Síntesis de la providencia
Tribunal Administrativo: en el informe correspondiente al mes de junio se evidencia el cumplimiento del objeto contractual
Lo que dijo la Sala
Sin embargo, la entidad omitió hacer uso de estas herramientas antes de adoptar una decisión como lo es la declaratoria de incumplimiento. Por las razones expuestas, se evidencia que la Resolución No. 5525 del 30 de octubre de 2020, por medio de la que se declaró el incumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 001 CENACTOLEMAIDA -2020 y la Resolución No. 5544 del 3 de noviembre de 2020, se encuentran incursas en la causal de nulidad de falsa motivación por lo expresado. Ahora bien, por sustracción de materia no habrá lugar a pronunciarse sobre la causal de vulneración al debido proceso en razón a que prosperó la de falsa motivación. Queda resuelto el problema jurídico.… Respecto del perjuicio material por lucro cesante solicitó el pago de la suma de $6.600.000 que corresponden al valor que no se ejecutó por concepto de la terminación del contrato.
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Síntesis síntesis automática
El contratista puede solicitar la nulidad de las resoluciones que declaran el incumplimiento del contrato de prestación de servicios por falsa motivación, violación al debido proceso, falta de competencia y desproporción de la sanción, si se demuestran irregularidades en la motivación y en el análisis de las obligaciones cumplidas por la contratista. La Sala establece que la entidad debe individualizar claramente el incumplimiento y evaluar las situaciones reales antes de tomar una decisión como la terminación del contrato, y que la falta de motivación adecuada y la falsa motivación son causales de nulidad. La corporación reitera la importancia de la motivación correcta en los actos administrativos y la necesidad de evaluar adecuadamente el cumplimiento contractual antes de declarar el incumplimiento, lo que implica que las entidades deben ser más precisas en sus fundamentos y considerar las herramientas legales disponibles para la corrección de situaciones problemáticas antes de tomar medidas drásticas.
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Problema jurídico
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las resoluciones por medio de las que se declaró el incumplimiento del contrato de prestación de servicios (...) por i) violación al debido proceso ii) falta de competencia para declarar la terminación unilateral, iii) desproporción de la sanción y iv) falta de motivación respecto del incumplimiento e indebida aplicación de la condición resolutoria?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Ley 1150 de 2007, art. 17
- Ley 1437 de 2011, art. 137
- Ley 1474 de 2011, art. 86
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Titulación de la relatoría 8.161 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / FALSA MOTIVACIÓN / CONCEPTO DE LA FALSA MOTIVACIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PERJUICIO MATERIAL / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / LUCRO CESANTE
Problema jurídico:
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las resoluciones por medio de las que se declaró el incumplimiento del contrato de prestación de servicios (...) por i) violación al debido proceso ii) falta de competencia para declarar la terminación unilateral, iii) desproporción de la sanción y iv) falta de motivación respecto del incumplimiento e indebida aplicación de la condición resolutoria?
Respuesta al problema jurídico: Si
“(...) Para la Sala la sentencia de primera instancia se debe revocar, en razón a que se demostró la causal de falsa motivación de los actos demandados. A título de restablecimiento del derecho se reconoce perjuicio material en la modalidad de daño emergente. (...) La falsa motivación es una causal de nulidad de impugnación de los actos administrativos, consagrada actualmente en el artículo 137 del CPACA, el cual dispone que toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien las profirió. (...) La Sala advierte que el incumplimiento del contrato se fundamentó sobre dos errores que llevaron a la reconsideración de los dos negocios, es decir que se cumplió con la necesidad de la entidad, y que el incumplimiento si debe ser medido en este caso, es decir, establecer las actividades cumplidas en los diferentes obligaciones de la contratista, por lo que la Sala no comparte los argumentos de la entidad, en razón a que se evidencia que en los meses de febrero a septiembre se cumplió con las actividades del contrato según se desprende el los informes mensuales de la supervisión del contrato. El incumplimiento que declaró la entidad no fue debidamente individualizado, en la medida en que no se precisó cuál de las causales de incumplimiento pactadas contractualmente resultaba aplicable, limitándose a una referencia general sin identificar de forma concreta la obligación vulnerada ni efectuar un análisis de aquellas que sí fueron cumplidas por la contratista. Adicionalmente, no obra prueba de que las presuntas inconsistencias económicas hubieran tenido la entidad suficiente para justificar la terminación inmediata del contrato, máxime cuando en el mismo se previeron mecanismos jurídicos que permitían la corrección o subsanación de dichas situaciones. Sin embargo, la entidad omitió hacer uso de estas herramientas antes de adoptar una decisión como lo es la declaratoria de incumplimiento. Se evidencia que, a partir de los informes rendidos por la supervisión del contrato entre los meses de mayo a septiembre de 2020, particularmente en los ítems 11 “documentos que soportan el cumplimiento de las obligaciones contractuales” y 17 “conclusiones”, la contratista dio cumplimiento al objeto del contrato en lo relacionado con las asesorías prestadas a la entidad, conforme a las obligaciones específicas pactadas. En dichos informes se registra la realización de múltiples actividades, tales como evaluaciones económicas, estructuración de procesos de mínima cuantía, adiciones contractuales y participación en procesos de evaluación y adjudicación. Observa la Sala que en el informe correspondiente al mes de junio se evidencia el cumplimiento del objeto contractual respecto de trece (13) contratos; en julio, la atención de ocho (8) contratos; en agosto, el desarrollo de tres (3) adiciones contractuales, cinco (5) procesos de estructuración, dos (2) evaluaciones económicas y una (1) modificación contractual; y, finalmente, en septiembre, la asesoría en aclaraciones de tres (3) contratos, apoyo en estructuración de tres (3) procesos y la participación en la evaluación económica de un (1) contrato. Lo anterior permite concluir que existió una ejecución material y continua de las obligaciones contractuales por parte de la contratista durante el periodo analizado. No obstante lo anterior, la entidad decidió terminar el contrato sin evaluar los cumplimientos que se venían realizando al interior del contrato y evaluar las situaciones reales y jurídicas en las que se basó su decisión, es más para el momento de la expedición de los actos ya se había ejecutado cumplido y pagado aproximadamente el 80% del contrato, por lo que se insiste que dichos incumplimientos mencionados por la entidad debieron ser cuantificados y estimados frente al objeto total y global que fue pactado por las partes. Por las razones expuestas, se evidencia que la Resolución No. 5525 del 30 de octubre de 2020, por medio de la que se declaró el incumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 001 CENACTOLEMAIDA -2020 y la Resolución No. 5544 del 3 de noviembre de 2020, se encuentran incursas en la causal de nulidad de falsa motivación por lo expresado. Ahora bien, por sustracción de materia no habrá lugar a pronunciarse sobre la causal de vulneración al debido proceso en razón a que prosperó la de falsa motivación. En todo caso la Sala pone de presente que los argumentos del apelante no tenía vocación de prosperar en el sentido que el mismo atiende a las garantías de citación y de las prevista por la ley para el trámite sancionatorio que cumplió la entidad. Queda resuelto el problema jurídico. (...) Respecto del perjuicio material por lucro cesante solicitó el pago de la suma de $6.600.000 que corresponden al valor que no se ejecutó por concepto de la terminación del contrato. En efecto se evidencia que como quiera que al terminar de manera anticipada el contrato no se pagó la suma $6.600.000, y tal y como se evidenció de la liquidación unilateral No. 5647 del 5 de noviembre de 2020 que realizó la entidad, por lo que será actualizada a la fecha de la presente sentencia. Se reconoce a la demandante por perjuicio material la suma total de la suma de $9.981.024. (...)”
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la configuración de la falsa motivación cuando los motivos expresados en el acto administrativo no corresponden con la realidad, ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de septiembre de 2005, exp. 3644, M. P. Darío Quiñones.
Sobre la falsa motivación cuando la administración aduce fundamentos fácticos contrarios a la realidad o atribuye a los hechos probados efectos que no corresponden, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de noviembre de 2017, M. P. Martha Nubia Velásquez Rico (E); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 17 de febrero de 2023, rad. NI 59310, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
Sobre la prueba del daño emergente derivado del pago de honorarios profesionales, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 18 de julio de 2019, exp. 44572, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
Sobre la necesidad de acreditar los perjuicios morales derivados de controversias contractuales y la improcedencia de presumirlos por el solo incumplimiento contractual, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 3 de agosto de 2017, rad. 76001-23-31-000-2010-00615-01(52920), C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2001, rad. 12848, C. P. María Elena Giraldo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 53 DE 1887 - ARTÍCULO 1546, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, 15, 16, 17, 40