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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la terminación no ocurrió por alguna de las hipótesis que daban lugar a la liquidación del contrato

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Fecha
2021-10-21
Radicado
15001233100019931370201
Número interno
33078
Ponente
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
GERMAN MORALES E HIJOS ORGANIZACION HOTELERA LTDA.
Demandado
DEPARTAMENTO DE BOYACA, INSTITUTO FINANCIERO DE DESARROLLO DE BOYACA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la terminación no ocurrió por alguna de las hipótesis que daban lugar a la liquidación del contrato

Lo que dijo la Sala

El 16 de noviembre de 1988, el Instituto de Desarrollo Financiero de Boyacá y Germán Morales e Hijos Organización Hotelera Ltda. celebraron el contrato n.° 001 para el arrendamiento de los hoteles Sochagota y Casona Hacienda El Salitre, que fue liquidado unilateralmente por la entidad. El demandante pide la nulidad de la Resolución n. ° 309 del 9 de julio de 1993, que liquidó el contrato.… Frente a la liquidación unilateral (art. 2), está acreditado que el 16 de noviembre de 1988, el Instituto de Desarrollo Financiero de Boyacá y Germán Morales e Hijos Organización Hotelera Ltda. celebraron el contrato n.° 001, mediante el cual la entidad arrendó los hoteles Sochagota y Casona Hacienda El Salitre… .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede solicitar la nulidad de un acto administrativo de liquidación unilateral de un contrato estatal que se rige por el Decreto 222 de 1983, si dicho acto fue expedido después de vencido el plazo pactado para su ejecución, ya que la entidad no contaba con la competencia legal para realizarlo. La Sala establece que la falta de competencia faculta al juez para declarar de oficio la nulidad del acto administrativo, ya que esta irregularidad destruye la presunción de legalidad que ostenta el acto. Además, si la liquidación unilateral contiene acuerdos parciales, la nulidad total del acto administrativo no prospera respecto a estos acuerdos, siempre y cuando estos se fundamenten en el acuerdo de voluntades de las partes. Esta decisión reitera la importancia del principio de legalidad en la contratación estatal y subraya la necesidad de que las entidades actúen dentro de los límites de sus competencias legales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El acto administrativo de liquidación unilateral de un contrato, que se rige por el Decreto 222 de 1983, es nulo porque fue expedido una vez expirado el plazo pactado para ello y si procede la reparación por esa circunstancia?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿Cuando se demanda por nulidad la totalidad del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato pero dicho acto contiene acuerdos parciales…
  • ¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para resolver el conflicto originado en un contrato suscrito por la administración que se rige por el derecho privado y tiene la…
  • ¿Cuál es la acción procedente para reclamar la nulidad del acto administrativo contractual de liquidación del contrato?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL COMPETENCIA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA COMPETENCIA EN EL TIEMPO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DECLARACIÓN DE OFICIO DE NULIDAD ABSOLUTA DECLARACIÓN DE OFICIO DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO FALTA DE COMPETENCIA FALTA DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL VÍA DE HECHO ADMINISTRATIVA ACUERDO DE VOLUNTADES ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO CLÁUSULA DE CADUCIDAD CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA NORMATIVA DEL CONTRATO NORMATIVA DEL CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN NORMATIVA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO EXCEPCIONES DE LA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA VOLUNTAD JURÍDICA VOLUNTAD PRIVADA PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA NULIDAD PARCIAL NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL DAÑO EMERGENTE LUCRO CESANTE INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS ACTO ADMINISTRATIVO ILEGAL INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PERSONA JURÍDICA PERJUICIO MORAL A PERSONA JURÍDICA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

Guías del tema

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Titulación de la relatoría 30.411 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA / COMPETENCIA EN EL TIEMPO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD / DECLARACIÓN DE OFICIO DE NULIDAD ABSOLUTA / DECLARACIÓN DE OFICIO DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE COMPETENCIA / FALTA DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / VÍA DE HECHO ADMINISTRATIVA Problema jurídico: ¿El acto administrativo de liquidación unilateral de un contrato, que se rige por el Decreto 222 de 1983, es nulo porque fue expedido una vez expirado el plazo pactado para ello y si procede la reparación por esa circunstancia? Respuesta al problema jurídico: Si El 16 de noviembre de 1988, el Instituto de Desarrollo Financiero de Boyacá y Germán Morales e Hijos Organización Hotelera Ltda. celebraron el contrato n.° 001 para el arrendamiento de los hoteles «Sochagota» y «Casona Hacienda El Salitre», que fue liquidado unilateralmente por la entidad. El demandante pide la nulidad de la Resolución n. ° 309 del 9 de julio de 1993, que liquidó el contrato. (...) Frente a la liquidación unilateral (art. 2), está acreditado que el 16 de noviembre de 1988, el Instituto de Desarrollo Financiero de Boyacá y Germán Morales e Hijos Organización Hotelera Ltda. celebraron el contrato n.° 001, mediante el cual la entidad arrendó los hoteles «Sochagota» y «Casona Hacienda El Salitre» (...). El 21 de diciembre de 1992, el gerente del Instituto de Desarrollo Financiero de Boyacá comunicó al demandante que el contrato de arrendamiento n.° 001 vencía el 31 de diciembre de ese año [hecho probado 7.2]. El 30 de diciembre de 1992, el Instituto de Desarrollo Financiero de Boyacá, a través de la Resolución n.° 598, dio por terminado el contrato por vencimiento del plazo [hecho probado 7.3]. La entidad, mediante la Resolución n.° 309, liquidó unilateralmente el contrato sobre unos valores frente a los cuales no se llegó a acuerdo [hecho probado 7.11]. En el contrato se dispuso un plazo de 5 años improrrogables (concordante con el plazo máximo del contrato de arrendamiento establecido en el artículo 157 del Decreto 222 de 1983) y al vencimiento de ese término la entidad comunicó al contratista la terminación del contrato. De modo que, el contrato terminó por la expiración del plazo del arrendamiento de los hoteles «Sochagota» y «Casona Hacienda El Salitre» (art. 1551 CC). No se terminó por la declaratoria de caducidad –pues quedó acreditado que la entidad revocó directamente los actos que la declararon [hecho probado 7.9]–, ni por graves motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato o sobrevinientes dentro de su ejecución que determinaran una grave inconveniencia para el interés público en el cumplimiento del contrato, ni por mutuo acuerdo o por una providencia judicial que declarara nulo el pacto, ni se trató de un contrato de suministro o de obras públicas. La terminación no ocurrió, entonces, por alguna de las hipótesis que daban lugar a la liquidación del contrato en los términos de los artículos 287 del Decreto 222 de 1983. Como no se configuraron ninguna de las causales para la procedencia para la liquidación del contrato según el Decreto 222 de 1983, el Instituto de Desarrollo Financiero de Boyacá no tenía competencia para ejercer esa facultad. De manera que, como la entidad demandada liquidó unilateralmente el contrato mediante el artículo 2 de la Resolución n.° 309 de 1993 sin habilitación para ello. La Sala reitera que la falta de competencia faculta al juez para declarar de oficio la nulidad de los actos originados en ella, porque la incompetencia es la forma más grave de ilegalidad por la inobservancia de la fuente de sus atribuciones conforme al principio de legalidad (preámbulo, arts. 6, 121, 122 y 123 CN). La magnitud de esta irregularidad destruye la presunción de legalidad que ostenta el acto administrativo, por ello el juez está facultado para decretarla oficiosamente, aunque no se haya invocado esa grosera y brutal agresión del orden jurídico (usurpación de atribuciones que configura una auténtica «vía de hecho» en el ámbito del derecho) . Por ello, se declarará la nulidad de oficio, por falta de competencia. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 123, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6 ACUERDO DE VOLUNTADES / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Cuando se demanda por nulidad la totalidad del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato pero dicho acto contiene acuerdos parciales, prospera la nulidad total del acto administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si Respecto a la confirmación del acuerdo parcial de liquidación (art. 1), está acreditado que Germán Morales e Hijos Organización Hotelera Ltda. y el Instituto de Desarrollo Financiero de Boyacá se reunieron en varias oportunidades para liquidar el contrato de arrendamiento n.° 001 donde acordaron ciertos puntos [hecho probado 7.10] y que la entidad, a través de la Resolución n.° 309, confirmó el acuerdo parcial de liquidación contenido en las actas de esas reuniones (art. 1) [núm. 13]. Germán Morales e Hijos Organización Hotelera Ltda. demandó la totalidad de la Resolución n.° 309 (f. 14 c. 1). No obstante, como los fundamentos de la demanda se dirigieron a impugnar la legalidad de la orden de pago y no se señalaron cargos concretos frente a la confirmación del acuerdo parcial, que por demás se fundamenta en el acuerdo de voluntades de las partes, se negarán las pretensiones respecto a esa decisión. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CLÁUSULA DE CADUCIDAD / CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para resolver el conflicto originado en un contrato suscrito por la administración que se rige por el derecho privado y tiene la cláusula de caducidad? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El artículo 17 del Decreto 222 de 1983 establecía que la jurisdicción contencioso administrativa conocería de los litigios derivados de los contratos de derecho privado en que se hubiera pactado la cláusula de caducidad. En consonancia, el artículo 87 CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, dispuso que cualquiera de las partes de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad podía demandar mediante la acción de controversias contractuales. El contrato de arrendamiento n.° 001 es un contrato de derecho privado de la administración, de conformidad con el artículo 16 de ese decreto, y en él se pactó la cláusula de caducidad (cláusula décima tercera f. 310 c. 1). Por ello, la jurisdicción administrativa es la encargada de conocer de esta controversia. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.10 CCA . FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 10, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 17, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1, LEY 446 DE 1998 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuál es la acción procedente para reclamar la nulidad del acto administrativo contractual de liquidación del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alega la nulidad y los perjuicios ocasionados por el acto administrativo de liquidación del contrato (arts. 1546 y 1602 CC y 87 CCA). FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿La demanda interpuesta mediante la acción de controversias contractuales fue interpuesta dentro del término legal? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 624 CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prescribe que los términos se rigen por las leyes vigentes al momento en que empiezan a correr. El artículo 136 CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, disponía que el término para formular las pretensiones relativas a los contratos caducaría en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento. Como el 24 de agosto de 1993 se notificó la resolución que liquidó unilateralmente el contrato [hecho probado 7.11], acto administrativo que sirvió de fundamento de la demanda, esto es en vigencia del artículo 136 CCA antes de la citada reforma, esta es la norma aplicable para definir la presentación oportuna de la demanda. De manera que, como el término de dos años inició desde la notificación del señalado acto administrativo –24 de agosto de 1993–, y la demanda se interpuso el 16 de diciembre de 1993, se presentó de forma oportuna. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624, LEY 446 DE 1998 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / NORMATIVA DEL CONTRATO / NORMATIVA DEL CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / NORMATIVA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se determina el régimen jurídico aplicable al contrato? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 5 de la Ley 19 de 1982, por la cual se definieron «principios» de los contratos administrativos y se concedieron facultades al Presidente de la República para reformar el régimen de contratación administrativa, establecía que las normas fiscales de los departamentos y municipios podían disponer sobre la formación y adjudicación de los contratos que celebraran y cláusulas de los mismos, conforme a sus intereses y a las necesidades del servicio. Sin embargo, las normas sobre tipos de contratos, clasificación, efectos, responsabilidad, terminación y las inhabilidades e incompatibilidades estarían reservadas a la ley. En consonancia, el artículo 1 del Decreto 222 de 1983, expedido con fundamento en esas facultades extraordinarias, dispuso que las normas en ese estatuto que se referían a los tipos de contratos, su clasificación, efectos, responsabilidades y terminación, así como los principios generales desarrollados en el Título IV (terminación, modificación e interpretación unilateral) se aplicarían en los departamentos y municipios. El Decreto 222 de 1983 reguló en detalle los mecanismos de selección (artículos 29, 31 y 43), su objeto (artículo 81), su forma de pago (artículo 82), los requisitos para contratar (artículo 83), las prohibiciones (artículo 85) y la revisión de precios (artículo 86). Según ese estatuto, las reglas del derecho común aplicaban tanto a los contratos de derecho privado de la administración (artículo 16), como a los contratos administrativos. Frente a estos últimos, aunque este decreto no fue explícito –como lo es ahora la Ley 80 de 1993 (arts. 13, 23, 28, 32, 40 y 46)– la Sala concluyó que las reglas del derecho privado eran aplicables y, por ello, dichos contratos también se sometían al derecho civil y comercial en asuntos fundamentales tales como los efectos de las obligaciones, el consentimiento válido, el objeto y la causa lícitos . Al fin y al cabo, el contrato de la Administración no es una categoría diferente del contrato de los particulares, ni una modulación de este: tan solo está sometido a reglas especiales (arts. 5.1 de la Ley 57 de 1887 y 3° de la Ley 153 de 1887), que no se derogan por las reglas generales, cuando no se previó una disposición particular al respecto. Los artículos 2 y 32 del Decreto 001238 de 1992 expedido por la gobernación de Boyacá, que modificó el acto de creación del Instituto de Desarrollo Financiero de Boyacá, establecieron que la entidad era un establecimiento público del orden departamental que se regía, en sus actos de contratación interna y externa, por la Constitución Nacional o sus decretos reglamentarios, por el Código Fiscal de Boyacá y por las demás normas vigentes que rigieran la materia. 9. Según el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en todo contrato se entienden incluidas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, con excepción de las concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos del contrato y las que señalan penas para el caso de la infracción de lo estipulado. En este último evento, la norma dispone que la infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido esa infracción. Como el contrato de arrendamiento n.° 001 se suscribió el 16 de noviembre de 1988 [hecho probado 7.1], esto es, en vigencia de la Ley 19 de 1982, del Decreto 222 de 1983 y del Decreto 001238 de 1992, se rige por lo establecido en esas normas, de acuerdo con artículo 38 de la Ley 153 de 1887. De manera que, los contratos que celebrara la entidad se regían, en su formación y adjudicación, por el Código Fiscal de Boyacá y, en lo relativo a los tipos de contratos, clasificación, efectos, responsabilidad y terminación, por el Decreto 222 de 1983. Como la liquidación es un tema relativo a la terminación del contrato, esta materia estaba sometida al Decreto 222 de 1983 y, por ello, se estudiará la legalidad de la Resolución n.° 309, que definió la liquidación del contrato de arrendamiento n.° 001, con fundamento en lo dispuesto en ese estatuto. FUENTE FORMAL: DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 1, LEY 19 DE 1982 - ARTÍCULO 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 46 CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para la liquidación del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si La liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública es el acto jurídico por el cual se determina el cumplimiento del objeto contractual y el estado de ejecución de las obligaciones. La liquidación tiene lugar, usualmente, a la terminación del contrato y corresponde, pues, al corte de cuentas que tiene por objeto: (i) establecer si hay obligaciones pendientes (ii) los saldos en favor y en contra y (iii) estar a paz y salvo . La liquidación es, pues, un ajuste de cuentas para que las partes del negocio jurídico puedan finiquitar – definir quién debe a quién y cuánto. En la liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 12. La liquidación del contrato, según los artículos 287 y 289 del Decreto 222 de 1983, procedía cuando: (i) se hubiera ejecutoriado la providencia que declarara la caducidad; (ii) las partes dieran por terminado el contrato por mutuo acuerdo, que podría hacerse en todos los casos en que tal determinación no implicara renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante; (iii) se hubiera ejecutado la providencia judicial que declarara nulo el contrato; (iv) la autoridad competente lo declarara terminado unilateralmente por graves motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato o sobrevinientes dentro de su ejecución que determinaran una grave inconveniencia para el interés público en el cumplimiento del contrato conforme al artículo 19 del estatuto y (v) en los contratos de suministros y obras públicas una vez se hubieran cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas de los mismos. El Decreto 222 de 1983 adoptó dos criterios restrictivos que habilitaban la liquidación del contrato. Por una parte, estableció unas hipótesis fundadas en la anormalidad en la terminación de la relación contractual, de forma que el contrato se debía liquidar cuando se hubiera declarado la caducidad, su nulidad, o se hubiera terminado por acuerdo entre las partes o de forma unilateral por la Administración. Por otra, dispuso la necesidad de liquidar los contratos de suministro y obras públicas una vez se hubieran cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas de los mismos. Con la expedición de la Ley 80 de 1993, se amplió el criterio para la liquidación de los contratos, pues el artículo 60 de ese estatuto prescribió que los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongara en el tiempo y los demás que lo requirieran, serían objeto de liquidación. En efecto, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública expandió la figura de la liquidación del contrato al no limitarlo a circunstancias de terminación unilateral ni a tipologías de contratos específicos, como sí lo hacía el Decreto 222 de 1983. La regulación de ese Decreto, al referirse solo a unas hipótesis específicas de liquidación y la nueva regulación, más flexible, de la Ley 80 de 1993, le permitió concluir a la Sala que el citado decreto limitaba a las entidades públicas frente al proceso de liquidación de los contratos al señalar, de forma particular, los eventos en los que procedería esta figura, por fuera de los cuales no podía proceder de forma unilateral . PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / EXCEPCIONES DE LA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos de la liquidación unilateral del contrato y la liquidación bilateral del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si La oportunidad para la liquidación bilateral y unilateral de los contratos de la administración quedó definida en el estatuto actual, pues el criterio jurisprudencial , en vigencia del Decreto Ley 222 de 1983, fue incorporado en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, en consonancia con el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 (modificatorio del artículo 136 CCA). También inspirado en la jurisprudencia de esta Corporación, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 define los plazos respectivos. Así, para la liquidación bilateral, las partes tienen un término de cuatro meses siguientes al momento en que se termina el plazo de ejecución del contrato y la administración –para la liquidación unilateral– tiene un plazo de dos meses siguientes a la fecha en que venció el término de la liquidación por mutuo acuerdo. FUENTE FORMAL: DECRETO 222 DE 1983, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61 NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuando en la demanda por nulidad del acto administrativo contractual de liquidación del contrato hay pretensiones diferentes, se deben estudiar por separado o se estudia la nulidad total del acto administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si Como la Resolución n.° 309 contiene decisiones diferentes, esto es, la liquidación unilateral del contrato (art. 2) y la aprobación de un acuerdo parcial (art. 1), la Sala estudiará de forma independiente su legalidad. ACUERDO DE VOLUNTADES / VOLUNTAD JURÍDICA / VOLUNTAD PRIVADA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Solo cuando conste de manera inequívoca que la intención de las partes es distinta de lo que expresan los términos del contrato (art. 1602 CC), es posible recurrir a la definición de esa voluntad a través de los diferentes criterios previstos por el Código Civil? Respuesta al problema jurídico: Si Solo cuando conste de manera inequívoca que la intención de las partes es distinta de lo que expresan los términos del contrato (art. 1602 CC), es posible recurrir a la definición de esa voluntad a través de los diferentes criterios previstos por el Código Civil . La intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), que aparece claramente en la cláusula novena del contrato, permite concluir que las partes pactaron un plazo por 5 años improrrogables del 1 de enero de 1988 al 31 de diciembre de 1992. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618 NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD PARCIAL / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / DAÑO EMERGENTE / LUCRO CESANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / ACTO ADMINISTRATIVO ILEGAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Está demostrado el perjuicio material a título de daño emergente y lucro cesante por la expedición del acto administrativo que liquidó unilateralmente el contrato? Respuesta al problema jurídico: Si El demandante solicitó $170.000.000 por lucro cesante y $240.000.000, por daño emergente, con ocasión a la expedición de la Resolución n.° 309. Afirmó que el Instituto Financiero de Desarrollo de Boyacá ordenó el pago por los conceptos de «elementos faltantes» y del «fondo de reposición», pero que, a su juicio, la entidad le adeudaba esos rubros. Como el Instituto Financiero de Desarrollo de Boyacá no era competente para liquidar unilateralmente el contrato, la Sala procederá, en primer lugar, a estudiar la reclamación del demandante frente las sumas correspondientes a los conceptos de «elementos faltantes» y del «fondo de reposición». Por solicitud del demandante, también analizará si se acreditó otro perjuicio derivado de la expedición ilegal del acto administrativo. El demandante sostuvo que la Resolución n.° 309 declaró que debía $4.617.655 por «elementos faltantes», pero que en realidad había elementos «sobrantes» que no le habían sido devueltos. (...) no obra prueba que permita establecer con certeza el daño alegado por el demandante con ocasión a los elementos «sobrantes» que, según él, no le fueron devueltos por el Instituto Financiero de Desarrollo de Boyacá. El demandante también afirmó que la Resolución n.° 309 declaró que debía pagar $6.052.655 por concepto del «fondo de reposición», no obstante, dicho fondo arrojaba un saldo a su favor que no fue reconocido. En el contrato de arrendamiento n.° 001 se pactó, en la cláusula cuarta, que el arrendatario debía constituir un fondo, en los siguientes términos: El arrendatario deberá pagar el canon de arrendamiento mensual dentro de los primero quince (15) días de cada mes, por mes vencido, en las oficinas de IDEBOY en Tunja y de la siguiente forma: La suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2´500.000.00) MCTE. La suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($750.000.00) MCTE. con la que se constituirá un FONDO EL ARRENDATARIO para Reposición y Adición de activos de operación y de activos fijos, abriendo una cuenta que devengue intereses y acreditará la consignación. Mensualmente el arrendatario incluirá un reporte por escrito del movimiento de la cuenta de estos FONDOS a sus respectivos aportes y saldos. Según la intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), que quedó consignada claramente en la cláusula cuarta del contrato, junto, el contratista debía constituir un fondo para la reposición y adición de activos de operación y de activos fijos, que devengaría intereses, donde debía pagar parte del canon de arrendamiento. Obran en el proceso unos extractos bancarios de la cuenta constituida con la entidad financiera Financiacoop (f. 13-25 c. 3). Estos documentos privados que se presumen auténticos [núm. 6] solo dan cuenta de algunos movimientos de recursos, pero no de la existencia de alguna suma en favor del demandante. Como tampoco se allegó otra prueba que acreditara algún valor a favor de Germán Morales e Hijos Organización Hotelera Ltda. por el manejo de la cuenta bancaria, no se probó el daño alegado por el demandante. Frente a un perjuicio material derivado de la expedición ilegal del acto administrativo, está acreditado que el 13 de octubre de 1994, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja libró mandamiento de pago contra Germán Morales e Hijos Organización Hotelera Ltda. y a favor del Instituto de Desarrollo Financiero de Boyacá por valor de $37.730.566,25 más intereses del 52% anual con fundamento en el contrato de arrendamiento n.° 001 y la Resolución n.° 309 [hecho probado 7.12]. No obstante, no se demostró que el demandante hubiera realizado algún pago por ese concepto. De modo que, no obra prueba de que el acto administrativo demandado hubiera causado algún otro daño material al demandante. Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. De modo que, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudor –si excepciona– debe probar su extinción (carga de la prueba). Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones . En concordancia, el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Germán Morales e Hijos Organización Hotelera Ltda. afirmó que la entidad no reconoció sumas a su favor provenientes de bienes que no fueron devueltos y de saldos a su favor de la cuenta bancaria constituida para el manejo del «fondo para la reposición y adición de activos de operación y de activos». Sin embargo, no demostró que la entidad le adeudara algún valor por esos conceptos. Como tampoco obra prueba de que la demandante hubiera pagado alguna suma en el proceso ejecutivo iniciado en su contra con ocasión a la expedición del acto administrativo ni se demostró algún perjuicio material adicional con ocasión a la expedición de esa decisión, circunstancia que le correspondía acreditar (artículo 177 CPC), se negarán las pretensiones en ese sentido. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 168, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757 INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PERSONA JURÍDICA / PERJUICIO MORAL A PERSONA JURÍDICA / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿La persona jurídica logró demostrar perjuicio moral por la expedición del acto administrativo que liquidó unilateralmente el contrato? Respuesta al problema jurídico: Si El demandante también solicitó los perjuicios morales ocasionados por la expedición del acto. En el recurso de apelación, esgrimió que se debía reconocer el daño al buen nombre de la sociedad. El daño moral subjetivo consiste en la aflicción de los sentimientos íntimos de la persona que dan lugar a su indemnización por parte del causante del daño . No obstante, su reconocimiento no procede cuando la víctima sea una persona jurídica, pues al ser una persona ficticia (art. 633 CC), carece de capacidad afectiva o sentimental. Respecto al daño al buen nombre de una persona jurídica, o good will, la Sala reitera que su indemnización solo es posible bajo la categoría de lucro cesante, cuando se acredite que la víctima lo padeció. Como Germán Morales e Hijos Organización Hotelera Ltda. es una sociedad constituida legalmente, según da cuenta el certificado de existencia y representación n.° 4903206 (f. 47-51 c. 1), es una persona jurídica (art. 98 C. Co) frente a la cual no proceden el reconocimiento de perjuicios morales. Así mismo, como tampoco obra prueba que acredite un daño al good will, se negará la reclamación del demandante. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 98, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 633 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=150012331000199313702011100103