Titulación de la relatoría 15.223 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
OFERTA / PROPUESTA DEL PROPONENTE / VALOR DE LA OFERTA / UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / ESTIMATIVO AIU EN EL CONTRATO ESTATAL / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La demandante en su oferta determinó un porcentaje en el que cuantificó la utilidad y los demás componentes de Administración, Imprevistos y Utilidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala destaca que el oferente, en su propuesta, señaló un 15% por concepto de “AUI”. Al respecto, en el proceso obra la propuesta presentada por Temporarios S.A. dentro del proceso de licitación n.° 01 de 2010. (...) La oferente, al realizar la distribución de su presupuesto, entonces, identificó plenamente varios conceptos, de acuerdo con los cálculos que realizó para ejecutar el contrato. En efecto, procedió a determinar los costos directos del servicio constituidos por los salarios y prestaciones antes de administración. Luego, expresamente, señaló un valor por AIU, el cual, por supuesto, incluye la utilidad, rubro respecto del cual no discriminó los porcentajes por cada uno de los conceptos que lo componen y, finalmente, tuvo en cuenta todos estos valores para determinar el monto a pagar por IVA. (...) Con la propuesta, la demandante allegó un documento denominado “Oferta económica y condiciones del servicio”, según el cual, indicó que en el 15%, que se discriminó en la propuesta, se incluye “los costos administrativos, pólizas, impuestos de legalización del contrato y riesgos que se pueden derivar del mismo”. Es decir, que el oferente tenía claro que en ese porcentaje incluía los rubros que componen el AIU, esto es, los costos de administración y los imprevistos. Ese documento es complementario a la distribución del presupuesto, de manera que resulta evidente que la propuesta pretendió cuantificar expresamente todos los componentes del AIU. La claridad de la propuesta frente a que se discriminó un AIU impide que se le reconozca el 15 por ciento como “ganancia".
ESTIMATIVO AIU EN EL CONTRATO ESTATAL / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL / VALOR DE LA OFERTA / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / PRECIO UNITARIO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
OBITER DICTUM
El concepto de Administración, Imprevistos y Utilidad -AIU- que se introduce en el valor total de la oferta y que es de frecuente utilización en los contratos de tracto sucesivo y ejecución periódica, no está definido legalmente. No obstante, la jurisprudencia ha delimitado el concepto al señalar que la administración responde a aquellos costos indirectos para la operación del contrato, tales como gastos de disponibilidad de la organización del contratista; los imprevistos, a las reservas necesarias para cubrir el riesgo normal que se puede presentar durante la ejecución del contrato y las utilidades, al beneficio económico que pretende el contratista con la realización del contrato. Teniendo en cuenta que no existe ninguna reglamentación que establezca porcentajes mínimos o máximos para determinar el AIU, cada empresa o comerciante, de acuerdo con su infraestructura, experiencia, las condiciones del mercado, la naturaleza del contrato a celebrar, entre otros factores, establece su estructura de costos conforme a la cual se compromete a ejecutar cabalmente un contrato en el caso de que le sea adjudicado. Aunque el concepto de AIU es comúnmente utilizado en contratos de tracto sucesivo o ejecución periódica y bajo la modalidad de precios unitarios, los contratantes pueden pactar el AIU en contratos de diferente naturaleza, según lo estimen conveniente, en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Su inclusión, pues, no es un requisito legal para la existencia y validez del contrato. Además, la figura del AIU se utiliza para la determinación del Impuesto sobre las Ventas (IVA) en los servicios, y por los conceptos que específicamente haya determinado la ley. Y, para determinados contratos, como los de construcción, se dispone que, para efectos de establecer el monto de ese impuesto, el valor de la utilidad en ningún caso podrá ser inferior a la que comercialmente corresponda a contratos iguales o similares.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al concepto de Administración, Imprevistos y Utilidad -AIU- , consultar sentencia de 28 de agosto de 2003, Exp. 17554, C.P. Ramiro Saavedra Becerra y concepto de 5 de septiembre de 2018, Rad.11001-03- 06-000-2018-00124-00, C.P. Édgar González López.
OFERTA / PROPUESTA DEL PROPONENTE / ESTIMATIVO AIU EN EL CONTRATO ESTATAL / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS
Problema jurídico:
¿La demandante puede desconocer el porcentaje global para el AIU, fijado en la oferta?
Respuesta al problema jurídico: No
Como la oferta contiene un porcentaje global para el AIU, el cual se compone de los rubros señalados, la demandante no puede desconocer la forma en que ofertó y, mucho menos, pretender que un valor propuesto para el AIU, solo se interprete como valor por concepto de utilidades para liquidar el daño. Además de que tal interpretación iría contar la naturaleza de las cosas, atentaría contra el propio acto del proponente pues a la vez que ese porcentaje no fue estimado en su totalidad como la “ganancia”, como se ha referenciado, en el documento “Oferta económica y condiciones del servicio”, explicó que contenía gastos de administración y otros conceptos, con lo cual no correspondía únicamente a lo que esperaba ganar con la ejecución del contrato.
PLIEGO DE CONDICIONES / CONCEPTO DE PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / VALOR DE LA OFERTA / PRECIO UNITARIO / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / RECHAZO DE LA OFERTA / CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / CONFIGURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES
Problema jurídico:
¿El porcentaje de administración correspondía al monto total que la entidad pagaría por el contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
El pliego de condiciones, que es el marco general del proceso de selección, exigió, en el literal p) del numeral 5.7, que “el porcentaje de administración no podrá ser inferior al 13.3% ni superior al 15.3% del valor de la oferta” y que “la propuesta que no cumpla con estos rangos será rechazada” . El pliego de condiciones, además, en el capítulo de evaluación económica de la oferta, dispuso que el valor de la propuesta incluiría la totalidad de los costos directos e indirectos. Asimismo, las cantidades, los precios y el valor de la oferta serían en precios unitarios, los cuales debían ser ajustados a pesos . Para este proceso de selección los oferentes debían dejar claro en su propuesta, de cara a la regulación del rechazo ya referida, que el “porcentaje de administración” debía estar entre el 13.3% y el 15.3% para cumplir con este requisito. Para la entidad, entonces, del concepto de AIU, resultaba relevante el porcentaje de administración, para el cual determinó unos rangos específicos en los cuales debían estar las propuestas. Ello con independencia de que lo hiciera en el marco de las causales de rechazo de la oferta, pues el acápite en el que se reguló, no le resta claridad al concepto que la entidad pretendía fijar expresamente en el pliego de condiciones. La configuración del pliego no permite concluir, como lo señala la recurrente, que esa exigencia en realidad se refiriera al valor que la entidad estaba dispuesta a pagar por el contrato. El pliego de condiciones es claro en señalar que ese porcentaje correspondía a la administración, concepto que envuelve los costos y los gastos indirectos para la operación del contrato. No obran elementos de juicio que permitan considerar que a pesar de la claridad de la exigencia del pliego, ésta se refiriera al monto total que la entidad pagaría por el contrato.
RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL / ESTIMATIVO AIU EN EL CONTRATO ESTATAL / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE EQUIDAD / IMPROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD
Problema jurídico:
¿Es posible aplicar el criterio de equidad para disgregar en partes iguales el valor global del AIU fijado por el demandante?
Respuesta al problema jurídico: No
Esta propuesta de solución soportada en un criterio de equidad, que no es regla, no es aplicable en este caso. Se demostró que el pliego de condiciones determinó el porcentaje de administración, que no podía ser inferior al 13.3.% ni superior al 15.3% del valor del contrato. No debe perderse de vista que el pliego de condiciones es un documento contractual de enorme significación. Como tal, constituye un imprescindible marco de referencia tanto para el proceso licitatorio como para la ejecución del contrato. Los pliegos son a la vez expresión del principio de transparencia, que propende por la igualdad de oferentes y la selección objetiva (artículo 24 de la Ley 80 de 1993) y del principio de economía, con arreglo al cual, los procedimientos contractuales son mecanismos para cumplir los fines estatales (artículo 25 de la Ley 80 de 1993). Salvo que las exigencias allí contenidas sean ineficaces de pleno (artículo 24.5 de la Ley 80 de 1993) o que impidan la selección objetiva (artículo 25.18 de la Ley 80 de 1993), deben respetarse por la Administración y los proponentes deben ajustar sus propuestas a las exigencias allí edificadas, de cara a la planeación que la entidad realizó antes de su elaboración. En este caso no hay lugar a aplicar el criterio alegado por la recurrente, pues hacerlo supondría desconocer la regulación del pliego de condiciones que determinó un porcentaje específico para la administración.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25
UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / TASACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / PARÁMETROS DE LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / INCONDUCENCIA DE LA PRUEBA / CARENCIA DE VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / ESTIMATIVO AIU EN EL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Es conducente el dictamen pericial practicado en el proceso para demostrar el lucro cesante?
Respuesta al problema jurídico: No
Para calcular el monto de la indemnización, el a quo no tuvo en cuenta el dictamen pericial que se practicó en el proceso. En el recurso de apelación, el demandante, al considerar que el cálculo del tribunal fue incorrecto, pidió que ese dictamen fuera tenido en cuenta, motivo por el cual la Sala procederá a analizar si es conducente para demostrar los perjuicios reclamados. En el proceso se practicó un dictamen elaborado por la perito L. P. R. –contadora pública–, para que conceptuara sobre los estados financieros de Contrain S.A.S. y para que cuantificara los perjuicios materiales que se ocasionaron a la demandante por la no adjudicación del contrato de suministro n°. 068 de 2010. (...) La Sala advierte que el dictamen pericial tiene falencias graves en la precisión y la calidad de sus fundamentos. En primer lugar, porque se limitó a transcribir el cuadro contenido en la oferta y a calcular la utilidad mediante la operación matemática consistente en obtener el 15% del monto identificado por AIU, sin explicar por qué estimó que ese porcentaje correspondía en su totalidad a la utilidad. De manera que no tiene fundamento ni da cuenta de las razones de su operación En segundo lugar, resulta que no es correcto reconocer el total del porcentaje indicado en la oferta -en este caso el 15%- pues el AIU está compuesto por tres valores distintos. Como el AIU, según se explicó, comprende la administración, imprevistos y utilidades, ese porcentaje total identificado en la demanda no puede corresponder, exclusivamente, como lo concluyó la perito, a la utilidad. Adicionalmente, ello resulta más claro en este caso, en el que se acreditó que la entidad exigió unos porcentajes específicos para la administración, con lo cual no resultaba posible concluir que el valor del 15% correspondía a la utilidad. Los cálculos de la perito, pues, además de no estar explicados, contrarían el concepto de AIU y las reglas del pliego de condiciones. En este orden de ideas, el dictamen no es conducente para demostrar los perjuicios reclamados en la demanda, pues no podía reconocer el 15% del rubro que la proponente identificó como AIU, por lo que carece de firmeza y precisión y no tiene eficacia probatoria (233, 237 y 241 del CPC).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 233, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 237, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241
UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / OFERTA / ESTIMATIVO AIU EN EL CONTRATO ESTATAL / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA / FORMULA DE ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / ACTUALIZACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE
Problema jurídico:
¿Era posible cuantificar la utilidad conforme a lo regulado en el pliego y lo ofertado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Lo probado permite concluir que era posible cuantificar la utilidad conforme a lo regulado en el pliego y lo ofertado. Por una parte, el pliego dispuso un porcentaje mínimo de administración y, por otra, la demandante identificó un porcentaje total para el AIU en su propuesta. De manera que la diferencia de esos valores determinó el porcentaje que correspondía por imprevistos y por la utilidad a la cual tendría derecho la demandante. Definido lo anterior, la Sala procederá a modificar la sentencia de primera instancia con el fin de actualizar el monto de la condena aplicando los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, para lo cual se tendrá en cuenta que el índice inicial corresponde a la fecha de la sentencia de primera instancia –18 de abril de 2013 – y que el índice final corresponde a la fecha de esta providencia.
IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Se acreditó temeridad o mala fe en el actuar de las partes que conlleve a la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: No
Como no obra prueba en el proceso que acredite que la demandada haya actuado con temeridad o mala fe, no procedía la condena en costas en primera instancia. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes en segunda instancia, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55