Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: la entidad acogió esas observaciones no solo frente a la inhabilidad sino a la puntuación por la experiencia específica
Relevancia
Reitera la jurisprudencia de esta Sección.
Lo que dijo la Sala
El recurrente sostuvo que presentó la mejor propuesta, pues de conformidad con la evaluación de la entidad demandada, obtuvo el mayor puntaje, inclusive, por encima del consorcio adjudicatario. La evaluación a la que se hace referencia en el recurso de apelación corresponde al informe de evaluación, conforme al numeral 2.4.1.12 del pliego de condiciones y a la Resolución n°. 546 del 21 de junio de 2005, y lo que la recurrente pretende es que se le mantenga esta calificación para determinar si su propuesta fue la mejor.… El informe de evaluación es un documento elaborado por un comité asesor, al que no puede trasladarse la adjudicación y no obliga al jefe o representante de la entidad, conforme lo prescribe el artículo 26.5 de la Ley 80 de 1993.
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Síntesis síntesis automática
El informe de evaluación de propuestas, elaborado por el comité asesor, es un documento preliminar que no obliga a la entidad ni confiere derechos a los proponentes, porque puede ser corregido, aclarado o modificado, conforme al artículo 26 numeral 5 de la Ley 80 de 1993. Una razón es que la calificación contenida en el informe no es definitiva y solo la adjudicación resuelve el orden de elegibilidad. Otra razón es que en el caso el informe fue objeto de observaciones sobre la experiencia específica del proponente y sobre una inhabilidad por sanción, y la entidad acogió esas observaciones, por lo que el puntaje reclamado no era estable. En el asunto, el proponente sostenía que el mayor puntaje del informe lo convertía en la mejor propuesta, pero no demostró que, una vez recalificada su oferta, habría mantenido esa posición, y la licitación fue declarada desierta y adjudicada a otro oferente que cumplió los requisitos. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita jurisprudencia reiterada de la Sección; su consecuencia práctica es que el proponente que pretende la adjudicación debe acreditar una calificación definitiva y no solo un puntaje del informe preliminar.
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Problema jurídico
¿Acreditó el recurrente que presentó la mejor propuesta de conformidad con el informe de evaluación de la demandada?
Respuesta: No
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, art. 26 núm. 5
También resuelve
- ¿La mayor calificación del proponente fue un hecho aceptado por la demandada y debe considerarse como una confesión?
- ¿La calificación de las propuestas realizada por el Tribunal se ajustó a los criterios del pliego y por ello la oferta de la parte demandante debía quedar en primer lugar y ser la adjudicataria del…
- ¿La parte demandante acreditó los perjuicios derivados de los señalamientos de la entidad demandanda, sobre una presunta inhabilidad para contratar con el Estado que se configuró en otro proceso de…
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Titulación de la relatoría 12.346 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROPONENTE / CALIFICACIÓN DEL PROPONENTE / PROPUESTA DEL PROPONENTE / VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / MEJOR PROPUESTA / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / FALTA DE PRUEBA / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Acreditó el recurrente que presentó la mejor propuesta de conformidad con el informe de evaluación de la demandada?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l recurrente sostuvo que presentó la mejor propuesta, pues de conformidad con la evaluación de la entidad demandada, obtuvo el mayor puntaje, inclusive, por encima del consorcio adjudicatario. La evaluación a la que se hace referencia en el recurso de apelación corresponde al informe de evaluación, conforme al numeral 2.4.1.12 del pliego de condiciones y a la Resolución n°. 546 del 21 de junio de 2005, y lo que la recurrente pretende es que se le mantenga esta calificación para determinar si su propuesta fue la mejor. (...) El informe de evaluación es un documento elaborado por un comité asesor, al que no puede trasladarse la adjudicación y no obliga al jefe o representante de la entidad, conforme lo prescribe el artículo 26.5 de la Ley 80 de 1993. Además, dicho informe contiene una evaluación preliminar, dado que puede ser corregido, aclarado o modificado. Por ello, reiterada jurisprudencia de esta Sección concluye que no confiere ningún derecho a los proponentes en esa etapa. (...) En este caso, en el informe de evaluación la demandante obtuvo un puntaje mayor que el consorcio adjudicatario. No obstante, se presentaron observaciones al informe en lo referente al puntaje que obtuvo la demandante por los conceptos de experiencia específica del proponente y por haber sido sancionada en los últimos cinco años, según da cuenta el acta de la audiencia de declaratoria desierta de la licitación pública n°. 006 de 2005. La entidad acogió esas observaciones no solo frente a la inhabilidad sino a la puntuación por la experiencia específica. No hubo calificación definitiva respecto al demandante porque, en un primer momento, la licitación fue declarada desierta por la inhabilidad y porque los demás proponentes no cumplían las condiciones de adjudicación. Luego, el contrato fue adjudicado al otro proponente que repuso esa decisión y que acreditó cumplir con los requisitos del pliego. Solo respecto de este la entidad emitió una calificación definitiva y le adjudicó el contrato. (...) Aunque el aquí demandante obtuvo una mejor calificación que el consorcio adjudicatario en el informe de evaluación, tal calificación no fue definitiva, pues dadas las observaciones sobre su experiencia específica, no se tiene certeza de que, en una eventual recalificación de su oferta, fuera la mejor evaluada. En efecto, en el caso de no haberse rechazado su propuesta por la inhabilidad y de que la licitación, en un primer momento no fuera declarada desierta, no es posible concluir que el informe de evaluación se hubiera mantenido, porque producto de las observaciones la entidad consideró que su puntaje debía disminuirse. Es decir, la calificación que la demandante reclama, además de no conceder ningún derecho, resultó provisional, pues no contenía una determinación definitiva sobre los puntajes asignados, por lo que no puede pretender que a partir de ella sea considerado como el que presentó la mejor oferta.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre que el informe de evaluación no confiere ningún derecho a los proponentes en esa etapa, ver: Consejo de Estado, sentencia de 20 junio de 1983, exp. 3355, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 12 de agosto de 1993, exp. 6867, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta y sentencia de 7 de septiembre de 2004, exp. 13790, C.P. Nora Cecilia Gómez Molina
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 26 NUMERAL 5
CALIFICACIÓN DEL PROPONENTE / HECHO / ACEPTACIÓN DEL HECHO / CONFESIÓN / AUSENCIA DE LA CONFESIÓN / CONFESIÓN DEL APODERADO JUDICIAL DE ENTIDAD PÚBLICA / PROHIBICIÓN DE CONFESIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ESTATAL / INEXISTENCIA DE LA CONFESIÓN
Problema jurídico:
¿La mayor calificación del proponente fue un hecho aceptado por la demandada y debe considerarse como una confesión?
Respuesta al problema jurídico: No
En segundo lugar, en el recurso de apelación se sostuvo que la mayor calificación obtenida por la unión temporal Vise Ltda.-Vigilancia Acosta Ltda. fue un hecho aceptado por la entidad demandada y que debe considerarse como una confesión. Por una parte, la confesión de las entidades públicas no es válida, conforme lo prescribe el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil y, por lo tanto, los hechos admitidos en la contestación de la demanda no pueden servir de soporte en una decisión judicial. Lo anterior, se aplica, inclusive, a las confesiones que provengan del apoderado judicial, pues el mandato otorgado por la entidad pública no traslada la posibilidad de confesar. Por otra parte, según se acaba de concluir, quedó acreditado que aunque en el informe de evaluación la demandante obtuvo un puntaje mayor que el consorcio adjudicatario, esta circunstancia no le otorga ningún derecho al proponente, en especial, porque en el sub lite se presentaron observaciones al informe que no solo tuvieron que ver con la inhabilidad, sino con circunstancias de su experiencia que fueron acogidas por la entidad
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 199
INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / PROPUESTA DEL PROPONENTE / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / OFERTA / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES
Problema jurídico:
¿La calificación de las propuestas realizada por el Tribunal se ajustó a los criterios del pliego y por ello la oferta de la parte demandante debía quedar en primer lugar y ser la adjudicataria del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]omo el Tribunal no se limitó a la consideración en torno al informe de evaluación, sino que realizó nuevamente la calificación de las propuestas, lo que propició que el demandante se alzara en apelación indicando que el a quo se apartó del pliego de condiciones, la Sala procede a verificar el acierto de las evaluaciones para determinar si la calificación del Tribunal se ajustó o no a los criterios del pliego de condiciones, que es lo que el recurso reprocha a esa decisión. (...) Confrontados el informe de evaluación y la calificación del a quo en la sentencia, se aprecia frente a la propuesta de la demandante, que el puntaje por los criterios de calificación financiera, certificación de calidad, experiencia específica del proponente y calificación económica se mantuvieron iguales, es decir, en ambas evaluaciones se calificaron dichos ítems con 200, 100, 200 y 291.6 puntos, respectivamente. (...) No obstante, esa comparación arroja tres diferencias, a las que se referirá la Sala a continuación, que no obstante, no cambian las conclusiones de la sentencia del a quo, como pasa explicarse. (...) La Sala estima que las inconsistencias en la calificación que realizó el Tribunal, relativas a restar 50 puntos por sanciones a la unión temporal demandante y adicionar 25 al consorcio adjudicatario por experiencia específica en el sector público no cambia la conclusión a la que llegó el a quo en cuanto a la propuesta mejor calificada. Ajustada la calificación de los 50 puntos adicionales a la unión temporal demandante, su calificación final asciende a 966 puntos y restados los 25 puntos de más en el ítem de experiencia específica en el sector público al consorcio adjudicatario, la evaluación final de este sería de 975 puntos, por lo que ocuparía el primer puesto. (...) En este orden de ideas, como lo manifestó el a quo, aún cuando no se hubiese rechazado la propuesta de la demandante, esta no habría ocupado el primer lugar de la lista de elegibles.
PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PRUEBA DE LOS PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE PERJUICIOS / ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / NEGACIÓN DE LA CONDENA EN PERJUICIOS / NEGACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / INHABILIDAD PARA CELEBRAR EL CONTRATO ESTATAL / CONTRATISTA / INHABILIDADES DEL CONTRATISTA / FALTA DE PRUEBA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PROPONENTE / CALIFICACIÓN DEL PROPONENTE / INHABILIDADES DEL PROPONENTE / FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La parte demandante acreditó los perjuicios derivados de los señalamientos de la entidad demandanda, sobre una presunta inhabilidad para contratar con el Estado que se configuró en otro proceso de selección?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]e deberá analizar si, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las Resoluciones n°. 651 del 5 de agosto de 2005 y 743 del 8 de septiembre de 2005, en cuanto a la inhabilidad, se debe reconocer a la demandante los perjuicios que reclama. (...) En el recurso de apelación, la recurrente plantea reparos en relación con la decisión del Tribunal de negar los perjuicios reclamados en la demanda por los “señalamientos” de la entidad en torno a la presunta inhabilidad. Sostiene que dichos perjuicios quedaron acreditados con el dictamen pericial, cuyo objeto fue demostrar la disminución en los ingresos de Vise Ltda. por la no renovación de contratos con entidades públicas, por su exclusión en otros procesos de selección y los gastos en los que incurrió con ocasión de la liquidación de varios empleados y honorarios de abogados. Señaló que, pese a que el Tribunal en la sentencia consideró que el dictamen se ajustó a las técnicas periciales, el a quo decidió sin fundamento apartarse de las conclusiones de la experticia y negar los perjuicios reclamados. (...) En el proceso se practicó una inspección judicial con intervención de perito (...) El dictamen, entonces, trae un resumen de la situación financiera de Vise Ltda. con una relación de los ingresos económicos de la empresa para los años 2001 a 2006. Aunque se aprecia una disminución de ingresos en los años 2005 y 2006, el dictamen no se refirió a su causa. El perito tomó como cierto que la disminución de los ingresos de la demandante fue consecuencia de los actos que rechazaron su propuesta en la licitación n.° 006 de 2005, pero no dio cuenta de cómo quedó demostrada esa conclusión. (...) En este orden de ideas, el dictamen no se refirió a las causas del daño alegado por la demandante, pues dio por sentado que se debió a la declaratoria de inhabilidad, sin que existieran pruebas de esa afirmación. Ninguno de los documentos que soportan la experticia acreditan algún perjuicio con ocasión de la imposibilidad de participar en procesos de licitación o por la terminación de contratos. Por el contrario, se refieren a que el demandante no estaba inhabilitado, pero no a que fuera rechazado de procesos de selección por ese motivo o que se le terminaran contratos. Tampoco constató de forma técnica las circunstancias que confluyeron en la disminución de ingresos de la empresa, pues se limitó a describir esa situación sin exponer con claridad sus causas. Como el dictamen no es conducente para acreditar los hechos que se pretendían probar, carece de firmeza y precisión y no tiene eficacia probatoria, la Sala no lo acoge conforme con los artículos 233, 237 y 241 CPC. (...) Así las cosas, como en el proceso no obran pruebas distintas a los soportes del dictamen pericial para acreditar los perjuicios que se aducen en el recurso de apelación, en relación con la terminación de contratos o el rechazo en otros procesos de selección, la recurrente no cumplió con la carga que le imponen el artículo 1757 del Código Civil y el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y, por ello, no procede el reconocimiento de dichos perjuicios. (...) En línea con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante la cual negaron unas pretensiones e (sic) la demnada.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 233, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 237, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1757, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 8 NUMERAL 1 LITERAL B