 20 de noviembre de 1980; de 9 de diciembre de 1999. LESIÓN ENORME / OBJETO DE LA LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA / LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA / CLASES DE LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA / PRECIO DEL CONTRATO / JUSTO PRECIO DE LA COMPRAVENTA / PRECIO / VALORACIÓN DEL BIEN Problema jurídico: ¿La lesión enorme se configura cuando una persona, como consecuencia de un acto jurídico realizado por ella, sufre una desproporción entre las ventajas que le reporta el acto y los sacrificios que tiene que hacer para lograrlas? Respuesta al problema jurídico: Si Con arreglo al derecho privado –régimen general del contrato estatal, salvo disposición legal especial en contrario (arts. 13, 23, 28, 32, 40, 44 y 45 de la Ley 80 de 1993 y art. 2 CC)–, la lesión enorme se configura cuando una persona, como consecuencia de un acto jurídico realizado por ella, sufre una desproporción entre las ventajas que le reporta el acto y los sacrificios que tiene que hacer para lograrlas. Esta figura, cuyos efectos varían según el caso, procede en eventos especiales como la compraventa de bienes inmuebles (art. 1946 y ss. CC); en la permuta de bienes inmuebles (art. 1958 CC); en particiones de bienes (art. 1405 CC); en la aceptación de una asignación sucesoral (art. 1261 CC); en la estipulación de intereses en el mutuo (art. 1601 y 2231 CC); en la estipulación de intereses en la anticresis (art. 2466 CC) y en la estipulación de la cláusula penal (art. 1601 CC). Frente al contrato de compraventa de bienes inmuebles, el artículo 1947 CC dispone que el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. El comprador sufre a su vez lesión enorme, cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. La lesión enorme respecto a este tipo de contrato opera, pues, cuando el precio no se ajusta al límite que el legislador definió como «justo precio», entendido como aquél común o corriente al lugar donde está el bien y en el tiempo de la celebración del contrato. Se trata de un límite objetivo aritmético fijado por la ley, esto es, menos de la mitad del «justo precio» para el vendedor o más del doble del «justo precio» para el comprador. Límite que, se insiste, corresponde definir a la ley y que bien podría cambiar por la libertad de configuración legislativa, sin que ello contravenga normas constitucionales. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la lesión enorme, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 5 de abril de 1968. Acerca del justo precio consultar providencia de 21 de junio de 1999, Exp. 14943, C.P. Daniel Suarez Hernández y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 15 de marzo de 1965. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1261, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1405, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1601, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1946, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1947, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1958, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2231, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2466 LESIÓN ENORME / PRESUPUESTOS DE LA LESIÓN ENORME / PROCEDENCIA DE LA LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA / LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA Problema jurídico: ¿Para que opere la lesión enorme en la compraventa, se requiere que se trate de la venta de bienes inmuebles; que exista una desproporción entre el precio y el justo valor de la cosa al momento del contrato; que la venta no se haya hecho por ministerio de la justicia; que el bien no se haya perdido material o jurídicamente en poder del comprador; y que no se trate de una venta aleatoria? Respuesta al problema jurídico: Si Para que opere la lesión enorme en la compraventa, se requiere que (i) se trate de la venta de bienes inmuebles (art. 1949 CC); (ii) que exista una desproporción entre el precio y el justo valor de la cosa al momento del contrato (art. 1947 CC); (iii) que la venta no se haya hecho por ministerio de la justicia (art. 1949 CC); (iv) que el bien no se haya perdido material o jurídicamente en poder del comprador (art. 1951 CC) y (v) que no se trate de una venta aleatoria. Cuando se celebra una promesa de compraventa, la fecha de su celebración debe determinar el justo valor de la cosa para efectos de la configuración de la lesión enorme. Estudiar el justo precio al momento de la celebración del contrato prometido, desconocería la voluntad de las partes y podría desviar la institución a fines diferentes a los determinados para su establecimiento. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de los requisitos para la procedencia de la lesión enorme en la compraventa de bienes, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 15 de marzo de 1965. Sobre la valoración del justo precio del contrato, consultar providencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 23 de julio de 1969 y de 20 de agosto de 1985. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1947, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1949, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1951 DICTAMEN PERICIAL / PRUEBA PERICIAL / FINALIDAD DE LA PRUEBA PERICIAL / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA PERICIAL / REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / FORMA DE RENDIR EL DICTAMEN PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / OBJETIVO DEL DICTAMEN PERICIAL / OBJETO DE LA PRUEBA PERICIAL / CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / VALOR COMERCIAL DEL BIEN INMUEBLE / VALOR DEL BIEN INMUEBLE / VALORACIÓN DEL BIEN / PRECIO DEL BIEN / JUSTO PRECIO DE LA COMPRAVENTA Problema jurídico: ¿Cuenta con valor probatorio el dictamen pericial practicado con el objeto de determinar el justo precio del inmueble vendido? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 233 CPC dispone que la peritación constituye un medio de prueba a través del cual se constatan hechos elevantes para el litigio, que exigen de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. La ley procesal determina que la pericia debe contener dos partes relacionadas entre sí: el proceso cognoscitivo y las conclusiones. El primero supone una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus resultados, exigencia lógica que implica brindar una explicación clara sobre cuáles fueron los instrumentos, materias y sustancias empleadas, que constituyen el soporte y garantía de credibilidad de sus conclusiones. El segundo impone que tales conclusiones se ajusten a los principios de la ciencia, arte o técnica aplicada y respondan de forma concreta, clara, ordenada y sin ambigüedades a todos los puntos sometidos a su consideración por las partes. Las conclusiones del dictamen deben tener justificación no solo en la opinión del experto, sino en soportes que ofrezcan respaldo a su labor. Estos soportes brindan firmeza al dictamen y el perito puede acudir a exámenes o investigaciones que le permitan elaborar un concepto preciso y detallado, tal como lo prevé el artículo 237.6 CPC. En armonía, el artículo 241 CPC ordena que el juez deberá analizar la conducencia en relación con el hecho que se pretende probar y la competencia del perito. De modo que, es preciso verificar que (i) no se acredite objeción por error grave; (ii) esté debidamente fundamentado, con conclusiones claras y precisas; (iii) se haya permitido su contradicción y (iv) otras pruebas no lo desvirtúen. En el proceso se practicó un dictamen pericial para determinar el justo precio del inmueble vendido (…), que fue objeto de aclaración y complementación (…). La perito estudió el avalúo comercial (…) que fue allegado junto con la demanda (…) y sostuvo que realizó averiguaciones con otros expertos y con vecinos del sector sobre el valor indicado (…). Conceptuó que la suma estimada en ese avalúo comercial del bien objeto de la demanda era el correcto –$750.159.000– y que, por ello, la entidad debía pagar $796.167.011 al demandante, que corresponde cifra actualizada de la diferencia con el precio pagado menos una décima parte. En la aclaración y complementación del dictamen (…), la perito concluyó que no tuvo en cuenta el avaluó realizado por la Dirección de Catastro Municipal de Medellín que obraba en el expediente, dado que al provenir de una oficina de catastro, no consultaba los precios comerciales. La perito se limitó a estudiar el avalúo (…) que se allegó al expediente –que no puede ser valorado como dictamen pericial (…)– y a sostener que, en su opinión, merecía mayor credibilidad que el realizado por la Dirección de Catastro de Medellín, con fundamento en consultas a otros expertos y a vecinos del sector. Sin embargo, no allegó los soportes de estas averiguaciones. No brindó, pues, explicación técnica ni soporte alguno que fundamentara en debida forma los resultados expuestos. Por ello, la Sala no acoge el dictamen pericial, porque su fundamento carece de firmeza y precisión y no tiene eficacia probatoria, a la luz de lo dispuesto en los artículos 233, 237 y 241 CPC. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 233, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 237, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LESIÓN ENORME / ACCIÓN RESCISORIA POR LESIÓN ENORME / LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA / RESCISIÓN DEL CONTRATO POR LESIÓN ENORME / IMPROCEDENCIA DE LA LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA / PRUEBA DE LA LESIÓN ENORME / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / JUSTO PRECIO DE LA COMPRAVENTA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Se configuró la lesión enorme en un contrato de compraventa de un bien inmueble, en el marco de un procedimiento de enajenación voluntaria adelantado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá? Respuesta al problema jurídico: No El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y (…) [el demandante] celebraron el contrato de compraventa cuya lesión enorme se alega en el marco de un procedimiento de enajenación voluntaria (…). La Sala procederá, pues, a estudiar si se configuró la lesión enorme en ese contrato. (…) Las pruebas allegadas al proceso permiten concluir que (…) [la sociedad demandante], tras un procedimiento de enajenación voluntaria, vendió al Área Metropolitana del Valle de Aburrá el lote de terreno denominado «Lote Sector Occidental» por $370.666.800. No obstante, no obra prueba alguna que permita conocer el justo precio del bien al momento de la celebración del contrato. La Sala resalta –como lo tiene determinado la jurisprudencia civil– la importancia de la prueba pericial que, sin dejar de lado la libre valoración probatoria, resulta de particular importancia para determinar el «justo precio». No se acreditó, entonces, que el valor del contrato fuera inferior a la mitad del «justo precio». (…) Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. De modo que, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudor –si excepciona– debe probar su extinción (carga de la prueba). Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones. En concordancia, el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Como el demandante no acreditó la configuración de la lesión enorme al no acreditar que el valor del contrato fue inferior a la mitad del justo precio, la Sala confirmará la sentencia apelada. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la carga de la prueba, consultar providencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 13 de febrero de 1936, Gaceta Judicial, Tomo XLIII n°. 1907 - 1908, pp. 334 - 336; y de 13 de enero de 1971, Gaceta Judicial, Tomo CXXXVIII, nº. 2340 a 2345, p. 24. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 168, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 87 DE 1873 - ARTÍCULO 1757

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000199800308011100103