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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no se configura el ejercicio del ius variandi cuando no se acredita un acto administrativo

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Fecha
2026-08-24
Radicado
25000233600020180030701
Número interno
71967
Ponente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Demandado
CONSORCIO REHABILITACION VIAL BOGOTA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no se configura el ejercicio del ius variandi cuando no se acredita un acto administrativo

Regla de decisión

No se configura el ejercicio del ius variandi previsto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando no se acredita un acto administrativo de modificación unilateral del contrato estatal, sino una instrucción de la entidad comunicada por el contratista, y la inclusión y exclusión de tramos de obra se formaliza mediante un acuerdo suscrito por las partes.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

No se configura el ius variandi del artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando no existe un acto administrativo de modificación unilateral del contrato estatal, sino una comunicación del contratista que relata una instrucción de la entidad, y la inclusión y exclusión de tramos de obra se formaliza mediante un acuerdo suscrito por las partes. La regla se sostiene en tres razones: la facultad de modificación unilateral exige un acto administrativo expedido por la entidad en los términos del artículo 16; la comunicación emanada del contratista, que da cuenta de una instrucción, no reúne esa condición; y los ajustes de tramos y de cronograma, al ser objeto de acuerdo entre las partes, constituyen una modificación bilateral del contrato y no un ejercicio de potestades excepcionales. Así, el reclamo fundado en una modificación unilateral debe demostrarse con el acto que la contenga, pues la sola afirmación de falencias en planos o diseños no basta. La providencia de primera instancia se confirma.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se configura el ejercicio del ius variandi previsto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando no se acredita un acto administrativo de modificación unilateral del contrato estatal, sino una instrucción de la entidad comunicada por el contratista, y la inclusión y exclusión de tramos de obra se formaliza mediante un acuerdo suscrito por las partes?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, art. 16

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

En relación con el ius variandi, el Consorcio se limita a afirmar en el recurso que las falencias en los planos y diseños derivaron en una modificación unilateral de la entidad que le causó perjuicios, sin identificar cuál fue esa modificación.… al revisar el escrito de demanda se advierte que la única referencia concreta a una modificación de las condiciones inicialmente pactadas es la contenida en el hecho no. 31 relativo al comunicado CRVB-314-2014 del 24 de junio de 2014, en el que el propio contratista informó a la interventoría que, por instrucción del IDU, resultaba necesario excluir los tramos 10 y 11 (Villas de Granada) y 14, 15 y 16 (Las Ferias) e incluir los tramos 21 y 22 (Villemar), con el consiguiente ajuste del cronograma de obra.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Liquidación del contrato Equilibrio económico del contrato Terminación unilateral Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato

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Titulación de la relatoría 17.168 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / IUS VARIANDI / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿Se configura el ejercicio del ius variandi previsto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando no se acredita un acto administrativo de modificación unilateral del contrato estatal, sino una instrucción de la entidad comunicada por el contratista, y la inclusión y exclusión de tramos de obra se formaliza mediante un acuerdo suscrito por las partes? Respuesta al problema jurídico: No En relación con el ius variandi, el Consorcio se limita a afirmar en el recurso que las falencias en los planos y diseños derivaron en una modificación unilateral de la entidad que le causó perjuicios, sin identificar cuál fue esa modificación. (...) al revisar el escrito de demanda se advierte que la única referencia concreta a una modificación de las condiciones inicialmente pactadas es la contenida en el hecho no. 31 relativo al comunicado CRVB-314-2014 del 24 de junio de 2014, en el que el propio contratista informó a la interventoría que, por instrucción del IDU, resultaba necesario excluir los tramos 10 y 11 (Villas de Granada) y 14, 15 y 16 (Las Ferias) e incluir los tramos 21 y 22 (Villemar), con el consiguiente ajuste del cronograma de obra. Se trata, entonces, de una comunicación emanada del contratista, que da cuenta de una instrucción de la entidad, mas no de un acto administrativo de modificación unilateral en los términos del artículo 16 de la Ley 80 de 1993. Ni en la demanda ni en el recurso se identifica acto alguno de esa naturaleza y, por el contrario, está acreditado en el expediente que en modificación suscrita el 20 de agosto de 2014, las partes acordaron de común acuerdo la inclusión y exclusión de segmentos viales. La ausencia de una decisión unilateral de la administración basta para descartar el cargo, sin necesidad de examinar si concurrían las causas sobrevinientes, imprevistas e imprevisibles que la jurisprudencia exige para el ejercicio legítimo de esa potestad. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 16 EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / CLÁUSULA DE ADHESIÓN / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IUS VARIANDI / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTRATO ESTATAL / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Problema jurídico: ¿La estipulación expresa, contenida en dos prórrogas contractuales, de que la ampliación del plazo no generaría costos adicionales para la entidad, reforzada por la adhesión del contratista a la cláusula que le atribuía los costos de las prórrogas cuando la causa le fuera imputable, constituye un acuerdo contractual que regula la controversia económica por mayor permanencia en obra e impide reabrirla judicialmente? Respuesta al problema jurídico: Si En relación con la indebida planeación, la Sala destaca que el a quo no negó las pretensiones del Consorcio por estimar que no hubo deficiencias en los diseños entregados durante 2014; lo que consideró determinante fue que, con posterioridad a esas comunicaciones, las partes suscribieron dos prórrogas al contrato, la primera el 3 de marzo de 2015 y la segunda el 19 de mayo de 2015, en las que se pactó de manera expresa que no generarían costo adicional alguno para el IDU, y en la segunda de ellas el propio Consorcio se acogió al parágrafo primero de la cláusula 11 del contrato, que le atribuye al contratista los costos de las prórrogas cuando la causa de la ampliación del plazo le sea imputable. (...) Sobre esa base, las partes prorrogaron el plazo contractual por 30 días calendario, contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo inicial, con la estipulación expresa de que la prórroga no irrogaría sobrecosto alguno a la entidad y de que el Consorcio asumiría el valor de la interventoría causado durante ese término. (...) El recurso del Consorcio no se ocupa de este punto: no explica por qué la estipulación expresa de "sin costo adicional para el IDU", reiterada en dos prórrogas sucesivas y reforzada por la remisión expresa a la cláusula 11 del contrato, no debería leerse -conforme a la sentencia de unificación invocada por el a quo -, como una regulación contractual de la controversia económica que el Consorcio pretende reabrir en sede judicial. Conviene precisar que no se trata de deducir una renuncia a partir del silencio del contratista al suscribir las modificaciones – lectura que la propia sentencia de unificación proscribe -, sino de establecer el alcance de una estipulación expresa, reiterada en las dos prórrogas y reforzada por la adhesión del Consorcio al parágrafo primero de la cláusula 11. (...) Por lo expuesto, la Sala considera que el recurso del Consorcio no desvirtúa los argumentos de la sentencia apelada en este extremo. Reiterar doctrina general sobre el deber de planeación y el ius variandi no basta cuando el fundamento concreto de la decisión recurrida es la existencia de un acuerdo contractual posterior que, según la propia jurisprudencia de unificación de la Sección, regula la controversia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber del juez de desentrañar el alcance de los acuerdos suscritos durante la ejecución del contrato (suspensiones, adiciones, prórrogas u otrosíes), a fin de establecer si con ellos las partes pretendieron regular los asuntos cuya reclamación se formula en la demanda, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de 27 de julio de 2023, exp. 05001-23-31-000-1999-02151-01 (39121), C. P. Guillermo Sánchez Luque. CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / CARGA DE LA PRUEBA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Procede incluir en la liquidación judicial del contrato las cantidades de obra que el contratista afirma pendientes de pago, cuando no identifica qué cantidades, reconocidas en qué documento y por qué valor, y el acta de terminación no cuantifica suma alguna a su favor? Respuesta al problema jurídico: No Sobre la liquidación en cero pesos, la Sala observa que este reparo reitera, en esencia, la pretensión novena de la demanda del radicado 2018-00144,- el pago de las actividades ejecutadas a corte del acta 14 por $ 856.275.999-, ya resuelta desfavorablemente por el a quo al no encontrarse acreditado que el contratista hubiera radicado la factura correspondiente con el cumplimiento de los requisitos exigidos para su pago, ni cuáles fueron, en concreto, las prestaciones ejecutadas amparadas en esa acta. El recurso no identifica con mayor precisión qué cantidades de obra, reconocidas en qué documento y por qué valor, habrían quedado pendientes de pago al momento de la terminación del contrato, de manera que persiste el mismo vacío probatorio que llevó al a quo a negar la pretensión. La referencia genérica a que el acta no. 15 de terminación reconoció cantidades pendientes tampoco encuentra respaldo en su texto, que se limita a conceder al contratista un plazo adicional para la terminación de detalles constructivos y no conformidades, sin cuantificar suma alguna a su favor. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CARGA DE LA PRUEBA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / NEXO DE CAUSALIDAD Problema jurídico: ¿Son suficientes los memorandos internos sobre trámites de cierre pendientes y los anexos elaborados unilateralmente por la entidad estatal para acreditar el pago de obras no ejecutadas por el contratista, cuando estas fueron recibidas y avaladas por la interventoría y los funcionarios de la entidad, sin que se aleguen vicios en dichos avales ni se aporte prueba técnica que respalde el incumplimiento y el perjuicio alegados? Respuesta al problema jurídico: No Como se trata de una pretensión de responsabilidad contractual formulada por la entidad estatal contra su contratista, le corresponde a la entidad demostrar los elementos estructurales de esa responsabilidad: (i) la existencia del contrato estatal y de la obligación específica a cargo del contratista cuya inobservancia se reprocha; (ii) la inejecución de esa obligación o su ejecución defectuosa o tardía; (iii) la existencia de un daño cierto y determinado en el patrimonio de la entidad y (iv) el nexo causal entre el incumplimiento y ese daño. La carga de acreditar cada uno de esos supuestos recaía sobre el IDU, en su condición de demandante, según la regla del artículo 167 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA. Esa carga se acentúa si se atiende a que el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 les atribuye a las entidades estatales el derecho a exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, y el deber de adelantar las revisiones periódicas de las obras ejecutadas para verificar que cumplan las condiciones de calidad ofrecidas, de manera que la entidad dispone de los instrumentos para constatar y documentar oportunamente el incumplimiento. Sobre esa base, la Sala destaca una circunstancia que incide sobre la totalidad de los reparos probatorios: las obras cuya ejecución hoy se cuestiona fueron recibidas y avaladas por la propia entidad, a través de los conductos que el contrato y la ley le imponen. El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 obliga a las entidades públicas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado por medio de un supervisor o interventor contratado para tal fin, de manera que la interventoría no obra como un tercero ajeno a la relación, sino como un instrumento mediante el cual la administración ejerce su propio deber legal de seguimiento. (...) El IDU no alega que tales avales estuvieran viciados, ni que se hubieran obtenido con fraude o por inducción en error del contratista: pretende, simplemente, que se desconozcan. Una reclamación así construida exige un esfuerzo probatorio mayor, pues le corresponde demostrar con precisión en qué se equivocaron su interventoría y sus propios funcionarios al certificar la ejecución de cada obra que ahora reputa inexistente. Los memorandos internos que la entidad invoca no satisfacen esa exigencia. (...) el a quo (...) echó de menos algo distinto: que la entidad estableciera cuáles obras concretas se pagaron sin haberse ejecutado, en qué acta parcial se reconocieron, en qué fecha se pagaron y por qué valor. Un documento que enumera trámites de cierre pendientes acredita que la liquidación del contrato no pudo formalizarse (...), mas no el pago de obra inexistente. Los rubros concretos que integran la reclamación tampoco encuentran respaldo suficiente.(...) El descuento de $ 180.182.988 por salarios inferiores a los presupuestados y la suma de $ 191.412.138 por obras cobradas sin ejecución se apoyan, a su turno, en anexos elaborados unilateralmente por la entidad para este proceso, sin que se identifique el acta de pago a la que cada cifra correspondería ni se aporte dictamen pericial o prueba técnica independiente que los respalde. La acreditación del perjuicio no admite estimaciones globales: debe ser rigurosa, objetiva y técnicamente soportada. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 4 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CARGA DE LA PRUEBA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Procede reconocer en segunda instancia a favor de la entidad el costo de interventoría que el contratista se obligó a asumir en la prórroga, cuando la entidad no acreditó que la suma permanezca insoluta ni formuló reparo concreto contra la liquidación judicial del contrato en cero pesos? Respuesta al problema jurídico: No Mención separada merece la suma de $78.191.513, correspondiente al valor de la interventoría causado durante la segunda prórroga. A diferencia de los demás rubros, este no depende de una valoración probatoria controvertida: el propio contratista se obligó a asumirlo al acogerse al parágrafo primero de la cláusula 11 del contrato, y así quedó consignado en el texto de la prórroga suscrita el 19 de mayo de 2015. Esa misma estipulación previó, sin embargo, el mecanismo de recaudo, pues dispuso que el valor ‘… será descontado por el IDU de las actas de obra y/o acta de liquidación’ y autorizó expresamente a la entidad a practicar la deducción. Pese a estar facultada para aplicarla de manera directa, el IDU no presentó un balance que permitiera establecer que la suma permanece insoluta. La Sala carece, entonces, de elementos para tener por acreditado que ese crédito subsiste. A lo anterior se agrega que el recurso tampoco controvirtió la liquidación del contrato. (...) ni al exponer las razones de su disenso ni al formular su petición dirigió reproche alguno contra la decisión del Tribunal de liquidar el contrato en cero ($0) pesos. Su solicitud concreta se contrajo a que se declarara el incumplimiento del Consorcio, la condena al pago de $ 1.661.885.514 más intereses moratorios y la condena en costas. Un enunciado general sobre la totalidad de las pretensiones no suple la formulación de un reparo concreto, pues es este el que delimita la competencia del ad quem y el que permite conocer qué se controvierte de la decisión y por qué. El reconocimiento de la suma en cuestión solo podría abrirse paso por conducto de la liquidación, que es donde se establece el balance final de las prestaciones recíprocas y donde el propio contrato dispuso que el descuento habría de aplicarse. CONTRATO ESTATAL / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CARGA DE LA PRUEBA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La salvedad consignada en el acta de terminación, que preserva la posibilidad de reclamar, releva a la entidad estatal de probar en concreto las no conformidades no subsanadas, los segmentos a los que correspondían y el costo de atenderlas? Respuesta al problema jurídico: No Sobre la lectura del acta no. 15 de terminación, le asiste razón parcial a la entidad. Ese documento no puede entenderse como una renuncia incondicional a toda reclamación posterior, pues en él se dejó constancia de que subsistían detalles constructivos y no conformidades en los segmentos viales, se concedió al contratista un mes calendario para atenderlos y se advirtió que la terminación de los trabajos no lo relevaba de sus responsabilidades ni de las garantías pactadas. El acta preservó, en esa medida, la posibilidad de reclamar por tales conceptos (...) El reconocimiento de ese punto no altera el sentido de la decisión, por dos razones. La primera, que una cosa es que el acta habilitara la reclamación y otra distinta que dispensara de probarla: preservada la posibilidad de reclamar, subsistía la carga de demostrar en qué consistieron las no conformidades no subsanadas, a qué segmentos viales correspondían y cuál fue el costo de atenderlas, demostración que no se produjo. La segunda, que la propia acta previó la consecuencia del eventual incumplimiento del plazo allí concedido: que la interventoría solicitara el inicio de los procedimientos sancionatorios a que hubiere lugar. Nada de ello ocurrió. La entidad, que disponía de las facultades previstas en el Estatuto General de Contratación y en el contrato, no impuso multas, no declaró el incumplimiento y no hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria. Esa inactividad no configura una renuncia tácita al derecho de reclamar, pero sí la privó del registro que habría permitido establecer, con la precisión que ahora se echa de menos, qué obras quedaron sin ejecutar y cuánto costaba ejecutarlas. (...) En cuanto al último frente, la Sala coincide con el IDU en que la ausencia de declaratoria de incumplimiento en sede administrativa no constituye requisito de procedibilidad ni le impide a una entidad estatal acudir a esta jurisdicción como demandante: el artículo 141 del CPACA habilita a cualquiera de las partes del contrato para pedir que se declare un incumplimiento, sin distinguir según se trate del contratista o de la administración. El cargo, sin embargo, no controvierte lo que la sentencia apelada efectivamente resolvió. El a quo no exigió esa declaratoria previa como presupuesto de la acción ni denegó las pretensiones por esa razón: examinó el fondo de la reclamación y observó, al hacerlo, que la entidad no ejerció las facultades sancionatorias de las que disponía, circunstancia que valoró como elemento de juicio sobre la consistencia de lo alegado. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201800307011100103