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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la acción de repetición fue presentada dentro del término de caducidad

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Fecha
2024-03-01
Radicado
15001313300920120026401
Número interno
67805
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL
Demandado
EDUARDO SEQUEDA MANTILLA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la acción de repetición fue presentada dentro del término de caducidad

Lo que dijo la Sala

De acuerdo con lo previsto en el artículo 136 # 9 del CCA, la acción de repetición “caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”. Mediante la sentencia C-832 de 2001, se declaró la exequibilidad condicionada de esa norma, bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del CCA, lo que ocurra primero. En este caso, el auto que aprobó la conciliación judicial quedó ejecutoriado el 12 de mayo de 2005, de modo que el plazo para pagar corría inicialmente hasta el 13 de noviembre de 2006.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La acción de repetición caduca al vencimiento de dos años contados desde el día siguiente al pago total efectuado por la entidad, y que el término se cuenta desde la fecha efectiva del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses previsto para cumplir la condena, lo que ocurra primero. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo fija el término de dos años desde el pago total. Segunda, el término empieza a correr en la fecha que resulte primero entre el pago efectivo y el vencimiento del plazo de dieciocho meses del inciso cuarto del artículo 177 del mismo código. Tercera, en el caso el pago se efectuó antes del vencimiento del plazo para pagar, de modo que el término de caducidad se cuenta desde el pago y la demanda fue presentada dentro de ese término. La providencia confirma la sentencia de primera instancia. La consecuencia práctica es que, cuando el pago de la condena precede al vencimiento del plazo legal, el término de dos años para repetir se cuenta desde el pago, y no desde la ejecutoria.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La acción de repetición fue presentada dentro del término de caducidad previsto en la norma?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, arts. 136 núm. 9 y 177

También resuelve

  • ¿El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición en segunda instancia?
  • ¿Existe nexo de causalidad entre la condena derivada de la conciliación judicial pagada por la entidad por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento y la conducta del agente del estado…
  • ¿Procede la condena en costas en los procesos de repetición, entendiendo que por su naturaleza se debate un asunto de interés público?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 8.502 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿La acción de repetición fue presentada dentro del término de caducidad previsto en la norma? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con lo previsto en el artículo 136 # 9 del CCA, la acción de repetición “caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”. Mediante la sentencia C-832 de 2001, se declaró la exequibilidad condicionada de esa norma, bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del CCA, lo que ocurra primero. En este caso, el auto que aprobó la conciliación judicial quedó ejecutoriado el 12 de mayo de 2005, de modo que el plazo para pagar corría inicialmente hasta el 13 de noviembre de 2006. Sin embargo, como el pago se efectuó el 22 de diciembre de 2005, el término para formular la demanda de repetición iba hasta el 11 de enero de 2008 -primer día hábil siguiente al 22 de diciembre de 2007. Por tal motivo, la demanda presentada el 20 de octubre de 2006 es oportuna. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la contabilización del término de caducidad de la acción de repetición, cita: Corte Constitucional, sentencia C-382 de 2001. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 9, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / ACCIÓN DE REPETICIÓN / NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / COMPETENCIA FUNCIONAL Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición en segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 14 de septiembre de 2021, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 7° de la Ley 678 de 2001 y el pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, los procesos de repetición se tramitarán ante el juez o Tribunal que haya conocido del proceso antecedente, con independencia de la cuantía y, en segunda instancia, ante su superior jerárquico. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la competencia funcional del Consejo de Estado para conocer de la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 21 de abril de 2009, rad. 25000-23-26-000-2001-02061-01(IJ), C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE CONCILIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD / CAUSACIÓN DEL DAÑO Problema jurídico: ¿Existe nexo de causalidad entre la condena derivada de la conciliación judicial pagada por la entidad por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento y la conducta del agente del estado demandado? Respuesta al problema jurídico: No La Sala recuerda que en la jurisprudencia de esta Corporación se ha establecido que la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente, exagente del Estado demandado o particular en ejercicio de función pública; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico. En ese contexto, se advierte que el reparo formulado por el recurrente no se abre paso, por cuanto no se cumplió con el segundo de los requisitos antes anotados, en tanto los dineros cancelados por la Aerocivil corresponden al reconocimiento de lo dejado de pagar por la entidad durante más de ocho años que estuvo usando el predio, con sujeción al precio pactado en el contrato (...), situación que fue reconocida por la entidad desde la presentación de la fórmula de arreglo en virtud de la cual se arribó a la conciliación judicial. Debe recordarse que el proceso de repetición corresponde a una acción civil patrimonial -art. 2 Ley 678 de 2001-, cuya finalidad no es la de indemnizar a la entidad pública por un daño antijurídico, sino restituir patrimonialmente una suma pagada como consecuencia de una condena judicial originada en la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público. En los términos del artículo 90 de la Constitución, esta acción tiene un carácter subsidiario, en tanto supone (i) la previa declaratoria de responsabilidad estatal por un daño antijurídico que le resulta imputable al Estado y (ii) que esa condena haya tenido como causa necesaria la conducta dolosa o gravemente culposa del agente. En relación con este segundo aspecto, la Sala hace hincapié en que no basta con que se imponga una condena al Estado para que haya lugar a la repetición, sino que es necesario que el actuar doloso o gravemente culposo del agente haya dado lugar a esa situación. (…) [L]a controversia que culminó en conciliación también fue producto de la inactividad de la administración en el uso de las herramientas que jurídica y contractualmente tenía a su disposición, tales como la renegociación de las condiciones del contrato de arrendamiento al finalizar el plazo inicialmente pactado -Cláusula Cuarta-, o el ejercicio de la opción de adquisición del predio -Cláusula Octava-, cuya disponibilidad era necesaria para instalar los equipos de seguridad para la navegación aérea. (...) En todo caso, debe precisarse que el debate sobre el mayor valor del canon de arrendamiento no es propio de la acción de repetición, en tanto este no fue el fundamento de la controversia contractual que culminó en conciliación judicial, en la que únicamente se discutió el incumplimiento del contrato, situación respecto de la cual no se demostró injerencia alguna del aquí demandado. (...) En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia del 14 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por las razones expuestas en precedencia. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la necesidad de establecer el nexo causal entre la condena patrimonial impuesta al Estado y la conducta del agente como presupuesto de la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de septiembre de 2021, rad. 53285, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES / NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INTERÉS PÚBLICO / ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO / DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en los procesos de repetición, entendiendo que por su naturaleza se debate un asunto de interés público? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil; no obstante, aquella no procederá si en el proceso se ventila un asunto de “interés público”. Al estar encaminado este proceso a la protección del patrimonio público, cuya finalidad es la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es uno de aquellos en que se ventila un interés público. Por esta razón, no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en este proceso. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=150013133009201200264011100103