Titulación de la relatoría 17.163 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿En la liquidación bilateral del contrato, el estudio de las pretensiones en lo contencioso administrativo, está atado, de forma ineludible, a la existencia de salvedades?
Respuesta al problema jurídico: Si
De cara a la función jurídica y económica atribuida por ley, la liquidación del contrato constituye el cierre integral y definitivo de todo tipo de relación surgida a partir de su ejecución al que se puede llegar de manera convencional o en ejercicio de una prerrogativa del poder público. Cuando es lo primero, al ser contenedora de las expresiones de voluntad de las partes y de conformidad con los efectos asignados por ley, emerge un negocio jurídico al que se le atribuyen los efectos derivados de los principios de normatividad de los contratos (artículo 1602 del Código Civil) y de buena fe contractual (artículo 1603 del Código Civil), de modo que los pactos alcanzados adquieren intangibilidad y, por tanto, no pueden ser desconocidos por las partes, ni invalidados, salvo por el consentimiento de ellas mismas o por causas legales, respectivamente. Dado su alcance definitorio de la relación contractual y su carácter de negocio jurídico, en la liquidación bilateral deben quedar reflejadas las salvedades respecto de aquellos asuntos en los que las partes no lograron llegar a acuerdos, pues de lo contrario se entenderá que el contrato se cerró en el estado que se declara en el acta, es decir, sin reparo o conflicto sobre los puntos que no fueron excluidos expresamente de la negociación; de ahí que cuando existe liquidación convencional el estudio de las pretensiones está atado, de forma ineludible, a la existencia de salvedades, no porque constituyan un requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción, sino porque revelan un presupuesto de orden material para la prosperidad de las pretensiones, en la medida que si los asuntos debatidos quedaron cobijados por el acuerdo, no es posible desconocer sus efectos vinculantes. Lo anterior explica por qué las salvedades deben quedar expresas en el acta de liquidación y deben exponer de forma clara y concreta las materias o aspectos que se excluyen del pacto alcanzado. No pueden ser abstractas o genéricas, en tanto deben ofrecer certeza respecto de las materias o conceptos que no fueron parte del arreglo o convención, sin que tal señalamiento se traduzca en el requerimiento de una declaración extensa y pormenorizada de los puntos objeto de discrepancia, lo que se le precisa a la parte interesada es su indicación con un mínimo de claridad y concreción que permita dilucidar qué aspectos no quedaron englobados con el acuerdo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación bilateral del contrato y las salvedades suscritas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de octubre de 2022, rad. 59773, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 6 de mayo de 2015, rad. 31347, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz (e).
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1603
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Se estableció que las reclamaciones invocadas en la demanda, todas ellas hubieren quedado contenidas en el oficio del 23 de diciembre de 2010 al que se remitió el consorcio para fundamentar su salvedad realizada en el acta bilateral de liquidación?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala observa que en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra (…) se hizo una descripción general del negocio jurídico, seguida de la indicación de su plazo y prórrogas, la forma de desembolso del precio estipulada y los pagos efectuados en atención a la obra ejecutada (…). El contenido de la reserva al acuerdo logrado no se explica por sí mismo, dado que remite su alcance, de forma expresa, a lo “señalado en el oficio de fecha 20 de diciembre de 2010, presentado el día 23 de diciembre de 2010 con radicado No E1012-015826”, razón por la cual resulta imprescindible conocer lo tratado en el citado documento. Sin embargo, en el plenario no obra el citado documento, y era carga del demandante traerlo. No obstante, la Sala encuentra que en el expediente sí militan un cúmulo de pruebas que permiten establecer algunos de los supuestos de reclamación a los que aludió el contratista en la referida comunicación (…). Si bien (…) las partes discutieron acerca del equilibrio económico del contrato, lo cierto es que a partir de su contenido no es posible establecer que las reclamaciones hubieren correspondido a todos los aspectos que fueron invocados en la demanda como fundamento de este pedimento y tampoco que todas ellas hubieren quedado contenidas en el oficio del 23 de diciembre de 2010 al que se remitió el consorcio para fundamentar su salvedad. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada en los aspectos referenciados en los puntos 6 a 9 del cuadro, en tanto las pruebas que obran en el plenario no permiten establecer que hubieren quedado excluidos del acuerdo de liquidación y, por tanto, debe entenderse que están sometidos a los efectos vinculantes de ese negocio jurídico, los cuales no pueden ser desconocidos por las partes ni por el juez en virtud del principio de normatividad de los contratos.
OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO LLAVE EN MANO / CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL / PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL / FIJACIÓN DEL PRECIO / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / COSTO DIRECTO DEL CONTRATO ESTATAL / COSTOS INDIRECTOS
Problema jurídico:
¿La tipología contractual especial llave en mano, es aquella por medio de la cual el contratista se obliga, a cambio de una contraprestación, a encargarse de una obra de manera integral desde su concepción y diseño para entregarla lista para su uso a favor del contratante?
Respuesta al problema jurídico: Si
La realización de un proyecto de obra concibe dos fases: la confección de los diseños y su ejecución material. En la práctica ambas labores pueden encargarse a sujetos distintos, pues no se tornan indivisibles, aunque sí sea sucesiva una de la otra. No obstante, el devenir de las operaciones mercantiles, han llevado a considerar tipologías contractuales especiales como la denominada llave en mano, por medio del cual el contratista se obliga, a cambio de una contraprestación, a encargarse de una obra de manera integral desde su concepción y diseño para entregarla lista para su uso a favor del contratante. Un aspecto caracterizador y definitorio de este tipo de contratación estriba en la responsabilidad que asume el contratista en la ejecución completa del encargo, en virtud del cual se compromete a crear el proyecto (diseñarlo), suministrar los materiales y maquinaria, proveer el transporte, efectuar las obras civiles y poner en funcionamiento la obra. Con esta sencilla pero clara precisión, cuando las partes acuerdan la realización de un contrato llave en mano, el contratante se obliga al pago del precio pactado, mientras que el contratista asume la realización total de la obra convenida, estipulando como fin preciso el éxito de la misma, desde su fase inicial hasta su entrega en funcionamiento. En línea con lo anterior, en la modalidad de precio global fijo el contratante conviene pagar al contratista una suma única por la ejecución de una obra, la cual remunera todos los costos, directos e indirectos, en los que este último incurra, así como las utilidades que esperaba recibir; de manera que no puede cobrar sumas adicionales por el cumplimiento del objeto, ni el contratante reconocer sumas mayores o menores a las acordadas. (…) En correspondencia a esta tipología contractual, es claro que el valor pactado bajo esta modalidad no supone el pago de obras ajenas al objeto convenido o el cubrimiento de perjuicios derivados del incumplimiento del contratante, porque no se trata de una cláusula que apunte a exonerar de responsabilidad, ni a la asunción de riesgos anormales o imprevisibles, por lo que no se opone a que en determinados casos se deba restablecer la economía contractual o se deban reparar los perjuicios que se causen.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la modalidad de pago a precio fijo o global y las características de los contratos llave en mano, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 16 de diciembre de 1997, rad. 1013, C. P. Augusto Trejos Jaramillo.
MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL
Problema jurídico:
¿Se acreditaron los mayores costos en los que habría incurrido el contratista en el diseño y construcción de la obra, al establecerse un metraje superior al previsto en el pliego de condiciones?
Respuesta al problema jurídico: No
El primer reproche se centra en los mayores costos en los que habría incurrido el contratista en el diseño y construcción de la obra, al establecerse un metraje superior al previsto en el pliego de condiciones. (…) Al examinar el caudal probatorio que íntegra en sub lite no se encuentra un insumo que acredite la construcción de la obra en un metraje superior al previsto en los términos de la contratación, lo cual resulta suficiente para negar esta pretensión, en tanto la demandante no cumplió con la carga de acreditar el supuesto fáctico alegado como soporte de sus pedimentos. Con todo, es pertinente destacar que tampoco se acreditó que ese supuesto mayor metraje hubiere obedecido a imposiciones del Fondo que superaran el objeto convenido, por lo cual, de haberse realizado, debe concluirse que quedó cubierto por el precio global pactado para la consecución del objeto convenido. Era obligación del contratista la elaboración de los diseños arquitectónicos y estructurales, por lo que a él correspondía definir su confección según lo estipulado, lo que incluía su elaboración de acuerdo al metraje pactado; de manera que si para cumplir el objeto convenido superaba esa especificación, debía asumir los efectos económicos de ello, en virtud de la modalidad de precio pactada. (…) [E]n el expediente no obra insumo que demuestre que esos supuestos metros adicionales referidos por las demandantes superaran el objeto que se pactó, tampoco que hubieren sido consecuencia de la concreción de un hecho imprevisible ajeno a las partes que, por tanto, no quedara cubierto por el precio global pactado, lo que conduce a negar las pretensiones de la demanda que se sustentaron en este aspecto.
MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / MATERIALES DE LA OBRA PÚBLICA / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ERROR ARITMÉTICO / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Se acreditaron mayores costos en los que habría incurrido el contratista por el cambio de los requerimientos de la cubierta de la estación de policía?
Respuesta al problema jurídico: No
El segundo suceso aludido como generador de mayores costos a cargo del contratista se fundó en el cambio de los requerimientos de la cubierta de la estación de policía. (…) Al examinar el contenido del negocio jurídico lo que se advierte es un error de digitación frente al señalamiento del número del nivel de seguridad, el cual se supera fácilmente con la lectura de las características que lo desarrollan. (…) Al analizar las características de la cubierta descritas en el contrato se repara que las mismas corresponden al nivel de seguridad IV, por lo que la errónea indicación del número II en la columna “Nivel” se limitó a un defecto meramente formal en la identificación de la categoría que, por sí mismo, no conduce a una indefinición o duda respecto de las especificaciones de construcción de la cubierta. La Sala también observa que en los cuadros del pliego de condiciones que explicaron los niveles de seguridad para las estaciones de policía se incluyeron asteriscos para detallar la resistencia que debían tener las construcciones frente al uso de distintas armas y que en el cuadro que se incluyó en el texto del contrato solo aparece un asterisco que no coincide con los del nivel de seguridad II ni con los del nivel de seguridad IV. Esta imprecisión no conduce a desconocer que en el contrato sí se indicaron con claridad las especificaciones de la construcción del cuarto de los mencionados niveles y, en todo caso, no conlleva a establecer que en el pliego de condiciones se hubiere definido que el que correspondía a la estación de Girardota hubiere sido el II y no el IV como se alegó en la demanda. Se añade que al suscribir el contrato el consorcio expresó su pleno consentimiento a obligarse en los términos estipulados, puesto que no manifestó objeción alguna en punto a su contenido. En esa medida, no hay lugar a acceder a los reconocimientos solicitados bajo este aspecto, pues con base en las pruebas que obran en el plenario la conclusión a que se arriba es que lo efectuado por el consorcio correspondió, justamente, a las prestaciones que debía observar para lograr el éxito del objeto que se pactó y, por tanto, quedó cubierto por el precio global convenido. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia recurrida, pero bajo las consideraciones esgrimidas en esta providencia.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en segunda instancia contra la parte demandante en la medida que su recurso de apelación no pudo prosperar?
Respuesta al problema jurídico: Si
Dado que a este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas a la parte demandante en la medida que su recurso de apelación no pudo prosperar (numeral 1). Se advierte que bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo (…). La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se regirán por el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda. De conformidad con su artículo tercero, en la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y demás circunstancias relevantes. En los términos del artículo 6 del aludido acuerdo, deben fijarse las agencias en derecho de la segunda instancia en un porcentaje de hasta el 5% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. En consideración a que el demandado tuvo apoderado, pero éste no hizo pronunciamiento en esta instancia, se fijan las agencias en derecho a cargo de las sociedades y a favor del FORPO en (…), teniendo en cuenta la relación porcentual del 1% del valor de la pretensión económica de la demanda que se niega (…).
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366