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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no es procedente declarar la resposnabilidad patrimonial del demandado a título de dolo con ocasión

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Fecha
2024-03-04
Radicado
54001233100020030108801
Número interno
69037
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
LUIS ANTONIO MORALES MOSCOSO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no es procedente declarar la resposnabilidad patrimonial del demandado a título de dolo con ocasión

Lo que dijo la Sala

Se dirige la demanda de repetición en contra el exagente de la Policía Nacional Luis Antonio Morales Moscoso con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable, a título de dolo, con ocasión de una conciliación extrajudicial lograda entre la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Diana Carolina Rivera Durán en la cual el ente estatal se obligó a pagar indemnización por concepto de perjuicios morales debido a la desaparición forzada o muerte presunta del ciudadano Francisco José Rivera Vega.… Corresponde a esta Corporación determinar si Luis Antonio Morales Moscoso participó en la desaparición forzada de Francisco José Rivera Vega y, adicionalmente…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La responsabilidad patrimonial del agente a título de dolo en la acción de repetición no se deriva de la conciliación extrajudicial ni del auto aprobatorio, sino que exige probar que el agente participó en la desaparición forzada y actuó con conciencia y voluntad de producir el daño. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la demanda debe precisar la conducta concreta y los elementos de convicción que demuestran el dolo, y en el caso no se especificó. Segunda, el auto aprobatorio de la conciliación solo alude a una probabilidad de condena y a casos anteriores, sin evidenciar la participación del agente. Tercera, la decisión disciplinaria que sancionó al agente se fundó en amenazas y hostigamientos, no en su intervención en los hechos, y las pruebas de ese trámite no fueron trasladadas. La providencia revoca la condena y niega las pretensiones. La consecuencia práctica es que, en repetición por desaparición forzada, la participación dolosa del agente debe acreditarse en el proceso, y el pago de la conciliación no la sustituye.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es procedente declarar la resposnabilidad patrimonial del demandado a título de dolo con ocasión de una conciliación extrajudicial lograda entre la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Diana Carolina Rivera Durán en la cual el ente estatal se obligó a pagar indemnización por concepto de perjuicios morales debido a la desaparición forzada o muerte presunta de un ciudadano?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿Los procesos de repetición tienen prelación de fallo por la naturaleza del asunto?
  • ¿Cuando el exservidor público fallece, los herederos determinados y los indeterminados están legitimados en la causa por pasiva?
  • ¿La acreditación del elemento subjetivo de la acción de repetición exige demostrar la existencia de dolo o culpa grave?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación.
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Titulación de la relatoría 13.366 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / CASO DE DESAPARICIÓN FORZADA / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / PAGO DE CONCILIACIÓN / OBLIGACIONES DEL ESTADO / DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / AUSENCIA DEL DOLO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Es procedente declarar la resposnabilidad patrimonial del demandado a título de dolo con ocasión de una conciliación extrajudicial lograda entre la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Diana Carolina Rivera Durán en la cual el ente estatal se obligó a pagar indemnización por concepto de perjuicios morales debido a la desaparición forzada o muerte presunta de un ciudadano? Respuesta al problema jurídico: No [S]e dirige la demanda de repetición en contra el exagente de la Policía Nacional Luis Antonio Morales Moscoso con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable, a título de dolo, con ocasión de una conciliación extrajudicial lograda entre la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Diana Carolina Rivera Durán en la cual el ente estatal se obligó a pagar indemnización por concepto de perjuicios morales debido a la desaparición forzada o muerte presunta del ciudadano Francisco José Rivera Vega. (...) Corresponde a esta Corporación determinar si Luis Antonio Morales Moscoso participó en la desaparición forzada de Francisco José Rivera Vega y, adicionalmente, si actuó con dolo de manera consciente y voluntaria con el conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y la intención de producir dicho daño. (...) En el presente proceso se demostró que Luis Antonio Morales Moscoso tenía la condición de agente estatal y que estaba vinculado a la Policía Nacional para el momento de los hechos, año 1991, por cuanto al expediente se aportó el extracto de su historia laboral del cual se desprende que ingresó a esa institución como alumno el 24 de junio de 1985 y que fue retirado del servicio el 9 de abril de 1996 por decisión contenida en la Resolución no. 0193 proferida por el director general de la Policía Nacional (fl. 116 cdno. pruebas). Es preciso advertir que, a pesar de que en las pretensiones de la demanda se solicita se declare que esa persona “es civil y administrativamente responsable por Dolo en su actuar” (fl. 6 cdno. ppal.), lo cierto es que no se especifica a través de qué comportamiento se materializó esa conducta y con sustento en cuáles elementos de convicción se encuentra demostrada. Si bien a este proceso se aportó copia de la decisión disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación que en su momento sancionó con solicitud de destitución del cargo a Luis Antonio Morales Moscoso, lo cierto es que según lo dicho por esa misma autoridad, la falta disciplinaria se derivó de las amenazas de muerte, persecución, hostigamientos y allanamientos ilegales, pero, no porque este hubiera participado en la desaparición y presunta muerte de la víctima, tampoco se trasladaron las pruebas de ese trámite disciplinario que llevaron consigo a esa conclusión. Por su parte, el auto aprobatorio de la conciliación no arroja ninguna evidencia de la participación del agente policial en la desaparición forzada de Francisco José Rivera Vega, solo alude a que existía una gran probabilidad de condena y a un caso anterior donde igualmente se había aprobado un acuerdo conciliatorio por los mismos hechos y con otros solicitantes. Frente a la sentencia de reparación directa del 19 de octubre de 1999 dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, esta se emitió con ocasión de la desaparición y muerte de otros ciudadanos y tampoco arroja pruebas directas o indiciarias de la existencia de un nexo causal entre comportamiento de Luis Antonio Morales Moscoso y el daño que tuvo que reparar la Policía Nacional, mucho menos los fallos de la jurisdicción ordinaria a través de los cuales se declaró la muerte presunta de Francisco José Rivera Vega. Es importante también advertir que, con ocasión de los mismos hechos, en una demanda de repetición igualmente presentada por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional dirigida en contra de Luis Antonio Morales Moscoso en virtud de una obligación derivada de otra conciliación lograda con otras víctimas por la muerte de Francisco José Rivera Vega, en el proceso con radicación no. 54001-23-31-000-2003- 01087-01 (53.700)14, al cual se aportaron elementos de prueba similares y que culminó con sentencia del 3 de agosto de 2020 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se negaron las pretensiones de la demanda (...) En ese orden de ideas, en este caso también es claro que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional no logró probar ninguna conducta del señor Luis Antonio Morales Moscoso que permita constatar causalmente, de modo cierto, idóneo y suficiente, que esta persona incurriera en un actuar doloso y que diera lugar a la indemnización que la entidad demandante tuvo que pagar por razón de la conciliación extrajudicial celebrada el 22 de octubre de 2001 con Diana Carolina Rivera Durán a raíz de la desaparición forzada y muerte presunta de Francisco José Rivera Vega. ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRELACIÓN DE FALLO / PROCEDENCIA DE LA PRELACIÓN DE FALLO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Los procesos de repetición tienen prelación de fallo por la naturaleza del asunto? Respuesta al problema jurídico: Si En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el turno estricto en el cual pasaron los expedientes al despacho, no obstante, el artículo 18 también autoriza la modificación de la cronología de turno según “la naturaleza del asunto”, de igual manera, el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 permitió que la Altas Cortes y los Tribunales elaboraran un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. En el asunto sometido a consideración de la Sala, el objeto del litigio corresponde a una repetición en contra de un exfuncionario público, tema que en virtud de su naturaleza la Sección Tercera del Consejo de Estado en acta no. 15 del 5 de mayo de 2005 consideró que debía dársele prelación, motivo por el cual, con fundamento en las normas previamente citadas y la referida acta, la Subsección se encuentra habilitada para emitir fallo de manera anticipada. NOTA DE RELATORÍA: Mediante la cual la Sala de la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó que los eventos de repetición podían fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo. FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 63A, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 18 ACCIÓN DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FALLECIMIENTO DEL DEMANDADO / HEREDERO DETERMINADO / HEREDERO INDETERMINADO / SUCESIÓN PROCESAL / APLICACIÓN DE LA SUCESIÓN PROCESAL / CARACTERÍSTICAS DE LA SUCESIÓN PROCESAL / CONFIGURACIÓN DE LA SUCESIÓN PROCESAL / EFECTOS DE LA SUCESIÓN PROCESAL / PRESUPUESTO DE LA SUCESIÓN PROCESAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuando el exservidor público fallece, los herederos determinados y los indeterminados están legitimados en la causa por pasiva? Respuesta al problema jurídico: Si Como se anunció en el acápite de antecedentes, si bien las pretensiones de la demanda se dirigieron en un inicio directamente en contra de Luis Antonio Morales Moscoso, posteriormente se supo que dicha persona había fallecido, de manera que válidamente se optó en el proceso por vincular a los herederos indeterminados de dicha persona, en los términos del artículo 81 del Código de Procedimiento Civil aplicable al presente trámite. La referida decisión de la primera instancia de vincular a los herederos indeterminados de Luis Antonio Morales Moscoso no riñe con la acción de repetición que es eminentemente patrimonial según lo ha definido la Corte Constitucional en las sentencias C-484 de 2002, C-338 de 2006 y SU-354 de 2006, entendimiento que corrobora la posibilidad de repetir contra los sucesores de un exagente estatal fallecido como una obligación transmisible mortis causa que tiene sustento legal en el artículo 2343 del Código Civil. Si bien las pretensiones no se dirigen expresamente contra los herederos indeterminados del señor Luis Antonio Morales Moscoso sino contra él directamente, es obligatorio comprender que lo que se persigue no es una sanción, sino que, se responda con su patrimonio por las sumas que la entidad estatal tuvo que desembolsar con ocasión de una conciliación extrajudicial y, en esa medida, las personas que están llamadas a suceder su patrimonio son quienes están legitimadas en la causa por pasiva en el presente asunto, quienes fueron debidamente vinculadas al proceso mediante emplazamiento y la designación de un curador ad-litem. La vinculación de los herederos indeterminados es una situación que se explica y justifica en la medida que el fallecimiento del exservidor público es un hecho que solo se conoció después de presentada la demanda, sin que le sea exigible a la entidad pública estatal que previamente a interponer la acción de repetición deba constatar que el sujeto pasivo de la acción sigue con vida, pues, no es un requisito procesal establecido para la admisión de la demanda. La acción de repetición que se ejerce en contra de los herederos de un agente estatal fallecido no implica la violación del debido proceso, por cuanto los accionados tienen a su disposición las garantías procesales que les ofrecen las normas propias de los códigos adjetivos, más aún cuando en este caso es la entidad demandante quien tiene la carga de demostrar que el agente estatal incurrió en dolo o culpa grave en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, si se tiene en cuenta que los hechos tuvieron ocurrencia antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001 y no son aplicables las presunciones allí consagradas. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 81, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2343 ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / FALLECIMIENTO DEL DEMANDADO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿La acreditación del elemento subjetivo de la acción de repetición exige demostrar la existencia de dolo o culpa grave? Respuesta al problema jurídico: Si La acreditación del elemento subjetivo de la acción de repetición exige demostrar la existencia de dolo o culpa grave, lo cual comporta para la parte demandante una mayor carga probatoria que la que normalmente se requiere para la responsabilidad civil ordinaria donde basta con probar la culpa sin ningún tipo de cualificación adicional, como aspecto que redunda en la garantía tanto de los exservidores públicos como de los herederos en caso de que este fallezca. NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRUEBA DEL DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / PROTECCIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Para determinar el régimen legal aplicable al caso debe considerarse que para la fecha de la ocurrencia de esos hechos aún no estaba vigente la Ley 678 de 2001, por lo tanto no es posible aplicar las presunciones allí establecidas de dolo y culpa grave conforme al principio de legalidad previsto en el artículo 29 constitucional? Respuesta al problema jurídico: Si Para la determinación del régimen legal aplicable al caso debe considerarse que los hechos se refieren a la actuación del señor Luis Antonio Morales Moscoso, representado en este caso por sus herederos indeterminados, quien, supuestamente participó en la desaparición forzada de Francisco José Rivera Vega. Como para la fecha de la ocurrencia de esos hechos aún no estaba vigente la Ley 678 de 2001, no es posible aplicar las presunciones allí establecidas conforme al principio de legalidad previsto en el artículo 29 constitucional, pues, las conductas solo pueden juzgarse con base en la ley vigente para el momento en que fueron cometidas. De manera que en obedecimiento de los postulados de los artículos 77 y 78 del Decreto-ley 01 de 1984 las conductas se analizarán al tenor del artículo 63 del Código Civil, pero, teniendo en cuenta las particularidades del caso en armonía con los artículos 6 y 90 de la Constitución Política de 1991 relativos a la responsabilidad de los servidores públicos. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: No Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el presente asunto, la parte vencida, esto es la actora, no actuó de esa manera, por lo tanto, no hay lugar a imponerlas. FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=540012331000200301088011100103