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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

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Fecha
2022-03-02
Radicado
25000233600020140047601
Número interno
55144
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
DISMET S.A.S
Demandado
ECOPETROL S.A.

Síntesis de la providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Lo que dijo la Sala

El artículo 76 de la Ley 80 de 1993 -en el cual se fundamentó la decisión de primera instancia- no es aplicable al caso por cuanto la Ley 1118 de 2006 “por la cual se modifica la naturaleza jurídica de Ecopetrol S. A. y se dictan otras disposiciones” reguló en su integridad el régimen jurídico de Ecopetrol SA y lo sujetó, en forma exclusiva, al derecho privado, lo cual descarta la posibilidad de pactar cláusulas excepcionales y, por consiguiente, la competencia para expedir actos administrativos… La norma citada regula integralmente el régimen jurídico aplicable a los actos, contratos y actuaciones de Ecopetrol como “exclusivamente” privado, circunstancia que descarta la posibilidad de pactar potestades excepcionales en los términos del artículo 76 de la Ley 80 de 1993; así las cosas, con independencia del objeto del contrato y del contenido del manual de contratación de la demandada, que no fue aportado al proceso…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no está sujeto al régimen normativo de contratación estatal cuando celebra contratos con Ecopetrol, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que las actuaciones de Ecopetrol se rigen exclusivamente por el derecho privado, descartando la posibilidad de pactar cláusulas excepcionales y la competencia para expedir actos administrativos. Por ende, las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidos por Ecopetrol no son considerados actos administrativos, por lo que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no tiene competencia para pronunciarse sobre su validez. Además, en contratos regidos por el derecho privado celebrados por Ecopetrol, la entidad debe acreditar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato unilateralmente, lo cual no se cumplió en el caso analizado. Asimismo, la carga probatoria de demostrar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato recae sobre Ecopetrol, evidencia que no fue aportada en el proceso. Este precedente reitera y matiza la aplicación del régimen contractual de Ecopetrol, limitando la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y estableciendo las cargas probatorias en contratos privados celebrados por la entidad.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cuál es el régimen normativo aplicable a los contratos celebrados por Ecopetrol?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1118 de 2006, art. 6
  • Ley 1150 de 2007, arts. 13 y 14
  • Ley 80 de 1993, art. 76

También resuelve

  • ¿Las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidas por Ecopetrol SA llamados a producir efectos jurídicos, son actos administrativos?
  • ¿En el contrato que se rige por el derecho privado celebrado por Ecopetrol, quién tiene la carga procesal de demostrar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato…
  • ¿A quién le corresponde probar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NORMATIVIDAD DEL CONTRATO NORMATIVIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTRATOS DE ECOPETROL REGÍMENES DE ECOPETROL CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO NORMATIVIDAD DEL CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN CLÁUSULA EXCEPCIONAL CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN FISCAL RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL FALTA DE COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ECOPETROL TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL REQUISITOS DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL CARGAS PROCESALES CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES CONFLICTO DE INTERESES CONFLICTO DE INTERESES DEL CONTRATISTA CONFLICTO DE INTERESES EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA CONFLICTO DE INTERESES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE LUCRO CESANTE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRIVACIÓN INJUSTA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL UTILIDAD UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL PRUEBA DEL LUCRO CESANTE DAÑO EMERGENTE CÁLCULO DEL DAÑO EMERGENTE ACREDITACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE NEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 19.537 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NORMATIVIDAD DEL CONTRATO / NORMATIVIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATOS DE ECOPETROL / REGÍMENES DE ECOPETROL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / NORMATIVIDAD DEL CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CLÁUSULA EXCEPCIONAL / CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN FISCAL / RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuál es el régimen normativo aplicable a los contratos celebrados por Ecopetrol? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 76 de la Ley 80 de 1993 -en el cual se fundamentó la decisión de primera instancia- no es aplicable al caso por cuanto la Ley 1118 de 2006 “por la cual se modifica la naturaleza jurídica de Ecopetrol S. A. y se dictan otras disposiciones” reguló en su integridad el régimen jurídico de Ecopetrol SA y lo sujetó, en forma exclusiva, al derecho privado, lo cual descarta la posibilidad de pactar cláusulas excepcionales y, por consiguiente, la competencia para expedir actos administrativos (...) La norma citada regula integralmente el régimen jurídico aplicable a los actos, contratos y actuaciones de Ecopetrol como “exclusivamente” privado, circunstancia que descarta la posibilidad de pactar potestades excepcionales en los términos del artículo 76 de la Ley 80 de 1993; así las cosas, con independencia del objeto del contrato y del contenido del manual de contratación de la demandada, que no fue aportado al proceso, se concluye que las decisiones demandadas no tienen la naturaleza de actos administrativos, sin perjuicio de la necesaria aplicación del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 que dispone la aplicación de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal y el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades con independencia de la naturaleza jurídica del contrato. El artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 confirma la sujeción de Ecopetrol SA a un régimen contractual de derecho privado por cuanto, con independencia de la conformación de su capital, desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado4 , lo cual impone que sus actuaciones se surtan en igualdad de condiciones con sus competidores despojada de prerrogativas excepcionales. FUENTE FORMAL: LEY 1118 DE 2006 - ARTÍCULO 6, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 13, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 76 CONTRATOS DE ECOPETROL / REGÍMENES DE ECOPETROL / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / ECOPETROL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidas por Ecopetrol SA llamados a producir efectos jurídicos, son actos administrativos? Respuesta al problema jurídico: Si Ahora, aunque las comunicaciones remitidas por Ecopetrol SA, son actos jurídicos contractuales dotados llamados a producir efectos jurídicos, no son actos administrativos y, por ende, no puede la Sala pronunciarse sobre su validez; en estos eventos es preciso decidir el caso de cara al cumplimiento o no de las obligaciones contractuales y verificar, como lo pretende la actora, si la conducta de su contraparte fue antijurídica y le causó perjuicios. ECOPETROL / CONTRATOS DE ECOPETROL / REGÍMENES DE ECOPETROL / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CARGAS PROCESALES / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES Problema jurídico: ¿En el contrato que se rige por el derecho privado celebrado por Ecopetrol, quién tiene la carga procesal de demostrar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato unilateralmente? Respuesta al problema jurídico: Si Ecopetrol SA no acreditó contar con la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato, carga que le correspondía; Ecopetrol dijo recoger la voluntad de ambas partes contratantes por autorización de la contratista, lo cual no resultó cierto; por el contrario, está probado que hubo discrepancia de Dismet SAS respecto de la interpretación acerca del presunto conflicto de intereses, escenario bajo el cual era evidente que la terminación unilateral dispuesta no reflejaba la voluntad de las partes y, por ende, se imponía acudir al juez para dirimir el asunto. Como Ecopetrol SA sostiene que su habilitación para terminar el contrato emerge de las condiciones generales de contratación que Dismet SAS aceptó, tenía la Ecopetrol SA no acreditó contar con la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato, carga que le correspondía; Ecopetrol dijo recoger la voluntad de ambas partes contratantes por autorización de la contratista, lo cual no resultó cierto; por el contrario, está probado que hubo discrepancia de Dismet SAS respecto de la interpretación acerca del presunto conflicto de intereses, escenario bajo el cual era evidente que la terminación unilateral dispuesta no reflejaba la voluntad de las partes y, por ende, se imponía acudir al juez para dirimir el asunto. Como Ecopetrol SA sostiene que su habilitación para terminar el contrato emerge de las condiciones generales de contratación que Dismet SAS aceptó, tenía la ECOPETROL / CONTRATOS DE ECOPETROL / REGÍMENES DE ECOPETROL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONFLICTO DE INTERESES / CONFLICTO DE INTERESES DEL CONTRATISTA / CONFLICTO DE INTERESES EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / CONFLICTO DE INTERESES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / CARGAS PROCESALES / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES Problema jurídico: ¿A quién le corresponde probar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato? Respuesta al problema jurídico: Si En misma perspectiva, ninguna evidencia se aportó al proceso respecto del presunto conflicto de intereses de Dismet SAS; las comunicaciones de Ecopetrol SA en las que lo declaró no son prueba de su configuración; correspondía a la contratante acreditar que, en efecto, el contratista estaba incurso en un conflicto de intereses que le impedía ejecutar el contrato y no lo hizo; frente a la negación indefinida de la parte demandante -que está exonerada de prueba de conformidad con el último inciso del artículo 167 del Código General del Proceso - según la cual no incurrió en conflicto de intereses, era la contraparte quien debía demostrar lo contrario y que ello impedía la ejecución del contrato, sin embargo, no se aportó al proceso el mencionado contrato número 210295 de 24 de enero de 2011 suscrito entre el consorcio Epsilon (del que Dismet SAS es integrante) y Ecopetrol SA para la “gerencia administrativa de los contratos y/o convenios de Ecopetrol y su Grupo Empresarial para la Regional 3 Norte” del que presuntamente surgía el conflicto, ni las condiciones específicas de contratación que lo regían, ni tampoco las condiciones generales del contrato número MA0013528 invocadas, ni los anexos técnicos de ambos contratos, de modo que pueda analizarse si existía el mencionado conflicto y si tenía la entidad jurídica necesaria y suficiente para privar al contratista de la ejecución del contrato número MA-0013528. En ese escenario, suscrito como estaba el contrato número MA-0013528 materia de este proceso, el contratista tenía derecho a ejecutarlo y a exigir los derechos derivados de este, al tiempo que Ecopetrol SA no podía desconocerlo por mandato del artículo 1602 del Código Civil, razón por la cual Dismet SAS tiene derecho a la reparación plena de los perjuicios irrogados por la decisión adoptada por Ecopetrol SA de terminarlo unilateralmente. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / LUCRO CESANTE / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / UTILIDAD / UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PRUEBA DEL LUCRO CESANTE OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para la procedencia de la indemnización del perjuicio material por lucro cesante cuando se terminó unilateralmente un contrato y, por lo tanto, no se terminó de ejecutar, especialmente en relación con el pago de la utilidad esperada y el pago de los gastos de personal en los que se vio inmerso el contratista? Respuesta al problema jurídico: Si El contratista tenía derecho a ejecutar el contrato número MA-0013528 pero fue privado de hacerlo por la conducta atribuible a Ecopetrol SA quien, por consiguiente, deberá pagar a la sociedad Dismet SAS la utilidad esperada, como indemnización a título de lucro cesante; para calcularla se tomará como base el valor estimado del contrato que ascendía a $4.395.254.069 (suma que no incluye el IVA ni los gastos reembolsables que se pactaron porque estos no constituían remuneración del contratista); aunque no es posible determinar el valor final que tendría la ejecución, es imposible acreditar tal hecho porque el contrato no fue ejecutado, así que se tomará como base para liquidar la indemnización el valor total estimado, por cuanto está probado en las comunicaciones cruzadas entre las partes, que no hubo ejecución porque Ecopetrol se negó a suscribir el acta de inicio, pese a los requerimientos del contratista para ejecutar; no obstante, se descontará el valor del personal variable ante la imposibilidad de determinar si sería o no requerido para la ejecución. Las condiciones específicas para la contratación precisaron que el ofrecimiento económico debía tener en cuenta unos costos fijos de remuneración de personal y de equipos para interventoría que se debían determinar con fundamento en tablas previamente elaboradas por Ecopetrol; luego de ello se aplicaría el factor multiplicador ofertado que incluye los demás costos de ejecución tales como pago de prestaciones sociales, seguridad social, gastos administrativos, como expresamente lo preveía el documento contentivo de estas (...) La Sala estimará la utilidad únicamente respecto del item de personal básico, que era aquel que indefectiblemente debía estar al frente del proyecto; no es posible reconocer utilidad frente al personal variable ya que su utilización o no dependía de las realidades de la ejecución y, por ende, no se trata de un perjuicio cierto sino eventual; tampoco se puede calcular utilidad sobre el item de equipos porque no se probó si el factor multiplicador ofrecido al respecto dejaba algún margen de utilidad, para lo cual era preciso conocer los porcentajes de costos indirectos, administración e imprevistos, los cuales no se acreditaron. Se precisa que no se trata de ausencia de prueba de cuantificación del perjuicio sino de falta de prueba del daño porque no se demostró que el item podía dejar algún margen de utilidad frente al factor multiplicador ofertado. (...) Se insiste en que solo se reconocerá la utilidad derivada del personal fijo, porque al no ejecutarse el contrato, no había forma de saber si se utilizaría el personal variable. En cuanto al valor de los equipos no se allegó el análisis pormenorizado del factor multiplicador, ni se conocen los costos fijos ni los de administración o imprevistos por lo cual no es posible establecer si el item dejaba margen de utilidad, razón por la cual nada se reconoce sobre este. La utilidad calculada será indexada con base en el IPC para compensar su pérdida de poder adquisitivo con la siguiente fórmula: VA = VH *índice final / índice inicial, donde el índice final corresponde al mes último conocido en la época de la sentencia y el inicial a septiembre de 2012 cuando se terminó anticipadamente el contrato. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / ECOPETROL / CONTRATOS DE ECOPETROL / REGÍMENES DE ECOPETROL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / DAÑO EMERGENTE / CÁLCULO DEL DAÑO EMERGENTE / ACREDITACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE / NEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para la procedencia de la indemnización del perjuicio material por daño emergente? Respuesta al problema jurídico: Si La sociedad demandante Dismet SAS reclama como indemnización, a título de daño emergente, el valor de las inversiones que realizó para poder ejecutar el contrato tales como arrendamiento de equipos, dotación de trabajadores, exámenes de ingreso de personal, gastos administrativos, compra de equipo videobeam y el valor de las garantías del contrato (...) los bienes objeto del arrendamiento financiero no guardan coincidencia estricta con los necesarios para la ejecución pues, según lo probado, no se incluyeron equipos de videobeam en el cálculo de los costos de ejecución que serían remunerados por Ecopetrol tal como consta en el “Anexo no. 4 Tabla de referencia de tarifas - listado de recursos” (fl. 344 cdno. 3). Adicionalmente, no se aportó el Anexo número 2 del contrato de leasing en el que, según el contrato, debía constar el plazo del arrendamiento, de modo que no puede verificarse si este coincide con el del contrato; como la carga de acreditar en forma plena los perjuicios y su relación causal con la no ejecución del contrato era de la sociedad accionante, no se reconoce el valor reclamado por este concepto Aunque la época de suscripción del contrato de leasing (2 de agosto 2012) es indicativa de que los bienes podían, eventualmente, estar destinados a la ejecución del contrato número MA-0013528 (que se firmó el 18 de julio de 2012), era carga de la parte demandante probar plenamente la relación causal entre la inversión y la ejecución del contrato y no lo hizo; particularmente, no se aportó el anexo del contrato relativo al plazo del leasing; lo probado es que el plazo de ejecución del contrato de gestoría técnica era de 254 días, mientras que los estados de cuenta del contrato del arrendamiento (fl. 414 y ss cdno. 3) y las condiciones financieras (f. 452 cdno. 3) revelan que el canon pactado era mensual y se pagaría durante 36 meses, hecho indicativo de que los bienes fueron arrendados por tres años, de modo que no puede imponerse a Ecopetrol el pago de tiempos superiores a los de la ejecución y de equipos no previstos en el cálculo de costos de la ejecución. 2) En cuanto a las facturas de compra de implementos como guantes (fl. 470 cdno. 3), cascos, gafas, respiradores (fl. 472 cdno. 3), abrigos (fl. 423 cdno. 3), tapa oídos y otros elementos de seguridad (fl. 474 cdno. 3), botas (fl. 475 cdno. 3), camisas (fl. 490 y 497 cdno. 3) y demás gastos de transporte, equipos y papelería tampoco hay evidencia de que se trataba de elementos destinados a la ejecución del contrato MA-0013528 y, en consecuencia, no hay lugar a indemnizarlos a título de daño emergente. 3) El costo de un videoproyector adquirido el 25 de julio de 2012 según factura expedida por Panamericana SA (fl. 514 cdno. 3) no se incluye en la indemnización pues, se reitera, este tipo de elemento no hacía parte del equipo que se tuvo en cuenta para la estimación de los costos de ejecución; lo mismo ocurre con el iPad scanner adquirido en Brookstone el 21 de julio de 2012 (fl. 518 cdno. 3); en todo caso, el valor de la adquisición de activos tampoco puede ser indemnizado toda vez que, con independencia de la posibilidad de usarlos en la ejecución del contrato, estos son de propiedad de Dismet SAS y el solo hecho de su adquisición no constituye daño; por tal razón, tampoco se indemniza el valor del computador portátil adquirido el 24 de julio de 2012 en Alkosto SA (fl. 517 cdno. 3). 4) Tampoco hay lugar a reconocer los costos de los exámenes de salud ocupacional para trabajadores por cuanto en el análisis del factor multiplicador para el componente de personal presentado por Dismet SAS no se incluyeron los costos administrativos para la vinculación de los trabajadores sino únicamente las prestaciones sociales, aportes a seguridad social, parafiscales, dotación, ausencias, dominicales y bonos (fl. 574 cdno. 3), de modo que el valor que el contratista habría recibido de ejecutarse el contrato no remuneraba el procedimiento de selección de empleados; el contratista debía contar con el personal requerido para poder cumplir con el objeto contractual. 5) Finalmente, se niega también la indemnización del valor de las garantías por razón de que la parte demandante se obligó a obtenerlas dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato en los términos de la cláusula número 8 del contrato (fl. 279 cdno. 2) y ello constituía requisito para la ejecución del contrato; en tal virtud, como se indemnizará el valor de la utilidad esperada según el acápite que antecede, los gastos en los que incurrió el contratista para el perfeccionamiento del contrato corresponden al costo de oportunidad para poder ejecutar, circunstancias por la cual le correspondía realizarlos, tal como lo hizo, para tener derecho a la utilidad que se indemnizará. En conclusión, como no se acreditaron perjuicios que deban repararse a título de daño emergente deben denegarse las súplicas que sobre ese componente se elevaron con la demanda. CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para la procedencia de la condena en costas y las agencias en derecho? Respuesta al problema jurídico: Si En aplicación del artículo 188 del CPACA se condena en costas a la parte vencida Ecopetrol SA; se fijan agencias en derecho en esta instancia en el equivalente al 2,5% del valor de las pretensiones concedidas que equivale a ($15.400.273), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. Las costas procesales y agencias en derecho que fijó el tribunal en primera instancia estarán a cargo de Ecopetrol SA y no de Dismet SAS; el valor de las agencias de primera instancia se actualiza conforme al IPC, desde la época del fallo de primera instancia hasta el de la presente sentencia, FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188
Texto extraído del PDF oficial 53.166 caracteres
REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B Bogotá DC, dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022) Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 25000233600020140047601 (55.144) Actor: DISMET SAS Demandado: ECOPETROL SA Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - CPACA Temas: TERMINACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO EXCEPTUADO DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN Síntesis del caso: entre las partes se suscribió un contrato para la gestión técnica de los contratos asociados a los departamentos de operaciones y mantenimiento fluvial y marítimo de la Gerencia de Puertos de la Vicepresidencia de Transporte y Logística de Ecopetrol; la contratante lo declaró terminado unilateralmente al advertir un conflicto de intereses de Dismet SAS por hacer parte de un consorcio que previamente había contratado Ecopetrol como consultor para la gerencia administrativa de los contratos de una de sus regionales. La parte demandante alega que Ecopetrol no tenía facultades para adoptar esa determinación y la primera instancia negó las pretensiones por considerar que el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 permitía a Ecopetrol pactar cláusulas excepcionales y expedir actos administrativos, decisión que se revoca por cuanto riñe con el régimen jurídico de derecho privado fijado por la Ley 1118 de 2006 para los actos y contratos de Ecopetrol y no se probó la habilitación contractual para terminar el contrato ni el supuesto fáctico en el que se fundamentó la decisión. Sin que se advierta causal de nulidad que invalide la actuación decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 6 de julio de 2015 por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, resolvió: “PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. FIJAR como agencias en derecho a cargo de Dismet SAS, y a favor de la parte demandada Ecopetrol S.A., la suma de once millones quince mil quinientos cuarenta y un pesos ($11.015.541). 2 Expediente: 2500023360002014007601 (55.144) Demandante: Dismet SAS Controversias contractuales TERCERO. NOTIFÍQUESE esta providencia conforme al artículo 202 del CPACA. CUARTO. Para el cumplimiento de la presente providencia se aplicará el artículo 202 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Se notifica en estrados.” (fl. 172 cdno ppal). I. ANTECEDENTES 1. La demanda Mediante escrito presentado el 10 de abril de 2014 la sociedad Dismet SAS promovió demanda en ejercicio de la acción de controversias contractuales en contra de Ecopetrol SA con el fin de obtener: “a. Que se declare la nulidad del acto administrativo consignados (sic) en las comunicaciones 2 -2012-093-25190 y del 11 de septiembre, proferido por ECOPETROL SA mediante los cuales se declaró y confirmó el conflicto de intereses de DISMET S.A.S. y por lo tanto, la terminación unilateral y anticipada del contrato N° MA-0013528. b. Que como consecuencia de la declaración de nulidad del acto administrativo que dio lugar a la terminación unilateral y anticipada del contrato N° MA -0013528, se ordene a ECOPETRO L S.A. a reparar como restablecimiento del derecho dentro de la acción de controversias contractuales, por concepto de daño emergente, el valor en que incurrió para la elaboración de la propuesta y los gastos que efectuó para dar inicio a la ejecución del contrato N° MA -0013528 perfeccionado entre las partes, por valor de NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($90.645.730). c. Que como consecuencia de la declaración de nulidad del acto administrativo que dio lugar a la terminación unilateral y anticipada del contrato N° MA-0013528, se ordene a ECOPETROL S.A. a reparar (sic) como restablecimiento del derecho dentro de la acción de controversias contractuales, por concepto de lucro cesante, el 100% de la utilidad pretendida del contrato que fue adjudicado a mi cliente y del cual, se tenía la firme convicción empresarial de percibir según la propuesta del contrato por un valor de MIL DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.010.908.436) suma que arroja el análisis del factor multiplicador en lo concerniente al ítem utilidades, que fundamentó la propuesta presentada a Ecopetrol S.A., en los té rminos del proceso de selección que presidió (sic) la adjudicación. d. Que se condene en costas, agencias en derecho a ECOPETROL S.A. como demandada en este proceso, de acuerdo al actuar de sus funcionarios.” (subrayado y mayúsculas fijas originales). 3 Expediente: 2500023360002014007601 (55.144) Demandante: Dismet SAS Controversias contractuales Como fundamento fáctico de las pretensiones narró que la Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol SA convocó un concurso abierto con el fin de escoger un gestor técnico para los contratos asociados a los departamentos de operaciones y mantenimiento fluvial y marítimo de la Gerencia de Puertos de la Vicepresidencia de Transporte y Logística; el 12 de julio de 2012 Ecopetrol aceptó la propuesta de Dismet SAS y el día 18 siguiente suscribieron el contrato identificado como MA -0013528 por valor de $4.395.254.069 y con un plazo de ejecución de 254 días calendario, luego de lo cual Dismet SAS incurrió en costos administrativos y ejecutó actividades necesari as para el cumplimiento de lo pactado tales como el arrendamiento y adquisición de equipos de oficina y pago de exámenes de ingreso de personal. El 1 de agosto de 2012 uno de los oferentes vencidos advirtió a Ecopetrol sobre la existencia de un presunto conflicto de intereses de D ismet SAS, derivado del hecho de ser integrante del Consorcio Epsilon con quien la parte demandada suscribió previamente un contrato de consultoría para la gerencia administrativa de los contratos y/o convenios de la contratante y su grupo empresarial para la regional 3 norte; con fundamento en lo expuesto Ecopetrol emitió la comunicación no. 2-2012-093-25095 por medio de la cual terminó unilateral y anticipadamente el referido contrato MA-0013528. 2. Cargos Como sustento de las súplicas adujo lo siguiente: 1) Falta de competencia para la imposición de cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho común, toda vez que el oficio por medio del cual se terminó el contrato es un acto administrativo unilateral que Ecopetrol no podía dictar en atención al régimen de derecho privado aplicable a los actos y contratos de dicha empresa. 2) Violación del debido proceso, derecho de defensa y al juez natural del proceso, debido a que Ecopetrol no tuvo en cuenta los argumentos planteados por Dismet SAS con los que desvirtuó el presunto conflicto de intereses ni precisó con suficiencia las presuntas razones de la decisión, esto es, aquellas que 4 Expediente: 2500023360002014007601 (55.144) Demandante: Dismet SAS Controversias contractuales configuraban el supuesto conflicto; aunque se acepte que Ecopetrol podía terminar el contrato debió garanti zarse el debido proceso en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y de la Ley 1437 de 2011. 3) Violación a la irrevocabilidad de los contratos y la aceptación de la oferta. Desconocimiento de derechos adquiridos propios y al principio de con fianza legítima, debido a que la aceptación de la oferta de Dismet SAS era irrevocable y el contrato debía cumplirse en los términos pactados. 4) Inexistencia del conflicto de intereses, por cuanto la comparación de los objetos contractuales de los acuerdos involucrados no permite verificar que este se presentó. 3. Contestación de la demanda En el término legal la Empresa Colombiana de Petróleos SA (fl. 113 cdno. ppal.) se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en lo siguiente: 1) Ecopetrol SA se rige por el derecho privado y , por ende, los demandados no son actos administrativos sino actos contractuales dictados con fundamento en las reglas que el contratista conoció y aceptó desde la presentación de la oferta, que permitían a la parte contratante terminar el contrato si se desconocían algunos compromisos adquiridos por su contratista; Dismet SAS manifestó durante el proceso de selección que no esta ba incursa en conflicto de intereses para la contratación, que Ecopetrol confió de buena fe en dicha manifestación y suscribió el contrato y, luego, descubrió que ello no era cierto por lo cual dio por terminado el contrato por violación de los compromisos anticorrupción pactados; las partes podían pactar, como lo hicieron, la terminación del contrato por situaciones previamente acordadas por ellas. 2) El régimen contractual de Ecopetrol SA es de derecho privado y se rige por las Leyes 1118 de 2006 y 1150 de 2007, normas que deben preferirse frente al artículo 76 de la Ley 80 de 1993. 5 Expediente: 2500023360002014007601 (55.144) Demandante: Dismet SAS Controversias contractuales 3) La ejecución del contrato MA-0013528 no exigía del contratista implementos o equipos diferentes a los que habitualmente hacen parte del activo de una empresa de consultoría, por lo cual , no es cierto que se hubieran realizado inversiones con el fin de cumplir lo acordado. 4. La sentencia apelada En audiencia inicial de 6 de julio de 2015 (fl. 163 cdno. ppal.) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A dictó sentencia adversa a las súplicas de la demanda con base en este razonamiento: 1) La decisión demandada es un acto administrativo debido a que el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 autoriza el pacto de poderes excepcionales en contratos de exploración y explotación de hidrocarburos de acuerdo con los

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201400476011100103