Titulación de la relatoría 15.897 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Respecto de las controversias relativas a los contratos de concesión minera opera la caducidad del medio de control de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: No
Al tratarse de un asunto en el que se controvierte un contrato de concesión minera, cuyo objeto es la exploración y explotación de un yacimiento de carbón —catalogado como un recurso natural no renovable—, la Subsección resolverá el problema atinente al fondo de la litis, habida consideración de la competencia que le asiste para ello, en atención a lo prescrito por los artículos 150 del CPACA y 293 del Código de Minas, y la inoperancia de la figura de caducidad del medio de control de controversias contractuales en los casos como el presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 Ibídem y el parágrafo 1 del artículo 136 del CCA —disposición aplicable a esta controversia, en virtud de la jurisprudencia reiterada de la Corporación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad del medio de control de controversias contractuales que controvierte un contrato de concesión minera, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de enero 2016, rad. 28210, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 7 de noviembre de 2019, rad. 60686, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 20 de abril de 2022, rad. 58707, C. P. Jaime enrique Rodríguez Navas; y sentencia de 1º de junio de 2022, rad. 56007, C. P. Jaime enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 PARÁGRAFO 1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 293, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 6
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO / ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE AGUA / CLASES DE ÁREA PROTEGIDA / RECATEGORIZACIÓN DE ÁREA PROTEGIDA / CONTRATO DE CONCESIÓN DE GRAN MINERÍA / SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS / COMPETENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA / ZONA RESTRINGIDA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA / PÁRAMO / CÓDIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES / CONTRATO DE CONCESIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES / COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / FACULTADES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / FUNCIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / ACUERDO PROFERIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
Problema jurídico:
¿El Distrito de Manejo Integrado Páramo de Guarguar y Laguna Verde, cuya declaración como tal se realizó mediante el Acuerdo 022 de 2009 expedido por la CAR, se constituye como una zona “de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente” y, en consecuencia, se encuentra excluida de minería, en los términos del artículo 34 del Código de Minas, sin que se exija para la aplicación de tal prohibición la existencia de un Plan de Manejo Integrado o la declaración expresa de constituirla como una zona excluible de tal actividad?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Código Nacional de Recursos Naturales (en adelante, “CNRN”) definió las Áreas de Manejo Especial como aquellas áreas que se delimitan para administrar, manejar y proteger el ambiente y los recursos naturales renovables. Exigió que su creación debía “tener objetos determinados y fundarse en estudios ecológicos y económico-sociales”. De igual forma, prescribió su integración por: (i) los Distritos de Manejo Integrado (DMI); (ii) las Áreas de Recreación; (iii) las Cuencas Hidrográficas; (iv) los Distritos de Conservación de Suelo; y (v) el Sistema de Parques Nacionales. Particularmente, en lo relacionado con los DMI, el CNRN dispuso que su creación debía sustentarse en factores ambientales o socioeconómicos, con el propósito de que se constituyeran como “modelos de aprovechamiento racional” de los recursos naturales renovables, en los cuales, “se permita actividades económicas controladas, investigativas, educativas y recreativas”. (...) La administración de los DMI le corresponde al MADS (que reemplazo en funciones al extinto INDERENA) y/o a las CAR, quienes tienen “la facultad de declarar, alinderar y administrar los DMI”, con sujeción a la Política Nacional Ambiental y a los mecanismos de coordinación que para tal fin establezca la autoridad ambiental nacional. Bajo esta prerrogativa, la entidad administradora, conforme a un proceso de ordenamiento territorial, está facultada para organizar los DMI (...). Debe aclararse, además, que dentro de una misma zona pueden aplicarse varias de las categorías de ordenamiento enunciadas, en atención “a sus características, requerimientos técnicos y objetivos propuestos”. (…) En cuanto a la posibilidad de explorar y la explotar recursos mineros en áreas protegidas, el artículo 34 del Código de Minas enunció las zonas excluibles de esta actividad (…). La anterior disposición legal permite establecer, grosso modo, la existencia de una prohibición de ejecutar trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente, siempre que excluyan la actividad minera en forma expresa y motivada. Con todo, la norma prevé que la autoridad minera tiene la facultad, previo cumplimiento de unos requisitos, de autorizar, en las zonas referidas, con excepción de los parques, el adelantamiento de actividades mineras controladas. (…) Los DMI se constituyen así, a priori, como zonas excluibles de minería; exclusión que, sin embargo, puede exceptuarse, en las zonas de producción y recuperación así establecidas por la autoridad ambiental competente en el Plan de Manejo Integral, de acuerdo con el inciso final del artículo 34 del Código de Minas, el cual prevé que la autoridad minera puede autorizar que en tales zonas se adelanten actividades de esa naturaleza, con excepción de los parques, “sólo por determinados métodos y sistemas de extracción que no afecten los objetivos de la zona de exclusión mineras”. De acuerdo con el derrotero normativo y jurisprudencial expuesto en precedencia, se concluye que el DMI Páramo de Guarguar y Laguna Verde, cuya declaración como tal se realizó mediante el Acuerdo 022 de 2009 expedido por la CAR, se constituye como una zona “de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente” y, en consecuencia, se encuentra excluida de minería, en los términos del artículo 34 del Código de Minas, sin que —se reitera— se exija para la aplicación de tal prohibición la existencia de un Plan de Manejo Integrado o la declaración expresa de constituirla como una zona excluible de tal actividad.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a las áreas de manejo especial, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1 de junio de 2022, rad. 56007, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Acerca de las zonas excluidas de la actividad minera, cita: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de febrero de 2015, rad. 2012-00044-00 (AP), C. P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Tercera, sentencia de 3 de agosto de 2020, rad. 58710, C. P. Alberto Montaña Plata; y de la Corte Constitucional, sentencia C-339 de 7 de mayo de 2002, C-443 y C-703 de 2010.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1974 DE 1989, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 34
AUTORIDAD AMBIENTAL / ACUERDO PROFERIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / FACULTADES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CONCESIÓN DE MINA / APLICACIÓN DE LA RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY / RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY / NORMA AMBIENTAL / ZONA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL / SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / ZONA RESTRINGIDA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA / DEBERES DEL ESTADO / PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
Problema jurídico:
¿En asuntos mineros, las normas expedidas por la autoridad ambiental con posterioridad al perfeccionamiento del contrato de concesión, tienen la posibilidad de modificarlo?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Estado tiene la obligación constitucional de: proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación; proteger la diversidad e integridad del ambiente; conservar las áreas de especial importancia ecológica; proteger la integridad del espacio público y velar por su destinación al uso común —que prevalece sobre el interés particular—; aprovechar y preservar el ambiente y los recursos naturales renovables; y delimitar el alcance de la libertad económica cuando lo exija el interés social y el ambiente. Con ese propósito, el Estado, por mandato de ley, tiene la potestad de intervenir en la explotación de los recursos naturales y en el uso del suelo para garantizar, entre otros fines, la preservación de un ambiente sano. (…) [E]n asuntos mineros, las disposiciones expedidas por la autoridad ambiental con posterioridad al perfeccionamiento del contrato de concesión tienen la virtualidad de modificarlo en atención a que el objeto contractual recae sobre bienes públicos “de propiedad estatal” frente a los que prevalece el interés general, permitiéndosele al Estado, por mandato legal, intervenir en la explotación de los recursos naturales y en el uso del suelo, así como en la planificación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, con el propósito de cumplir los deberes y lograr los fines impuestos por la Constitución Política en esa materia. En ese orden de ideas, es claro que en los contratos de concesión minera los derechos que de ellos deriva el contratista pueden verse afectados, durante su ejecución, por la prohibición de la actividad respectiva. Aplicado lo expuesto al caso concreto, forzoso resulta concluir que aun cuando el Acuerdo 022 de 2009, por medio del que se declaró como DMI al Páramo de Guargua y Laguna Verde, fue expedido con posterioridad al perfeccionamiento del contrato de concesión, lo cierto es que las disposiciones ambientales allí establecidas tienen la virtualidad de producir efectos jurídicos frente a dicho negocio jurídico, entre las que destaca que en las áreas declaradas como tales está prohibida la minería.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con los deberes del Estado sobre los recursos naturales, cita: Corte Constitucional, sentencia C-389 de 2016; C-192 de 20 de abril de 2016; C-035 de 8 de febrero de 2016 y sentencia de unificación SU-309 de 11 de julio de 2019.
APLICACIÓN DE LA RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY / RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY / ZONA RESTRINGIDA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA / CONTRATO DE CONCESIÓN DE GRAN MINERÍA / CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONCEPTO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / INEFICACIA DE PLENO DERECHO / NULIDAD DE PLENO DERECHO / OBJETO DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / ACTIVIDAD MINERA / EXPLORACIÓN MINERA / CONCESIÓN DE MINA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / NORMA AMBIENTAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿En el presente caso se configura la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito alegada en la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n atención a la remisión supletoria que el Código de Minas hace a las normas civiles y comerciales, la jurisprudencia de la Corporación ha considerado que las figuras jurídicas de la nulidad e ineficacia del contrato, por no estar regulada en el código especializado, se rige conforme a las previsiones del Código Civil y el Código de Comercio. El primero establece requisitos de existencia de los negocios jurídicos y causales específicas de nulidad absoluta o relativa, figuras que también prevé el segundo frente a situaciones específicas, además de las relativas a la inoponibilidad del negocio jurídico y la ineficacia de pleno derecho aplicable a los actos previstos en esa normativa. (…) [L]a causal de nulidad absoluta por objeto ilícito prevista tanto en el estatuto Civil como en el Comercial, remite a un elemento ligado a la celebración del contrato, por lo que su validez debe calificarse conforme a las normas imperativas que regían el negocio jurídico al momento de su celebración, tal como lo prevé el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. (…) En lo que respecta particularmente a los contratos mineros que fueron afectados por disposiciones legales y reglamentarias de carácter ambiental dictadas con posterioridad a la suscripción de aquel, se itera que el Código de Minas prevé, en forma expresa, que estas son de aplicación general e inmediata para todas las obras y labores minera, regla que implica la eventual afectación de las obligaciones del contrato de concesión minera, aun cuando este hubiera sido celebrado válidamente. (…) [L]a Sala concluye que en el presente caso no se configura la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito alegada en la demanda, dado que la previsión legal que impone la aplicación general e inmediata de disposiciones ambientales a contratos que se encuentran en ejecución al momento de su expedición, no afecta los elementos de existencia y validez vigentes al momento de su celebración. La sanción jurídica de la aplicación retrospectiva de las normas ambientales, que por disposición expresa de la ley tienen la virtualidad excepcional de prohibir la actividad minera aún “durante la vigencia del contrato mismo”, conlleva la exclusión de pleno derecho del contrato de concesión de zonas comprendidas en la RFP y el DMI del Páramo de Guarguar y Laguna Verde; sanción que no requiere de declaración alguna, ni de renuncia del concesionario a las zonas mencionadas, ni pago de compensación alguna, como lo prevé expresamente el referido artículo 36 del Código de Minas. (...) En definitiva, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad absoluta del contrato de concesión 1131T (Código HESK-01), por ilicitud de objeto y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en procedencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la nulidad del contrato de concesión minera, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1 de junio de 2022, rad. 56007, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Respecto de la regulación de los contratos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 2011, rad. 17863, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 24 de julio de 2013, rad. 25642, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 9 de julio de 2021, rad. 57228, C. P. Martín Bermúdez Muñoz; sentencia de 26 de julio de 2021, rad. 56001, C. P. Martín Bermúdez Muñoz; sentencia de 19 de julio de 2018, rad. 55991, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 24 de septiembre de 2021, rad. 55979, C. P. María Adriana Marín; sentencia del 10 de marzo de 2023, rad 47756, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y sentencia de 3 de agosto de 2020, rad. 58710, C. P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2655 DE 1988, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 34, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 36, LEY 84 DE 1873
CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / ACTIVIDAD DE INTERÉS GENERAL / PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Problema jurídico:
¿En los procesos donde se ventile un interés público hay lugar a la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte vencida, toda vez que en el presente proceso la CAR pretendía la protección del medio ambiente. Situación que constituye un interés público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188