Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: no puede prosperar la acción de repetición contra los ex servidores públicos
Relevancia
Reitera la jurisprudencia.
Lo que dijo la Sala
En desarrollo del artículo 90 superior, la Ley 678 de 2001, además de regular los aspectos sustanciales de la acción de repetición, estableció los criterios de evaluación subjetiva de las conductas, a fin de establecer la configuración del dolo o la culpa grave, para lo cual consagró las nociones de cada uno de estos conceptos y, al lado de esto, estableció un régimen de presunciones legales en torno a ellos, con una evidente incidencia en la carga de la prueba.… Sobre esto último, dada la dificultad probatoria que suponía la demostración de la culpa grave o el dolo en los juicios de repetición bajo el régimen anterior (Código Contencioso Administrativo y en lo relacionado con el dolo y la culpa grave, el Código Civil), el legislador decidió acudir a las denominadas presunciones iuris tantum y las consagró en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001…
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Síntesis síntesis automática
El contratista no puede prosperar en una acción de repetición contra ex servidores públicos si no demuestra, con pruebas idóneas, la existencia de una conducta personal, directa y gravemente culposa que haya generado la condena impuesta al Estado, ya que la ley establece que la responsabilidad subjetiva requiere la identificación clara y precisa de dicha conducta, y no basta con afirmaciones generales. Además, las actas de conciliación extrajudicial no tienen valor probatorio para acreditar la ocurrencia de los hechos que sustentan las pretensiones, según reiterada jurisprudencia. Por lo tanto, la Sala modifica la decisión al confirmar que la entidad demandante no logró demostrar la culpa grave que le endilgó a los demandados, lo que implica que en casos futuros será necesario presentar pruebas documentales sólidas para establecer la responsabilidad personal.
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Problema jurídico
¿Puede prosperar la acción de repetición contra los ex servidores públicos cuando la entidad demandante no logra demostrar, con pruebas idóneas, la existencia de una conducta personal, directa y gravemente culposa que haya generado la condena impuesta al Estado?
Respuesta: No
Fundamentos
- Ley 678 de 2001, arts. 5 y 6
- Constitución Política
También resuelve
- ¿Procede imponer condena en costas en el proceso de repetición, cuando este se adelanta para proteger el patrimonio público y, por tanto, se considera que ventila un interés público…
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Titulación de la relatoría 9.455 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ACTA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / CARENCIA DE VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SERVIDOR PÚBLICO / CONDUCTA / DOLO / PRESUNCIÓN LEGAL / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CÓDIGO CIVIL / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Puede prosperar la acción de repetición contra los ex servidores públicos cuando la entidad demandante no logra demostrar, con pruebas idóneas, la existencia de una conducta personal, directa y gravemente culposa que haya generado la condena impuesta al Estado?
Respuesta al problema jurídico: No
En desarrollo del artículo 90 superior, la Ley 678 de 2001, además de regular los aspectos sustanciales de la acción de repetición, estableció los criterios de evaluación subjetiva de las conductas, a fin de establecer la configuración del dolo o la culpa grave, para lo cual consagró las nociones de cada uno de estos conceptos y, al lado de esto, estableció un régimen de presunciones legales en torno a ellos, con una evidente incidencia en la carga de la prueba. (...) Sobre esto último, dada la dificultad probatoria que suponía la demostración de la culpa grave o el dolo en los juicios de repetición bajo el régimen anterior (Código Contencioso Administrativo y en lo relacionado con el dolo y la culpa grave, el Código Civil), el legislador decidió acudir a las denominadas presunciones iuris tantum y las consagró en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, con miras a dotar de mayor efectividad a esta herramienta de carácter patrimonial a favor del Estado (...) Este tipo de presunciones, también llamadas legales, califican la conducta del demandado como dolosa o gravemente culposa, siempre que se demuestre el hecho fundante de la presunción que está claramente definido en la ley, pero al ser situaciones que admiten prueba en contrario, son susceptibles de ser desvirtuadas a través de los medios que el demandado estime pertinentes. (...) En este caso, la entidad demandante se limitó a lanzar afirmaciones en torno a una supuesta conducta gravemente culposa, pero no precisó a cuál presunción de culpa grave alude el fundamento de la repetición iniciada contra los demandados. Sin embargo, como lo ha considerado esta Corporación , cuando tal situación se presenta, se abre paso a un análisis general del elemento subjetivo de responsabilidad. (...) [L]a Sala destaca la precariedad de la exposición descriptiva de las condiciones modales o circunstanciales que rodearon la supuesta conducta enjuiciada y de la ausencia de explicación de las razones por las que el comportamiento de cada uno de los demandados es base constitutiva, sólida y sustantiva de un actuar gravemente culposo, y de su incidencia particular en los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena. (...). Ciertamente, no debe olvidarse que, a diferencia del juzgamiento de la responsabilidad del Estado, el campo de la falla personal de un agente o exagente exige como requisitos para su prosperidad, la identificación clara y precisa de la conducta propia, personal y directa susceptible de los cargos de culpa grave, pues en esta materia el régimen de responsabilidad es de orden subjetivo, soportado en la demostración de la conducta que permita realizar un juicio de reproche a un servidor o ex servidor del Estado, quien con su acción u omisión propició una condena que implicó indemnizar los perjuicios asociados a un daño antijurídico. (...) En el recurso de apelación, el Instituto de Desarrollo Urbano señala que los demandados incumplieron sus funciones por no haber actuado de manera diligente en el trámite de decisión de los recursos de reconsideración presentados contra los actos administrativos que fijaron la contribución de valorización, así como por no haber tomado a tiempo las medidas necesarias para conjurar la situación que generaría la interposición de las múltiples impugnaciones. (...) Adicionalmente, se destaca que para la época en que se expidió la Resolución 21468 la señora (...) estaba en licencia de maternidad (del 18 de octubre de 2008 al 9 de enero de 2009) y, posteriormente, en período de vacaciones (del 13 de enero al 2 de febrero de 2009). (...) De otro lado, conviene destacar que el Acta 29 del 18 de septiembre de 2024 del Comité de Conciliación del IDU no es susceptible de consideración en el análisis probatorio, en la medida en que solo acredita la decisión de iniciar un proceso de repetición contra los demandados, pero sus consideraciones sobre la culpa grave no le son oponibles a los señores (...) ni permiten demostrar ese elemento subjetivo. (...) De manera reiterada, esta Corporación ha concluido acerca de la imposibilidad de valorar las actas de conciliación extrajudicial o las actas del comité de defensa y conciliación de las entidades públicas, como una prueba documental con la virtualidad de acreditar, por cuenta de su contenido, la efectiva ocurrencia de los supuestos de hecho en que se fundamentan las pretensiones (...) Por consiguiente, se confirmará la decisión objeto de alzada, en tanto la entidad demandante no logró demostrar la culpa grave que le endilgó a los señores (...)
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a las actas de conciliación extrajudicial y las actas de los comités de defensa y conciliación de entidades públicas no tienen valor probatorio para demostrar los hechos que sustentan las pretensiones, pues su contenido no acredita la ocurrencia efectiva de esos supuestos fácticos, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia del 7 de mayo de 2021, exp. 64033, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección b, sentencia del 5 de diciembre de 2023, exp. 67114, C.P. Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz. Sobre el incumplimiento de las cargas procesales, cita: Corte Constitucional, sentencia C-662 del 8 de julio de 2004, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes; sentencia C-279 del 15 de mayo de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de octubre de 2021, exp. 56777, C.P. Fredy Ibarra Martínez y del 22 de agosto de 2022, exp. 57229, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre las presunciones legales de dolo y culpa grave, cita: Corte Constitucional, sentencia SU-354 del 26 de agosto de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / REVOCATORIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INTERÉS PÚBLICO / ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO / CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL INTERÉS PÚBLICO / PRINCIPIO DEL INTERÉS PÚBLICO O SOCIAL (LEY 1523 DE 2012) / ACCIÓN DE REPETICIÓN / PATRIMONIO PÚBLICO / PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / RECURSOS PROCEDENTES CONTRA AUTO QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / TEMERIDAD PROCESAL / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Procede imponer condena en costas en el proceso de repetición, cuando este se adelanta para proteger el patrimonio público y, por tanto, se considera que ventila un interés público, conforme al artículo 188 del CPACA?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 188 del CPACA señala que la sentencia decidirá sobre la condena en costas -cuya liquidación y ejecución se regirá por las normas del CGP-, excepto en los procesos en los que se ventila un interés público. (...). En consideración a lo anterior, la Sala revocará la condena en costas impuesta en primera instancia al Instituto de Desarrollo Urbano, en tanto que: i) el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la protección del patrimonio público, y ii) de los argumentos planteados en la demanda, así como en el escrito de subsanación, no se evidencia una falta de sustento jurídico o una manifiesta carencia de fundamento legal, como lo sostuvo el a quo. (...) Según lo ya indicado en el acápite anterior, tampoco hay lugar a imponer condena en costas en esta instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
La Corte Constitucional ha señalado que “la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política”, ver: Corte Constitucional. Sentencia C-832-01 de 8 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 188