Radicado: 11001-03-26-000-2018-00186-00 (62696)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Repetición única instancia – Ley 1437 de 2011
Radicación: 11001-03-26-000-2018-00186-00 (62696)
Demandante: Universidad Popular del Cesar (UPC)
Demandado: Raúl Enrique Maya Pabón
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la
Ley 678 de 2001. Se niegan las pretensiones porque el pago que
se pretende repetir no proviene de un daño causado por el Estado
a un particular.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver, en única instancia, la demanda presentada por la Universidad
Popular del Cesar (en adelante, UPC) contra Raúl Enrique Maya Pabón.
La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con el numeral
13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) 1, debido a que el
demandado fungió como representante legal de una entidad del orden nacional
para la época de los hechos.
El 1º de marzo de 2022 el magistrado ponente dispuso adecuar el trámite para
proferir sentencia anticipada, de conformidad con el artículo 182A del CPACA .
Por medio de auto del 24 de junio de 2022 se corrió traslado para alega r. Las
partes guardaron silencio y el Ministerio Público rindió concepto.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 24 de octubre de
2018 por la UPC. Se dirigió contra Raúl Enrique Maya Pabón para obtener el
reintegro de lo pagado por la entidad el 9 de noviembre de 2016 como
1 Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la modificación introducida por el artículo 24 de
la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia establecido por el artículo 86 de esa ley.
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consecuencia de la conciliación judicial aprobada por el Tribunal Administrativo
del Cesar, mediante providencia del 27 de octubre de 2016.
2.- A partir de lo afirmado e n la demanda y de las piezas procesales allegadas
por la parte actora, se extrae que:
2.1.- César David Rangel Quintero trabajaba en la UPC como profesional
universitario, código 2044, grado 01.
2.2.- El demandado Raúl Enrique Maya Pabón era el rector de la UPC. Mediante
la Resolución No. 455 del 22 de febrero de 2010 le asignó al señor Rangel
Quintero las funciones de jefe de la División Administrativa y Financiera , las
cuales venían siendo asignadas a otro funcionario por incapacidad de la titular.
2.3.- Por medio de la Resolución No. 635 del 7 de marzo de 2014 el nuevo rector
Jesualdo Hernández Mieles encargó al señor Rangel Quintero como profesional
especializado, código 2028, grado 19; este era el cargo que ocupaba la titular de
las funciones de jefe de la División Administrativa y Financiera.
2.4.- El señor Rangel Quintero solicitó el pago del mayor valor por salarios,
prestaciones sociales y aportes a la seguridad social que le correspondían por
haber asumido las funciones de jefe de la División Administrativa y Financiera
entre el 22 de febrero de 2010 y el 9 de marzo de 2014.
2.5.- Mediante el oficio No. RECT-100-03-07-291-2014 del 19 de septiembre de
2014, el rector Jesualdo Hernández Mieles negó el pago de la diferencia salarial
y prestacional.
2.6.- En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Rangel Quintero demandó el oficio que le negó el pago de la diferencia.
2.7.- El 17 de agosto de 2016 la UPC y el señor Rangel Quintero conciliaron las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho: la entidad
acordó pagar al funcionario el cien por ciento (100%) de la liquidación presentada
por concepto de salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social. La
conciliación fue aprobada por el Tribunal Administrativo del Cesar mediante auto
del 27 de octubre de 2016.
2.8.- Por medio de la Resolución No. 2598 del 2 de noviembre de 2016 la entidad
demandante dispuso el pago. La conciliación, por un valor total de doscientos
treinta millones seiscientos noventa y seis mil trescientos noventa y nueve pesos
($230.696.399), fue pagada el 9 de noviembre de 2016.
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3.- La entidad demandante invocó la presunción de culpa grave establecida en el
numeral 1 del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, es decir, la <<violación manifiesta
e inexcusable de las normas de derecho >>. Según la UPC, el demandado le
asignó a César David Rangel Quintero las funciones d e jefe de la División
Administrativa y Financiera sin reconocerle la diferencia salarial correspondiente.
B.- Posición de la parte demandada
4.- El demandado contestó la demanda por medio de curador ad litem2, quien se
opuso a las pretensiones y formuló las siguientes excepciones: (i) falta de los
requisitos de la acción de repetición, porque no se probó que el acto
administrativo suscrito por el demandado fuera debatido ante la jurisdicción; (ii)
falta de integración del litisconsorcio por pasiva, pues debió demandarse al rector
que firmó el acto que negó el reconocimiento de la diferencia salarial; y (iii)
responsabilidad exclusiva de la administración, debido a que la UPC había
asignado esas funciones antes de que el demandado lo hiciera.
II. CONSIDERACIONES
C.- Asuntos procesales, régimen legal y decisión a adoptar
5.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada oportunamente, como se
explica a continuación:
5.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del
CPACA3, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2)
años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice
el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que
contaba la entidad para pagar.
5.2.- En este caso el pago se realizó antes del vencimiento del plazo anterior 4,
por lo que para determinar el término de caducidad debe tenerse en cuenta la
fecha del pago . Como el pago fue realizado el 9 de noviembre de 2016 5, la
demanda presentada el 24 de octubre de 20186 se radicó oportunamente.
2 La entidad actora solicitó la notificación del demandado por emplazamiento luego de que la citación para
notificación personal fuera devuelta por dirección errada, y manifestó bajo la gravedad de juramento
desconocer otra dirección. En consecuencia, se ordenó notificarlo mediante edicto emplazatorio (fl. 75-95 c.
1). El curador ad litem fue notificado personalmente del auto admisorio de la demanda el 20 de abril de 2021
y contestó la demanda el 2 de junio de 2021 (índices 40-45 SAMAI).
3 Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la modificación introducida por el artículo 43 de
la Ley 2195 de 2022, porque esta solo aplica para las condenas ejecutoriadas con posterioridad a la entrada
en vigencia de esa ley.
4 Aunque no se aportó una constancia de ejecutoria del auto que aprobó la conciliación, la Sala revisó el
sistema de consulta de procesos para el expediente No. 20001-23-33-003-2015-00233-00 y pudo establecer
que el auto fue notificado por estado del 31 de o ctubre de 2016. Según el artículo 302 del CGP , esa
providencia quedó ejecutoriada tres días después, es decir, el 3 de noviembre de 2016.
5 Fl. 32-36 c. 1.
6 Fl. 1 c.1.
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6.- A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales de la Ley 678
de 2001 porque los hechos imputados al demandado ocurrieron después de su
entrada en vigencia. La resolución que asignó las funciones de jefe de la División
Administrativa y Financiera al señor César David Rangel Quintero fue proferida
el 22 de febrero de 2010.
7.- En esta providencia, la Sala:
7.1.- Tendrá por demostrada la legitimación en la ca usa del demandado Raúl
Enrique Maya Pabón. Aunque el demandado no profirió el oficio que fue debatido
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad demandante
le atribuyó haber causado el pago de la diferencia salarial y prestacional a favor
de César David Rangel Quintero, porque él le asignó las funciones que dieron
derecho a ese pago. El artículo 90 de la C.P. y la Ley 678 de 2001 no exigen que
la acción de repetición se dirija contra el funcionario que suscribió el acto
administrativo discutido en el proceso judicial contra el Estado, sino contra aquel
cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya causado el daño. Según la
UPC, en este caso el <<daño>> fue causado por el demandado.
7.2.- Negará las pretensiones de la demanda porque lo pagado por concepto de
reajustes de salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social no
proviene de un daño causado por el Estado a un particular, en los términos del
artículo 90 de la C.P.
D.- El pago que se pretende repetir no proviene de un daño en los términos
del artículo 90 de la C.P.
8.- Está probado que , como consecuencia de la conciliación celebrada con el
señor César David Rangel Quintero, la entidad demandante pagó la suma de
doscientos treinta millones seiscientos noventa y seis mil trescientos noventa y
nueve pesos ($230.696.399) 7. De ese valor total, doscientos dos millones
trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta y dos pesos ($202.384.882
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