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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: puede concluirse, que el dictamen pericial carece de idoneidad técnica y sustento fáctico suficiente

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2025-08-19
Radicado
76001233300020220058101
Número interno
71726
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
UNIÓN TEMPORAL DE SERVICIOS DE TRÁNSITO
Demandado
MUNICIPIO DE GUACARÍ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: puede concluirse, que el dictamen pericial carece de idoneidad técnica y sustento fáctico suficiente

Regla de decisión

Puede concluirse, con base en el análisis probatorio realizado, que el dictamen pericial carece de idoneidad técnica y sustento fáctico suficiente para acreditar con certeza los perjuicios alegados por el contratista.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede acreditar con certeza los perjuicios alegados por la insuficiencia y falta de idoneidad técnica del dictamen pericial, que no discrimina ingresos propios de los recibidos en nombre de terceros, omite considerar estados financieros y oferta económica, y carece de soporte documental para costos de nómina y arrendamientos. Además, la prolongación del contrato por prórrogas adicionales no fue probada como causante de perjuicios ciertos. La entidad no incurrió en omisión de decreto de prueba de oficio, y la condena en abstracto no procede por la ausencia de prueba del perjuicio, lo que implica que la entidad estatal no está obligada a indemnizar por perjuicios no acreditados.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Puede concluirse, con base en el análisis probatorio realizado, que el dictamen pericial carece de idoneidad técnica y sustento fáctico suficiente para acreditar con certeza los perjuicios alegados por el contratista?

Respuesta: Si

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

De conformidad con lo expuesto es evidente, como lo concluyó el tribunal de primera instancia, que la prueba pericial no otorga certeza en relación con los perjuicios que afirma haber sufrido la unión temporal contratante; en primer lugar, la estimación de los ingresos dejados de percibir carece por completo de sustento demostrativo en los precisos términos de las obligaciones y derechos surgidos del contrato de concesión, en tanto no se discriminan aquellos ingresos propios del concesionario de los que recibía en nombre de terceros, debido a que el contrato incluía el recaudo del valor de los derechos a pagar por los usuarios por los trámites adelantados. Además, es relevante tener en consideración que el concesionario asumió “por su cuenta y riesgo”

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Liquidación del contrato Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Condena en costas y agencias en derecho

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A este efecto, conviene reiterar que durante la ejecución del contrato estatal no todas las expresiones de la entidad pública contratante se califican como un acto administrativo no todas sus manifestaciones constituyen declaraciones unilaterales de voluntad en ejercicio de la función administrativa, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas.
Consejo de Estado 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección C)
Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual
Titulación de la relatoría 10.007 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PERJUICIOS / DETERMINACIÓN DE LOS PERJUICIOS / CAUSACIÓN DE PERJUICIOS / LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DE LOS PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LA CONDENA EN PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PRUEBA DE LOS PERJUICIOS / PERITAJE / FINALIDAD DEL PERITAJE / IMPERTINENCIA DEL PERITAJE / ERROR EN EL PERITAJE / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL Problema jurídico: ¿Puede concluirse, con base en el análisis probatorio realizado, que el dictamen pericial carece de idoneidad técnica y sustento fáctico suficiente para acreditar con certeza los perjuicios alegados por el contratista? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo expuesto es evidente, como lo concluyó el tribunal de primera instancia, que la prueba pericial no otorga certeza en relación con los perjuicios que afirma haber sufrido la unión temporal contratante; en primer lugar, la estimación de los ingresos dejados de percibir carece por completo de sustento demostrativo en los precisos términos de las obligaciones y derechos surgidos del contrato de concesión, en tanto no se discriminan aquellos ingresos propios del concesionario de los que recibía en nombre de terceros, debido a que el contrato incluía el recaudo del valor de los derechos a pagar por los usuarios por los trámites adelantados. Además, es relevante tener en consideración que el concesionario asumió “por su cuenta y riesgo” (fl. 1 anexos 2 demanda, índice 3 SAMAI), la prestación del servicio de registro automotor, registro de conductores, tarjetas de operación, suministro de especies venales y registro de impuestos de circulación y tránsito; vale decir, estaban a su cargo la totalidad de costos y gastos de la concesión en los términos establecidos en la oferta económica presentada; por ende, analizar únicamente el valor de los ingresos recibidos por el concesionario carece de validez metodológica para efecto de determinar aquello que, efectivamente, pudo dejar de percibir. De igual manera, en el dictamen se omitió tener en cuenta los estados financieros de la contratista y a la oferta económica presentada, de modo tal que pudieran verificarse las precisas condiciones económicas de remuneración acordadas y su supuesta alteración producto de la conducta de la contratante; en efecto, se carece por completo de certeza en relación con los porcentajes de ingresos que correspondían a valores recibidos para terceros y de la forma en que se pactó la remuneración y utilidad del contratista. La supuesta pérdida reputacional también se calculó sobre dichos ingresos brutos que, como se anticipó, no corresponde a un método admisible para determinar la existencia real de una lesión patrimonial o extrapatrimonial que deba ser reparada. Adicionalmente, se afirmó en el dictamen, sin sustento ni soporte válido, que el contratista incurrió en costos de nómina y arrendamientos durante el período de no ejecución del contrato, de lo cual no hay ningún soporte documental o de otro tipo, esto es, no hay evidencia de la efectiva realización de dichas erogaciones y, por otra parte, estos conceptos, que corresponden a costos de operación, son tratados como perjuicios adicionales que se pretenden agregar al valor de los ingresos, cuando lo acertado sería detraerlos de la primera suma por hacer parte del costo que el contratista se obligó a asumir durante la ejecución de la concesión; en todo caso, no se probó que durante la época en que no ejecutó el contrato la unión temporal incurrió en dichos pagos. Similar circunstancia acontece con los costos para reactivar la concesión, los cuales no están detallados ni demostrados, sino que, se limitan a una suma económica global respecto de la cual no es posible determinar cómo fue calculada. Las anteriores falencias metodológicas restan cualquier valor demostrativo al dictamen y, por consiguiente, no son prueba del supuesto nocimiento sufrido por el contratista. Asimismo, debe tomarse en cuenta, como lo alegó la entidad territorial, que el contrato de concesión fue prorrogado inicialmente por seis (6) meses (otrosí 1 - 2021, antecedentes administrativos índice 13 SAMAI), luego por un (1) año (otrosí 1 – 2021 ibidem) y, finalmente, por 6 meses más (otrosí 3 – 2021 ibidem); por lo cual, el término de ejecución se prolongó durante dos (2) años adicionales al plazo inicialmente pactado. Ninguna evidencia se aportó en relación con el impacto financiero de estas prórrogas en la remuneración del contratista para efectos de determinar si, aún en esta circunstancia, el demandante sufrió perjuicios que deban ser resarcidos, se insiste, por la ausencia absoluta de prueba en relación con la forma de remuneración del concesionario y el impacto de la decisión administrativa a la postre revocada por la administración contratante. Es pertinente precisar que el tribunal de primera instancia no emitió una decisión inhibitoria ni se abstuvo de resolver la controversia, como pareció entenderlo la apelante; contrario a ello, denegó la indemnización pretendida por ausencia de demostración de un perjuicio cierto, previo análisis crítico del dictamen pericial, el cual, esta Sala de Decisión estima acertado. CONDENA EN ABSTRACTO / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN ABSTRACTO / CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA DE OFICIO / CONDICIONES PARA EL DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / PRUEBA DE OFICIO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OMISIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO Problema jurídico: ¿Debe rechazarse la imposición de una condena en abstracto cuando no se ha acreditado la existencia cierta del perjuicio y la parte demandante no cumplió con su carga probatoria conforme al artículo 167 del CGP? Respuesta al problema jurídico: Si Tampoco es de recibo el argumento de la impugnación relacionado con la imposición de una condena en abstracto o el decreto oficioso de pruebas. En los términos del artículo 193 del CPACA, la condena en abstracto procede cuando el perjuicio que se reclama está idóneamente acreditado, pero, la cuantía no ha sido establecida, sin embargo, esta posibilidad no suple la prueba cierta del perjuicio, el cual en este proceso no está demostrado. Al respecto, debe advertirse que una cosa es la falta de prueba de la cuantía de los perjuicios, una vez establecido con certeza que se causaron, la cual se puede suplir a través del mecanismo de la condena en abstracto y, otra, distinta, la ausencia de prueba de su efectiva causación, la cual no puede diferirse para una fase posterior a la sentencia; por el contrario, sin estar acreditadas las consecuencias patrimoniales lesivas del incumplimiento, no hay lugar a disponer una condena patrimonial. En ese contexto, le correspondía a la parte demandante probar que padeció perjuicios y, no lo hizo; por el contrario, se abstuvo de aportar al proceso las evidencias relacionadas con su propuesta económica y proyecciones financieras, para instrumentar, idónea y válidamente, previa verificación del efecto de las modificaciones del contrato en la economía del concesionario y las reales condiciones de lo ocurrido con la ejecución contractual durante la vigencia de la declaración de terminación unilateral del contrato, el poder establecer que se le causó un perjuicio cierto y no puramente eventual o hipotético; tampoco se aportaron los soportes de los supuestos costos asumidos durante la época en que no puedo ejecutar ni se apeló el punto concreto relacionado con la negativa de la reparación del supuesto perjuicio moral. La información que sobre esos aspectos le suministró la parte actora el perito bien podía ser utilizada por este para la elaboración del dictamen, pero, necesariamente, este debía contrastarla y soportarla con los respectivos elementos de detalle evidenciados para el efecto; empero, el perito no fundó ni apoyó su trabajo y conclusiones en ningún medio de prueba, simplemente dio pleno crédito al relato y a la información que le entregó la parte interesada. Sobre ese aspecto de la controversia debe igualmente anotarse que las mencionadas falencias probatorias no pueden ser suplidas por el juez mediante una prueba de oficio sin desequilibrar las cargas procesales de las partes; quien reclama la reparación tenía la carga de acreditar los perjuicios padecidos en los términos del artículo 167 del CGP y no lo hizo, lo cual impone la confirmación del fallo recurrido. En efecto, las pruebas de oficio están legalmente habilitadas para que el juez esclarezca puntos oscuros de la contienda o que le generen duda (art. 213 del CPACA), mas no para suplir una ausencia total de prueba como ocurre en el presente caso, ni tampoco para ser decretadas a petición de parte, como ocurre en este caso, razón adicional para confirmar la sentencia de primera instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 193, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 213, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167 CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas de la parte apelante por habérsele resuelto de manera negativa el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 numeral 3 del CGP, la parte vencida en el recurso, esto es, la Unión Temporal Servicios de Tránsito – UNISET, será condenada en costas de esta instancia; la decisión de no condenar en costas de primera instancia de mantiene porque no fue apelada. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000202200581011100103