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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es procedente que la Sala se pronuncie en segunda instancia sobre los recursos interpuestos contra la sentencia de primer grado

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Fecha
2026-04-20
Radicado
63001233300020220005801
Número interno
72477
Ponente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
MUNICIPIO DE ARMENIA
Demandado
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es procedente que la Sala se pronuncie en segunda instancia sobre los recursos interpuestos contra la sentencia de primer grado

Regla de decisión

El juez de segunda instancia procede a resolver los recursos cuando se verifican los presupuestos procesales y no se configuran causales de nulidad.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El juez de segunda instancia se pronuncia sobre los recursos interpuestos contra la sentencia de primer grado cuando se verifica el cabal cumplimiento de los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda y legitimación en la causa por activa y por pasiva, y no se advierte la configuración de ninguna causal de nulidad procesal. En este litigio derivado de un contrato interadministrativo suscrito entre un municipio y una empresa industrial y comercial del Estado, se evaluaron las obligaciones recíprocas y equivalentes de carácter conmutativo y oneroso.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es procedente que la Sala se pronuncie en segunda instancia sobre los recursos interpuestos contra la sentencia de primer grado cuando no se configura ninguna causal de nulidad procesal y se verifican los presupuestos procesales?

Respuesta: Si

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Lo que dijo la Sala

Al no advertirse la configuración de alguna causal de nulidad procesal que invalide lo actuado, y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales (jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por activa y por pasiva), la Sala procede a pronunciarse, en segunda instancia, sobre los recursos formulados en contra de la sentencia anticipada de primer grado.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RECURSO DE APELACIÓN NULIDAD PROCESAL INEXISTENCIA DE LA NULIDAD PROCESAL JURISDICCIÓN COMPETENCIA OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO REQUISITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NULIDAD DEL CONTRATO NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO SOLICITUD DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO OBJETO ILÍCITO OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA TERCERIZACIÓN BIEN DE INTERÉS CULTURAL DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL PROTECCIÓN DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA OBJETO DE LA SOCIEDAD OBJETO SOCIAL DEL CONTRATISTA CONTRATO DE OBRA NULIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DESVIACIÓN DE PODER CONFIGURACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER RESTITUCIONES MUTUAS CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS LÍMITES DE RESTITUCIONES MUTUAS PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS NULIDAD ABSOLUTA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA CONTRATO DE EJECUCIÓN SUCESIVA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO INTERÉS PÚBLICO ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO OBRA DE INTERÉS PÚBLICO PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL INTERÉS PÚBLICO PERJUICIOS POR OBRA DE INTERÉS PÚBLICO FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ INDEXACIÓN CONCEPTO DE INDEXACIÓN INDEXACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR INDEXACIÓN DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA NATURALEZA JURÍDICA DE LA INDEXACIÓN INDEXACIÓN DE LA CONDENA PROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN IPC RESTITUCIÓN DE DINERO ANULACIÓN DEL CONTRATO CONDENA EN COSTAS CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 36.474 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN / NULIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE LA NULIDAD PROCESAL / JURISDICCIÓN / COMPETENCIA / OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA Problema jurídico: ¿Es procedente que la Sala se pronuncie en segunda instancia sobre los recursos interpuestos contra la sentencia de primer grado cuando no se configura ninguna causal de nulidad procesal y se verifican los presupuestos procesales? Respuesta al problema jurídico: Si Al no advertirse la configuración de alguna causal de nulidad procesal que invalide lo actuado, y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales (jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por activa y por pasiva), la Sala procede a pronunciarse, en segunda instancia, sobre los recursos formulados en contra de la sentencia anticipada de primer grado. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿El acuerdo celebrado entre el municipio y la empresa pública puede calificarse integralmente como un contrato interadministrativo, en la medida en que fue suscrito entre dos entidades estatales y estructurado como un negocio jurídico bilateral, oneroso y conmutativo, con obligaciones recíprocas y equivalentes derivadas de un interés remuneratorio entre las partes? Respuesta al problema jurídico: Si Como primera medida, se destaca que el negocio fue suscrito entre el municipio de Armenia y la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. -Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal-. Así, se advierte que tanto la entidad territorial como la EDUA se encuentran entre las entidades estatales consagradas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Esta Subsección ha precisado que el contrato interadministrativo, a diferencia del convenio interadministrativo, es un acuerdo de contenido patrimonial, característicamente oneroso, donde existe una prestación y una contraprestación en función del interés de cada una de las partes, y que se expresa a través de la estipulación de obligaciones recíprocas que se miran como equivalentes, según las previsiones iniciales acordadas al momento de proponer o contratar. (...) Lo anterior implica, entonces, que se celebró un contrato en toda la extensión del concepto, pues se estableció un acuerdo conmutativo y bilateral en el que se consagraron obligaciones y prestaciones recíprocas entre las partes, estableciéndose un sinalagma contractual. os elementos que acaban de resaltarse ponen de relieve que el acuerdo de voluntades que se analiza es, efectivamente, un contrato interadministrativo, pues: (i) fue suscrito por dos entidades públicas, en los términos del artículo 2 de la Ley 80 de 1993; y (ii) existió un ánimo o interés remuneratorio en el acuerdo interadministrativo de una de las partes (la empresa), pues se pactó una contraprestación (dineraria en este caso) a cambio de una prestación ejecutada (se trató, pues, de una relación conmutativa). De ese modo, el negocio jurídico en cuestión estuvo sometido al EGCAP, y bajo él debe analizarse su validez. NOTA DE RELATORÍA: Referente al convenio interadministrativo, revisar: Consejo de Estado, sentencia de 20 de noviembre de 2019, rad. 61429, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 NULIDAD DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / OBJETO ILÍCITO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TERCERIZACIÓN / BIEN DE INTERÉS CULTURAL / DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL / PROTECCIÓN DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / OBJETO DE LA SOCIEDAD / OBJETO SOCIAL DEL CONTRATISTA / CONTRATO DE OBRA / NULIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DESVIACIÓN DE PODER / CONFIGURACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER Problema jurídico: ¿Puede considerarse que el contrato interadministrativo es nulo por objeto ilícito cuando, aunque no exista una prohibición de subcontratar, el acuerdo fue celebrado con un objeto que no guarda correspondencia con la capacidad y finalidad de la entidad ejecutora, afectando la adecuada selección del contratista? Respuesta al problema jurídico: Si Para resolver el primer problema jurídico planteado, debe recordarse que el a quo declaró la nulidad del contrato interadministrativo n.° 08 de 2015 por considerar que se configuró un objeto ilícito, que sintetizó en las siguientes razones: (i) se habría empleado el acuerdo de voluntades para eludir procedimientos de selección objetiva y beneficiar a terceros -mediante la subcontratación-, pues la EDUA, en la práctica, fungió como simple intermediario y no como ejecutor directo; (ii) se contrató la intervención de un inmueble declarado de interés cultural, sin la requerida habilitación del Ministerio de Cultura -en tanto se trataba de un bien de interés cultural nacional-; y (iii) el negocio recayó sobre predios que no eran de propiedad de la contratante. Conforme al artículo 44 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales son absolutamente nulos, además de los casos previstos en el derecho común , cuando: (i) se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; (ii) contra expresa prohibición constitucional o legal; (iii) con abuso o desviación de poder; (iv) se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y (v) se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 del EGCAP. (...) El artículo 141 del CPACA consolida ese entendimiento, al indicar que el juez administrativo podrá declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato “cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes” . Sobre el particular, y bajo el reconocimiento de la relevancia del principio de preservación de los contratos -que entraña la necesidad de observar la estabilidad y vigencia del negocio jurídico como realizador de los fines del Estado-, esta Sección ha precisado que “la nulidad absoluta [del contrato] puede y debe ser declarada de oficio cuando aparezca plenamente demostrada y no es susceptible de ser ratificada por las partes”, precepto igualmente contenido en los artículos 45 de la Ley 80 de 1993 y 1742 del Código Civil. Así, aunque el juez del contrato no se encuentra limitado en sus facultades anulatorias por el hecho de que las partes invoquen una determinada causal, o no aludan a ninguna, el ordenamiento sí condiciona la posibilidad de invalidación absoluta a la plena demostración sobre su configuración. (...) sí, en materia de contratación estatal, el legislador prohibió a las autoridades eludir los procedimientos de selección objetiva previstos en el EGCAP, de manera que se colige que un acuerdo de voluntades celebrado en contravención de este mandato está viciado de objeto ilícito, y de esa forma debe ser declarado. un cuando la administración tiene la potestad de perfeccionar los negocios que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, la autonomía de la voluntad que le permite contraer obligaciones con los particulares (y con otras entidades públicas) se encuentra acotada por las normas de orden público que no pueden ser desconocidas ni derogadas por las decisiones de los propios contratantes (artículos 6 y 16 del Código Civil). En ese contexto, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 habilita a las entidades sometidas al EGCAP a acudir a la modalidad de selección de contratación directa, entre otros, para celebrar contratos interadministrativos siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora, exceptuando “los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo”. Recapitulando, el EGCAP, aplicable al negocio debatido según se estableció, solo contempla como condicionantes expresos para acudir al mecanismo de contratación directa para la celebración de contratos interadministrativos: (i) que las obligaciones derivadas de aquellos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora; y (ii) que no se trate de contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública, cuando la entidad ejecutora sea una institución de educación superior, sociedad de economía mixta con participación mayoritaria estatal, personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales. Descendiendo a la solución que corresponde al primer problema jurídico, conforme se precisó en el acápite anterior, la Sala observa que el objeto del contrato -la construcción del centro cultural y turístico La Estación fase 1- no guardó correspondencia directa con el de la EDUA -desarrollar proyectos urbanísticos o inmobiliarios en el espacio público y en zonas de renovación urbana, zonas de expansión, centros históricos, áreas sin desarrollar, mejoramiento integral o macro proyecto urbano, para la ciudad de Armenia- . Para tal efecto, resulta necesario distinguir entre un desarrollador de proyectos urbanísticos y un constructor de obras, a la luz de la finalidad estatutaria de la persona de que se trate y la naturaleza de la actividad que el ordenamiento jurídico le habilita a desempeñar. En este caso, el vocablo “construcción”, contenido en el objeto societario , no puede ser entendido de forma aislada del resto del enunciado estatutario, de manera que de ella no se sigue que la EDUA, en el momento de celebración del pacto, tuviese la calidad de sociedad constructora o que actuara en el mercado de servicios de construcción de obras, en tanto su objeto, se insiste, era el de desarrollar de proyectos urbanísticos o inmobiliarios. Así, no puede perderse de vista que, en los términos del artículo 32, numeral 1, de la Ley 80 de 1993, del contrato de obra emanan obligaciones de realizar intervenciones constructivas o trabajos materiales directos sobre un bien inmueble. En ese contexto, es a esa noción a la que debe aludir el objeto social de quien pretende ejecutar una construcción, condición que no puede entenderse satisfecha con la simple inclusión del verbo “construir” y su lectura inconexa del contexto en que se inscribe. (...) hora, se rememora que, en el informe del 13 de julio de 2018, la EDUA (i) relacionó 25 contratos derivados, para la satisfacción del objeto pactado en el negocio principal; (ii) especificó que el valor total subcontratado ascendió a $4.697’095.007,33 y (iii) refirió que ello equivale al 93,94% del contrato interadministrativo n° 08 de 2015. El Tribunal, por su parte, invocó el vocablo normativo “algunas”, contenido en el artículo 2, numeral 4, literal d) de la Ley 1150 de 2007, para señalar que ello supuso una vulneración del señalado mandato, al haberse empleado el negocio como una ruta de intermediación con el sector privado. Si bien dicha disposición no puede ser entendida como una prohibición para que la subcontratación recaiga sobre la totalidad del objeto primigenio -como lo entendió el Tribunal-, y por ello no es dable sostener que aquella circunstancia supusiera la transgresión de una prohibición normativa o la inobservancia de previsiones de orden público del acuerdo de voluntades que derivaran en la ilicitud de su objeto; lo anotado en precedencia sí revela que, en la práctica, el objeto social de la demandada no comprendía la construcción de obras civiles. Dicho de otro modo, aunque la subcontratación no está proscrita ni es fuente, per se, de ilicitud, la realidad acreditada en el sub lite contribuye, como elemento de convicción auxiliar, a concluir que la aptitud técnica necesaria para ejecutar directamente la obra contratada no concurría en la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, al punto que debió recurrir a terceros para desarrollarla. En consecuencia, aunque el primer razonamiento esgrimido por el fallador de primera instancia para concluir la ilicitud del objeto negocial, según el cual la entidad ejecutora subcontrató, en contra de prohibición legal, “todas y cada una de las actividades” del contrato interadministrativo n° 08 de 2015 no encuentra respaldo normativo, máxime cuando estimó que el objeto de la entidad ejecutora guardó relación con el acuerdo de voluntades, la Sala concluye que no se satisfizo esta condición normativa para la celebración del contrato interadministrativo. Así, la ausencia de uno de los requisitos para acudir al mecanismo de contratación directa en materia de contratos interadministrativos, denota una transgresión del deber de selección objetiva, postulado -de imperativo acatamiento en los términos del EGCAP- que tiene la vocación de asegurar el cumplimiento de los principios de la contratación pública y garantizar la adecuada elección de la oferta más favorable para la entidad y el interés público implícito en su actividad negocial. En suma, la realidad procesal analizada permite a esta Subsección concluir que el contrato interadministrativo n.° 08 de 2015 es espurio en su objeto, no porque se atentara contra una expresa prohibición legal de subcontratar -como quedó descartado-, sino porque se celebró con un objeto que no coincidió con el de la entidad ejecutora, como lo exige el artículo 2, numeral 4, literal c) de la Ley 1150 de 2007; lo que, a su vez, no permitía la contratación directa. Por lo expuesto, pese a que las razones esgrimidas por el a quo para anular el contrato no tienen respaldo normativo, la Sala debe confirmar tal invalidación, por idéntica causal, pero al amparo del discernimiento que acaba de efectuarse, en atención a que la razón de la nulidad desarrollada se encuentra plenamente demostrada. En el mismo orden de ideas, la comprobación de la ilicitud del objeto analizada en precedencia se estima suficiente para confirmar la decisión anulatoria del acuerdo de voluntades adoptada por el a quo; de modo que resulta inocuo adentrarse en el estudio de las dos vicisitudes contractuales restantes, en torno a las cuales el Tribunal afincó tal determinación -referidas a la autorización previa del Ministerio de Cultura para la intervención del inmueble objeto del proyecto contratado y la titularidad de los predios sobre los que el mismo recayó-, pues una conclusión diferente no tendría la virtud de enervar la causal comprobada. Ahora bien, conforme fue esbozado en el itinerario de esta providencia, la anterior conclusión exige descender sobre las cuestiones relacionadas con las restituciones mutuas ordenadas por el tribunal, que constituyen el segundo cargo de la apelación interpuesta por el municipio. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la nulidad absoluta del contrato estatal, revisar: Consejo de Estado, sentencia de 24 de abril de 2013, rad 23042, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, sentencia de 5 de marzo de 2021, rad. 62250, C.P. Nicolas Yepes Corrales y Consejo de Estado, sentencia de 1 de noviembre de 2023, rad. 55939, C.P. Nicolás Yepes Corrales. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 1, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 2, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 4 LITERAL C, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 4 LITERAL D, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 21, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 80 NUMERAL 1, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1742 RESTITUCIONES MUTUAS / CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS / LÍMITES DE RESTITUCIONES MUTUAS / PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS / PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / NULIDAD ABSOLUTA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA / OBJETO ILÍCITO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE EJECUCIÓN SUCESIVA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / INTERÉS PÚBLICO / ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO / OBRA DE INTERÉS PÚBLICO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL INTERÉS PÚBLICO / PERJUICIOS POR OBRA DE INTERÉS PÚBLICO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ Problema jurídico: ¿Debe ordenarse la restitución total de los recursos entregados en un contrato declarado nulo por objeto ilícito cuando no se demuestra que las prestaciones ejecutadas hayan generado un beneficio real para la entidad estatal? Respuesta al problema jurídico: Si Rememorando, la entidad territorial cuestionó, en su impugnación, el alcance que el a quo otorgó a la figura de las restituciones mutuas, señalando que era necesaria la verificación del beneficio percibido por las partes y la inexistencia de conocimiento previo de la circunstancia constitutiva de la nulidad del contrato. Reprochó que dichos aspectos no fueron analizados en la sentencia de primera instancia, y que, ante la falta de prueba de los mismos, debía ordenarse la restitución del importe total de los recursos comprometidos en la ejecución del negocio, y no solamente aquellos no ejecutados. (...) En segundo término, debe puntualizarse que, para el caso de los contratos estatales de ejecución sucesiva (como el examinado), el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 establece que la configuración de la nulidad absoluta no constituye un motivo para desconocer, en principio, el pago de las prestaciones ejecutadas a satisfacción o de forma idónea por el contratista hasta el momento de su declaratoria. Sin embargo, agrega que, en los casos en que la nulidad se funde en objeto o causa ilícitos, aquel reconocimiento no procede a menos que se acredite un beneficio para la entidad estatal, (...) A su vez, con fundamento en el artículo 13 ejusdem, en punto de las restituciones, debe acudirse al derecho privado, particularmente, al artículo 1746 del Código Civil, que regula los efectos de la nulidad pronunciada judicialmente respecto de actos o contratos. Por virtud de lo allí dispuesto, las partes del negocio tienen “derecho a ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita”. La remisión a las previsiones relacionadas con el objeto o causa ilícitos resulta particularmente relevante, no solo para la claridad conceptual que aquí se ausculta, sino para dilucidar, en el caso concreto, cuáles son los efectos que la invalidación del contrato interadministrativo nº 008 de 2015 está llamada a producir. (...) En ese orden de ideas, considerando que en el caso concreto la invalidación del contrato interadministrativo tiene su fuente, precisamente, en la ilicitud del objeto, es necesario determinar, en primera medida, en punto de la procedencia o improcedencia de las restituciones mutuas, si el contrato derivó en un beneficio comprobable para la entidad estatal contratante. Para dicho propósito, resulta insoslayable lo previsto en el inciso final del referido artículo 48 de la Ley 80 de 1993, cuando define qué debe entenderse por beneficio de la entidad estatal, en los siguientes términos: “se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público”. De conformidad con la realidad probatoria del expediente, quedó establecido que: (i) el negocio jurídico en cuestión aún se encuentra vigente, toda vez que fue suspendido y su objeto no ha sido satisfecho; (ii) fue sujeto de dos suspensiones, la última de las cuales se suscribió el 12 de febrero de 2016; (iii) a la presentación de la demanda, el contrato permanecía suspendido; y (iv) según informe elaborado por la propia entidad demandada el 4 de julio de 2019, que coincide con el informe rendido por la Secretaría de Infraestructura municipal, la finalización de la ejecución requiere ajustes presupuestales y en los diseños estructurales, así como la evacuación de los trámites administrativos ante del Ministerio de Cultura -relacionados con la autorización para intervención- . Ante ese escenario, considerando que la obra objeto del acuerdo interadministrativo se encontraba inconclusa a la fecha de la demanda (y no se observan elementos probatorios que den cuenta de lo contrario a la presente data), no podría sostenerse válidamente que el interés público perseguido con el negocio hubiese sido satisfecho o que las actividades desarrolladas hasta el momento redunden en una utilidad comprobable para el municipio, el patrimonio cultural de la Nación o la comunidad beneficiaria de la intervención civil. Así, la ausencia de dicha condición impide aplicar el supuesto contenido en el segundo inciso del citado artículo 48 de la Ley 80, pues no se puede entender, para el caso concreto, que la entidad pública contratante hubiese obtenido provecho de lo ejecutado, de manera que no hay lugar al reconocimiento pecuniario por las prestaciones llevadas a cabo por la EDUA. Como consecuencia de la imposibilidad de reconocer beneficio alguno por razón de lo ejecutado por la demandada, el efecto retroactivo pecuniario derivado de la nulidad debe circunscribirse al reintegro del importe total de los recursos comprometidos en la ejecución del negocio (no solo frente a aquellos no ejecutados); de manera que le asiste razón al apelante en su reclamo. En este punto, resulta necesario señalar, con arreglo a la jurisprudencia de esta Sección, que existen eventos en los cuales no es posible efectuar las restituciones mutuas desde el punto de vista material “cuando los contratos ya se han ejecutado y existe un beneficio por esas prestaciones. En efecto, se ha reconocido que, en el caso de contratos de tracto sucesivo en los que la obligación material se ha cumplido (v.gr., la ejecución de obras), es inviable ordenar que se restablezcan los patrimonios al estado de cosas anterior a la celebración del negocio, máxime cuando se encuentra que la finalidad que se perseguía ya se ha satisfecho y ésta ya ha sido debidamente retribuida por la entidad. Lo anterior, en todo caso, no significa que las partes del acuerdo de voluntades puedan beneficiarse de la comisión de una irregularidad como la advertida, sino que, por el contrario, están obligadas a recuperar la realidad fáctica y jurídica en la medida en que ello sea posible” .En el caso concreto, se itera, como no hay lugar a predicar un beneficio por el contrato celebrado, las restituciones proceden con el matiz antes señalado. Con el objetivo de determinar el alcance de lo anterior, se destaca que, según el acta parcial n° 1 del 28 de agosto de 2015, a la EDUA le fueron desembolsados $1.999’952.209, correspondientes al avance de ejecución financiera reportado en informe emitido por la ejecutora el 31 de julio de 2015, entregado por la entidad contratista al municipio. En el mismo instrumento, se relacionó que a la empresa se le habían girado, previamente, $2.499’940.2 -por concepto de nticipo”- , y que en ese momento el saldo pendiente por pagar del contrato ascendía a $499’988.052. Esa información es coincidente con lo referido en el hecho trigésimo del libelo introductorio, admitido expresamente por la accionada en su contestación, según la cual el siguiente es el balance financiero del negocio celebrado, (...). Adicionalmente, de conformidad con el informe rendido por la entidad ejecutora el 4 de julio de 2019, el municipio le transfirió un total de $4.499’892.46862. Al realizar la sumatoria entre (i) el valor del anticipo girado y (ii) el del acta parcial no. 1 (ya detallados), se obtiene la suma de $4.499’892.470, cifra que varía de forma insignificante respecto del guarismo indicado en el informe, por lo que la Sala tomará este último para efectos de la decisión correspondiente. Se enfatiza, además, que la EDUA no disputó en su alzada dichos valores.Ante ese contexto, la Subsección modificará el fallo impugnado para condenar a la entidad demandada a que efectúe el reintegro de la totalidad de los recursos que le fueron girados por el municipio, esto es, los $4.499’892.468 ya referenciados. Se responde así de forma afirmativa el problema jurídico correspondiente, en tanto el Tribunal sí erró al limitar el alcance de las restituciones mutuas a los recursos no ejecutados. Se debe destacar que esta modificación a la condena no implica una vulneración a los derechos de la EDUA, toda vez que (i) este ejercicio se deriva de una facultad oficiosa del juzgador, y (ii) dicha entidad no ostenta la calidad de apelante único. NOTA DE RELATORÍA: Referente a las restituciones mutuas derivadas de la nulidad, revisar: Consejo de Estado, sentencia de 11 de octubre de 2024, rad. 71105, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez y Consejo de Estado, sentencia de 18 de marzo de 2010, rad. 14390, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746 INDEXACIÓN / CONCEPTO DE INDEXACIÓN / INDEXACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR / INDEXACIÓN DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA INDEXACIÓN / INDEXACIÓN DE LA CONDENA / PROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN / IPC / RESTITUCIÓN DE DINERO / ANULACIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Es obligatorio actualizar a valor presente el monto ordenado a restituir, sin que los rendimientos financieros sustituyan dicho cálculo ni reduzcan la suma adeudada? Respuesta al problema jurídico: Si El último problema jurídico propuesto en el itinerario, derivado del cargo de la apelación esgrimido por la EDUA, gravita en torno a la indexación de los recursos cuya devolución fue dispuesta por el a quo, argumentado en los siguientes términos: “si indexáramos la suma de $939.441.772,32, tendríamos como resultado una cifra exageradamente alta, situación que consideramos nos generaría un detrimento injustificado en nuestro patrimonio, pues la indexación es un proceso que se le aplica a una cifra del pasado para traerla a valor presente, con el propósito de que la misma no pierda poder adquisitivo”. Si bien el cargo se sustentó en la citada suma, que fue por la que el Tribunal condenó a la accionada, debe analizarse a la luz del rubro precisado en el acápite anterior, toda vez que versa sobre la viabilidad, o no, de traer a valor presente, por mandato legal, el monto producto de la orden de restitución (como consecuencia de la nulidad). Para absolver ese reproche, se debe señalar que, a las voces del artículo 187 del CPACA, y como parte del contenido de toda sentencia adoptada por esta jurisdicción, “[l]as condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor”. Así, la actualización del monto a reintegrar resulta un imperativo normativo, insoslayable para el operador jurídico, de manera que la orden de indexación emitida por el a quo fue ajustada a derecho -no así el monto derivado de dicho ejercicio, como se estableció previamente-. Contrario a lo sostenido por la EDUA en su recurso, los rendimientos financieros que hayan generado los saldos insolutos no reemplazan de ninguna manera el señalado ejercicio, que -se insiste- responde a un imperativo normativo que no puede ser sustituido por otro monto, de modo que la censura de la entidad demandada a la sentencia de primera instancia no encuentra prosperidad. Lo que viene de señalarse no es aplicable únicamente a la primera instancia, pues el señalado ejercicio de indexación, de igual forma, es imperativo para el fallo de segundo grado, dado que la precitada norma no realizó ninguna distinción al respecto. En ese sentido, para efectos de la actualización que corresponde al valor que la Subsección ordenará reintegrar ($4.499’892.468), (...) En este cálculo, el índice inicial equivale al IPC vigente a la fecha en que se efectuó el desembolso de los recursos, que, según lo indicado, correspondió a dos momentos (anticipo y acta parcial no. 1) y el índice final el del momento en que se profiere la presente decisión o el último publicado, esto es, aquel correspondiente al del mes de marzo de 2026. Según lo indicado por la norma, la condena debe ser objeto de actualización en el mismo fallo que la profiere, lo que impide a esta Corporación tomar la fecha del pago efectivo para esa finalidad, toda vez que se desconoce el momento en el que se realizará. Para dicho efecto, conforme el acta parcial n° 1 y el informe presentado por la Secretaría de Infraestructura del 28 de febrero de 2021 -arriba referenciados-, la EDUA recibió $1.999’952.209 el 18 de septiembre de 2015. De otro lado, de los documentos que componen el expediente contractual no puede extraerse en qué momento se produjo la transferencia de los recursos correspondientes al anticipo a la entidad ejecutora. De hecho, en el mencionado informe de la Secretaría de Infraestructura, que el extremo demandante esgrimió como soporte de su reclamo judicial, se reconoce que “[n]o se encontraron evidencias de los aspectos considerados por el Contratante y Contratista para la suscripción del Acta Número 01, de manera que no se encuentra el Acta (balance que contemple las actividades, unidades, cantidades y valores unitarios estipulados en el Contrato Interadministrativo y ejecutadas a la fecha de suscripción del Acta Parcial. El balance mencionado fue solicitado a la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia mediante oficio SI POI 1252 del 3 de julio de 2020 que según la información que actualmente reposa en sus archivos no se ha encontrado documentación correspondiente a un balance de obra”. En dicho instrumento solo se detalla la fecha del primer desembolso, a pesar de que allí mismo se refiere que el valor total del acta parcial n° 1 ascendió a $4.249’898.444 (que corresponde a la suma del valor que fue efectivamente amortizado y el pago de la señalada acta). Bajo tales condiciones, la Sala adoptará el IPC vigente a la fecha de la cuenta de cobro emitida para el desembolso del anticipo, que data del 24 de abril de 201564. Para tal efecto, según lo indicado, se debe emplear la fórmula y parámetros precisados en el presente acápite, efectuando la actualización de manera separada, para cada uno de los valores desembolsados, atendiendo sus respectivas fechas. Ahora bien, como lo ha entendido la Subsección para los casos de restituciones por consecuencia de la nulidad absoluta, sobre el valor histórico actualizado deben liquidarse intereses, en los términos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1746 del Código Civil, lo que guarda consonancia con lo señalado por la jurisprudencia civil, conforme a la cual “la causa de la orden de restitución con intereses que sigue a la declaratoria judicial de nulidad, inexistencia o en general ineficacia del acto jurídico estriba en una razón de equidad, como ya se dijo, que el propio legislador ha tomado en consideración como base de una obligación de fuente legal, desde el encabezado mismo del transcrito artículo 1746 del Código Civil”. Para tal efecto, la tasa de interés aplicable será la prevista en el artículo 1617 del Código Civil, equivalente al 6% anual. En casos como el presente, la Sala ha definido que no resulta procedente aplicar el artículo 4.8 de la Ley 80 de 1993, pues (i) dicha norma regula los intereses en eventos de mora, entendida como la sanción derivada del incumplimiento culpable de una obligación dineraria y (ii) el reconocimiento de intereses dentro del régimen de restituciones mutuas responde a un mandato expreso del ordenamiento civil, previsto en el citado artículo 1746 del Código Civil, el cual remite, en lo relativo a los frutos del dinero, al contenido del artículo 1617 del mismo estatuto. (...) Con ello, la sumatoria de los rubros destacados arroja un valor de $8.254’412.841, a título de capital, y $3.985’641.475,44, por concepto de intereses, para un total de $12.240’054.316,44; por lo que se condenará a la EDUA a su devolución por concepto de la restitución de lo pagado, a raíz de la anulación del negocio que se celebró. Para el cumplimiento de la sentencia, deberá darse aplicación a lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA. Por último, contrario a lo advertido por el Tribunal, a la anterior suma no deben restarse -al momento del pago- aquellos rendimientos financieros que se hayan trasladado a la entidad territorial, en la medida que estos, como frutos civiles del capital comprometido en la ejecución del negocio, perteneció ab initio a la entidad pública contratante, de manera que su devolución previa no implica que deba disminuirse la cuantía de la obligación restitutoria, ni que puedan reputarse como abonos a la suma adeudada por este concepto. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la indexación de las restituciones mutuas, revisar: Consejo de Estado, sentencia de 4 de abril de 2025, rad. 70.045, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Corte Suprema de Justicia, sentencia de 31 de julio de 2015, SC10097, M.P. Jesús Vall de Rutén Ruiz y Consejo de Estado, sentencia de 4 de abril de 2025, rad. 70045, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 195, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1617, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746 CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Debe imponerse la condena en costas a la parte vencida en segunda instancia, sin necesidad de valorar su conducta procesal? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, y según lo establecido en el artículo 365 del CGP, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte a la cual se le imponen. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 ibidem, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la entidad demandada, toda vez que: (i) el recurso de apelación incoado por el municipio accionante fue parcialmente favorablemente, y (ii) la providencia que aquí se profiere resulta desfavorable a los intereses de su contraparte, que, en consecuencia, resulta vencida. Respecto de las agencias en derecho, en atención a que el demandante ejerció su defensa a través de la designación de apoderado judicial que debió vigilar el proceso en sede de apelación, se considera que dicha situación es suficiente para entenderlas causadas. Así, por ese concepto, en los términos del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, se fijará la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de esta sentencia, a cargo de la parte demandada y en favor del municipio de Armenia. No se reconocerán agencias en derecho en favor de la Aseguradora Solidaria de Colombia, por hacer parte del extremo pasivo de la controversia. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACTO LEGISLATIVO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=630012333000202200058011100103