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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la acción de repetición debe presentarse en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha

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Fecha
2022-07-13
Radicado
15001333100320100016101
Número interno
61242
Ponente
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
MUNICIPIO DE BOYACA
Demandado
VICTOR HUGO MONDRAGON

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la acción de repetición debe presentarse en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha

Lo que dijo la Sala

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y su condicionamiento por la Corte Constitucional, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de dieciocho (18) meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del CCA.… En este caso el pago se realizó antes del vencimiento del plazo anterior, por lo que para determinar el término de caducidad debe tenerse en cuenta la fecha del pago.… Como la condena fue pagada el 17 de marzo de 2010, el término de caducidad vencía el 18 de marzo de 2012. En consecuencia, la demanda presentada el 5 de agosto de 2010 se radicó oportunamente.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista debe presentar la acción de repetición en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice el pago, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses, de lo contrario se configura caducidad; en este caso, la demanda se radicó oportunamente. La entidad demandante no puede valerse de las presunciones de dolo o culpa grave establecidas en la Ley 678 de 2001 si los hechos ocurrieron antes de su entrada en vigencia, por lo que debe acreditar la culpa grave del demandado. Todo documento público aportado como prueba se presume auténtico y puede otorgarse valor probatorio, como en el caso en que se aportó un comprobante de egreso de contabilidad para demostrar el pago de la condena. Las excepciones de aplicación del principio de no retroactividad de la ley y del principio de buena fe como agente del Estado no constituyen hechos nuevos que enerven las pretensiones de la demanda, sino que son argumentos jurídicos contra su prosperidad. El demandante en la acción de repetición tiene la obligación de probar la conducta gravemente culposa del demandado siempre que no sean aplicables las presunciones de la Ley 678 de 2001, lo cual no ocurrió en este caso debido a la inactividad probatoria de la entidad demandante.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La acción de repetición debe presentarse en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses, de lo contrario, se configura caducidad, en el presente caso, la demanda se radicó de forma oportuna?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 177 núm. 4
  • Ley 678 de 2001, art. 11

También resuelve

  • ¿Cuándo los hechos por los que se demanda a través de la acción de repetición ocurren antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001…
  • ¿Todo documento público que se allegue como prueba se presume auténtico, por lo cual, es posible otorgarle valor probatorio, como en el caso concreto…
  • ¿Las excepciones de aplicación del principio de no retroactividad de la ley y aplicación del principio de buena fe como agente del Estado que interpuso el demandado en el asunto bajo análisis…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA PAGO DE LA CONDENA PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PLAZO APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HECHOS DE LA DEMANDA DOLO PRUEBA DEL DOLO CULPA GRAVE PRUEBA DE LA CULPA GRAVE ACTO ADMINISTRATIVO DOCUMENTO PÚBLICO AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO DOCUMENTO PÚBLICO AUTÉNTICO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO AGENTE DEL ESTADO CONDENA ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL ENTIDAD PÚBLICA COMPROBANTE DE EGRESO DE CONTABILIDAD EXCEPCIONES PROCESALES PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD PRINCIPIO DE LA BUENA FE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE PRETENSIONES DE LA DEMANDA VIGENCIA DE LA NORMA AUSENCIA DE CULPABILIDAD NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA FALTA DE PRUEBA INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE RECURSO DE APELACIÓN DEFICIENCIA PROBATORIA CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA CARGAS PROCESALES INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES SENTENCIA DE EN LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ACTA DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN MUNICIPIO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVIDAD DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL TEMERIDAD PROCESAL AUSENCIA DEL DOLO FALTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

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ACCIÓN DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PLAZO Problema jurídico: ¿La acción de repetición debe presentarse en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses, de lo contrario, se configura caducidad, en el presente caso, la demanda se radicó de forma oportuna? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y su condicionamiento por la Corte Constitucional, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de dieciocho (18) meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del CCA. (…) En este caso el pago se realizó antes del vencimiento del plazo anterior, por lo que para determinar el término de caducidad debe tenerse en cuenta la fecha del pago. (…) Como la condena fue pagada el 17 de marzo de 2010, el término de caducidad vencía el 18 de marzo de 2012. En consecuencia, la demanda presentada el 5 de agosto de 2010 se radicó oportunamente. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, ver, Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, y sentencia C-394 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 NUMERAL 4, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11 APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / HECHOS DE LA DEMANDA / DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Cuándo los hechos por los que se demanda a través de la acción de repetición ocurren antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, no le son aplicables las presunciones de dolo o culpa grave, sino que se debe acreditar el dolo o la culpa grave del demandado? Respuesta al problema jurídico: Si A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales del CCA porque los hechos imputados al demandado ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001. Por lo tanto, la entidad demandante no podía prevalerse de las presunciones contenidas en esa ley y tenía la carga de acreditar el dolo o la culpa grave del demandado. Los actos administrativos que resultaron en el retiro de la señora (…) fueron proferidos el 23 y el 28 de diciembre de 1999. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984, LEY 678 DE 2001 DOCUMENTO PÚBLICO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO / DOCUMENTO PÚBLICO AUTÉNTICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / AGENTE DEL ESTADO / CONDENA / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / ENTIDAD PÚBLICA / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / COMPROBANTE DE EGRESO DE CONTABILIDAD Problema jurídico: ¿Todo documento público que se allegue como prueba se presume auténtico, por lo cual, es posible otorgarle valor probatorio, como en el caso concreto, en el cual se aportó como prueba del pago de la condena? Respuesta al problema jurídico: Si En esta providencia, la Sala (…) Tendrá por demostradas la calidad de agente estatal del demandado y la condena contra la entidad porque no fueron discutidas por las partes. (…) Confirmará la decisión de tener por probado el pago de la condena, pero precisa que el requisito exigido por el a quo, relativo a la necesidad de manifestación expresa del beneficiario de la indemnización para dar por probado el pago, carece de fundamento legal. El comprobante de egreso aportado por la demandante, que es un documento público con presunción de autenticidad, es suficiente para demostrarlo. (…) EXCEPCIONES PROCESALES / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / AGENTE DEL ESTADO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / VIGENCIA DE LA NORMA / AUSENCIA DE CULPABILIDAD / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ENTIDAD PÚBLICA / FALTA DE PRUEBA / CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿Las excepciones de aplicación del principio de no retroactividad de la ley y aplicación del principio de buena fe como agente del Estado que interpuso el demandado en el asunto bajo análisis, no se constituyen hechos nuevos que enerven las pretensiones de la demanda, sino de oposiciones, es decir, de argumentos jurídicos contra su prosperidad? Respuesta al problema jurídico: Si En esta providencia, la Sala (…) Modificará la sentencia apelada en el sentido de no declarar probadas las excepciones de aplicación del principio de no retroactividad de la ley y aplicación del principio de buena fe como agente del Estado. Con independencia de la denominación que les dio el demandado, no se trata de hechos nuevos que enerven las pretensiones de la demanda, sino de oposiciones, esto es, de argumentos jurídicos contra su prosperidad, fundados en la vigencia de una norma y la ausencia de culpabilidad del demandado. En su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda porque la entidad actora no probó uno de los elementos necesarios para que prosperen, como es la culpa grave del demandado. ENTIDAD PÚBLICA / CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / RECURSO DE APELACIÓN / FALTA DE PRUEBA / DEFICIENCIA PROBATORIA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGAS PROCESALES / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES / SENTENCIA DE EN LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTA DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN / AGENTE DEL ESTADO / MUNICIPIO / CONDENA / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿El demandante en la acción de repetición tiene la obligación de probar la conducta gravemente culposa del demandado siempre que no sean aplicables las presunciones de la Ley 678 de 2001, lo cual no ocurrió en este caso, debido a la inactividad probatoria de la entidad demandante, porque para demostrar la culpa grave solo aportó la sentencia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y el acta del comité de conciliación que decidió demandar en repetición al agente estatal? Respuesta al problema jurídico: Si La entidad demandante no demostró que el demandado obrará con culpa grave (…) La Sala solo estudiará la culpa grave del demandado porque este fue el único grado de culpabilidad que fue objeto de los reparos del recurso de apelación. La entidad invocó en la demanda dos de las presunciones contenidas en la Ley 678 de 2001, pero estas no son aplicables a los hechos del proceso. Por lo tanto, a la entidad le correspondía probar la conducta gravemente culposa del demandado. (…) Al respecto se advierte una clara inactividad probatoria de la entidad demandante, porque para demostrar la culpa grave solo aportó la sentencia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y el acta del comité de conciliación que decidió demandar en repetición al agente estatal. Las pruebas aportadas no demuestran la culpa grave del demandado por las siguientes razones: (…) Las consideraciones de la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho no le son oponibles al demandado porque él no fue parte de ese proceso. En esta solo se analizó la legalidad de los actos administrativos, pero no se estudió la conducta del agente estatal ni se tomó alguna decisión sobre su responsabilidad personal. (…) Las pruebas analizadas por el juez de nulidad y restablecimiento del derecho, incluidos los actos administrativos proferidos por el demandado, no fueron trasladadas a este proceso. (…) El acta del comité de conciliación de la entidad solo acredita la decisión tomada por ese órgano en el sentido de iniciar la acción de repetición, pero sus consideraciones sobre el dolo o la culpa grave no le son oponibles al demandado ni permiten demostrar ese presupuesto. (…) Además, el demandado aportó el estudio técnico de reorganización que propuso eliminar la dependencia de la biblioteca y el empleo de técnico bibliotecario, porque solo prestaba servicios al colegio departamental, que no dependía del Municipio. También se practicó el testimonio del señor (…) quien ocupaba otro empleo que fue suprimido, y quien manifestó que el estudio técnico fue socializado con los funcionarios de la administración municipal por el entonces alcalde. (…) La Sala advierte, adicionalmente, que el Municipio fue negligente en su defensa en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho del que se derivó la condena objeto de repetición, debido a que no aportó el estudio técnico de reorganización que fundamentó la supresión del cargo de técnico bibliotecario. Por la ausencia de este estudio, el Tribunal Administrativo (…) declaró la nulidad de los actos administrativos que resultaron en el retiro de la señora (…) ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVIDAD DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL / TEMERIDAD PROCESAL / ENTIDAD PÚBLICA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / DOLO / PRUEBA DEL DOLO / AUSENCIA DEL DOLO / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / SENTENCIA DE EN LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CONDENA / ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEFICIENCIA PROBATORIA / FALTA DE PRUEBA / AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas procesales y agencias en derecho cuando existe temeridad por parte de la entidad demandante en la presentación de la acción de repetición, como se constata en este evento, en cuanto se radicó la demanda sin el menor soporte probatorio del dolo o la culpa grave del demandado? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala encuentra que en este caso existió temeridad por parte de la entidad demandante porque presentó la demanda sin el menor soporte probatorio del dolo o la culpa grave del demandado. Para demostrarlo se limitó a aportar la sentencia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, incluso sin allegar los actos administrativos que dieron lugar a esa condena, y sin realizar alguna actividad probatoria para demostrar la conducta del agente estatal. Por lo tanto, la condena en costas es procedente. (…) Para la fijación de las agencias en derecho en la segunda instancia se tienen en cuenta los criterios y topes establecidos en el artículo tercero del Acuerdo No. 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es decir, la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. En cuanto a su valor, el numeral 3.1.3 del artículo 6 dispone que para la segunda instancia de procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa pueden ser fijadas en hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. (…) Como el demandado intervino en esta instancia al presentar alegatos de conclusión, la Sala tasará las agencias en derecho en el dos coma cinco por ciento (2,5%) de las pretensiones, cuyo valor actualizado asciende a ciento cuarenta y dos millones cien mil novecientos setenta y tres pesos con setenta y cuatro centavos ($142.100.973,74). Por lo tanto, las agencias en derecho de esta instancia se fijan en tres millones quinientos cincuenta y dos mil quinientos veinticuatro pesos con treinta y cuatro centavos ($3.552.524,34). De acuerdo con el artículo 366 del CGP, el tribunal de origen deberá liquidar la condena en costas de manera concentrada. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 25 de junio de 2014, exp. 25000233600020120039501 (49299). C.P. Enrique Gil Botero FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, DECRETO 1400 Y 2019 DE 1970, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 79, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55
Texto extraído del PDF oficial 24.154 caracteres
Radicado: 15001-33-31-003-2010-00161-01 (61242) Demandante: Municipio de Boyacá 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022) Referencia: Acción de repetición Radicación: 15001-33-31-003-2010-00161-01 (61242) Demandante: Municipio de Boyacá Demandado: Víctor Hugo Mondragón Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001. Se modifica la sentencia de primera instancia que declaró probadas las excepciones y, en su lugar, se niegan las pretensiones porque no se demostró la culpa grave del demandado. SENTENCIA Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia proferida el 11 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5, en la que se dispuso: <<PRIMERO: DECLÁRENSE probadas las excepciones de “ aplicación de l principio de la no retroactividad de la ley y aplicación del principio de buena fe como agente del Estado ”, propuestas por el demandado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda, en consideración a las razones expuestas en la motivación de esta sentencia. TERCERO: No hay lugar a condena en costas, conforme se expuso en la parte motiva de esta decisión. CUARTO: Una vez en firme esta sentencia, archivar el expediente, dejando las anotaciones que sea del caso>>. La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con el artículo 7º de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (CCA). El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 30 de agosto de 2018 y se corrió traslado para alegar el 20 de septiembre de 2018. El demandado alegó Radicado: 15001-33-31-003-2010-00161-01 (61242) Demandante: Municipio de Boyacá 2 de conclusión en segunda instancia y la entidad demandante guardó silencio. El Ministerio Público rindió concepto. I. ANTECEDENTES A.- Posición de la parte demandante 1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 5 de agosto de 2010 por el Municipio de Boyacá, Boyacá. Se dirigió contra Víctor Hugo Mondragón para obtener el reintegro de lo pagado por la entidad el 17 de marzo de 2010, como consecuencia de l a condena impuesta en la sentencia proferida el 27 de agosto de 2008 por el Tribunal Administrativo de Boyacá. 2.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas procesales allegadas por la parte actora, se extrae que: 2.1.- Mediante el Acuerdo N o. 33 del 18 de diciembre de 1999 el Concejo Municipal de Boyacá definió la escala salarial de la administración, en la que no incluyó el cargo de técnico bibliotecario 401, que era ocupado por la señora Edilma Esperanza Díaz Soler en carrera administrativa. 2.2.- El demandado Víctor Hugo Mondragón era el alcalde municipal de Boyacá. Mediante el Decreto No. 59 del 23 de diciembre de 1999 fijó la planta de personal para la vigencia fiscal de 2000 y señaló que el cargo de técnico bibliotecario 401 había sido suprimido por el Acuerdo No. 33. 2.3.- Por medio de la Resolución No. 155 del 28 de diciembre de 1999 el demandado declaró insubsistente el nombramiento de la señora Díaz Soler. 2.4.- La señora Díaz Soler demandó los anteriores actos admini strativos en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 2.5.- El 27 de agosto de 2008 el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad del artículo 5º del Decreto No. 59 de 1999 y de la Resolución No. 155 de 1999 y, en consecuencia, ordenó el reintegro de la señora Díaz Soler y el pago de los emolumentos dejados de percibir. Los actos demandados fueron declarados nulos porque: a.- Fueron falsamente motivados: en el decreto se dijo que el Acuerdo No. 33 suprimió el cargo de técnico bibliotecario 401, pero el acuerdo no suprimió ese empleo, ni podía hacerlo, porque esa facultad correspondía al alcalde. El acuerdo solo estableció la escala salarial de la administración. Radicado: 15001-33-31-003-2010-00161-01 (61242) Demandante: Municipio de Boyacá 3 b.- Se violaron normas superiores : aunque era posible << saldar>> la falsa motivación del Decreto No. 59 porque el alcalde tenía la facultad de suprimir el empleo –y podía entenderse que lo hizo directamente en el decreto–, la supresión fue nula porque no se aportó el estudio técnico exigido por la ley. 2.6.- Por medio de las Resoluciones No. 100 -26-243 del 22 de noviembre de 2009 y 2010000116 del 17 de marzo de 2010 la entidad demandante dispuso el pago de la condena por la suma de ochenta y seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y un pesos ($86.944.691). 2.7.- La condena fue pagada el 17 de marzo de 2010. 3.- La entidad demandante invocó dos de las presunciones contenidas en la Ley 678 de 2001: (i) la presunción de dolo establecida en el numeral 2 del artículo 5º, es decir, <<haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento>>, y (ii) la presunción de culpa grave prevista en el numeral 3 del artículo 6º de esa ley, esto es, la <<omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable>>. 4.- Según la entidad, el decreto que fijó la planta de personal estuvo falsamen te motivado porque señaló que el concejo había suprimido el cargo de técnico bibliotecario 401, a pesar de que no era su competencia. Así mismo, el demandado violó las normas aplicables porque declaró la insubsistencia de una funcionaria de carrera en form a discrecional y sin la elaboración del estudio técnico correspondiente. B.- Posición de la parte demandada 5.- El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda. Como argumentos de defensa expuso los siguientes: (i) la supresión del cargo se fundamentó en un estudio técnico de reestructuración que propuso eliminar el cargo de bibliotecario porque solo prestaba servicios al colegio departamental; (ii) el daño no fue causado por la conducta del demandado sino por la fal ta de defensa técnica de la entidad, que no aportó al proceso el estudio de nulidad y restablecimiento del derecho; (iii) el demandado no obró por motivos personales ni pudo prever la supuesta irregularidad de los actos administrativos; y (iv) propuso las <<excepciones>> de <<aplicación del principio de la no retroactividad de la ley>> y <<aplicación del principio de buena fe como agente del Estado>>. En cuanto a la primera, señaló que la Ley 678 de 2001 solo es aplicable a los hechos ocurridos luego de su entrada en vigencia. Y respecto de la segunda, sostuvo que debía presumirse su buena fe y que era insuficiente adelantar un juicio de legalidad sobre los actos administrativos. Radicado: 15001-33-31-003-2010-00161-01 (61242) Demandante: Municipio de Boyacá 4 C.- Sentencia recurrida 6.- En la sentencia del 11 de octubre de 2017 el Tribu nal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones: 6.1.- Aunque no se allegó el acta de posesión, la calidad de agente estatal del demandado estaba probada porque no fue controvertida en el p roceso y porque el estudio técnico de reorganización se le presentó a él en su calidad de alcalde del municipio. 6.2.- La condena contra la entidad se demostró con la sentencia proferida el 27 de agosto de 2008 por el Tribunal Administrativo de Boyacá. 6.3.- El pago de la condena, cuya prueba requería una manifestación expresa de la beneficiaria, se acreditó con el comprobante de egreso firmado por ella. 6.4.- Declaró probada la << excepción >> de <<aplicación del principio de no retroactividad de la ley >> porque la Ley 678 de 2001 no es aplicable a los hechos del caso, debido a que ocurrieron antes de su entrada en vigencia. 6.5.- Declaró probada la << excepción >> denominada <<aplicación del principio de buena fe como agente del Estado >> porque: (i) de la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho se infiere que el acto de supresión sería lícito si se hubiera fundado en el estudio técnico exigido por la ley; (ii) en este estudio, que fue aportado por el demandado , se propuso la supresión de la biblioteca como dependencia de la alcaldía; y (iii) no se probó que la supresión estuviera fundada en fines políticos o personale s. D.- Recurso de apelación 7.- La entidad demandante solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se condene al demandado. Su inconformidad se centra en los siguientes puntos: 7.1.- Debieron tenerse en cuenta los argumentos de la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho acerca de las irregularidades de los actos administrativos proferidos por el demandado. 7.2.- El demandado no cumplió con las normas legales para la expedición de los actos, pues motivó la supresión del cargo en una norma ilegal, como lo era el acuerdo del Concejo Municipal, lo que evidencia su culpa grave. Radicado: 15001-33-31-003-2010-00161-01 (61242) Demandante: Municipio de Boyacá 5 7.3.- No debió declararse la prosperidad de las excepciones debido a que: (i) la irretroactividad de la ley es intrascendente para determinar la responsabilidad del demandado, que está probada en ambos regímenes; y (ii) el principio de buena fe es insuficiente para exonerarlo porque no se le atribuyó obrar de mala fe, sino de manera imprudente y sin medir las consecuencias de sus actos. II. CONSIDERACIONES E.

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https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=150013331003201000161011100103