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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación

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Fecha
2024-02-19
Radicado
41001233300020180036501
Número interno
67388
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
MUNICIPIO DE YAGUARÁ
Demandado
JORGE HERNAN GALINDO LARA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La competencia para conocer en segunda instancia de la apelación contra la sentencia de repetición cuando la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes corresponde al Consejo de Estado, y la verificación de la caducidad es un presupuesto procesal que el juez debe realizar aunque no se haya alegado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 142 del CPACA y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 adscriben la repetición a la jurisdicción contencioso administrativa, y el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 del CPACA fijan la competencia de segunda instancia. Segunda, los plazos de caducidad son perentorios, preclusivos e irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento extingue el derecho de accionar. Tercera, la caducidad debe contarse desde el día siguiente al pago total o al vencimiento del plazo para pagar, lo que en el caso permitió concluir que la demanda fue oportuna. La providencia confirma la sentencia. La consecuencia práctica es que el juez de segunda instancia verifica la oportunidad de la repetición aun cuando las partes no hayan discutido la caducidad.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Huila, al tratarse del medio de control de repetición y por superar la cuantía exigida?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 142, 150 y 152 núm. 9
  • Ley 678 de 2001, art. 7 inc. 1

También resuelve

  • ¿En este caso se ejerció el derecho de accionar en tiempo, esto es, la entidad presentó la demanda de repetición dentro del plazo de caducidad…
  • ¿El régimen vigente aplicable al medio de control de repetición, en este caso, es el previsto en la Ley 678 de 2001?
  • ¿Se cumplen los 3 primeros requisitos de prosperidad de la repetición formulada, de existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL ACCIÓN DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN LEY 678 DE 2001 REPETICIÓN MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN SERVIDOR PÚBLICO PAGO DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 16.398 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Huila, al tratarse del medio de control de repetición y por superar la cuantía exigida? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 21 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, puesto que la cuantía supera la exigida, de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 del CPACA. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 9, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿En este caso se ejerció el derecho de accionar en tiempo, esto es, la entidad presentó la demanda de repetición dentro del plazo de caducidad, en los dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o desde el vencimiento del plazo para el pago de la condena? Respuesta al problema jurídico: Si Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción, ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes y tampoco la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal. Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure22 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el CPACA. En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (en adelante CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados. No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario. En consecuencia, para efectos de contabilizar el plazo con que contaba la entidad pública para proceder al pago de la conciliación acordada en el proceso de reparación directa, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 195 del CPACA, según el cual ejecutoriada la providencia que imponga una condena o apruebe una conciliación, la entidad cuenta con 10 meses para realizar el pago. Asimismo, el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA señala que el medio de control de repetición caducará en dos años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, (...) NOTA DE RELATORÍA: Sobre la aplicación de las disposiciones del Código General del Proceso, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, exp. 49299, Enrique Gil Botero FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL L, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 195, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308 ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEY 678 DE 2001 Problema jurídico: ¿El régimen vigente aplicable al medio de control de repetición, en este caso, es el previsto en la Ley 678 de 2001? Respuesta al problema jurídico: Si el legislador expidió la Ley 678 de 2001 (...) Esta ley definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando generalidades como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que originaron las condenas contra el municipio de Yaguará y, por ende, llevaron a dicha entidad a suscribir un acuerdo de transacción y pagar lo allí acordado, ocurrieron entre el 2008 y el 2011, esto es, cuando se celebraron los contratos de prestación de servicios con (...) el régimen vigente aplicable al medio de control de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen legal aplicable a la acción de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 31 de agosto de 2006, exp. 28448, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y 23 de noviembre de 2016, exp. 46108, C.P. Marta Nubia Velasquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, exp. 47535, C.P. María Adriana Marín FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SERVIDOR PÚBLICO / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA Problema jurídico: ¿Se cumplen los 3 primeros requisitos de prosperidad de la repetición formulada, de existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial, la calidad de servidor público o ex servidor público o de particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas y acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial? Respuesta al problema jurídico: Si Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, para la procedencia del medio de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado. En este sentido, en aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos para la procedencia del medio de control de repetición, ya que para la configuración de dicho instituto jurídico todos ellos deben estar acreditados. Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia de uno de estos elementos el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, pues aún ante su existencia, no será posible declarar la procedencia del medio de control de repetición y, por ende, declarar patrimonialmente responsable al agente por los hechos que dieron lugar a la condena al Estado y condenarlo a reembolsar la suma de dinero que éste pagó. (...) La obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado, es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra en sentencia debidamente ejecutoriada, o resultado de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto, tal y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 2001. En el sub examine se cumple este requisito. (...) La calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas del demandado El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o ex servidor público o de particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. En la demanda se solicitó declarar la responsabilidad de (...) porque, a juicio de la actora, con su actuar gravemente culposo incidió en la producción del daño antijurídico por el cual resultó condenada y tuvo que suscribir un acuerdo de transacción y pagar lo allí acordado. (...) Según lo expuesto, está demostrado que (...) tenía la calidad de servidor público del municipio de Yaguará para el momento en que ocurrieron los hechos, esto es, para el año 2008. (...) Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. (...) se evidencia que la entidad demandante acreditó el pago del acuerdo de transacción celebrado el 12 de diciembre de 2016 (fundamento 8.3.1), por un valor equivalente a $412.527.376,87. (...) NOTA DE RELATORÍA: Sobre los requisitos para la prosperidad de la acción de repetición, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, exp. 22099, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 6 de diciembre de 2006, exp. 22056, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 12 de diciembre del 2007, exp. 27006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, exp. 42183, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2018, exp. 60423, C.P.Marta Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016, exp. 56284, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Debe condenarse en costas a la parte vencida en repetición, esto es al municipio, a quien se le resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación, cuando la parte demandada no realizó actuaciones en el proceso pese a estar notificada de la demanda? Respuesta al problema jurídico: No [C]onforme a los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.1 y 368.8 ejusdem, la Sala encuentra que en principio sería procedente condenar en costas a la parte demandante por ser la parte vencida y a quien se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, de no ser porque no se encuentra acreditada su causación, pues la parte demandada no presentó contestación de la demanda, no propuso excepciones, no asistió a las audiencias y no presentó alegatos de conclusión pese a estar notificado de la demanda FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 368 NUMERAL 8

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=410012333000201800365011100103