Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: en la acción de repetición no se discute la legalidad del acto declarado nulo por desviación de poder
Lo que dijo la Sala
El demandado desvirtuó la presunción de dolo que se estructuró con la sentencia que anuló la resolución de insubsistencia por desviación de poder] Contrario a lo afirmado por el tribunal en la sentencia apelada, la Sala advierte que la entidad actora invocó expresamente en la demanda la presunción de dolo contenida en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, es decir… [obrar con desviación de poder].
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Síntesis síntesis automática
El demandado puede desvirtuar la presunción de dolo que se genera por la desviación de poder, ya que esta admite prueba en contrario, permitiendo demostrar que el hecho base no se configuró o que el razonamiento lógico no es aplicable. La presunción legal de dolo se estructura con la sentencia que anula el acto administrativo por desviación de poder, y aunque la entidad puede condenar al demandado con dicha sentencia, éste puede desvirtuarla presentando pruebas que demuestren que no hubo desviación de poder o que su conducta no estuvo dirigida a causar daño. En el caso concreto, el demandado demostró que la entidad demandante fue negligente en su defensa en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que permitió desvirtuar la presunción de dolo. Esto implica que la entidad debe tener cuidado al presentar la sentencia como única prueba, ya que el demandado puede desvirtuarla con pruebas adicionales, lo que puede resultar en la absolución del agente estatal.
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Problema jurídico
¿Cuándo se solicita la presunción de dolo por obrar con desviación de poder, debe tenerse en cuenta que por ser una presunción legal o de hecho, admite prueba en contrario, es decir, que la parte interesada puede desvirtuarla demostrando que en su caso no opera, ya sea porque, el hecho base no se configuró o el razonamiento lógico no le es aplicable, pues el hecho presunto no es cierto, así mismo, la acción de repetición no discute la legalidad del acto declarado nulo por desviación de poder, pero como el agente del estado no participo en el proceso inicial, es posible destruir la presunción, demostrando que el hecho base no se configuró en lo que tiene que ver con su conducta, esto significa que lo que genera la presunción legal del dolo es una inversión de la carga de la prueba y cuando la entidad cuenta con una sentencia en la que se anula el acto por desviación de poder, dicha sentencia acredita la presunción legal y su presentación le basta a la entidad para condenar al demandado, si éste no ofrece pruebas dirigidas a desvirtuarla o con las allegadas no logra hacerlo, en el caso concreto, el demandado demostró que la entidad demandante fue negligente en su defensa en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la condena, desvirtuando dicha presunción?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿La negligencia en la defensa ejercida por parte del Distrito en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que acarreó la condena en repetición está probada…
- ¿En el caso concreto no podrá estudiarse la culpa grave, porque este grado de culpabilidad no fue afirmado en la demanda, ni existen pruebas que demuestren que el demandado desplegó una conducta…
- ¿Deberá condenarse en costas procesales a la parte vencida en proceso, de acuerdo al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 3 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, así mismo…
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Titulación de la relatoría 13.582 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
PRESUNCIÓN DE DOLO / DESVIACIÓN DE PODER / SENTENCIA JUDICIAL / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / PRESUNCIÓN LEGAL / CARGA DE LA PRUEBA / CARGAS PROCESALES / FUNCIONARIO PÚBLICO / AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / AUSENCIA DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / ENTIDAD PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / MEDIOS DE PRUEBA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Cuándo se solicita la presunción de dolo por obrar con desviación de poder, debe tenerse en cuenta que por ser una presunción legal o de hecho, admite prueba en contrario, es decir, que la parte interesada puede desvirtuarla demostrando que en su caso no opera, ya sea porque, el hecho base no se configuró o el razonamiento lógico no le es aplicable, pues el hecho presunto no es cierto, así mismo, la acción de repetición no discute la legalidad del acto declarado nulo por desviación de poder, pero como el agente del estado no participo en el proceso inicial, es posible destruir la presunción, demostrando que el hecho base no se configuró en lo que tiene que ver con su conducta, esto significa que lo que genera la presunción legal del dolo es una inversión de la carga de la prueba y cuando la entidad cuenta con una sentencia en la que se anula el acto por desviación de poder, dicha sentencia acredita la presunción legal y su presentación le basta a la entidad para condenar al demandado, si éste no ofrece pruebas dirigidas a desvirtuarla o con las allegadas no logra hacerlo, en el caso concreto, el demandado demostró que la entidad demandante fue negligente en su defensa en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la condena, desvirtuando dicha presunción?
Respuesta al problema jurídico: Si
El demandado desvirtuó la presunción de dolo que se estructuró con la sentencia que anuló la resolución de insubsistencia por desviación de poder] Contrario a lo afirmado por el tribunal en la sentencia apelada, la Sala advierte que la entidad actora invocó expresamente en la demanda la presunción de dolo contenida en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, es decir (…) [obrar con desviación de poder]. Esa presunción se estructuró con base en la sentencia dictada el (…) por el Juzgado (…) Administrativo de Descongestión (…) en la que se declaró la nulidad de la Resolución (…) expedida por el demandado (…) [L]a sentencia del juez de nulidad y restablecimiento del derecho se fundamenta en el supuesto de hecho en el que la ley sustenta la presunción: el acto administrativo fue anulado por haber sido expedido con (…) [desviación de poder] (…) La presunción de dolo prevista en la ley está conformada por un hecho base (la decisión del juez de la nulidad de anular el acto por desviación de poder) y por una inferencia lógica o razonable que hace en este caso el legislador para deducir el hecho presunto (cuando se anula un acto por desviación de poder quien lo expidió lo hizo con la intención de causar daño). Al tratarse de una presunción legal o de hecho, que admite prueba en contrario, el demandado puede desvirtuarla demostrando que en su caso ella no opera, bien sea porque: (i) el hecho base no se configuró o (ii) el razonamiento lógico no le es aplicable, pues el hecho presunto no es cierto. El demandado puede desvirtuar de este modo la presunción legal porque el legislador no ha señalado que (…) [siempre que se condene al Estado al anular un acto administrativo por desviación de poder, se condenará al funcionario que lo expidió a reembolsar el valor de la condena]. En la acción de repetición no se discute la legalidad del acto declarado nulo por desviación de poder. Pero, como el agente estatal no participó en el proceso inicial, es viable destruir la presunción demostrando que el hecho base no se configuró en lo que tiene que ver con su conducta. (…) Lo que genera la presunción legal de dolo es una inversión de la carga de la prueba. Cuando la entidad cuenta con una sentencia en la que se anula el acto por desviación de poder, dicha sentencia acredita la presunción legal y su presentación le basta a la entidad para condenar al demandado, si éste no ofrece pruebas dirigidas a desvirtuarla o con las allegadas no logra hacerlo. La decisión que ella contiene (anular el acto por desviación de poder) estructura la presunción, y en esos términos estrictos le es oponible al agente estatal contra quien se dirige la acción, sin que sea necesario que este haya participado en el proceso en el que ella se adoptó. (…) Para desvirtuar la presunción de dolo estructurada con la sentencia condenatoria, al demandado le correspondía probar cualquiera de los dos extremos antes señalados: (i) demostrar que el acto no se profirió con (…) [desviación de poder] o (ii) acreditar que al expedirlo no obró con dolo, esto es, que su conducta no estuvo dirigida a darle prevalencia a intereses particulares sobre los generales que debían guiar su actuación, o a causar daño, bien sea a la funcionaria o a la Administración. La desviación de poder hace presumir el dolo porque la regla general es que al proferir un acto con desviación de poder se tiene la intención de causar el daño o se persiguen intereses particulares contrarios a la ley, como, por ejemplo, cuando la desvinculación de un funcionario es motivada por una persecución política. En sede de repetición es posible demostrar que el motivo por el cual el agente estatal demandado profirió el acto no estructura el dolo en los términos antes señalados. (…) En este caso, el demandado (…) Demostró que la entidad demandante fue negligente en su defensa en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la condena. Lo anterior resulta relevante en el sentido de considerar que, si esto no hubiera ocurrido y se hubieran tenido en cuenta las circunstancias de hecho expuestas en esta acción de repetición, es posible que en el proceso donde fue condenada la entidad púbica (sic) ella hubiese sido absuelta al demostrar que, en el caso concreto del acto proferido por el demandado, no existió la desviación de poder alegada por la demandante. (…) Ofreció pruebas que permiten deducir que no obró con dolo al expedir la resolución de insubsistencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, ver, Corte Constitucional. Sentencia C-778 de 2003. M.P. Jaime Araújo Rentería
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001
NEGLIGENCIA DEL ESTADO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / EXTEMPORANEIDAD DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / ADICIÓN A LA DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN / EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / CARGAS PROCESALES / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿La negligencia en la defensa ejercida por parte del Distrito en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que acarreó la condena en repetición está probada, en cuanto dicha entidad contesto extemporáneamente la demanda, solo contradijo su adición, no pidió pruebas para oponerse a las pretensiones, y presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia por fuera del término, lo cual conlleva a un incumplimiento en sus cargas procesales?
Respuesta al problema jurídico: Si
La negligente defensa del Distrito en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho] Está probada la negligencia procesal del Distrito en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se produjo la condena objeto de repetición, debido a que: (i) contestó extemporáneamente la demanda; (ii) solo contestó su adición; (iii) no pidió pruebas para oponerse a las pretensiones, y (iv) presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia por fuera del término. Como lo señaló el demandado, no es razonable que la Administración incumpla sus mínimas cargas procesales en el trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y luego busque recobrar el monto de la condena por cuenta de uno de sus exagentes. A pesar de que para el momento en que se contestó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el demandado todavía era secretario de Gobierno, no se demostró que hubiera estado encargado de la defensa de la entidad en ese proceso, ni resulta razonable considerar que tuviera tal función. Para la Sala, la negligencia de la entidad al defenderse en el proceso ordinario pudo influir en la condena proferida dentro de ese trámite.
DOLO / AUSENCIA DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / ENTIDAD PÚBLICA / RECURSO DE APELACIÓN / DEMANDA / FALTA DE PRUEBA / PRESUNCIÓN LEGAL / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿En el caso concreto no podrá estudiarse la culpa grave, porque este grado de culpabilidad no fue afirmado en la demanda, ni existen pruebas que demuestren que el demandado desplegó una conducta gravemente culposa?
Respuesta al problema jurídico: Si
[Las pruebas que permiten deducir que el demandado no obró con dolo al proferir la resolución de insubsistencia] Se advierte que solamente se estudia el dolo, y no la culpa grave, porque este grado de culpabilidad no fue afirmado en la demanda. La Sala no comparte el argumento propuesto por la entidad demandante en el recurso de apelación acerca de que también se debe estudiar la culpa grave, en la medida en que comportaría una modificación de la imputación que debe hacerse en la demanda, para que el demandado pueda ejercer su derecho de defensa frente a ella. (…) En todo caso, no existen pruebas que demuestren que el demandado desplegó una conducta gravemente culposa. Y la prueba de este asunto le correspondía a la entidad demandante, pues frente a este no se invocó alguna de las presunciones previstas en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001. (…) Adicionalmente, las pruebas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no permiten constatar el dolo. Estas pruebas fueron válidamente trasladadas al proceso de repetición por solicitud del demandado (…) En lo relacionado con la conducta dolosa imputada al demandado, se advierte que: (i) tanto el testigo (…) como el demandado en su declaración de parte señalaron que (…) trabajaba como asesora de su despacho y, por ende, tenían una relación de confianza; y (ii) si bien es cierto que la nueva gerente solicitó información sobre la licitación pública (…) también obra prueba de que pidió informes sobre todos los procesos contractuales de la entidad lo que es natural habida cuenta de que sería la nueva encargada de esos trámites.
NOTA DE RELATORÍA:
Atinente al tema, ver, Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2020. C.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVIDAD DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ENTIDAD PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Deberá condenarse en costas procesales a la parte vencida en proceso, de acuerdo al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 3 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, así mismo, habrá lugar a fijar agencias en derecho, teniendo en cuenta las tarifas que establece el acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura?
Respuesta al problema jurídico: Si
Es procedente la condena en costas porque la entidad demandante fue la parte vencida en el proceso y se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación. (…) Para la fijación de las agencias en derecho en la segunda instancia se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo tercero del Acuerdo No. 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el momento de presentación de la demanda (…) En consecuencia, la Sala considera razonable tasarlas en el uno punto cinco por ciento (1.5%) de las pretensiones, cuyo valor actualizado asciende a (…) Por lo tanto, se fijarán las agencias en derecho en la suma de (…) De acuerdo con el artículo 366 del CGP, el tribunal de origen deberá liquidar la condena en costas de manera concentrada, según aparezcan causadas.
NOTA DE RELATORÍA:
Esta providencia cuenta con aclaración de voto del consejero de estado Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 3, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
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Radicado: 25000-23-36-000-2013-00011-02 (56802)
Demandante: Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Gobierno
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-36-000-2013-00011-02 (56802)
Demandante: Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Gobierno
Demandado: Juan Manuel Ospina Restrepo
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la
Ley 678 de 2001. Se confirma la sentencia que negó las
pretensiones porque el demandado desvirtuó la presunción de dolo
estructurada a partir de la sentencia de condena contra la entidad,
que anuló la resolución de insubsistencia por desviación de poder.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
contra la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Se cción Tercera, Subsección A, en la que se
negaron las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia a la luz de lo dispuesto en
los artículos 150 y 152 numeral 11 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
El recurso de apelació n fue admitido mediante auto del 14 de abril de 2016 y se
corrió traslado para alegar de conclusión el 12 de mayo de 2016; durante el
mismo, la entidad demandante presentó alegatos, mientras que el demandado
y el Ministerio Público guardaron silencio. El 2 1 de junio de 2016 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca remitió el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho que había sido recibido en préstamo proveniente
del Juzgado 11 Administrativo de Bogotá 1.
1 Oficios No. 319R1 del Juzgado 11 Administrativo de Bogotá (fl. 150 c. 1) y 2016 -JCG-274 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (fl. 284 c. 16). En el oficio del Juzgado se registró como número de radicado
el <<1100133350112005003673>>, pero los cuadernos y las piezas procesales indican que su número es
25000-23-25-000-2005-03673. El expediente fue enviado en 9 cuadernos y un sobre con 3 casetes de audio,
1 CD y 1 videocasete.
Radicado: 25000-23-36-000-2013-00011-02 (56802)
Demandante: Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Gobierno
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I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 11 de enero de 2013
por el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Gobierno. Se dirigió contra Juan
Manuel Ospina Restrepo (en adelante, el “demandado”) para obtener el reintegro
de lo pagado por la entidad el 26 de diciembre de 2011 y el 28 de agosto de 2012,
como consecuencia de la condena impuesta en la sentencia del 7 de diciembre
de 2009 por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Bogotá.
Además, pidió condenar en costas al demandado.
2.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas procesales allegadas
por la parte actora, se extrae que:
2.1.- El demandado se desempeñaba como secretario de Gobierno de Bogotá.
Mediante la Resolución No. 21 del 7 de enero de 2004 nombró a Diana Marina
Vélez Vásquez como gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad . Este era un
cargo de libre nombramiento y remoción de la planta global de la Secretaría de
Gobierno.
2.2.- En ejercicio de su cargo , la señora Vélez Vásquez adelantó la li citación
pública No. 24 de 2004, que tenía como objeto contratar la construcción de la
Estación de Policía de Ciudad Bolívar.
2.3.- El 15 de diciembre de 2004 , mediante la Resolución No. 1011, el
demandado declaró insubsistente el nombramiento de Diana Ma rina Vélez
Vásquez como gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad. Esa decisión fue
comunicada a la funcionaria el 16 de diciembre de 2004 , día en el que se
designó como su reemplazo a Liliana Pardo Gaona.
2.4.- El 6 de enero de 2005 la Personería de Bo gotá abrió una investigación
disciplinaria contra la señora Vélez Vásquez por presuntas irregularidades en la
adjudicación de la licitación pública No. 24 de 2004. El 26 de abril de 2006 se
ordenó el archivo definitivo de la investigación porque la exfunci onaria obró de
acuerdo con las normas legales.
2.5.- En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora
Vélez Vásquez demandó la resolución que declaró la insubsistencia de su
nombramiento.
2.6.- El 7 de diciembre de 2009 el Juzgado Tercero Administrativo de
Descongestión de Bogotá declaró la nulidad del acto administrativo. Estableció
que fue proferido con desviación de poder, porque realmente no se adoptó en
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Demandante: Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Gobierno
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ejercicio de la facultad discrecional, sino para disfrazar una dest itución por las
irregularidades alegadas en la adjudicación de la licitación No. 24 de 2004. La
sentencia ordenó el reintegro de la señora Vélez Vásquez y el pago de los
salarios y prestaciones dejados de percibir.
2.7.- Por medio de la Resolución No. 990 del 16 de diciembre de 2011 la
Secretaría de Gobierno dispuso el pago de la condena por la suma de mil
trescientos doce millones cuatrocientos siete mil quinientos sesenta y un pesos
($1.312.407.561), por concepto de salarios y prestaciones sociales. Ese valor fue
pagado el 26 de diciembre de 2011.
2.8.- Mediante la Resolución No. 4590 del 13 de agosto de 2012 la entidad
ordenó el pago de intereses moratorios a favor de Diana Marina Vélez Vásquez
por veintisiete millones seiscientos sesenta y tres mil och ocientos veinticinco
pesos ($27.663.825), los cuales fueron pagados el 28 de agosto de 2012.
3.- La entidad demandante invocó la presunción de dolo prevista en el numeral 1
del artículo 5º de la Ley 678 de 2001, es decir, << obrar con desviación de
poder>>. Según la entidad, la declaratoria de insubsistencia de Diana Marina
Vélez Vásquez no buscaba el mejoramiento del servicio público , sino que
<<satisfizo una pretensión ejemplarizante por el supuesto acaecimiento de
irregularidades en un proceso de contr atación pública >>, a pesar de que la
señora Vélez Vásquez fue absuelta por estos hechos en un proceso disciplinario
posterior.
B.- Posición de la parte demandada
4.- El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda. Como argumentos
de defensa expuso los siguientes: (i) ni en la sentencia de nulidad y
restablecimiento del derecho ni en la demanda de repetición se analizó el dolo o
la culpa grave en su conducta; (ii) la declaratoria de insubsistencia de la señora
Vélez Vásquez no fue dolosa, porque no fue ajena a los fines del servicio ni
requería ser motivada; (iii) tampoco se trató de una conducta gravemente
culposa, porque se trataba de un cargo de libre nombramient o y remoción y se
fundamentó en la pérdida de confianza en la funcionaria, y (iv) la causa de la
condena no fue la conducta del demandado sino la defensa deficiente de la
entidad en el proceso ordinario, debido a que contestó extemporáneamente la
demanda, no pidió pruebas para desvirtuar los hechos y presentó el recurso de
apelación en forma inoportuna.
5.- Además, el demandado formuló demanda de reconvención contra la
Secretaría de Gobierno y llamó en garantía a los apoderados de la entidad en el
proceso ordinario y a QBE Seguros S.A. Sin embargo, la demanda de
reconvención y el llamamiento en garantía contra los apoderados de la entidad
Radicado: 25000-23-36-000-2013-00011-02 (56802)
Demandante: Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Gobierno
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fueron rechazados por el tribunal 2, y el llamamiento contra la aseguradora fue
rechazado por el Consejo de Estado3.
C.- Sentencia recurrida
6.- En sentencia del 10 de diciembre de 2015 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, negó las pretensiones de la
demanda con fundamento en las siguientes consideraciones:
6.1.- La calidad de agen te estatal del demandado se probó con su decreto de
nombramiento y el acta de posesión como secretario de Gobierno.
6.2.- La condena judicial contra la entidad se demostró con la sentencia
proferida el 7 de diciembre de 2009 por el Juzgado Tercero Adminis trativo de
Descongestión de Bogotá.
6.3.- El pago de la condena se probó con la certificación del jefe de la Oficina
de Gestión de Pagos del Distrito y con los actos administrativos que dieron
cumplimiento a la orden.
6.4.- A pesar de que la parte demand ante no indicó si le imputaba
responsabilidad al demandado a título de dolo o culpa grave, el tribunal analizó
el dolo porque la sentencia condenatoria anuló el acto administrativo por
desviación de poder. Sin embargo, concluyó que la conducta del demandad o
no podía calificarse como dolosa por las siguientes razones:
a.- Las sentencias judiciales no son medios de prueba sobre hechos concretos
y no atan al juez de repetición. La condena contra la entidad solo es el
fundamento para que se admita la demanda de repetición.
b.- Se acreditó que la Secretaría de Gobierno contestó extemporáneamente la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, solo contestó la reforma
de la demanda 4, no solicitó medios de prueba y presentó el recurso de
apelación por fuera del término. La entidad no puede incumplir sus cargas
procesales y luego imputar responsabilidad al demandado.
2 Autos del 4 de septiembre de 2014 (fl. 14-16 c. 3) y 8 de octubre de 2014 (fl. 21-23 c. 4).
3 El llamamiento en garantía contra QBE Seguros fue admitido por el tribunal mediante auto del 8 de octubre
de 2014, decisión que fue apelada por la as
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