Titulación de la relatoría 15.619 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
AGENTE DE POLICÍA / POLICÍA NACIONAL / MASACRE / CASO MASACRE DEL CHENGUE / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE DE POLICÍA / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE / ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DOLO / AUSENCIA DEL DOLO / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DEL DOLO / GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / MIEMBROS DEL GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / ENTIDAD ESTATAL / FUNCIONARIO PÚBLICO / RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO / MEDIOS DE PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / TESTIMONIO / DECLARACIÓN DEL TESTIMONIO / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO / VALORACIÓN DEL TESTIMONIO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCESO DISCIPLINARIO / SENTENCIA JUDICIAL / PROCESO PENAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGAS PROCESALES / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES / CULPA PERSONAL DEL AGENTE / INEXISTENCIA DE LA CULPA PERSONAL DEL AGENTE
Problema jurídico:
¿Procede la acción de repetición en casos en los que la entidad estatal logra acreditar que existe culpa grave o dolo por parte del ex funcionario público en su actuar, por lo cual debe declararse la responsabilidad patrimonial del mismo, de lo contrario como en el caso concreto, no puede accederse a las pretensiones de la interesada por falta de prueba?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el sub examine, la conducta que se reprocha corresponde a la desplegada el (…) por el señor (…) como comandante del Departamento de Policía (…), cuando un grupo al margen de la ley perpetró una masacre en el corregimiento (…) municipio (…). Por lo tanto, el estándar de conducta con el cual se debe evaluar el actuar del señor (…) debe partir de su responsabilidad funcional a la luz de las nociones de dolo y culpa grave. Se precisa esto, en tanto la ley 678 de 2001 no estaba vigente para la época en que se desarrollaron los hechos en los que se dice intervino la conducta omisiva del demandado. (…) [S]e ha sostenido que la culpa grave tiene que ver con aquél comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario causador del daño que hubiera podido evitarse con la diligencia y cuidado que le corresponde a quien debe atender dicha actividad en forma norma (…) Dada la evidente naturaleza privada del precepto civil, pues el cuidado de los (…) [negocios] no es propiamente asunto del resorte estatal, cuando se pretende valorar la conducta de un sujeto cualificado como son los agentes estatales, es pertinente confrontarla con los mandatos que la Constitución, la ley, los reglamentos y los manuales le imponían al respectivo agente, a fin de establecer su apego a las normas que lo regían y, de este modo, concluir si se estructuró la culpa grave en su actuar. (…) Se trata, entonces, de la determinación de una responsabilidad subjetiva en a que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente, lo que implica que no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, ni cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y debe comprobarse la gravedad de la falla en su conducta. Es precisamente en este sentido que la norma (inciso segundo del artículo 90 constitucional) dispuso que la repetición por parte de las entidades estatales respecto de sus funcionarios o exfuncionarios, solo opera en la medida en que se les pueda imputar dolo o culpa grave en su actuar, lo que ofrece garantías a los servidores públicos, ya que se reconoce que no cualquier error en los que estos puedan incurrir, podrá ser fuente suficiente para imputarles responsabilidad patrimonial (…) Así las cosas, la determinación de si una conducta es dolosa o gravemente culposa, reviste un evidente carácter probatorio, debido a que el actor debe demostrar que resulta probada tal circunstancia, solo en tal caso habrá lugar a endilgarle responsabilidad patrimonial a los demandados.(…) [ L]a Sala observa que del material probatorio obrante en el proceso, no es posible considerar que se haya acreditado una conducta gravemente culposa de parte del demandado, como lo pretende hacer ver la parte demandante. De hecho, la parte actora pretende fundamentar la imputación de la conducta gravemente culposa al demandado, únicamente con base en las decisiones adoptadas en el marco del proceso de reparación directa y las pruebas reseñadas en los distintos procesos penales y disciplinarios seguidos por los hechos, sin allegar al expediente ninguna prueba tendiente a demostrar, si quiera con indicios, la responsabilidad del señor (…) [L]a valoración que de dichas pruebas [testimonios] hicieron las distintas autoridades, incluso las transcripciones que del contenido de las mismas hicieron, no pueden ser apreciadas como demostrativas de los hechos que se le atribuyen al demandado. Deducir culpa grave del demandado a partir de la valoración y transcripción de las pruebas que hicieron los jueces de las causas penales, implicaría hacer una aproximación indirecta a los hechos que fundamentan la atribución de responsabilidad al señor (…) en este proceso de repetición. (…) En pocos términos, los testimonios y demás pruebas recaudadas en el curso de dichos procesos no pueden ser apreciados por la Sala, porque no obran en el expediente de la acción de repetición, y no es posible valorarlos indirectamente, a partir de los fundamentos de las decisiones, para proceder a declarar la responsabilidad del hoy demandado. (…) Así las cosas, los únicos medios de prueba con los que cuenta a su disposición esta Subsección para decidir en la presente acción reversiva son los fallos y providencias proferidos en los procesos que se siguieron en contra del hoy demandado y las sentencias del proceso reparación directa. Esta Corporación en varias oportunidades ha señalado que la sentencia judicial que condena al Estado no es prueba suficiente de la conducta del agente, pues al tratarse de un proceso contencioso y declarativo de responsabilidad, debe acreditarse plenamente la existencia de los elementos que constituyen, en este caso, la culpa grave. Dicho análisis se ha realizado en el marco de la valoración probatoria del fallo de responsabilidad estatal, pero resultan igualmente aplicables al plenario, dado que tienen como fuente la valoración directa del material probatorio que llevó al operador judicial a tomar la decisión y respecto del cual se predica la responsabilidad del señor (…) por su supuesta conducta omisiva y negligente. (…) Para la Sala es claro, entonces, que no se tiene ninguna prueba relevante que haya sido valorada en los procesos penales y sobre las cuales se hubieran edificado las decisiones, para que sea valorada en contra del señor (…) Además, no puede pasarse por alto que las pruebas obrantes en el expediente, las decisiones de las autoridades competentes-son favorables al señor (…) [N]o es posible concluir que la conducta de (…) como Comandante del Departamento de Policía (…) hubiere sido de manera alguna determinante para la condena impuesta en el proceso de reparación directa. (…) Vale la pena precisar además que, si bien se tiene noticia de la otra sentencia de repetición proferida por el Tribunal Administrativo (…) en la que condena al señor (…) por los mismos hechos de la masacre (…) en relación con otro proceso de reparación directa en el que demandaron distintas víctimas; la Sala observa que en el que hoy le ocupa, no se cuenta con el mismo acervo probatorio del que se da cuenta en la mentada sentencia de primera instancia, de ahí que la decisión a adoptar no puede ser otra sino la de negar las pretensiones de la demanda (…) [C]oncluye la Sala que la Policía Nacional no acreditó la conducta gravemente culposa del señor Coronel (…)
NOTA DE RELATORÍA:
Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp.16887. C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 27 de noviembre de 2006. exp. 16171, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 27 de noviembre de 2006. exp. 30113. C.P. Ramiro Saavedra Becerra y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de julio de 2009, exp. 27779, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 83,91,123 Y 90, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 63, LEY 678 DE 2001
POLICÍA NACIONAL / ENTIDAD PÚBLICA / ENTIDAD ESTATAL / PROCESO DISCIPLINARIO / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGAS PROCESALES / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES / MASACRE / CASO MASACRE DEL CHENGUE / HECHO DEL TERCERO / GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / DELITO COMETIDO POR GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / MIEMBROS DEL GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / AGENTE DE POLICÍA / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA CULPA PERSONAL DEL AGENTE / AGENTE DEL ESTADO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿La parte demandante esta en la obligación de probar la conducta en la actuación desplegada por el demandado y por la cual requiere se declare la responsabilidad patrimonial del mismo, en razón a esto, en el caso concreto se incumplió con la carga probatoria o procesal?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala no puede pasar por alto el hecho de que la entidad demandante ni siquiera adelantó una investigación disciplinaria en contra del demandado por los hechos de la masacre (…) o por lo menos no consta en este expediente, y que en el curso del proceso contencioso administrativo sostuvo que no existía responsabilidad a su cargo porque no era de su competencia brindar protección a la población residente en el corregimiento (…) y además, desplegó todas las acciones que estaban a su alcance para que se ubicara y neutralizara al grupo armado responsable directo de la masacre, situación que ocurrió por el hecho de un tercero; para que ahora, en escenario de repetición, plantee una argumentación diametralmente contraria para asegurar, sin fundamento probatorio alguno, que se trató de una conducta omisiva imputable al Comandante del Departamento de Policía (…) La parte demandante estaba en la obligación de probar la conducta en la actuación desplegada por el demandado, no sólo anexando las resoluciones en los procesos penales y las sentencias por medio de la cuales se le condenó a indemnizar los perjuicios causados por la masacre, como efectivamente lo hizo, sino con las pruebas que demostraran que el señor (…) realmente actuó de forma grosera, negligente, despreocupada o temeraria. (…) A todo lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil (…) De ahí que la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le impone esta norma legal, toda vez que se reitera, no allegó al proceso pruebas suficientes para determinar la conducta desplegada por el demandado.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 Y 2019 DE 1970 - ARTÍCULO 177
ENTIDAD PÚBLICA / MEDIOS DE PRUEBA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / UTILIDAD DE LA PRUEBA / CONDUCENCIA DE LA PRUEBA / PERTINENCIA DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿La entidad pública debe allegar medios de prueba que permitan establecer en forma individual y congruente el dolo o la culpa grave del exfuncionario del Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]ara la Sala es importante dejar constancia de la indebida aproximación que las entidades públicas realizan en torno a los medios de pruebas que se allegan a los juicios de repetición, dado que no garantizan que al proceso se allegue, bajo criterios de utilidad, pertinencia y conducencia, el material probatorio congruente con la imputación realizada. En efecto, no se trata de que acrediten simplemente un supuesto de derecho, cuya génesis sea vacío o genérico, dado que deberán traer medios de prueba que permitan establecer en forma individual y congruente, el dolo o la culpa grave que se imputa.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INTERÉS PÚBLICO / DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿En procesos en los que se ventile un interés público, como lo es el de repetición, no procede la condena en costas procesales para la parte vencida?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e desprende que la sentencia dispondrá sobre condena en costas, excepto en los procesos en que se ventilan intereses públicos. (…) [C]laramente, el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la protección del patrimonio público. (…) Así, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. y en razón a que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, en este caso no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, es decir, a la parte actora.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, ver, Corte Constitucional, sentencia C-832-01 de 8 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar G
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDENA / PAGO DE LA CONDENA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / CULPA GRAVE / MEDIOS DE PRUEBA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La condición de agente o ex agente estatal del demandado, la existencia de una condena y su pago efectivo son presupuestos esenciales del medio de control de repetición, sin embargo, si el juez de primera instancia los ha analizado y frente a sus conclusiones la parte demandada no efectúa cuestionamiento alguno en su recurso de apelación, deben tomarse como finalizados con la decisión proferida por el ad quo, a excepción de que en desarrollo del estudio del recurso se haga necesario revisar dichos aspectos?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l análisis de la Sala se circunscribirá a verificar tales aspectos [culpa grave e indebida valoración probatoria por parte del a quo] y, por ende, si las pretensiones de la demandante están llamadas a prosperar. La Sala, inicialmente, no asumirá el estudio de las cuestiones objetivas relativas a la condición de agente o ex agente estatal del demandado, a la existencia de una condena y a su pago efectivo, porque aun cuando son presupuestos esenciales del medio de control de repetición, conforme se desprende del artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 y de la jurisprudencia reiterada de esta Corporación , el fallador de instancia ya los analizó y frente a sus conclusiones la parte demandada no efectuó cuestionamiento alguno en su apelación, de manera que son puntos del litigio que quedaron saldados con la decisión proferida por el a quo, salvo que en desarrollo de los análisis que definen el recurso se haga necesario revisar uno de estos
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142
Texto extraído del PDF oficial 74.376 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 70001-33-33-000-2015-00214-01 (60.646)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Norman León Arango Franco
Referencia: Medio de control de repetición
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos para su procedencia bajo el
régimen de Código Civil / CULPA GRAVE – Presupuestos. No se acreditó la
conducta del agente del Estado.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
que accedió a las pretensiones de la demanda.
La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional fue condenada en proceso de
reparación directa por los perjuicios ocasionados a las víctimas de una masacre
cometida por un grupo armado al margen de la ley en el corregimiento de Chengue,
municipio de Ovejas, Sucre; hecho que la actora atribuye a la conducta gravemente
culposa del demandado, en su calidad de Comandante del Departamento de Policía
de Sucre. Por esta razón, la demandante inició un proceso de repetición en contra
de Norman León Arango Franco, con el fin de obtener e l reembolso de la suma
pagada.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Como se ha indicado, corresponde a la sentencia proferida el 21 de septiembre
de 2017 por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda.
2. La mencionada sentencia decidió la demanda presentada el 26 de junio de 20151
por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en contra del señor Norman
León Arango Franco, cuyas pretensiones, hechos y fundamentos de derecho son
los siguientes:
Pretensiones
1 Folios 11-30 c. 1.
Radicación: 70001-33-33-000-2015-00214-01 (60.646)
Actor: Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Norman León Arango Franco
Referencia: Medio de control de repetición
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3. Se solicitó que se declarara patrimonialmente responsable al señor Norman León
Arango Franco por su actuar gravemente culposo en los hechos ocurridos el 17 de
enero de 2001 en los que un grupo armado ilegal perpetró una masacre en la que
resultaron muertas varias personas del corregimiento de Chengue, municipio de
Ovejas, Sucre. Como consecuencia de la anterior declaración, pidió que se le
condenara a reembolsar la suma de nueve mil seiscientos noventa millones tres mil
trescientos pesos m/cte. ( $9.690’003.300), que debió pagar la demandante en
cumplimiento de la referida condena.
Hechos
4. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que el señor
Casimiro Barreto y otros promovieron acción de reparación directa contra la Nación
– Ministerio de Defensa – Policía Nacional, tendiente a que se declarara su
responsabilidad con ocasión de los hechos ocurridos el 17 de enero de 2001 en el
corregimiento de Chengue, cuando un grupo armado de las Autodefensas Unidas
de Colombia perpetró un a masacre en la que resultaron muertas 28 personas. En
el marco de dicho proceso, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Sincelejo profirió sentencia el 21 de septiembre de 2009 en la que se declaró
responsable a la Policía Nacional y la condenó al pago de los perjuicios
ocasionados; providencia que fue confirmada por el Tribunal Contencioso
Administrativo de Sucre el 25 de agosto de 2011.
5. En cumplimiento de dicha providencia, la Dirección Administrativa y Financiera
de la Policía Nacional emitió la Resolución No. 1578 del 26 de noviembre de 2013
en la que ordenó el pago de once mil sesenta millones ciento un mil quinientos
sesenta y dos pesos con un centavo ($11.060’101.562,01). En observancia de la
referida resolución, la institución realizó el pago total de diez mil novecientos
ochenta y un millones setecientos cincuenta y nueve mil seiscientos ocho pesos con
un centavo m/cte. ($10.981’759.608,01) al apoderado de los demandantes el 28 de
noviembre de 2013.
6. Se destacó que, por los hechos referidos, la Fiscalía 11 Especializada Unidad de
Derechos Humanos y D.I.H. inició un proceso penal contra el señor Coronel (r)
Norman León Arango Franco, Comandante del Departamento de Policía de Sucre
y otros, por el punib le de homicidio agravado. Agregó que por los mismos hechos,
el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre había condenado ya en repetición
al agente Arango Franco, por su actuar gravemente culposo, en una acción
reversiva que se inició con base en otra sentencia condenatoria en proceso incoado
por otras de las víctimas.
Fundamentos de derecho
Radicación: 70001-33-33-000-2015-00214-01 (60.646)
Actor: Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Norman León Arango Franco
Referencia: Medio de control de repetición
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7. Como fundamento de derecho se partió del inciso 2º del artículo 90 de la
Constitución Política. Así, sostuvo que el demandado tenía la responsabilidad de
velar por la seguridad de los habitantes de la jurisdicción que le fue asignada, y que
tenía conocimie nto de la posible incursión paramilitar en el corregimiento de
Chengue, con base en diversos informes de inteligencia y en el contexto conocido
para la fecha en el lugar de los hechos. Adujo que incluso se llevó a cabo un Consejo
Técnico de Seguridad en el que participó el demandado, en el que se acordó la
realización de una operación de registro de una finca ubicada en el municipio de
Ovejas, de la que se tenía información que servía de asentamiento de miembros de
un grupo paramilitar, de los que posterior mente se comprobó que fueron quienes
perpetraron la masacre del 17 de enero de 2001. Sin embargo, el Coronel (r)
Norman León Arango Franco, entonces Comandante del Departamento de Policía
-el funcionario de la institución con mayor rango en esa jurisdicció n-, de manera
negligente, no garantizó ni siquiera que las instrucciones impartidas en dicho
consejo de seguridad se cumplieran, y cuando tuvo conocimiento del riesgo
inminente por el desplazamiento por la zona de personal con prendas de uso
privativo de las fuerzas militares en tres camiones el día anterior a los hechos, no
agotó ningún medio para neutralizar el accionar del grupo ilegal.
La defensa
8. El apoderado del señor Norman León Arango Franco se opuso a la prosperidad
de las pretensiones. Planteó la s siguientes excepciones de fondo: (i) “ no se probó
la culpa grave del accionado en la acción de reparación directa ”, pues en ninguna
de las sentencias del proceso primigenio se hizo mención, si quiera, al señor
Norman León Arango Franco ni se le relacionó como uno de los responsables
directos o indirectos de los hechos; (ii) “inexistencia de la culpa grave del accionado.
Procesos otras autoridades judiciales ”, en la medida en que en ninguno de los
procesos penales y disciplinarios adelantados con motivo de los hechos, se declaró
la responsabilidad del señor Arango Franco y, (iii) “ausencia de responsabilidad por
el hecho de un tercero ” respecto de la cual argumentó que la Policía Nacional fue
condenada solidariamente junto a la Armada Nacional por los hecho s materia de
estudio en el proceso de reparación directa y, que si hubo alguna responsabilidad
del Estado por omisión en la materialización de dichos hechos, la misma radicaba
en cabeza de miembros del Batallón de Infantería y del Batallón de Fusileros de la
Armada Nacional, quienes fueron sancionados por la Procuraduría General2.
Los alegatos de conclusión de primera instancia
9. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional reiteró lo planteado en la
demanda e insistió en que la conducta irregular, omisiva y gravemente culposa del
señor Arango Franco acreditada en este caso -en su calidad de Comandante del
Departamento de P olicía de Sucre con la capacitación e idoneidad para
2 Folios 279-292 c. 2.
Radicación: 70001-33-33-000-2015-00214-01 (60.646)
Actor: Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Norman León Arango Franco
Referencia: Medio de control de repetición
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desempeñar sus funciones -, incidió de manera directa en la condena impuesta a
esa institución3.
10. La parte demandada reiteró lo argumentado en la contestación de la
demanda y sostuvo que la única prueba que aportó la demandante fueron los fallos
en el proceso de reparación directa, en los cuales no se mencionó la
responsabilidad o participación, si quiera, del señor Arango Franco en la masacre
de Chengue. Agregó que, en los procesos penales adelantados por los hechos no
se concluyó la responsabilidad del demandado y, en los disciplinarios, sólo se
declaró la responsabilidad de miembros de la Armada Nacional por su actuar
omisivo a pesar de tener los medios idóneos para neutralizar el riesgo de la
ocurrencia de la masacre. Finalmente, refirió que la disposición No. 013 de 1999
dejó constancia de que para el año 2001 la jurisdicción y control del corregimiento
de Chengue le correspondía al Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No. 5
y no a la Policía Nacional4.
La sentencia de primera instancia
11. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda. Para estos efectos,
consideró que se acreditaron los requisitos de carácter objetivo para la prosperidad
de la acción de repetición y que, a la luz de las funciones designadas por la
Constitución y la L ey a la Policía Nacional y al Comandante del Departamento de
Policía -posición que desempeñaba el hoy demandado al momento de la ocurrencia
de los hechos -, se demostró que el señor Arango Franco obró de manera
gravemente culposa, comoquiera que actuó de ma nera omisiva y negligente, pues
aun cuando conoc
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