Titulación de la relatoría 12.523 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / CONTRATO DE APORTE / CONTRATO ATÍPICO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ATÍPICO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE APORTE / CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE APORTE / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE APORTE / OBJETO DEL CONTRATO DE APORTE / SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
OBITER DICTUM
Los denominados «contratos de aporte» son una modalidad de contrato estatal atípico, utilizado, entre otros sectores, en el de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Dicho contrato implica que una entidad pública asigna unos bienes o recursos al contratista seleccionado, para que los destine exclusivamente, y por su cuenta y riesgo, a la prestación del servicio o la realización de la actividad de interés público acordada, para cumplir un determinado fin del Estado, so pena de verse obligado a devolver tales activos, con sus respectivos rendimientos (condición resolutoria). En este caso, en particular, los contratos de aporte suscritos por el Futic, como resultado de la licitación FTIC-LP-038-2020, tienen por objeto ejecutar el proyecto Centros Digitales, en la región asignada (A o B), con el fin de prestar el servicio esencial de internet en las zonas más apartadas del país. Para tal fin, el contratista se obliga a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura requerida para prestar dicho servicio, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico. Asimismo, los aportes recibidos del Estado, deben ser administrados, invertidos y utilizados, para los fines del contrato de aporte, a través de un patrimonio autónomo, constituido en virtud de la celebración de un contrato de fiducia mercantil, por parte de cada contratista.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las características del contrato estatal de aporte, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2060 del 21 de septiembre de 2011
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 9, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1147
NEGOCIO FIDUCIARIO / NEGOCIO FIDUCIARIO PARA FINES ESTATALES / CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE FIDUCIA PÚBLICA / CONCEPTO DE CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / FINALIDAD DEL CONTRATO DE FIDUCIA PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / ENCARGO FIDUCIARIO / CARACTERÍSTICAS DEL ENCARGO FIDUCIARIO
OBITER DICTUM
Los negocios fiduciarios son actos jurídicos de confianza, en virtud de los cuales una persona (fiduciante, constituyente o fideicomitente) entrega a otra (fiduciario) uno o más bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad, con el propósito de que esta última cumpla una finalidad específica, ya sea en beneficio del mismo constituyente o de un tercero (en ambos casos: beneficiario o fideicomisario). Dentro de esta clase de negocios, se distinguen, principalmente, el contrato de fiducia mercantil, el de encargo fiduciario y la llamada «fiducia pública». A diferencia de los dos últimos, el contrato de fiducia mercantil, regulado principalmente en el Código de Comercio y en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, implica la transferencia de la propiedad de los bienes o recursos respectivos, para constituir con ellos un patrimonio autónomo. En el caso de la consulta, los contratos celebrados por los contratistas del Estado, de acuerdo con lo previsto en los respetivos pliegos de condiciones, minutas y contratos de aporte, son contratos de fiducia mercantil.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los negocios fiduciarios y el contrato de fiducia mercantil, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 00005 de 2022 y Concepto 2306 de 2017; y Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 26 de agosto de 2015, rad. núm. 11001-03-26-000-2010-00027-00(38637).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1226, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 25, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROHIBICIÓN DE CLÁUSULA DE PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
OBITER DICTUM
Los contratos estatales pueden modificarse, de manera excepcional y limitada, ya sea de común acuerdo entre las partes (bilateralmente), o bien por la decisión unilateral de la Administración (ius variandi). En ambos casos, la modificación del contrato está sujeta a unos límites que, en algunos casos, establece expresamente la ley (como la solemnidad o el previsto para la adición), y en otros, han sido inferidos por la jurisprudencia y la doctrina, a partir de los principios y las normas constitucionales y legales que gobiernan la contratación estatal. Tales límites pueden ser de índole temporal (atinentes a la vigencia del contrato que se modifica y a la clase y número de prórrogas), de naturaleza formal (la solemnidad, la motivación y la justificación del acto o el acuerdo), o de carácter material y teleológico (el respeto por los principios generales de la contratación y los derechos de los otros participantes; el fin de interés público perseguido; el objeto, la naturaleza y la clase de contrato, y los elementos esenciales del pliego de condiciones, entre otros). En relación con esta última clase de límites, se destaca que cualquier modificación del contrato estatal debe tener el propósito fundamental de hacer prevalecer su fin, en el sentido de buscar que no se interrumpa o se afecte negativamente la prestación del servicio. Asimismo, cualquier modificación del contrato debe respetar los principios constitucionales y legales de la Administración Pública y de la contratación estatal, especialmente, los de igualdad, transparencia y libre concurrencia. En esa medida, la modificación del contrato no puede alterar su naturaleza, su clase, los elementos esenciales de su objeto, los aspectos principales del pliego de condiciones (en particular, aquellos que sirvieron para evaluar, ponderar y seleccionar las ofertas), ni, en general, cualquier otro elemento que lleve a modificar, a posteriori, las bases sobre las cuales se hizo la adjudicación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la modificación de los contratos estatales, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Conceptos 1849 del 22 de octubre de 2007, 1952 de 2019, 2150 del 30 de octubre de 2013, 2263 del 17 de marzo de 2016, 2385 del 23 de abril de 2019 y 2473 del 16 de febrero de 2022, entre otros; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 20 de noviembre de 2008, expediente 17031;
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 16, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40
CONTRATO DE APORTE / CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE APORTE / OBJETO DEL CONTRATO DE APORTE / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL
OBITER DICTUM
Como resultado de la Licitación FTIC-LP-038-2020, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adjudicó y suscribió los «contratos de aporte» 1042 de 2020 y 749 de 2022, para «[e]jecutar el proyecto Centros Digitales en la región adjudicada [A o B] obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico». Tales contratos son negocios jurídicos atípicos, en virtud de los cuales el Estado asigna unos bienes o recursos públicos a una persona (natural o jurídica), para que los destine exclusivamente, y por su cuenta y riesgo, a la prestación del servicio o la realización de la actividad de interés público acordada, para cumplir un determinado fin del Estado, so pena de verse obligado a devolver tales activos, con sus respectivos rendimientos (condición resolutoria). Para garantizar, en este caso, el manejo ordenado y seguro de los recursos asignados, durante el plazo de ejecución de los contratos de aporte, se dispuso, en el respectivo pliego de condiciones, que los contratistas seleccionados debían celebrar sendos contratos de fiducia mercantil, con sociedades fiduciarias debidamente autorizadas, en virtud de los cuales se constituirían dos patrimonios autónomos (uno por cada contrato). Luego de suscritos tanto los contratos de aporte como los de fiducia, el Mintic y el Futic vieron la necesidad de modificar algunas previsiones contenidas en el pliego de condiciones y en las minutas de los contratos, que sujetan a términos muy apremiantes (dentro de la misma vigencia fiscal) las decisiones que deben tomarse sobre la destinación de los fondos desembolsados y cuyas «utilizaciones» no se autorice al contratista, la reinversión de las sumas descontadas al contratista, y la legalización de los recursos efectivamente pagados por las fiduciarias. Después de analizar los límites que la jurisprudencia y la doctrina han inferido, de los principios y las normas constitucionales y legales que gobiernan la función administrativa y la contratación estatal, para ejercer la facultad de modificación de los contratos estatales, ya sea unilateral o bilateralmente, la Sala encuentra, en principio, que las enmiendas sugeridas por el ministerio consultante, en relación con los contratos de aporte celebrados, respetan dichos límites, por lo que serían jurídicamente viables. De todas maneras, le corresponderá al ministerio verificar y determinar la procedencia de estas modificaciones, conforme a los requisitos de modificación de los contratos señalados por esta Sala y por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en los términos expuestos. Por la misma razón, y por tratarse de negocios celebrados para garantizar y facilitar la debida ejecución de los contratos de aporte, la Sala estima que también es viable modificar los contratos de fiducia mercantil suscritos por los contratistas beneficiarios del aporte con las respectivas fiduciarias, en forma consecuencial y coherente con los cambios que se introduzcan en aquellos.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1068 DE 2015 - ARTÍCULO 2.3.1.1.1 , DECRETO 1068 DE 2015 - ARTÍCULO 2.3.1.1.2, DECRETO 2712 DE 2014 - ARTÍCULO 1, DECRETO 2712 DE 2014 - ARTÍCULO 2, LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 261 PARÁGRAFO 2, LEY 1753 DE 2015 - ARTÍCULO 149, LEY 1753 DE 2015 - ARTÍCULO 267, LEY 1955 DE 2019 - ARTÍCULO 36
CONTRATO DE APORTE / CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE APORTE / OBJETO DEL CONTRATO DE APORTE / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Problema jurídico:
¿Es procedente modificar los contratos de aporte suscritos por el Futic, como resultado de la licitación FTIC-LP-038-2020, en lo que atañe a las cláusulas de desembolsos, legalización y reinversión de descuentos?
Respuesta al problema jurídico: Si
A la luz de los principios y las normas que regulan la contratación estatal, y de acuerdo con la información suministrada a la Sala, es posible modificar bilateralmente los contratos de aporte números 1042 de 2020 y 749 de 2020, en lo que atañe a los plazos para la legalización de los recursos ejecutados, para definir la destinación de los fondos desembolsados cuya «utilización» no se autorice al contratista, y para la reinversión de las sumas descontadas, tal como se explica en este concepto. En todo caso, le compete al ministerio verificar y determinar la procedencia de estas modificaciones, conforme a los requisitos de modificación de los contratos, en los términos expuestos en este concepto.
CONTRATO DE APORTE / CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE APORTE / OBJETO DEL CONTRATO DE APORTE / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Problema jurídico:
¿Es procedente modificar los contratos de fiducia suscritos para el adecuado control, administración y ejecución de los recursos de los contratos de aporte del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
Es igualmente procedente, como consecuencia de la reforma de los contratos de aporte, modificar los respectivos contratos de fiducia mercantil, por parte de quienes los celebraron (asignatarios de aporte y sociedades fiduciarias), con la autorización previa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para que tales actos jurídicos resulten coherentes con los cambios que se introduzcan en los contratos de aporte.