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¿En el plenario del medio de control de repetición, existe prueba sobre la materialización de la imputación subjetiva contra los demandados a título de culpa grave? No
Cuando se pretende la repetición contra miembros de la fuerza pública, las sentencias disciplinarias y las de reparación directa no prueban por sí solas la culpa grave, pues el dolo y la culpa grave son presupuestos de carácter personal que deben establecerse respecto de cada agente. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el fallo de reparación directa es un elemento de juicio insuficiente para valorar la conducta del agente. Segunda, la parte actora no solicitó la práctica de otros elementos de juicio idóneos para acreditar el elemento subjetivo. Tercera, los antecedentes administrativos aportados por la entidad se refieren a un informativo sobre pérdida de material de guerra y no tienen relación directa con los daños por los que el Estado fue condenado. En consecuencia, como no se aportaron pruebas idóneas, las pretensiones debían negarse y se confirmó la sentencia apelada. El documento reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el valor limitado del fallo de reparación directa.síntesis automática
También resuelve:¿La parte actora asumió que el elemento de la culpa grave se desprendía de la sentencia proferida dentro de la reparación directa?¿El demandante tiene la carga de indicar qué conductas específicas son atribuibles al demandado?¿La parte actora tenía la carga de acreditar que los demandados actuaron con culpa grave en los hechos?
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve:¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos?¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos?¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
¿Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público? Sí
El contratista no puede cometer los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ya que estos son delitos de sujeto activo calificado y solo pueden ser cometidos por servidores públicos, según el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, que equipara a los contratistas con la calidad de servidor público en el ámbito de la responsabilidad penal. La Fiscalía encontró indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos mediante el cobro de facturas de un contrato de suministro celebrado sin cumplir los requisitos legales, lo que configuraba las conductas punibles por las que fue vinculada. Sin embargo, la medida restrictiva de privación de la libertad no fue desproporcionada, ya que la demandante permaneció bajo privación de la libertad durante un año y tres meses, y fue absuelta por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias, lo que implica que no existe responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿La Fiscalía encontró que existían indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos?¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto la demandante consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario…¿La interpretación que acogió la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento encuadraba dentro de la tipificación endilgada?
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal?¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban?¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
¿La medida de aseguramiento era procedente, por cuanto al ser adoptada se contaba con más de un indicio en la investigación penal en contra de los sindicados? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por privación injusta de la libertad cuando la medida de aseguramiento fue procedente y ajustada a derecho, ya que se contaba con más de un indicio en la investigación penal y la medida cumplía con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. A pesar de que el proceso penal cesó en favor de los sindicados por aplicación del principio in dubio pro reo, esto no desvirtúa la legalidad de la medida de aseguramiento, la cual fue impuesta por el delito de abandono del puesto y se basó en la declaración de un testigo y la prueba de alcoholimetría que demostró el incumplimiento del deber funcional de los agentes de policía. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la privación de la libertad no fue injusta.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento de detención preventiva que se impuso estuvo ajustada a derecho, fue legal, proporcional y razonable?¿El fiscal cesó el procedimiento en contra de los sindicados, en aplicación del principio in dubio pro reo?¿Los agentes de la policía se encontraban en un establecimiento de comercio en el horario en que debían estar prestando el servicio de vigilancia de los alumbrados navideños?
25000232400020020102103 de 20242024-08-22Rad. 25000232400020020102103
La Corte Constitucional en sentencia SU-620 de 1996, analizó la naturaleza resarcitoria de la responsabilidad fiscal, el daño patrimonial y las características del proceso de responsabilidad fiscal en la Ley 42 de 1993, y al respecto consideró que El proceso de responsabilidad fiscal es un proceso de naturaleza administrativa, en razón de su propia materia, como es el establecimiento de la responsabilidad que corresponde a los servidores públicos o a los particulares que ejercen funciones públicas, por el manejo irregular de bienes o recursos públicos. Dicha responsabilidad no tiene un carácter sancionatorio, ni penal, conforme lo dispuso el parágrafo del artículo 81 de la Ley 42, en la medida en que lo que se persigue a través de la misma es obtener la indemnización por el detrimento patrimonial ocasionado a la entidad estatal .
También resuelve:Daño patrimonial al estado: proceso responsabilidad fiscal
¿Se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no logra configurar el daño antijurídico como elemento primario de la responsabilidad del Estado, ya que no acredita la existencia de un perjuicio que satisfaga los requisitos legales, ni demuestra que la medida de aseguramiento impuesta haya carecido de proporcionalidad o razonabilidad, o que haya sido arbitraria. La Sala confirma la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales previstos en la ley penal vigente y no se probó que la Fiscalía hubiera causado un daño antijurídico al procesado, lo que hace infructuoso el análisis de la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Se allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria?¿La medida privativa de la libertad no quebrantó lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y garantizó los derechos del procesado?¿En manos del juez está la labor de definir el régimen de responsabilidad aplicable y la motivación que sustente la decisión que se habrá de adoptar?
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión?¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas?¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
¿Las presunciones legales de la Ley 678 de 2001 no son aplicables al presente asunto en tanto la entidad demandante no cumplió con la carga de identificar el evento de la norma que resultaba aplicable al caso concreto, para que el demandado pudiera ejercer su derecho defensa y contradicción frente a esa presunción alegada? Sí
El contratista no puede beneficiarse de las presunciones legales de la Ley 678 de 2001 en una acción de repetición si la entidad demandante no identifica claramente el evento de la norma aplicable, lo que impide al demandado ejercer su derecho a la defensa y contradicción. La Sala determina que la entidad debe cumplir con la carga de probar el elemento subjetivo de la responsabilidad, en este caso el dolo, y no puede ampliar las pretensiones al estudio de la responsabilidad por culpa grave en los alegatos de conclusión y en el recurso de apelación, ya que esto afectaría el derecho de defensa del demandado. Además, la Sala concluye que la entidad no acreditó dolo en el acto de declaratoria de insubsistencia del funcionario de libre nombramiento y remoción, dado que la demandada desconocía la condición de pre-pensionado del afectado y no había sido informada de esta situación, lo que implica que no puede ser considerada responsable por actuar en ausencia de dolo. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos de procedibilidad en la acción de repetición y la necesidad de acreditar claramente el elemento subjetivo de la responsabilidad.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición debe ser estudiada conforme a los fundamentos de la demanda cuyo contenido alegó únicamente el dolo como elemento subjetivo de responsabilidad…¿El acto de declaratoria de insubsistencia del funcionario de libre nombramiento y remoción fue expedido por la funcionaria del ICBF en ausencia de dolo…¿La tasación de las agencias en derecho se hace en virtud de la naturaleza, calidad y duración de la gestión del apoderado de la demandada?
ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES,INEPTITUD DE LA DEMANDA,RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD – Procedencia,CCA,Indebida acumulación de demanda,Constitución Política de 1991 – Mes: agosto – Año: 2016…
También resuelve:Acumulación de pretensiones: procedencia, ccaIneptitud de la demanda: indebida acumulación de demandaRégimen de responsabilidad: Constitución Política de 1991
¿El medio de control de reparación directa es el procedente para reclamar por daños provenientes de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo? Sí
El proponente acude a la jurisdicción contencioso administrativa formulando pretensiones indemnizatorias por daños derivados de actuaciones imputables a la administración de justicia. El juez de la causa analiza la idoneidad del medio de control elegido a la luz del ordenamiento procesal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del CPACA, la pretensión de reparación directa constituye el mecanismo procesal idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el perjuicio invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato o a un acto administrativo. Verificada la oportunidad en la presentación de la demanda y acreditados los presupuestos procesales, la Sala confirma la sentencia de primera instancia. Asimismo, al advertir que la parte vencedora no desplegó actuación alguna en segunda instancia, se abstiene de imponer condena por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte demandante.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?¿El medio de control de reparación directa por privación injusta de la libertad se interpuso dentro del término establecido en la ley?¿Las partes que integran la litis se encuentran legitimadas en la causa?
determinar si los señores Oscar Rodrigo Velasco Arcos y Jhon Ricardo Céspedes Gaviria son responsables, por su presunto actuar doloso, en los hechos ocurridos el 24 de junio de 2009, cuando el señor Fernando José Parejo Lozano fue víctima de los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, circunstancias por las cuales el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado Adjunto de Descongestión de Cundinamarca los condenó, providencia que fue conciliada y aprobada el 21 de marzo de 2012 y por la cual la entidad demandante tuvo que pagar $591.679.273,49 pesos. No
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición si no demuestra que la conducta del servidor público fue dolosa o gravemente culposa, ya que estos elementos son requisitos necesarios y concurrentes para que surta efectos el mecanismo. La entidad demandante debe probar la calidad del servidor público y su participación en la acción u omisión dañina, la existencia de una condena judicial o conciliación que genere la obligación de pagar una suma de dinero, el pago efectivo realizado por el Estado y que la conducta del servidor fue dolosa o gravemente culposa. En este caso, la Sala concluyó que la parte demandante no probó que la conducta de los demandados en los hechos ocurridos el 24 de junio de 2009 hubiera sido con dolo o culpa grave, por lo que no se le permite ejercer el medio de control de repetición.síntesis automática
¿Cumplieron las capturas y su legalización los requisitos previstos en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al artículo 90 de la Constitución Política? Sí
El Estado asume responsabilidad patrimonial extracontractual cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico y su debida imputación, entendido aquel como el perjuicio que la persona no tiene el deber jurídico de soportar conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En el presente litigio se examinan las capturas y su legalización conforme a los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, determinando la ausencia de responsabilidad patrimonial por parte de la Fiscalía General de la Nación ante la legalidad de los procedimientos restrictivos de la libertad cuestionados en la demanda de reparación directa.síntesis automática
También resuelve:¿Cumplieron las solicitudes y la imposición de medidas de aseguramiento los presupuestos establecidos en los artículos 295, 306, 308 y 310 de la Ley 906 de 2004…¿La Rama Judicial incurre en responsabilidad patrimonial por el vencimiento del término previsto en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004…¿Cumplió la Fiscalía General de la Nación el término previsto en la Ley 906 de 2004 para presentar escrito de acusación, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al…
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del patrullero de policía, que proceda condenarlo en sede de repetición a restituir la condena impuesta al Estado por las lesiones sufridas en el accidente de tránsito con el vehículo oficial que dicho agente conducía por órdenes de sus superiores? No
La culpa grave del agente no puede fundarse en un hecho que no se planteó en la demanda ni se sostuvo en la primera instancia, y su acreditación exige elementos de convicción suficientes que permitan concluir con certeza la conducta reprochada. La regla se apoya en que el juez de repetición decide sobre los cargos formulados en la demanda y en que la culpa grave debe demostrarse con pruebas y no con conjeturas. Por ello, un argumento nuevo en la apelación sobre la conducta del agente no altera el marco de la controversia. En el asunto, el conductor de un vehículo oficial sufrió un accidente de tránsito, y el argumento de exceso de velocidad no se había planteado en la demanda ni en la primera instancia, y no existían elementos suficientes para concluir la culpa grave; por ello, la Sala confirmó la negativa de la repetición. En la práctica, la culpa grave en un accidente de tránsito debe probarse con los hechos incluidos en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contabilizarse desde el pago de la segunda condena impuesta en la sentencia de reemplazo proferida por el Tribunal Administrativo…¿El marco fundamental del juez de segunda instancia en sede de repetición, está determinado por los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia?¿Para la configuración de la responsabilidad del agente del Estado por culpa grave, es necesario acreditar un error inexcusable y manifiesto…
Sentencia — Sentencia que confirma sentencia apelada2026-06-25SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)BEATRIZ TERESA GALVIS BUSTOSRad. 11001334306620210033001ACCION DE REPETICION
¿La demanda de repetición cumple con el presupuesto procesal de oportunidad - caducidad del medio de control? Sí
El contratista no cumple con el presupuesto procesal de oportunidad en una demanda de repetición si presenta la acción fuera del plazo legal, pero este plazo puede verse afectado por la suspensión temporal de términos durante la emergencia por la pandemia de COVID-19, según lo establecido en el Decreto Legislativo 564 de 2020. En el caso específico, la entidad contaba con dieciocho meses para cumplir la condena impuesta, y el término para ejercer la acción de repetición comenzó a correr dos años después del vencimiento de este plazo, pero fue suspendido entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, lo que extendió el plazo hasta el 25 de marzo de 2022, permitiendo que la demanda presentada el 10 de diciembre de 2021 fuera oportunamente radicada. La entidad estatal carece de legitimación en la causa por pasiva en una acción de repetición promovida por la Nación contra los herederos de un servidor público fallecido, ya que la acción es personal y subjetiva, y estos herederos no participaron en los hechos que dieron lugar a la condena ni tienen los elementos necesarios para controvertir adecuadamente las imputaciones formuladas. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, estableciendo que la acción de repetición no puede ser trasladada a los herederos del agente estatal, a menos que existan circunstancias excepcionales que permitan su procedencia.síntesis automática
También resuelve:¿Los herederos indeterminados de […] tienen legitimación en la causa por pasiva dentro del presente medio de control de repetición promovido por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de…
¿La causa adecuada del daño, accidente de tránsito entre particulares, provino de una conducta ajena al Estado? Sí
El contratista no puede imputar al Estado la responsabilidad por lesiones físicas causadas en un accidente de tránsito entre particulares, ya que la causa adecuada del daño provino de una conducta ajena al Estado, específicamente del conductor de un vehículo que actuó imprudentemente al no respetar la prelación de paso y no tomar las precauciones debidas al cruzar una intersección, lo que resultó en un choque con una motocicleta. La entidad estatal no incurrió en ninguna omisión que contribuyera a la ocurrencia del accidente, y el hecho del tercero fue tanto imprevisible como irresistible para la Administración, por lo que no se configura la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado en casos de accidentes de tránsito, estableciendo que el daño debe ser consecuencia directa de una falla del servicio o de una omisión estatal para que se configure la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Se probó la falla del servicio imputada al municipio de Villamaría?¿El accidente se produjo por el hecho del tercero consistente en el actuar del conductor de la camioneta?¿Los reductores de velocidad son señales preventivas que deben instalarse en zonas en donde se requiera detener completamente el vehículo o disminuir la velocidad?
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer, en única instancia, de una acción de repetición promovida por una universidad contra sus exrectores y exvicerrectora, por hechos ocurridos en ejercicio de sus funciones? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de la acción de repetición que promueve una entidad pública contra sus exservidores cuando resulta condenada al pago de perjuicios causados por actuación dolosa o gravemente culposa, y en los procesos de única instancia la competencia del Consejo de Estado depende del factor subjetivo y del factor objetivo. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 142 del CPACA y el inciso primero del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 adscriben a esta jurisdicción la repetición para obtener el reintegro de lo pagado; los artículos 149, 152 y 155 de la Ley 1437 de 2011, vigentes al presentarse la demanda, introdujeron el factor subjetivo para los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado y el factor objetivo para los demás; y la acción de repetición de una universidad contra sus exdirectivos se enmarca en la función pública que ejercieron. Por ello, la competencia para conocer de la acción se determina conforme a esas reglas. La providencia niega la pretensión de competencia contraria.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de repetición se interpuso dentro del término legal?¿La legitimación en la causa por activa en el medio de control de repetición recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva recae sobre los…¿Es aplicable la Ley 678 de 2001, sin modificaciones posteriores, al medio de control de repetición cuando los hechos que motivaron la acción ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 2195 de 2022?
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia? Sí
El contratista puede ejercer la acción de reparación directa cuando el daño proviene de hechos imputables a la administración de justicia, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal para evitar la caducidad de la acción, que opera como garantía del principio de seguridad jurídica. La caducidad se configura a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación o la sentencia absolutoria, o desde que el procesado recupera su libertad, lo que ocurra último. En el caso analizado, la acción fue ejercida oportunamente, pues la demanda se presentó antes del vencimiento del plazo legal, contado a partir del momento en que quedó claro el carácter injusto de la privación de libertad. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre el tema, consolidando la interpretación sobre el inicio del cómputo del término de caducidad en acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad de la acción de reparación directa representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?¿Operó el fenómeno preclusivo de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad en el caso sub examine?¿Tienen legitimación en la causa por activa los demandantes en el caso sub examine, al igual que cuentan con legitimación en la causa por pasiva la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial?
Sentencia — Sentencia2026-10-08Sección PrimeraCARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRORad. 85001233300020240006301LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
¿Con fundamento en lo señalado por numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la autoridad judicial competente para restringir el goce de los derechos políticos es el juez penal en el trámite de un proceso de naturaleza penal? No
Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática
También resuelve:¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso…¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
¿Puede prosperar la acción de repetición contra los ex servidores públicos cuando la entidad demandante no logra demostrar, con pruebas idóneas, la existencia de una conducta personal, directa y gravemente culposa que haya generado la condena impuesta al Estado? No
El contratista no puede prosperar en una acción de repetición contra ex servidores públicos si no demuestra, con pruebas idóneas, la existencia de una conducta personal, directa y gravemente culposa que haya generado la condena impuesta al Estado, ya que la ley establece que la responsabilidad subjetiva requiere la identificación clara y precisa de dicha conducta, y no basta con afirmaciones generales. Además, las actas de conciliación extrajudicial no tienen valor probatorio para acreditar la ocurrencia de los hechos que sustentan las pretensiones, según reiterada jurisprudencia. Por lo tanto, la Sala modifica la decisión al confirmar que la entidad demandante no logró demostrar la culpa grave que le endilgó a los demandados, lo que implica que en casos futuros será necesario presentar pruebas documentales sólidas para establecer la responsabilidad personal.síntesis automática
También resuelve:¿Procede imponer condena en costas en el proceso de repetición, cuando este se adelanta para proteger el patrimonio público y, por tanto, se considera que ventila un interés público…