Titulación de la relatoría 15.420 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INADMISIÓN DE LA RENUNCIA DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / RENUNCIA DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿Las partes pueden renunciar al término de caducidad de la acción o alterar sus características?
Respuesta al problema jurídico: Si
La caducidad es la consecuencia jurídica prevista en la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda, pudiendo ser declarada, incluso, de oficio. Las normas de la caducidad se fundamentan en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción, y, con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a la judicatura, a efectos de que el respectivo litigio o controversia sea resuelto con carácter definitivo por un juez con competencia para ello.
Así, la propia ley es la que le asigna una carga a los asociados del conglomerado social para que, ante la materialización de un determinado hecho, actúen con diligencia en cuanto a la reclamación efectiva de los derechos reconocidos sustancialmente por las disposiciones jurídicas, sin que las partes puedan convenir en su desconocimiento, modificación o alteración.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la imposibilidad de que las partes renuncien o alteren el término de caducidad de la acción, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de mayo de 2011, rad. 17863, C. P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2021, rad. 52999, C. P. José Roberto Sáchica Méndez, y Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 4 de mayo de 2018, rad. 57960, C. P. María Adriana Marín.
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PARTES CONTRATANTES / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
Problema jurídico:
¿En la liquidación del contrato se debe establecer el resultado final de la ejecución de las prestaciones a cargo de los contratantes?
Respuesta al problema jurídico: Si
La liquidación es la etapa del contrato que tiene por finalidad establecer el resultado final de la ejecución de las prestaciones a cargo de los contratantes, y determinar el estado económico final de la relación negocial, definiendo, en últimas, quién le debe a quién y cuánto. Por ello, solo aquel documento en el que se haga un balance general del negocio -en los aspectos técnico, jurídico y financiero-, podrá considerarse una liquidación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las características de la liquidación del contrato estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2013, rad. 25199, C. P. Danilo Rojas Betancourth, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de julio de 2015, rad. 33696, C. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.
CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TRÁNSITO DE LA NORMA PROCESAL / APLICACIÓN DE LA NORMA PROCESAL / TRÁNSITO LEGISLATIVO
Problema jurídico:
¿El término de caducidad debe contabilizarse conforme a la norma vigente al momento en que comenzó a correr dicho término?
Respuesta al problema jurídico: Si
La caducidad es una disposición de naturaleza procesal, el término para ejercer el derecho de acción debe culminarse con la norma vigente
al momento de su comienzo -al momento de empezar a correr dicho término-.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la contabilización del término de caducidad conforme a la norma vigente al momento en que comenzó a correr dicho término, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 10 de diciembre de 2014, rad. 51904, C. P. Hernán Andrade Rincón (e).
ECOPETROL / CONTRATOS DE ECOPETROL / DERECHO PRIVADO
Problema jurídico:
¿Está sujeta la actividad contractual de Ecopetrol al derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[T]anto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, al analizar el régimen jurídico de Ecopetrol en su actividad contractual, fueron unívocas en mencionar que el mismo se gobernaba por las disposiciones del derecho privado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la sujeción al derecho privado de la actividad contractual de Ecopetrol, cita: Corte Constitucional, sentencia C-722 de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de octubre de 2021, rad. 51108, C. P. Fredy Ibarra Martínez.
CONTRATO DE EXPLOTACIÓN MINERA / CONTRATO DE EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS / CONTRATO DE OBRA
Problema jurídico:
¿Los contratos de exploración y explotación de recursos naturales son contratos de obra?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]os contratos a los que se refiere el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 -que incluyen los de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, así como los de comercialización y demás actividades comerciales e industriales propias de las entidades estatales a las que correspondan las competencias para estos asuntos- son diferentes a los de obra [...].
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las razones por las cuales los contratos de exploración y explotación de recursos naturales no pueden ser considerados como contratos de obra, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 25 de febrero de 2020, rad. 22473, C. P. William Hernández Gómez.
CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿ Cuando en un contrato estatal regido por el derecho privado se pacta la posibilidad de ser liquidado bilateralmente, trae implícita la posibilidad de que la entidad pública contratista pueda liquidarlo unilateralmente?
Respuesta al problema jurídico: No
[D]ado que este negocio jurídico no se sometía al Estatuto General de Contratación Pública, en principio, no debía liquidarse, ya que no le eran
aplicables los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. Sin embargo, como en el literal f) de la cláusula sexta se estableció que el contratista
tenía la obligación de suscribir el acta de liquidación, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de terminación del plazo, lo cierto es que el contrato DIJ-940 sí requería del trámite de la liquidación, porque así se consignó en los términos y condiciones contractuales, que son una expresión de la autonomía de la voluntad de las partes. Se precisa de todas formas que, el hecho de que el contrato pudiera liquidarse
bilateralmente, no hace que, por ello, estuviera habilitada la posibilidad para hacerlo de manera unilateral. Y si bien la jurisprudencia de esta Corporación no ha sido pacífica sobre el alcance de la autonomía contractual de las partes y la facultad otorgada a la entidad contratante en el mismo negocio jurídico para liquidar unilateralmente el contrato, especialmente en los sometidos al derecho privado, como en este caso no se contempló expresamente la posibilidad de liquidar unilateralmente, dicha facultad, se reitera, estaba proscrita para Ecopetrol. De este modo, las Resoluciones 003 de 1998 y 001 de 1999 no podían liquidar el contrato, dado que la liquidación solo podía realizarse de mutuo acuerdo o
bilateralmente.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61
CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / NORMA PROCESAL / DIFERENCIA ENTRE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Y PRESCRIPCIÓN
Problema jurídico:
¿A los contratos estatales sometidos al derecho privado les son aplicables las normas procesales del Código Contencioso Administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l hecho de que este contrato se someta al derecho privado, no hace que le sean aplicables, en lugar de las reglas de la caducidad, las
normas de prescripción previstas en las disposiciones civiles, ya que, en primer lugar, ambas instituciones son diferentes, y, en segundo lugar, el régimen jurídico no hace desaparecer su naturaleza de contrato estatal, por lo que la competencia para conocer de las controversias que se susciten con ocasión del mismo, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, por tal razón, las normas procesales aplicables no pueden ser otras que las contenidas en el Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las normas procesales aplicables a los contratos estatales sometidos al derecho privado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 14 de agosto de 2013, rad. 45191, C. P. Hernán Andrade Rincón. Sobre la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativo para conocer de los conflictos sobre contratos estatales sometidos al derecho privado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de septiembre de 2009, rad. , C. P. Myriam Guerrero de Escobar.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984
ECOPETROL / CONTRATOS DE ECOPETROL / DERECHO PRIVADO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO
Problema jurídico:
¿Los contratos que celebra Ecopetrol para el desarrollo de su objeto empresarial se rigen por el derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 76 de la Ley 80 de 1993, vigente para cuando se firmó el contrato analizado, prescribe que los contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, así como la comercialización y demás actividades comerciales e industriales propias de las entidades estatales a las cuales les corresponde este tipo de asuntos, como lo es Ecopetrol, continuarían rigiéndose por la legislación especial que les sea aplicable. [...] De lo anterior, se desprende que, para el desarrollo de su objeto empresarial, Ecopetrol tiene a su cargo, entre otros asuntos, la construcción y el mantenimiento de todos aquellos bienes muebles e inmuebles que se requieran para el
cumplimiento de los fines de la empresa. Así, como en el sub-lite se tiene que el objeto del contrato DIJ-940 era la construcción, montaje, pruebas y puesta en marcha de las obras requeridas para el sistema de contraincendio del área de Galán y casa de bombas No. 8, es decir, un contrato para el cumplimiento del objeto empresarial de la demandante, es claro que la normativa aplicable es la que regula
ese tipo de actividades, en los términos dispuestos por el referido artículo 76 de la Ley 80 de 1993. Por otro lado, se tiene que el precitado artículo 1 del Decreto 1209 de 1994 -vigente al momento de suscribir el contrato- prescribía que las relaciones adquiridas por Ecopetrol con terceros se someterían “(…) a las reglas del derecho privado y a las normas contenidas en sus estatutos, salvo las excepciones consagradas en la ley”. Basados en el mencionado marco legal y normativo, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, al analizar el régimen jurídico de Ecopetrol en su actividad contractual, fueron unívocas en mencionar que el mismo se gobernaba por las disposiciones del derecho privado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la aplicación del régimen de derecho privado a los contratos que celebra Ecopetrol para el desarrollo de su objeto empresarial, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de diciembre de 2016, rad. 32109, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de noviembre de 2019, rad. 45068, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de mayo de 2019, rad. 41868, C. P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1209 DE 1994 - ARTÍCULO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 76
CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿En los contratos estatales regidos por el derecho privado, el término de caducidad para la acción de controversias contractuales es de dos años?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala estima importante aclarar que, cuando se estaba definiendo la admisibilidad de la demanda de reconvención interpuesta por Ecopetrol en el ya citado proceso 2000-01946, la Sección Tercera de esta Corporación consideró que el término de caducidad para conocer de las controversias derivadas del contrato DIJ-940 era de 20 años, según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993. Sin embargo, como ya se precisó, el contrato DIJ-940 no se regía por el Estatuto General de Contratación Pública, sino por el derecho privado, por lo cual no le era
aplicable el mencionado artículo 55. Aunque la jurisprudencia de esta Corporación, mayoritariamente, estimó que, antes de la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, la acción de controversias contractuales preveía dos términos de caducidad: (i) 20 años para las pretensiones
de tipo patrimonial y (ii) dos años para las demás. Como este negocio no se sometió a la Ley 80, el término de caducidad para la acción de controversias contractuales, con independencia del tipo de pretensión, era el de dos años previsto en el Código Contencioso Administrativo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el término de caducidad de 20 años de la acción sobre controversias referidas a la responsabilidad patrimonial por incumplimiento del contrato o la civil de los servidores públicos, cita: cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 3 de marzo de 2005, rad. 28060, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 2009, rad. 17552, C. P. Ruth Stella Correa Palacio, y Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 14 de agosto de 2013, rad. 45191, C. P. Hernán Andrade Rincón.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 55
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta a partir de la fecha de suscripción del acta de liquidación bilateral?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]i se tiene que el término de dos años para interponer la acción contractual inició desde la suscripción del acta de liquidación bilateral, esto es, el 11 de mayo de 1998, dicho plazo feneció el 11 de mayo de 2000. Como la demanda se presentó el 13 de septiembre de este último año, es claro que ya había operado el fenómeno de la caducidad. La conclusión sería la misma si, en gracia de discusión, se tomara como fecha de liquidación la del acta adicional, es decir, el 9 de julio de 1998, fecha en la que ya estaba vigente la Ley 446 de 1998, por lo que el término de caducidad se gobernaría por el artículo 44 de dicha normativa. En este caso, el término de caducidad de dos
años comenzaría a correr desde el día siguiente de la firma del acta (literal c) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., subrogado por el artículo 44 de la Ley 446), por lo que la caducidad se habría producido el 10 de julio de 2000, esto es, antes de que se presentara el libjavascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$GuardarTemporalmenteTesisLinkButton','')elo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL C, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44
Texto extraído del PDF oficial 97.948 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 68001-23-31-000-2001-00606-01 (57.996)
Actor: EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS -ECOPETROL- (HOY,
ECOPETROL S.A.)
Demandado: PROMOTORA TÉCNICA DE SERVICIOS -PROTÉCNICA- LTDA.
(EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA) Y CONSTRUCTORA KEPLER, S.A. DE C.V.
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL
Temas: RÉGIMEN JURÍDICO DE ECOPETROL: en vigencia del Decreto 1209 de
1994, los contratos de Ecopetrol se regían por el derecho privado / CADUCIDAD
DE LA ACCIÓN: en los contratos sometidos al derecho privado, el término de
caducidad de la acción contractual es el previsto en el C.C.A. / LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO: el acto de liquidación es el documento por medio del cual las partes
hacen un ajuste final de cuentas.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en
contra de la sentencia del 28 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander de Descongestión (fls. 516 – 524, c. ppl.)1, por medio
de la cual se negaron las pretensiones.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 13 de septiembre de 2000, la Empresa Colombiana de Petróleos -Ecopetrol-
presentó demanda (fls. 4 – 42, c1), en ejercicio de la acción de controversias
contractuales, en contra de las sociedades Promotora Técnica de Servicios -
1 La demanda se presentó originalmente ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero este
la remitió al Tribunal Administrativo de Santander, por considerar que no era competente para
conocer de la controversia. En el auto del 12 de octubre de 2000 (fls. 45 – 46, c1), el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, señaló: “ Se advierte que la
competencia para conocer de éste (sic) negocio corresponde al Tribunal Administrativo de
Santander” (fl. 45, c1). Lo anterior, por cuanto la competencia en razón del territorio se determinaba
por el lugar de ejecución del contrato, que, en este caso, fue Barrancabermeja.
Esta decisión fue recurrida el 23 de octubre de 2000 (fls. 47 – 50, c1), siendo confirmada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través del auto del 30 de noviembre de ese año (fls. 53
– 55, c1).
2
Radicación número: 68001-23-31-000-2001-00606-01 (57.996). Actor: Ecopetrol. Demandado: Protécnica Ltda. y otro. Referencia: Acción Contractual.
Protécnica- Ltda. (en liquidación obligatoria) y Constructora Kepler, S.A. de C.V.,
que fueron integrantes del consorcio PTK, con la pretensión de que se declarara la
existencia y validez del contrato DIJ-940 del 3 de enero de 1996, que tenía por
objeto la construcción, montaje, pruebas y p uesta en marcha de las obras
requeridas para el sistema de contraincendio del área de Galán y casa de bombas
No. 8. Además, que se declarara el incumplimiento de la parte demandada, por no
haber declarado adecuadamente el impuesto del IVA en las declaracio nes de
importación, y que se le pagara la totalidad de los perjuicios que le fueron causados.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda:
Mediante demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 13
de septiembre de 2000 (fls. 4 – 42, c1), la Empresa Colombiana de Petróleos, en
ejercicio de la acción prevista en el artículo 87 del Código Contencioso
Administrativo -C.C.A.-, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, se
dirigió en contra de las sociedades Protécnica Ltda. y Constructora Kepler, con el
propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:
2.1. Que se declare la existencia y validez del contrato No. DIJ -940 de
planeación, administración programación (sic), ingeniería detallada, gestión de
compras y ejecución de todas las obras civiles, mecánicas, eléctricas, de
instrumentación y las demás necesarias para la construcción, montaje, pruebas
y puesta en marcha de las obras requeridas para el Sistema de Contraincendio
del área de Galán y Casa de Bombas No. 8.
2.2. Que se declare que Protécnica Ltda. (en liquidación) y Constructora Kepler
S.A. de C.V. incumplieron obligaciones derivadas del contrato anteriormente
mencionado al incumplir deberes que les imponían tanto éste como la ley, al no
declarar de forma apropiada el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las
declaraciones de importación que tramitaron dentro de su deber de gestión de
compras derivado del Contrato DIJ-940.
2.3. Que se declare que los anteriores incumplimientos causaron a
ECOPETROL, perjuicios que deben indemnizarse en forma completa, tanto por
daño emergente como por lucro cesante, de acuerdo con lo que se pruebe en
el proceso; perjuicios que están constituidos, entre otros, por las siguientes
sumas de dinero, correspondientes al pago de las sanciones e intereses que
adelantó ECOPETROL por los errores cometidos por las demandadas en las
declaraciones de importación:
DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SETENTA Y SEIS PESOS ($220.299.076,00) MONEDA CORRIENTE.
Esta suma de dinero se refiere a capital solamente.
2.4 A partir de la fecha de cancelación de dichas sanciones e intereses por parte
de ECOPETROL a la DIAN, las sumas de dinero en que se condene a
Protécnica Ltda. y/o Constructora Kepler S.A. de C.V. a favor de ECOPETROL,
o que la(s) primera(s) deban restituir, transferir o pagar, o cuya compensación
se reconociere en este proceso en favor de ECOPETROL, serán actualizadas
3
Radicación número: 68001-23-31-000-2001-00606-01 (57.996). Actor: Ecopetrol. Demandado: Protécnica Ltda. y otro. Referencia: Acción Contractual.
hasta el día de su pago efectivo al IPC de cada año, y adicionadas con la tasa
real de mora establecida en el artículo 4o. numeral 9o. (sic) segundo inciso de
la Ley 80 de 1.993.
2.4.1. En subsidio de la pretensión principal 2.4., a partir de la fecha de
cancelación de dichas sanciones e intereses por parte de ECOPETROL a la
DIAN, las sumas de dinero en que se condene a Protécnica Ltda. y/o
Constructora Kepler S.A. de C.V. a favor de ECOPETROL, o que la(s)
primera(s) deban restituir, transferir o pagar, o cuya compensación se
reconociere en este proceso en favor de ECOPETROL, serán actualizadas
hasta el día de su pago efectivo al IPC de cada año.
2.4.2 En subsidio de la pretensión subsidiaria 2.4.1., a partir de la fecha de
cancelación de dichas sanciones e intereses por parte de ECOPETROL a la
DIAN, las sumas de dinero en que se condene a Protécnica Ltda. y/o
Constructora Kepler S.A. de C.V. a favor de ECOPETROL, o que la(s)
primera(s) deban restituir, transferir o pagar, o cuya compensación se
reconociere en este proceso en favor de ECOPETROL, serán actualizadas
hasta el día de su pago efectivo a la tasa real de mora establecida en el artículo
4o. numeral 9o. (sic) segundo inciso de la Ley 80 de 1.993.
2.5 Que se condene en costas a la parte demandada (fls. 6 – 7, c1).
1.1 Los fundamentos de hecho:
El actor sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos, que, en síntesis, se
expresan a continuación:
El 3 de enero de 1996, Ecopetrol suscribió el contrato DIJ-940 con el consorcio
Protécnica Ltda. -Constructora Kepler S.A. de C.V. (consorcio PTK), el cual tenía
por objeto la planeación, administración, programación, ingeniería detallada, gestión
de compras y ejecución de todas las obras civiles, mecánicas, eléctricas, de
instrumentación y las demás necesarias para la construcción, montaje, pruebas y
puesta en marcha de las obras requeridas para el sistema de contraincendio del
área de Galán y casa de bombas No. 8, en Barrancabermeja.
En virtud de la gestión de compras acordada en el contrato, el consorcio contratista
se encargaría de la compra de los materiales necesarios para la obra, así como de
la maquinaria y demás elementos requeridos para el proyecto, cuya llegada al sitio
de los trabajos también era responsabilidad de los demandados.
Cuando fuera necesario acudir a la importación de materiales y de maquinaria, el
contratista era el encargado de adelantar todo el trámite aduanero, incluyendo la
elaboración de las declaraciones de importación, en las que figuraría como
importadora Ecopetrol, dado que era el ente contratante del proyecto, y era quien
pagaba el costo de la importación, además de que, por su naturaleza, era acreedor
de exenciones arancelarias.
4
Radicación número: 68001-23-31-000-2001-00606-01 (57.996). Actor: Ecopetrol. Demandado: Protécnica Ltda. y otro. Referencia: Acción Contractual.
En las declaraciones de importación desarrolladas por el consorcio contratista se
declaró el IVA como exento, sin antes consultar a Ecopetrol sobre dicha situación.
Las declaraciones, que en total fueron 34, se presentaron entre el 24 de abril de
1997 y el 16 de marzo de 1998.
El 3 de diciembre de 1997, Ecopetrol le envió una comunicación a l contratista,
solicitándole que adelantara los correctivos relacionados con la no declaración del
IVA. Según reunión celebrada en Bogotá entre las partes, el consorcio PTK se
comprometió a presentar los documentos y la legislación que sustentaban la no
causación del IVA en las importaciones realizadas en desarrollo del contrato.
Sin embargo, el contratista no cumplió con dicho compromiso, por lo que Ecopetrol
le solicitó la corrección de las declaraciones de importación. Sumado a ello, le
señaló los perjuicios que podía sufrir si estos documentos no eran corregidos.
Por medio de carta del 31 de marzo de 1998, Ecopetrol le señaló al contratista que
sus explicaciones no eran satisfactorias, pues las normas en las que fundó el no
pago del IVA estaban derogadas desde 1996.
El 3 de junio de 1998, Ecopetrol le informó al consorcio que, en el año 1997, período
durante el cual se realizaron la mayoría de las importaciones, no se canceló el IVA
de importación, con funda
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