Titulación de la relatoría 17.481 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿El derecho de accionar en repetición se ejerció en tiempo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general , estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción , ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia , cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señala que la acción de repetición caducará dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la sentencia del 17 de junio de 2004, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró la nulidad de la Resolución 3018 del 28 de agosto de 2000 y ordenó pagarle a (...) los salarios y prestaciones dejados de percibir, quedó ejecutoriada el 13 de agosto de 2004; ii) que el 7 de octubre de 2005, el Inpec realizó el último pago de la condena, tal y como consta en el certificado del 29 de noviembre de 2011, expedido por la tesorera de dicha entidad; iii) que el 14 de febrero de 2006 vencieron los 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA; y iv) que la demanda se presentó el 24 de septiembre de 2007 , esto es, dentro de los dos años que otorga el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 para presentarla de forma oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad de la acción, ver: Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002, sentencia C-832 de 2001, Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998. Consejo de Estado, Sentencia del 23 de febrero de 2006, exp. 6871-05
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿El régimen aplicable a la acción de repetición por hechos ocurridos en el año 2000 es el previsto en el artículo 90 de la Constitución y los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]omo en el sub examine los hechos que produjeron la condena en contra del Inpec ocurrieron en el año 2000, esto es, cuando se expidió la Resolución 3018 del 28 de agosto de 2000, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen aplicable a la acción de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 31 de agosto de 2006, Exp. 28448 y 23 de noviembre de 2016, exp. 46108, entre muchas otras
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78
ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿En ausencia de acreditación de uno de los requisitos para la procedencia de la acción de repetición, el análisis subsiguiente carece de utilidad, ya que no será posible declarar patrimonialmente responsable al agente por los hechos que dieron lugar a la condena al Estado y condenarlo a reembolsar la suma de dinero que éste pagó?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, para la procedencia de la acción de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado. En este sentido, en aras de resolver lo pretendido en el libelo introductorio, la Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos para la procedencia de la acción de repetición, ya que para la configuración de dicho instituto jurídico todos ellos deben estar acreditados. Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia de uno de estos elementos el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, pues aún ante su existencia, no será posible declarar la procedencia de la acción de repetición y, por ende, declarar patrimonialmente responsable al agente por los hechos que dieron lugar a la condena al Estado y condenarlo a reembolsar la suma de dinero que éste pagó.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los requisitos para la procedencia de la acción de repetición, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, exp.22099; sentencia del 6 de diciembre de 2006, exp. 22056; sentencia del 12 de diciembre del 2007, exp.27.006; Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, exp. 42183; Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2018, exp. 60423.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / INPEC / DIRECTOR DEL INPEC / RETIRO DEL SERVICIO DEL EMPLEADO DEL INPEC / DRAGONEANTE DEL INPEC / AUSENCIA DEL DOLO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Cumplió la entidad demandante con probar todos los requisitos de la acción de repetición, esto es, condena, pago y calidad de servidor o ex servidor público y la culpa grave o dolo del agente, director general del Inpec, que destituyó, con fundamento en el concepto favorable de la junta asesora, a un servidor de dicha institución?
Respuesta al problema jurídico: No
La obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado, es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto , tal y como lo prevé el inciso 2 del artículo 86 del C.C.A. En el sub examine se cumple este requisito (...). La calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas del demandado El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. En la demanda se solicitó declarar la responsabilidad de (...) porque, a juicio de la actora, con su actuar doloso y/o gravemente culposo incidió en la producción del daño antijurídico por el cual resultó condenada. Según lo expuesto, está demostrado que (...) tenía la calidad de servidor público del Inpec para la época de los hechos, esto es, cuando expidió la Resolución 3018 del 28 de agosto de 2000, que posteriormente fue anulada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante sentencia del 17 de junio de 2004. (...) El pago de la obligación reparatoria Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. (...) En conclusión, se evidencia que la entidad demandante acreditó el pago parcial de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante sentencia del 17 de junio de 2004, por un valor equivalente a $119.331.639. (...) La conducta dolosa o gravemente culposa del agente en la causación del daño reparado por el Estado (...) Como cuarto y último presupuesto de la acción de repetición, la entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos, la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa. Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión (...) encuentra la Sala que la parte demandante no probó el obrar doloso o gravemente culposo de (...) pues si bien al proceso se aportó copia de la sentencia que condenó al Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por (...), lo cierto es que dicha providencia por sí sola no acredita que la conducta del entonces director general del Inpec fue dolosa y/o gravemente culposa como lo exigen las normas mencionadas ut supra. Por el contrario, está probado que el director general de Inpec, (...), desvinculó del servicio al dragoneante (...) con fundamento en la norma vigente aplicable al caso concreto, esto es, el artículo 65 de la Ley 407 de 1994 y el numeral 4° del artículo 48 del Decreto Ley 1890 de 1999, es decir desvinculó del servicio a (...) en atención al concepto favorable de la junta asesora del Inpec. (...) Bajo el anterior contexto, no es posible concluir que la conducta del director general del Inpec, Fabio Campos Silva, hubiese sido dolosa y/o gravemente culposa, pues se fundó en el concepto favorable de la junta asesora de esa entidad, tal como lo estipulaba el artículo 65 de la Ley 407 de 1994 y el numeral 4° del artículo 48 del Decreto Ley 1890 de 1999. En ese sentido, es indispensable destacar que la responsabilidad patrimonial del servidor público es eminentemente subjetiva, de allí que el legislador establezca que el deber de indemnizar se desprende de un obrar doloso o gravemente culposo de aquel. Así las cosas, para que prospere la acción de repetición, además de los restantes requisitos (condena, pago y calidad de servidor o ex servidor público), se exigen los máximos grados de culpabilidad, pues el agente estatal debe conocer el resultado lesivo para la entidad y perseguir su acaecimiento o sin querer buscar un resultado, generarlo, al faltar al deber objetivo de cuidado que se exige del ciudadano más desprevenido. De allí que, al no ser aplicables las presunciones establecidas en la Ley 678 de 2001, el operador tenga que acoger las definiciones consagradas en el artículo 63 del Código Civil y la posibilidad de condena se restrinja a dos supuestos: acreditar la intención positiva del agente estatal o probar que éste no desarrolló las funciones y competencias propias de su cargo con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios. En el caso de autos no existe prueba, además de la sentencia proferida el 17 de junio de 2004 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que indique que la actuación de Fabio Campos Silva fue dolosa y/o gravemente culposa, pues no reposan testimonios u otros medios de convicción válidos que den cuenta a la Sala de que la intención del señor Campos Silva al desvincular del servicio a (...) era la de actuar por fuera de la ley o en desconocimiento de ella.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la prueba de la conducta del agente, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016, Rad.: 56284. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de agosto de 2018, Rad.:55661. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de julio de 2012, exp. 40678.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86, DECRETO 1890 DE 1999 - ARTÍCULO 48, LEY 407 DE 1994 - ARTÍCULO 65
SENTENCIA CONDENATORIA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA CULPA PERSONAL DEL AGENTE / FALTA DE PRUEBA / AUSENCIA DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La sentencia proferida en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en que se condena por responsabilidad a la entidad demandada hace tránsito a cosa juzgada frente al agente estatal al que se le imputa la causación del daño, mientras este no haya sido llamado en garantía y se juzgue en el mismo proceso su conducta?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]s importante destacar que la sentencia proferida en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho hace tránsito a cosa juzgada en relación con la responsabilidad de la entidad demandada y el derecho del demandante a obtener el restablecimiento de derechos que en ella se dispone. No obstante, la misma no hace tránsito a cosa juzgada frente al agente estatal al que se le imputa la causación del daño, porque dicho proceso no tiene como propósito el juzgamiento de su conducta ni la determinación de si al proferir la resolución demandada obró con dolo y/o culpa grave; mientras el agente estatal no sea llamado en garantía y se juzgue en el mismo proceso lo relativo a su conducta. De suerte que no puede afirmarse que la sentencia de condena contra la entidad hace tránsito a cosa juzgada en este aspecto, es decir, frente a la conducta de Fabio Campos Silva. Lo anterior constituye una razón adicional para concluir que la sentencia proferida el 17 de junio de 2004 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no es per se prueba de la culpabilidad del aquí demandado, siendo precisamente por tal razón que en la acción de repetición deben acreditarse todos los supuestos que lleven a inferir razonadamente que el servidor público actuó con dolo y/o culpa grave. (...) En suma, la Sala encuentra que en el presente caso la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el dolo y/o la culpa grave que alega requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal onus, impide establecer la existencia de uno de los elementos estructurales de la acción de repetición. Bajo el anterior contexto, como en el sub examine no se probó la conducta dolosa y/o gravemente culposa de Fabio Campos Silva (...)
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177