Titulación de la relatoría 14.358 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿La ausencia de salvedades en las convenciones que las partes suscribieron para suspender o prorrogar el plazo del contrato, releva al juez del estudio de fondo de la reclamación?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l hecho de que no se incluyan salvedades en las convenciones que las partes suscribieron para suspender o prorrogar el plazo del contrato no releva al juez del estudio de fondo de la reclamación; por el contrario se impone determinar si es procedente ordenar el pago de la indemnización o compensación, analizando cuál fue el motivo que condujo la suscripción del acuerdo modificatorio –como, por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones o la materialización de riesgos asumidos por una parte– y el contenido de los arreglos que las partes alcanzaron, contrastándolo con los hechos que sirven de causa a las pretensiones y con el objeto de éstas.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar sentencia de 20 de noviembre de 2020, Exp. 0500123-31-000-1999-00093-01(38097), C.P.
PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL PLAZO / PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO / DEBERES DEL CONTRATISTA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿La ampliación del término contractual tuvo origen en causas imputables al consorcio, comoquiera que la aprobación de los Planes de Manejo de Tráfico hacía parte de sus obligaciones y el material probatorio obrante en el expediente da cuenta de que la demora en su autorización provino de la inobservancia de los requerimientos que este último debía cumplir?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a falta de cumplimiento de parte del contratista solicitante al omitir observar un requisito formal para el trámite de sus peticiones, del cual se desprende un aspecto de relevancia sustantiva en la materia, como es la identificación y firma de quienes figuraban como responsables de la obra y por tanto de dicho plan; de ahí que no constituyó un hecho imprevisible para el consorcio actor, puesto que no se trata de una circunstancia sobrevenida o sorpresiva, ajena a su control y conducta. Discernimiento que se ratifica con el sustento de las negativas de las manzanas 18 y 19, donde se consignó que se rechazaban las prórrogas de los PMT, por la mencionada omisión del contratista, pese a que se encontraba tramitando una prolongación de unos planes que ya le habían sido autorizados, escenario que corrobora que éste conocía, por su propia experiencia, los requisitos exigidos para la aprobación de dichos planes y que la desaprobación de éstos fue suscitada únicamente por su desatención y conducta. (...) En esa medida, se ratifica que no resultó una situación imprevista o extraordinaria la falta de aprobación de los PMT de las manzanas ya referidas, puesto que la negativa estuvo sustentada en la verificación del avance efectivo de la obra y, así, en prevenir mayores restricciones en el tránsito de la zona intervenida, decisión que, evidentemente, podía ser esperada por el contratista comoquiera que conforme a la normatividad aplicable, se imponía que dicho plan debía ser flexible y evolucionar de cara al real avance de la obra, situación que, como se vio, fue la que sustentó las decisiones que negaron, en principio, la aprobación de algunos de los PMT. Por lo anterior, se constata que la alteración de los PMT, en los términos aludidos, hacían parte del riesgo asumido por el contratista al suscribir el clausulado obligacional que compone el contrato y el pliego de condiciones, circunstancia que de ninguna manera constituye una circunstancia sobrevenida o intempestiva como fue entendida por el a quo. En línea con lo anterior, dado que al consorcio CGR 003 le correspondía soportar los efectos de la demora en la aprobación de los PMT, que a todas luces no se antojó sorpresiva como tampoco se dio bajo condiciones anormales, sustentado, como se vio, en la verificación de la ejecución de la obra y la búsqueda de la menor restricción del tránsito en la zona intervenida, no hay lugar a reconocer perjuicio alguno por la mayor permanencia obra ocasionada a raíz de este evento, razón por la cual se revocará la condena impuesta bajo este supuesto.
TÉRMINO DEL CONTRATO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Las partes acordaron extender el plazo contractual, sin alterar las demás cláusulas del negocio primigenio, por ende no hay lugar al reconocimiento económicos?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e advierte que la decisión conjunta de las partes no se dirigió a suspender la obra durante diciembre, sino a reajustar la programación prevista para ese lapso, en aras de trabajar en frentes distintos a los establecidos para la carrera 13 entre calles 78 y 80, con el objeto de generar el menor impacto en la comunidad de la zona intervenida, principalmente comerciantes que verían afectados sus ingresos. Así las cosas, al observar los antecedentes de las negociaciones que dieron lugar a la referida prórroga y al contenido plasmado en esta última, no hay lugar a acceder a las pretensiones relacionadas con este punto, comoquiera que desconocen lo pactado en un negocio jurídico vinculante, en el cual se acordó que sólo había lugar a extender el plazo contractual, sin alterar las demás cláusulas del negocio primigenio, por cuanto, en virtud de las disparidades advertidas con antelación a su suscripción, el contratista estaba en la capacidad de expresar su reserva o salvedad, en torno a dicho pacto. En otras palabras, (i) como las partes del contrato, con participación de la interventoría, discutieron acerca de la solicitud del contratista relacionada con el otorgamiento de una prórroga de 45 días acompañada de reconocimientos económicos –según petición del 9 de diciembre de 2010–; y luego, (ii) la interventoría conceptuó de manera desfavorable acerca de los mayores costos pretendidos por la época decembrina –el 11 de enero de 2011–, (iii) respecto de la cual, la contratante, en febrero de 2011, no halló viable en relación con los temas económicos, pero sí respecto de mayor plazo requerido, advierte la Sala que tales discusiones previas fueron llevadas al negocio jurídico suscrito el 4 de marzo de 2011, el cual revela, con expresa claridad, que éstas acordaron únicamente prorrogar el plazo del contrato, conservando los demás acuerdos y obligaciones, incluido el precio pactado, sin que el contratista hubiese expresado algo distinto al suscribir tal negociación. Por consiguiente, las pretensiones relativas a este supuesto deben negarse. Se itera, no porque el contratista incumpliera una carga formal de dejar salvedades en los instrumentos modificatorios, sino porque quedó vinculado y debe respetar los acuerdos que logró con la entidad con el objeto de regular la ampliación del término contractual, pacto en el que, pese a conocer el criterio desfavorable de la interventoría y del IDU sobre el reconocimiento económico que pidió, se abstuvo de manifestar inconformidad alguna sobre la materia. Contrario a ello, en expresión de su voluntad, consintió en las condiciones alcanzadas en dicha negociación, las que ahora no puede desconocer, relevándose a sí mismo de su propia manifestación expresa, o buscando restar el efecto normativo de tal acuerdo al intentar eludir sus omisiones.
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RECURSOS PRESUPUESTALES / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿La suspensión del contrato por 24 días para para adicionar recursos al negocio jurídico no transgredió el principio de planeación?
Respuesta al problema jurídico: No
Así las cosas, el contexto en que se celebró la suspensión del contrato pone al descubierto que las partes llenaron de contenido y sellaron la finalidad pretendida en dicho instrumento, en un acto voluntario de corresponsabilidad que las unió; de suerte que la citada suspensión no resultó en un aspecto inesperado para el contratista, sino pretendido por éste y la entidad, con miras a detener el vencimiento del plazo y lograr los recursos adicionales. Si no fuera suficiente lo dicho, se agrega que, derivado de la experiencia del Consorcio en el ámbito de la contratación con el Estado, no le resultaba ajeno o sorpresivo el conocimiento sobre el trámite de dichos requerimientos en materia presupuestal, menos aun cuando asintió en suspender el contrato con el propósito expreso de que la entidad continuara el trámite de consecución de recursos, justamente para adecuarse a los trámites que eran requeridos, conforme al acta de mayores cantidades. Por lo mismo, tampoco se considera que el tiempo utilizado en la gestión mencionada se edifique como un incumplimiento del IDU, pues contrario a lo aducido por el a quo, la suspensión fue el mecanismo adoptado de consuno por las partes para el logro de la finalidad presupuestal anotada y en el que ambas estuvieron comprometidas en sus propósitos y fines. Ni siquiera en perspectiva de la lógica llana sería razonable suscribir un acta de mayores cantidades sin respaldo en un CDP para que, al mismo tiempo la entidad se colocara, por tal hecho, en situación de incumplimiento, y el contratista en estado de afectación, asumiendo ingenuamente mayores costos por tal suspensión. En esa medida, por el conocimiento de ambas sobre las gestiones presupuestales que se debían adelantar, la ausencia de manifestación sobre los mayores costos que se ocasionarían al contratista con las mencionadas suspensiones, y la buena fe que debe profesar la conducta de los sujetos en el curso negocial, son razones que impiden hacer reconocimiento alguno por el supuesto en estudio, comoquiera que ello desconoce la conducta desplegada por el contratista y los acuerdos que suscribió; por lo dicho, también se revocará la condena impuesta en primer grado por este concepto.
OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES / UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿La reducción del objeto convenido por no contar con los recursos suficientes para cumplir cabalmente con éste denota un incumplimiento por parte de la contratante que afectó la utilidad que dejó de percibir el consorcio?
Respuesta al problema jurídico: No
[P]ese a que la entidad no viabilizó la renovación y/o construcción de redes de servicios públicos en un sector de la obra contratada, por las razones anotadas, lo cierto es que ésto no alteró las utilidades previstas por el contratista, no sólo por la mínima diferencia entre el presupuesto original y el ejecutado, sino porque al tratarse de un contrato a precios unitarios, donde el valor inicial es apenas indicativo de un monto estimado del contrato, las mayores o menores cantidades de obra son las que definen el valor final del contrato; y, en todo caso, bajo el sub lite, hubo casi una identidad entre el valor del presupuesto original y el ejecutado. 91. En este sentido, dado que la finalidad de este cargo se inscribe en el marco económico relacionado con el concepto de utilidad –la que el consorcio CGR003 reclama como dejada de percibir por la reducción del objeto contractual– y ante la advertencia de que la expectativa inicial de utilidad no fue truncada por la diferencia de $23’709.230 entre el presupuesto inicial y el finalmente ejecutado, resulta forzoso concluir que esta súplica no tiene vocación de prosperidad por la falta de acreditación de la disminución patrimonial esperada por la parte actora. Con base en lo expuesto, no hay lugar a analizar la indemnización de perjuicios ordenada por el a quo, dado que ninguno de los cargos que la sustentaron prospera en el juicio de esta instancia.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del Proceso, normativa que establece, en su artículo 365, numeral 4, que se condenará en costas por ambas instancias a la parte vencida, “cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior”, escenario que se configuró en el sub lite. Por lo anterior, se condena a la parte actora a pagar el valor de los costas impuestas en primera instancia en el monto de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($759.248) y se fijan las agencias en derecho, para esta instancia, en la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($4’255.380) a favor de la demandada, cifra que equivale al 1% de las pretensiones que fueron presentadas en este proceso por la parte demandante (la suma de $425.538.714,76), es decir, que no supera el 5% sobre las pretensiones, límite máximo para la tasación de las costas en segunda instancia, según lo establece el Acuerdo 1887 de 2003; por ende, por ambas instancias, le corresponde a la actora pagar la suma de CINCO MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($5’014.628).
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2014 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4
Texto extraído del PDF oficial 117.666 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Temas: — CONTRATO DE OBRA PÚBLICA – principio de la autonomía de la voluntad /
DESEQUILIBRIO ECONÓ MICO DEL CONTRATO ESTATAL - prueba de que las
circunstancias fueron imprevistas y sobrevenidas / MAYOR PERMANENCIA EN OBRA –
sobrecostos endilgados a la entidad contratante / SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA DEL
CONTRATO – alcance e intención de las partes, principio de buena fe
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado , a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
La controversia gira alrededor de los mayores costos que se habrían causado a los
integrantes del Consorcio CGR003, como consecuencia de la mayor permanencia
derivada de incumplimientos que fueron endilgados a l IDU, así como por la
ocurrencia de un evento que llevó a la ruptura del equilibrio económico del contrato.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 8 de marzo de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, a través de la cual
se adoptaron las siguientes determinaciones:
“PRIMERO: DECLARAR la existencia del Contrato de Obra Pública No- IDU 027
de 2009 conforme la parte motiva de la presente providencia.
“SEGUNDO: DECLARAR el desequilibrio económico Contrato de Obra Pública
No. IDU 027 de 2009 en razón a las mayores permanencias en obra por razones
no imputables al dema ndante de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Asunto: Controversias contractuales
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“TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la parte
demandada a pagar un total de setecientos treinta millones novecientos veintiséis
mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos ($730 ’926.453) a favor de la parte
actora, los cuales corresponderán en un 50% a la COMPAÑÍA DE TARBAJOS
(sic) URBANOS S.A., en un 25% a GALVIS FRACASSI y COMPAÑÍA S en C y
GERMÁN RAMÍREZ BARBOSA en un 25%.
“CUARTO: DECLARAR el incumplimiento del Contrato de Obra Pública No- IDU
027 de 2009 por parte del Instituto de Desarrollo Urbano IDU en los términos de
la parte motiva de la presente providencia.
“QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la parte
demandada a pagar un total de Veintiocho millone s trescientos veintiún mil
ochocientos cuarenta y tres pesos ($28.321.843) los cuales corresponderán en
un 50% a la COMPAÑÍA DE TARBAJOS (sic) URBANOS S.A., en un 25% a
GALVIS FRACASSI y COMPAÑÍA S en C y GERM ÁN RAMÍREZ BARBOSA en
un 25%.
“SEXTO: NEGAR las demás pretensiones principales y subsidiarias de la
demanda, conforme la parte motiva de la presente providencia.
“SÉPTIMO: Condenar en costas en esta instancia a la parte demandada, razón
por la cual deberá pagar a favor de la demandante la suma de SET ECIENTOS
CINCUENTA Y NUVE (sic) MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
($759.248) los cuales corresponderán en un 50% a la COMPAÑÍA DE
TARBAJOS (sic) URBANOS S.A., en un 25% a GALVIS FRACASSI y
COMPAÑÍA S en C y GERMÁN RAMÍREZ BARBOSA en un 25%.
“CUARTO (sic): Contra la presente providencia procede el recurso de apelación,
en los términos dispuestos en el artículo 243 y 247 del C.P.A.C.A.”
El anterior proveído resolvió la demanda cuyas pretensiones , hechos principales y
fundamentos de derecho son, los siguientes:
Pretensiones
2. El 14 de julio de 2014 1, el consorcio CGR 003 2, integrado por la Compañía de
Trabajos Urbanos S.A., Galvis Fracassi y Cía. S. en C. y Germán Ramírez Barbosa ,
presentó demanda contra el Distrito Capital de Bogotá – Instituto de Desa rrollo
Urbano (en adelante IDU), con el fin de obtener las siguientes declaraciones y
condenas (se transcribe conforme obra, incluidos eventuales errores):
“4.1 PRETENSIONES RELATIVAS A LA MAYOR PERMANENCIA EN OBRA POR
CAUSAS IMPUTABLES A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DISTRITAL.
“4.1.1 PRETENSIONES DECLARATIVAS PRINCIPALES.
“PRIMERA. - Que se declare la existencia del contrato Estatal de Obra Pública
No. 027/06 del 6 de octubre de 2009 que da cuenta esta demanda y sus respectivos
documentos contractuales.
“SEGUNDA. - Que se declare la mayor permanencia en el contrato de Obra
Pública, como consecuencia de las demoras en las aprobaciones de los Planes de
Manejo de Tráfico por parte de la Secretaría de Movilidad Distrital por causas no
1 Folio 1 del cuaderno 1.
2 Conforme con el documento de constitución de esta forma asociativa, éste está integrado por la Compañía de
Trabajos Urbanos S.A., en un 50%, Galvis Fracassi y Com pañía S. en C., con un 25%, y Germá n Ramírez
Barbosa, con el 25% restante- (folios 104 y 105 del cuaderno 2).
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Asunto: Controversias contractuales
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imputables al contrat ista e imputables a la administración en general, conforme lo
expuesto en esta Demanda Contractual.
“TERCERA. - Que se declare el desequilibrio económico y financiero del
contrato de que trata esta Demanda Contractual proveniente de la Administración,
ocasionando que el CONTRATISTA sufriera unos perjuicios que la entidad
demandada debe indemnizar con ocasión de la aplicación de la teoría del hecho
del príncipe.
“CUARTA. - Que como consecuencia de la anterior declaración, se declare que el
DISTRITO CAPIT AL- IDU es responsable de los perjuicios ocasionados a
CONSORCIO CGR 003.
“4.1.2. PRETENSIONES DECLARATIVAS SUBSIDIARIAS.
“PRIMERA. - Que de no considerarse como probada la existencia de la teoría del
hecho del príncipe se declare la existencia de la teoría de la imprevisión.
“SEGUNDA. - Que se declare el desequilibrio económico y financiero del
contrato por las razones expuestas en el presente documento.
“TERCERA. - Que como consecuencia de la anterior declaración dé por incumplido
el CONTRATO por parte del IDU.
“4.1.3. PRETENSIONES DE CONDENA PRINCIPALES.
“PRIMERA. - Que se condene al DISTRITO CAPITAL -IDU al pago del valor de los
gastos en los que tuvo que incurrir el Consorcio Contratista en la mayor permanencia
en la obra ocasionada por la Sec retaría de Movilidad Distrital en una cuantía de
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($425.538.714,76) M/CTE ajustados a valor
presente, más la correspondiente indemnización de perjuicios por el lucro cesante
del dinero.
“SEGUNDA. - Que se condene al DISTRITO CAPITAL -IDU a pagar al CONSORCIO
CGR 03, a título de restablecimiento del derecho, como consecuencia de las
declaraciones realizadas, la indemnización integral de los perjuicios de todo orden
que por la aplicación de la Teoría del Hecho del príncipe se le han causado a mi
poderdante, así como todos aquellos perjuicios materiales e inmateriales que el
fallador encuentre probados en el proceso.
“4.1.4. PRETENSIONES DE CONDENA SUBSIDIARIAS.
“PRIMERA. - Que se condene al DISTRITO CAPITAL -IDU a pagar al demandante,
a título de restablecimiento del derecho, como consecuencia de las declaraciones
realizadas, la indemnización de los perjuicios de todo orden que por la aplicación de
la Teoría de la im previsión se le han causado a mi poderdante, así como todos
aquellos perjuicios materiales e inmateriales que el fallador encuentre probados en el
proceso.
“SEGUNDA. - Que sean cancelados los valores solicitados mediante el derecho de
petición y reconocid os mediante acto administrativo presunto, con respecto al
presente rubro.
“4.2 PRETENSIONES RELATIVAS A LA MAYOR PERMANENCIA EN OBRA POR
CAUSAS IMPUTABLES A LA ENTIDAD CONTRATANTE.
“4.2.1 PRETENSIONES DECLARATIVAS PRINCIPALES.
“PRIMERA. -Que se declare la mayor permanencia en el contrato de Obra
Pública, como consecuencia de la no recepción en tiempo de la Obra por causas no
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Asunto: Controversias contractuales
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imputables al contratista e imputables a la entidad contratante, conforme lo expuesto
en esta Demanda Contractual.
“SEGUNDA. - Que se declare que, como consecuencia de la mayor permanencia en
el contrato de Obra Pública por causas no imputables al CONTRATISTA e
imputables a la entidad demandada, la parte demandante (CONTRATISTA) sufrió
unos perjuicios que el IDU debe indemnizar por las razones expuestas a lo largo
de la presente Demanda Contractual.
“TERCERA. - Que se declare el desequilibrio económico y financiero del
contrato de que trata esta demanda proveniente de la entidad demandada,
haciendo que el CONTRATISTA sufriera unos perjuicios que la entidad demandada
debe indemnizar con ocasión de la mayor permanencia en la obra.
“4.2.2. PRETENSIONES DE CONDENA PRINCIPALES.
“PRIMERA. - Que se condene al DISTRITO CAPITAL -IDU a pagar al demandante,
CONSORCIO CGR 003, los costos d irectos, indirectos, de administración y la
utilidad esperada que con ocasión de la mayor permanencia en Obra Pública que se
presentó por causas no imputables al contratista en ejecución del contrato estatal de
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