Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra auto proferido
Lo que dijo la Sala
La Sala es competente para resolverlo, por tratarse de una providencia proferida por un tribunal administrativo en un proceso que tiene vocación de doble instancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA, en concordancia con el artículo 125 del mismo cuerpo normativo.
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Síntesis síntesis automática
Corresponde al Consejo de Estado resolver en segunda instancia la apelación contra el auto que un tribunal administrativo dicta en primera instancia y que niega una medida cautelar, cuando el proceso tiene vocación de doble instancia. Esta competencia se apoya en el artículo 150 del CPACA, que atribuye a la corporación los recursos contra los autos de los tribunales susceptibles de apelación, en concordancia con el artículo 125 del mismo código. Por ello el factor que determina la competencia es la naturaleza de la providencia y la doble instancia del proceso, y no el contenido de la medida solicitada. En el caso concreto la sala se declaró competente para resolver la apelación contra el auto que negó la medida cautelar en un proceso contractual, y la decisión fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la apelación contra la negativa de una medida cautelar en un proceso de doble instancia se tramita ante el Consejo de Estado.
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Problema jurídico
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra auto proferido en primera instancia que negó medida cautelar?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Ley 1437 de 2011, arts. 125 y 150
También resuelve
- ¿Las medidas cautelares de suspensión en materia contractual están limitadas a los actos administrativos que se expidan o a procedimientos que se adelanten antes o durante su ejecución?
- ¿No procede el decreto de la medida cautelar consistente en la suspensión de los efectos del contrato por cuanto no se ha ejecutado dicho contrato…
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Titulación de la relatoría 5.477 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO INTERLOCUTORIO / APELACIÓN DE AUTO INTERLOCUTORIO / AUTO QUE NIEGA MEDIDA CAUTELAR / AUTO QUE NIEGA EL DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PARA CONOCER DE LA APELACIÓN DEL AUTO
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra auto proferido en primera instancia que negó medida cautelar?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala es competente para resolverlo, por tratarse de una providencia proferida por un tribunal administrativo en un proceso que tiene vocación de doble instancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA, en concordancia con el artículo 125 del mismo cuerpo normativo.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 125, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150
MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN / SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Las medidas cautelares de suspensión en materia contractual están limitadas a los actos administrativos que se expidan o a procedimientos que se adelanten antes o durante su ejecución?
Respuesta al problema jurídico: Si
Lo primero que debe señalar la Sala es que, si bien, en principio, las medidas cautelares de suspensión en materia contractual están limitadas a los actos administrativos que se expidan o a procedimientos que se adelanten antes o durante su ejecución y no para suspender los efectos del negocio jurídico, pues así se entiende de la redacción del artículo 230 del CPACA, no se puede perder de vista que al juez administrativo le asiste un deber de protección del ordenamiento jurídico y del interés público y en esa medida se encuentra facultado para adoptar las decisiones que garanticen el objeto del proceso y que la providencia que le ponga fin no resulte nugatoria.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la posibilidad de suspensión de los efectos de contratos estatales, consultar providencia de 23 de mayo de 2023, Exp. 68956, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIDA CAUTELAR / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR / REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR / REQUISITOS PARA EL DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR / INTERÉS PÚBLICO / PERJUICIO IRREMEDIABLE / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / LICENCIA AMBIENTAL / AUSENCIA DE LICENCIA AMBIENTAL / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR / AUTO QUE NIEGA MEDIDA CAUTELAR / AUTO QUE NIEGA EL DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN
Problema jurídico:
¿No procede el decreto de la medida cautelar consistente en la suspensión de los efectos del contrato por cuanto no se ha ejecutado dicho contrato, lo que impide predicar las afectaciones al interés público y el hipotético perjuicio irremediable?
Respuesta al problema jurídico: Si
A pesar de que el recurrente reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en la solicitud de la medida, en el sentido de afirmar que la parte demandada tenía interés en ejecutar el contrato y que esa situación representaba una amenaza a los intereses económicos de la entidad, lo concreto es que la ejecución del proyecto contratado dependía de la obtención de la licencia ambiental, lo que no ha ocurrido en este caso de conformidad con lo acreditado hasta esta etapa procesal y, que, por consiguiente, descarta la materialización del presunto riesgo económico aducido por Iservi, tal como se explicará más adelante. La Sala afirma lo anterior porque la ejecución de las obras necesarias para la posterior operación de la planta de tratamiento de residuos estaba supeditada a la consecución de las licencias pertinentes para tal fin, como se puede observar de la redacción de la cláusula segunda del contrato (...) Asimismo, obra en el plenario el oficio del 11 de enero de 2022, suscrito por el gerente de Iservi, dirigido al representante legal de Vitalogic, en el cual se advierte de la falta de licencia ambiental para la ejecución del proyecto y el vencimiento del plazo para la expedición de esta de conformidad con lo dispuesto en la cláusula decimoquinta del contrato (...) De acuerdo con lo hasta aquí señalado, resulta razonable afirmar que la ejecución del contrato, en su etapa inicial de construcción, dependía de la obtención de las licencias requeridas dentro del plazo estipulado en el negocio jurídico. De ahí que la manifestación de la entidad demandante, según la cual el contrato no se pudo desarrollar por ese incumplimiento, ya que el término pactado para la obtención de la licencia feneció y que ello originó el trámite de resolución del contrato, permite inferir que el contrato no se está desarrollando, requisito mínimo para predicar un virtual detrimento patrimonial o cualquier otra circunstancia que diera lugar a la afectación del interés público o a que los efectos de la sentencia resultarían nugatorios. Lo expuesto es relevante para concluir que la inejecución del contrato impide predicar las afectaciones al interés público y el hipotético perjuicio irremediable al que se aludió en la demanda, en la medida cautelar y en el recurso de apelación no pasan del escenario de la especulación, motivo por el cual, ante la falta de concurrencia de los requisitos para su decreto, la Sala concluye que le asistió razón al tribunal a quo, circunstancia que impone la confirmación del auto impugnado.