Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (TRÁMITE DE MEMORIALES) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a conceptos
Consejo de Estado Concepto

Contratación estatal: Concepto sin reserva

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2022-06-17
Radicado
11001030600020210008400
Número interno
84
Ponente
ANA MARIA CHARRY GAITAN
Sección / Sala
Sala Consulta y Servicio Civil
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
Actor
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDÍCA DEL ESTADO.
Demandado
SIN DEMANDADO

Síntesis del concepto

Contratación estatal: Concepto sin reserva

Lo que dijo la Sala

Conforme a lo explicado en este concepto, los aeropuertos públicos que son propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, o son administrados directamente por ella, en ejercicio de sus funciones legales, no pueden ser gravados, en principio, con el impuesto predial ni con la contribución de valorización, salvo algunas áreas, en cualquiera de los siguientes dos casos: i) Las construcciones, edificaciones o cualquier tipo de mejora sobre estos bienes, que estén en manos de particulares, pueden ser gravadas con el impuesto predial unificado, por parte de los distritos, tal como lo establecen el artículo 6, numeral 3°, de la Ley 768 de 2012 y el artículo 26, numeral 3°, de la Ley 1617 de 2013.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿Un aeropuerto de uso público y a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa Especial es objeto pasivo del impuesto predial y contribución por valorización?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿La existencia de operadores de prestación de servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en un aeropuerto de uso público a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa…
  • ¿La existencia de operadores de prestación de servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en un aeropuerto de uso público a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa…
  • ¿La existencia de locales comerciales y la explotación económica de estos por parte de particulares, dentro de los aeropuertos a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa Especial…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO CLASES DE CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO PARA PRECAVER LITIGIOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS FUNCIONES DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO FACULTADES DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO DECISIONES DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO IMPUESTO CLASES DE IMPUESTO IMPUESTO TERRITORIAL FACULTAD IMPOSITIVA DEL IMPUESTO TERRITORIAL CLASES DE IMPUESTO TERRITORIAL IMPUESTO PREDIAL CARACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO PREDIAL CAUSACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL NORMATIVIDAD DEL IMPUESTO PREDIAL BIEN EXCLUIDO DEL IMPUESTO PREDIAL BIEN PÚBLICO BIEN DE USO PÚBLICO BIEN FISCAL SUJETO ACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DISTRITO PORTUARIO E INDUSTRIAL DE BARRANQUILLA DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE SANTA MARTA CONCESIÓN DEL BIEN DE USO PÚBLICO OCUPACIÓN DE BIEN DE USO PÚBLICO CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN SUJETO PASIVO DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN DE AEROPUERTO CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA AEROPUERTO PUERTO FLUVIAL PUERTO MARÍTIMO CONCESIÓN DE PUERTO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE PROHIBICIÓN DE ARRENDAMIENTO DE BIEN DE USO PÚBLICO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL ACTIVIDAD DE LA AERONÁUTICA CIVIL COMPETENCIA DE LA AERONÁUTICA CIVIL CREACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL FACULTADES DE LA AERONÁUTICA CIVIL NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TRANSPORTE AÉREO TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS TRANSPORTE AÉREO DE CARGA OPERACIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE BIEN INMUEBLE LOCAL COMERCIAL COBRO COACTIVO DE TRIBUTOS MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN EMBARGO DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN EXCEPCIONES A LA INEMBARGABILIDAD DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2022-08-26 Sala Consulta y Servicio Civil
No es posible señalar que en los contratos de obra de derecho privado suscritos por una fiduciaria en calidad de vocera de un patrimonio autónomo se configura el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia".
Consejo de Estado 2023-09-25 Sala Consulta y Servicio Civil
El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República
Consejo de Estado 2023-06-13 Sala Consulta y Servicio Civil
Contratación estatal: Concepto sin reserva
Consejo de Estado 2024-06-24 Sección Tercera (Subsección C)
Se encuentra configurada la excepción de falta de competencia de la jurisdicción contenciosa
Consejo de Estado 2026-05-19 Sala Consulta y Servicio Civil
La contratación celebrada por el patrimonio autónomo Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación -Fondo Francisco José de Caldas debe entenderse efectuada por un ente del Estado, en los términos del artículo 33 de la Ley 996 de 2005.
Consejo de Estado 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C)
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Titulación de la relatoría 34.706 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / CLASES DE CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / CONCEPTO PARA PRECAVER LITIGIOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / FUNCIONES DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / FACULTADES DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / DECISIONES DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO OBITER DICTUM [L]a Sala de Consulta y Servicio Civil está facultada para «[e]mitir concepto, a petición del Gobierno nacional o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en relación con las controversias jurídicas que se presenten entre entidades públicas del orden nacional, o entre estas y entidades del orden territorial, con el fin de precaver un eventual litigio o poner fin a uno existente». Es necesario recordar que dicha atribución constituye una manifestación particular de la función consultiva, otorgada por la Constitución (artículo 237, numeral 3°) y la ley (artículos 38 de la Ley 270 de 1996 y 112 del CPACA) al Consejo de Estado, por intermedio de su Sala de Consulta y Servicio Civil, y la cual se ejerce, en estos casos (numeral 7°), con la finalidad específica de contribuir a solucionar, en forma directa y amigable, una controversia jurídica que existe entre dos o más entidades públicas (bien sea que dicha discrepancia se encuentre sub judice o no). Por lo tanto, el concepto que se emite en esta ocasión no implica, de ninguna manera, el ejercicio de la función jurisdiccional; no tiene el carácter de sentencia o providencia judicial, ni constituye una decisión (administrativa o de otra clase) que sea obligatoria o vinculante para las partes, para las autoridades o para terceros. El contenido de dicho concepto puede servir para que las partes, en desarrollo de los principios de buena fe, autonomía de la voluntad y colaboración armónica, entre otros, lleguen a un arreglo que permita solucionar la controversia jurídica que las enfrenta, con el fin de evitar (en este caso) un conflicto judicial y formalizar su acuerdo por cualquiera de los medios establecidos en ley. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 237 NUMERAL 3, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 112 NUMERAL 7, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 19, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 38 IMPUESTO / CLASES DE IMPUESTO / IMPUESTO TERRITORIAL / FACULTAD IMPOSITIVA DEL IMPUESTO TERRITORIAL / CLASES DE IMPUESTO TERRITORIAL OBITER DICTUM Si bien, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la del Consejo de Estado han evolucionado y adoptado posiciones diferentes sobre esta materia, y no han sido completamente uniformes ni pacíficas, la Sala encuentra importantes coincidencias, sobre los siguientes puntos: i) Se reconoce la autonomía de las entidades territoriales para decretar o establecer los tributos y las demás rentas fiscales y parafiscales que deben pagar las personas en su territorio, como forma de contribuir al financiamiento de los gastos de dichas entidades. ii) Se acepta que dicha autonomía no es ilimitada ni absoluta, sino que, dada la forma de organización del Estado colombiano como República unitaria, tal autonomía debe ejercerse dentro de los límites de la Constitución y la ley. iii) Lo anterior, aunado al principio de legalidad en materia tributaria, implica que el poder originario o creador de los tributos no recae en las entidades territoriales, sino en el Congreso de la República. Esto significa que las asambleas y los concejos no pueden establecer un tributo (impuesto, contribución o tasa) completamente nuevo, que la ley, en forma previa, no haya creado o autorizado, con destino a tales entidades. iv) Los mismos principios llevan a concluir que las entidades territoriales, al establecer y reglamentar, en su jurisdicción, los tributos que la ley les autoriza cobrar, deben moverse dentro de los límites que la ley haya fijado, es decir, sin que puedan ir más allá de lo dispuesto legalmente, en cuanto a la determinación de los sujetos activo y pasivo, el hecho generador, la base gravable o las tarifas, salvo cuando el propio Legislador ha dejado de regular algunos de tales elementos (distintos del hecho imponible), para que estos sean establecidos o concretados por las entidades territoriales. v) En todo caso, se reconoce que los tributos locales, una vez autorizados por la ley y decretados o votados por la respectiva asamblea departamental o concejo municipal o distrital, según el caso, son de su exclusiva propiedad, en los mismos términos de los particulares, por lo que el Legislador no puede establecer exenciones o tratamientos preferenciales sobre dichas rentas. vi) También coincide la jurisprudencia en que solo los municipios pueden gravar la propiedad inmueble, como sucede con el impuesto predial, sin perjuicio de que otras entidades públicas puedan cobrar la contribución de valorización. vii) Finalmente, la jurisprudencia consultada también permite concluir que, cuando se trata de tributos territoriales, no basta con la sola ley que los crea o autoriza, para que nazca la obligación tributaria sustancial (el pago de la suma de dinero) en cabeza de los respectivos contribuyentes, sino que se requiere, además, la expedición del acto administrativo general (ordenanza o acuerdo), por parte de la respectiva asamblea departamental o concejo municipal o distrital, mediante el cual se adopte el tributo, se complete o precise sus elementos sustanciales, y se reglamente su cobro en la correspondiente jurisdicción territorial. Esta es una consecuencia que se deriva, no tanto del principio de legalidad en materia tributaria, como del principio de representación popular en este campo, que se expresa en el aforismo: «no hay tributación sin representación», propio de la cultura inglesa, y también de los principios de autonomía territorial y certeza tributaria. Ahora bien, es necesario registrar que, a pesar de estos puntos en común, no existe consenso en la jurisprudencia sobre el grado de intervención o, dicho de otra forma, la intensidad de la facultad regulatoria que el Congreso de la República puede ejercer, al expedir leyes sobre los tributos territoriales. La jurisprudencia mayoritaria del Consejo de Estado considera que, en virtud de los principios de unidad nacional, de legalidad y de certeza en materia impositiva, el Legislador debe establecer todos los elementos esenciales de tales tributos (sujetos activo y pasivo, hecho imponible, base gravable y tarifas), dejando a las entidades territoriales cierto margen para establecer, en concreto, determinados aspectos, como las tarifas (dentro de los límites cuantitativos fijados por la ley), las exenciones y demás beneficios tributarios, así como los mecanismos para el recaudo y la administración de las rentas. Por el contrario, la Corte Constitucional estima, en la actualidad, que una regulación minuciosa, detallada y exhaustiva de todos los elementos de tales tributos, especialmente en el caso de aquellos que han constituido tradicionalmente rentas propias o endógenas de las entidades territoriales (como sucede con los impuestos sobre la propiedad raíz), resultaría incompatible con la autonomía reconocida constitucionalmente a dichos entes. En esa medida, considera que la facultad de establecer estos tributos es una competencia compartida o concurrente entre el Congreso y los órganos de representación popular de esas entidades (asambleas y concejos), que pueden establecer directamente algunos de los elementos de dichos tributos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la potestad tributaria de las entidades territoriales, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de marzo de 2021, radicación número: 13001-23-33-000-2012-00152-01 (24366) y Corte Constitucional, sentencia C-269 de 2019. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 150 NUMERAL 11, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 150 NUMERAL 12, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 287 NUMERAL 3, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 294, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 313 NUMERAL 4, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 338, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 362 IMPUESTO PREDIAL / CARACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO PREDIAL / CAUSACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL / NORMATIVIDAD DEL IMPUESTO PREDIAL / BIEN EXCLUIDO DEL IMPUESTO PREDIAL / BIEN PÚBLICO / BIEN DE USO PÚBLICO / BIEN FISCAL OBITER DICTUM i) Desde sus orígenes, en el Siglo XIX, hasta la Ley 55 de 1985, el impuesto predial gravaba solamente la propiedad privada. El artículo 61 de esta ley, incorporado luego en el artículo 194 del Decreto Ley 1333 de 1986, facultó expresamente a los municipios para gravar con el impuesto predial los bienes inmuebles de los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta del orden nacional. ii) Desde 1951, este impuesto ha sido una renta de propiedad exclusiva de los municipios. iii) Desde su creación, hasta el año 2002, el impuesto predial gravaba exclusivamente la propiedad o la posesión sobre bienes inmuebles ubicados en el territorio del respectivo municipio. A partir de ese año, con la Ley 768, se facultó excepcionalmente a ciertos distritos para gravar la tenencia que los particulares tuvieran sobre edificios, construcciones o mejoras levantadas en bienes de uso público de la Nación. iv) Salvo la excepción anterior, el Legislador no había autorizado gravar con el impuesto predial los inmuebles de la Nación (fueran fiscales o de uso público), ni los bienes de uso público, en cabeza de cualquier entidad del Estado. Por último, es necesario precisar que, hasta el año 2013, la jurisprudencia del Consejo de Estado era pacífica en sostener que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley 55 de 1985, compilado en el artículo 194 del Decreto 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal), solo podían gravarse con el impuesto predial los bienes fiscales de propiedad de los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta del orden nacional, según lo dispuesto expresamente en tales normas. No obstante, a partir de ese año, la jurisprudencia de esta corporación consideró que también podían gravarse con el impuesto predial los bienes fiscales de todas las entidades públicas descentralizadas que, conforme a la Constitución Política de 1991 y a la Ley 489 de 1998, forman parte de la Administración Pública, pues, a su juicio, lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 55 de 1985 debía interpretarse de forma amplia y, sobre todo, actualizada, frente a las normas que señalan, hoy en día, la estructura de la Administración. (…) Esta posición ha venido siendo reiterada por el Consejo de Estado, hasta la actualidad, como puede inferirse de las sentencias del 9 de marzo de 2017 y el 25 de mayo del mismo año. Ahora bien, la Sala entiende que, aún bajo la jurisprudencia reseñada, para que los municipios y distritos puedan gravar con el impuesto predial los bienes fiscales de las unidades administrativas especiales con personería jurídica, o de otra clase de entidades públicas distintas de las mencionadas expresamente en el artículo 61 de la Ley 55 de 1985, deberían establecerlo así, de forma explícita y clara, en los acuerdos municipales o distritales que reglamenten dicho tributo en sus respectivos territorios. De lo contrario, se vulnerarían los principios de representación popular (no hay tributación sin representación), de autonomía territorial y de certeza tributaria. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza del impuesto predial, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1469 de 2002. Sobre la posibilidad de gravarse con el impuesto predial los bienes fiscales de todas las entidades públicas descentralizadas, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 24 de octubre de 2013, radicación n.° 08001-23-31-000-2007-00652-01(18394); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 9 de marzo de 2017, radicación núm. 05001-23-31-000 2002-00974-01(19850) y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de mayo de 2017, expediente 44001-23-31-003-2011-00192-01(21973). FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 1333 DE 1986 - ARTÍCULO 194, LEY 44 DE 1990 - ARTÍCULO 1, LEY 768 DE 2002 - ARTÍCULO 6 IMPUESTO PREDIAL / SUJETO ACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL / SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO PREDIAL / IMPUESTO TERRITORIAL / MUNICIPIO / DISTRITO PORTUARIO E INDUSTRIAL DE BARRANQUILLA / DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS / DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE SANTA MARTA / BIEN FISCAL / BIEN DE USO PÚBLICO / CONCESIÓN DEL BIEN DE USO PÚBLICO / OCUPACIÓN DE BIEN DE USO PÚBLICO OBITER DICTUM [E]s claro, para la Sala, que la autorización prevista en el artículo 6 ibidem debía entenderse conferida exclusivamente a los Concejos Distritales de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, y no a los concejos de todos los distritos, ni, menos aún, de los demás municipios. Esto lo ratifica el artículo 2 de la misma ley, cuando dispone que los señalados Distritos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta «se encuentran sujetos a un régimen especial autorizado por la propia Carta Política, en virtud del cual sus órganos y autoridades gozan de facultades especiales diferentes a las contempladas dentro del régimen ordinario aplicable a los demás municipios del país, así como del que rige para las otras entidades territoriales establecidas dentro de la estructura político administrativa del Estado colombiano» [se destaca]. Además, debe tenerse en cuenta que, como el impuesto predial no grava, por regla general, la tenencia, ni afecta los bienes de la Nación ni los inmuebles de uso público, la autorización que la norma citada otorga para que se graven con este impuesto los edificios, construcciones y mejoras levantados en bienes de uso público de la Nación, cuya tenencia haya sido entregada a particulares, constituye una clara excepción, que debe ser interpretada, por lo tanto, de manera estricta y rigurosa, y no puede ser aplicada, por analogía o por extensión, a otras situaciones distintas, ni a otras entidades territoriales. En segundo lugar, es importante mencionar que la expresión «por cualquier razón», que aparece tachada en el artículo 6 de la Ley 768 de 2002, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-183 del 4 de marzo de 2003 (expediente D- 4244), al considerar que los particulares no pueden tener, por cualquier razón, bienes de uso público, sino solamente por decisión expresa de la autoridad competente, de acuerdo con alguno de los títulos o medios establecidos en la ley, como la licencia, el permiso o la concesión. (…) Ahora bien, es importante registrar que esta autorización, para gravar con el impuesto predial las edificaciones y demás mejoras que estén siendo usadas por particulares, sobre bienes de uso público de la Nación, fue reiterada por el artículo 26 de la Ley 1617 de 2013, pero extendiéndola a todos los distritos (…). [E]s importante resaltar que, tal como lo disponen las dos normas legales citadas, el responsable exclusivo del impuesto, en estos casos, es el particular que ocupa o usa la construcción, edificación o mejora efectuada sobre el inmueble de uso público, de tal manera que, en ningún caso, la Nación o la entidad pública que figure como titular del derecho de dominio sobre el bien puede ser considerada responsable, contribuyente o sujeto pasivo de este tributo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la autorización legal para que se graven con el impuesto predial por parte de algunos distritos los edificios, construcciones y mejoras levantados en bienes de uso público de la Nación cuya tenencia haya sido entregada a particulares, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-183 de 2003. FUENTE FORMAL: LEY 1617 DE 2013 - ARTÍCULO 26, LEY 768 DE 2002 - ARTÍCULO 6 IMPUESTO PREDIAL / CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN / IMPUESTO TERRITORIAL / SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO PREDIAL / SUJETO PASIVO DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN DE AEROPUERTO / CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA / BIEN DE USO PÚBLICO / CONCESIÓN DEL BIEN DE USO PÚBLICO / AEROPUERTO / PUERTO FLUVIAL / PUERTO MARÍTIMO / CONCESIÓN DE PUERTO OBITER DICTUM [A] pesar de que podrían gravarse con el impuesto predial y la contribución de valorización «las áreas ocupadas por edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos para los usuarios internos o externos de los aeropuertos, así como los establecimientos mercantiles y las áreas que proporcionen bienes y servicios relacionados con la explotación comercial de los aeropuertos», esto no es posible en los aeropuertos y puertos no concesionados, es decir, no entregados a particulares o a otras entidades públicas mediante la celebración de un contrato de concesión. Dicho en palabras más simples y claras, solamente es posible afectar con los tributos mencionados las áreas referidas de los aeropuertos y puertos públicos que hayan sido entregados en concesión. La misma disposición aclara que, incluso en los aeropuertos concesionados, determinadas zonas no pueden ser gravadas con el impuesto predial o la contribución de valorización, tales como «las pistas, calles de rodaje, taxeos [sic], hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operación de aeronaves». Lo anterior significa que, aún en tales aeródromos, el impuesto predial y la contribución de valorización no pueden recaer, indiscriminadamente, sobre toda el área del aeropuerto. (…) Como se aprecia, cuando el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, modificado por la Ley 2010, se refiere a aeropuertos o puertos no concesionados, alude, indudablemente, a aquellos de uso público que, siendo de propiedad de la Nación o de otras entidades públicas, no han sido entregados a particulares o, eventualmente, a otras entidades públicas, mediante la celebración del contrato estatal de concesión, definido y regulado en las normas citadas. Tales aeropuertos y puertos no pueden ser gravados con el impuesto predial ni con la contribución de valorización, en ninguna de sus áreas o instalaciones, por disponerlo así la ley, en forma expresa, con la salvedad prevista, para el caso de los distritos, por el artículo 26, numeral 3°, de la Ley 1617 de 2013, según lo explicado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la autorización legal a los municipios y distritos para gravar con el impuesto predial las áreas comerciales dentro de las áreas objeto del contrato de concesión, correspondientes a puertos aéreos y marítimos, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de mayo de 2017, expediente 44001-23-31-003-2011-00192-01(21973). FUENTE FORMAL: LEY 1430 DE 2010 - ARTÍCULO 54, LEY 1607 DE 2012 - ARTÍCULO 177, LEY 1617 DE 2013 - ARTÍCULO 26, LEY 2010 DE 2019 - ARTÍCULO 150 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA / AEROPUERTO / INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE / SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL / SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE / BIEN DE USO PÚBLICO / BIEN PÚBLICO / PROHIBICIÓN DE ARRENDAMIENTO DE BIEN DE USO PÚBLICO OBITER DICTUM El artículo 12 de la Ley 105 de 1993 señala cuál es la infraestructura de transporte a cargo de la Nación (…). [L]a ley dispone claramente que la infraestructura aeronáutica es parte integrante de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación. (…) [D]ebe recordarse que el transporte público, en general, y el transporte público aéreo, en particular, han sido calificados legalmente como un servicio público esencial, tal como se dispone en los artículos 576 y 6877 de la Ley 336 de 199678. Desde este punto de vista, la infraestructura de transporte constituye la infraestructura necesaria para prestar este servicio público esencial, en condiciones de seguridad, universalidad, comodidad y eficiencia. (…) [E]s la propia ley (artículo 1811 del Código de Comercio) la que califica los aeropuertos públicos como de «uso público». Cuando tales aeropuertos son de propiedad de la Nación o de otras entidades públicas, es evidente que se trata de bienes de uso público, más exactamente, de uso público por destinación. Este calificativo coincide, por lo demás, con lo dispuesto por las normas constitucionales y legales, de carácter general, sobre la clasificación de los bienes del Estado (también llamados bienes públicos, estatales o de dominio público). (…) Destaca la Sala que, bajo una visión moderna, integral y comprehensiva de lo que constituye, hoy en día un aeropuerto, no solamente deben entenderse como bienes de uso público los espacios utilizados por las aeronaves y el personal aeronáutico, sino todas las instalaciones, equipos y demás bienes utilizados comúnmente por las tripulaciones, los empleados del aeropuerto, los pasajeros y sus acompañantes, por razones de higiene, alimentación, salud, seguridad, descanso, comunicación o comodidad, siempre que tengan, de alguna manera, relación directa con las necesidades de quienes se transportan por vía aérea. En esa medida, solo quedarían por fuera de esta calificación (bienes de uso público), aquellos que, aun estando dentro de la terminal, o en otras zonas del aeropuerto, estén destinados al uso exclusivo o particular de alguna persona privada o entidad pública, sin ninguna relación o conexidad con la operación aeronáutica o el servicio de transporte aéreo. Este podría ser el caso, por ejemplo, de bodegas, oficinas, almacenes u otras instalaciones que sean ocupadas por particulares o entidades públicas para fines completamente ajenos a la satisfacción de las necesidades propias del transporte aéreo y de sus usuarios. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las clases de dominio o propiedad que la Constitución Política permite, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-183 de 2003. Sobre la prohibición para que las entidades públicas celebren contratos de arrendamiento sobre bienes de uso público, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación del 14 de agosto de 2018, radicada con el número 05001-33-31-003-2009-00157-01 (AP) REV-SU. Sobre la desafectación de los bienes de uso público, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 15 de marzo de 2018, rad. n.° 05001-23-31-000-2006-03673-01. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 63, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1808, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1809, LEY 105 DE 1993 - ARTÍCULO 12, LEY 336 DE 1996 - ARTÍCULO 5, LEY 336 DE 1996 - ARTÍCULO 68, LEY 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1811, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 674 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL / ACTIVIDAD DE LA AERONÁUTICA CIVIL / COMPETENCIA DE LA AERONÁUTICA CIVIL / CREACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL / FACULTADES DE LA AERONÁUTICA CIVIL / NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL OBITER DICTUM Mediante el Decreto 2171 de 1992, se ordenó la fusión del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil y el Fondo Aeronáutico Nacional, de lo cual surgió la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, como una «entidad de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Transporte, para ejercer las funciones de la Autoridad Aeronáutica en todo el territorio nacional». La Aerocivil fue reorganizada, más adelante, con el Decreto 260 de 2004, modificado por el Decreto 823 de 2017, entre otros. Estos decretos mantienen la naturaleza jurídica de dicha entidad, como unidad administrativa especial, de carácter técnico, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Transporte. El objetivo general de la Aerocivil consiste en «garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales» (artículo 3). Asimismo, es importante mencionar, para los efectos de esta consulta, que, según el artículo 2 ibidem (modificado por el artículo 1 del Decreto 823 de 2017), la Aerocivil es la «autoridad en materia aeronáutica en todo el territorio nacional», y tiene, entre otras funciones, «bajo su responsabilidad la operación, explotación y provisión de servicios aeroportuarios de los aeródromos a su cargo». (…) [U]na de las funciones otorgadas a la Aerocivil, desde su creación, es la construcción, mantenimiento, operación y administración de la infraestructura aeroportuaria, que incluye los aeródromos públicos a su cargo. En desarrollo de dicha función y para el cumplimiento de los objetivos que le han sido asignados legalmente, la Aerocivil puede realizar diferentes actividades y operaciones, expedir actos administrativos y celebrar contratos, inclusive de naturaleza mercantil, de cuya ejecución puede recibir ingresos. En este punto, vale la pena recalcar que la Aerocivil, además de obtener recursos del Presupuesto General de la Nación, puede generar sus propios ingresos, derivados de las tasas o contribuciones que la ley ha destinado para su financiamiento y de los servicios que preste, incluyendo el arrendamiento de cualquiera de sus bienes o de aquellos que «administre, en nombre de la Nación». FUENTE FORMAL: DECRETO 2171 DE 1992, DECRETO 260 DE 2004, DECRETO 823 DE 2017 AEROPUERTO / IMPUESTO PREDIAL / CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN / IMPUESTO TERRITORIAL / SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO PREDIAL / SUJETO PASIVO DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN / BIEN DE USO PÚBLICO / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL Problema jurídico: ¿Un aeropuerto de uso público y a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa Especial es objeto pasivo del impuesto predial y contribución por valorización? Respuesta al problema jurídico: No Conforme a lo explicado en este concepto, los aeropuertos públicos que son propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, o son administrados directamente por ella, en ejercicio de sus funciones legales, no pueden ser gravados, en principio, con el impuesto predial ni con la contribución de valorización, salvo algunas áreas, en cualquiera de los siguientes dos casos: i) Las construcciones, edificaciones o cualquier tipo de mejora sobre estos bienes, que estén en manos de particulares, pueden ser gravadas con el impuesto predial unificado, por parte de los distritos, tal como lo establecen el artículo 6, numeral 3°, de la Ley 768 de 2012 y el artículo 26, numeral 3°, de la Ley 1617 de 2013. En este evento, como lo señalan expresamente las normas citadas, los particulares ocupantes de tales áreas serán los responsables exclusivos del tributo, y no la entidad pública que actúe como propietaria o administradora legal de los inmuebles. ii) En el caso de los aeropuertos públicos entregados en concesión (a particulares o, eventualmente, a otras entidades públicas), todos los municipios y distritos pueden gravar con el impuesto predial y la contribución de valorización las áreas ocupadas por edificios, parqueaderos y otras instalaciones dispuestas para los usuarios internos o externos, así como los establecimientos mercantiles y las áreas que proporcionen bienes y servicios relacionados con la explotación comercial de dichos aeródromos, sin incluir, en todo caso, las pistas, calles de rodaje, taxeos [sic], hangares y plataformas cuyo objeto sea el de facilitar la operación de las aeronaves, tal como lo dispone expresamente el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, modificado por el artículo 150 de la Ley 2010 de 2019. En esta segunda hipótesis, el sujeto pasivo del impuesto predial y la contribución de valorización no es, tampoco, la entidad pública propietaria o administradora del aeropuerto (en virtud de la ley), sino «los tenedores a título de arrendamiento, uso, usufructo u otra forma de explotación comercial que se haga mediante establecimiento mercantil dentro de las áreas objeto del contrato de concesión», como lo preceptúa expresamente la norma citada. Aclara la Sala que dichos tenedores pueden ser la misma firma concesionaria u otros terceros (arrendatarios o subarrendatarios, otros concesionarios, etc.). En ambos casos, la posibilidad de gravar con el impuesto predial y la contribución de valorización estas zonas de los aeropuertos públicos, en cabeza de los respectivos tenedores, debe estar prevista en los acuerdos distritales o municipales vigentes que reglamenten el cobro de tales tributos, en el territorio del correspondiente distrito o municipio. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE / OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE / TRANSPORTE AÉREO / TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL / TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS / TRANSPORTE AÉREO DE CARGA / OPERACIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL / BIEN DE USO PÚBLICO / BIEN FISCAL Problema jurídico: ¿La existencia de operadores de prestación de servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en un aeropuerto de uso público a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa Especial, con personería jurídica, puede modificar la naturaleza de un predio de uso público al de un bien fiscal? Respuesta al problema jurídico: No La existencia de operadores de prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en un aeropuerto de uso público, a cargo de una entidad estatal (como la Aerocivil), no modifica la naturaleza jurídica de los predios sobre los cuales funciona el aeropuerto, como bienes de uso público, por las razones explicadas en este concepto, y principalmente porque: i) la transformación de un bien de uso público en un bien fiscal requiere que la autoridad competente adopte, en forma consciente, expresa y motivada, la decisión de desafectarlo del uso público, en los casos y con el procedimiento previstos en la ley, y ii) la existencia de oficinas, bodegas, mostradores y otras instalaciones de los operadores del servicio público de transporte aéreo, en un aeropuerto de uso público, resulta plenamente compatible y coherente con el uso público al que están destinados dichos aeródromos, pues su finalidad no es otra que la de permitir y facilitar la prestación efectiva del servicio público de transporte a todas las personas que lo requieran. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE / OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE / TRANSPORTE AÉREO / TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL / BIEN DE USO PÚBLICO / AEROPUERTO / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL / EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE BIEN INMUEBLE Problema jurídico: ¿La existencia de operadores de prestación de servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en un aeropuerto de uso público a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa Especial, mediante licencia de uso a operadores de transporte aéreo, implica que esa entidad (la Aerocivil) está realizando explotación económica del predio? Respuesta al problema jurídico: No La existencia de operadores del servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en un aeropuerto de uso público a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), mediante licencias de uso, no implica que esta entidad se encuentre explotando económicamente el predio o los predios ocupados por dicho aeropuerto, por las razones expuestas en este concepto y, principalmente, porque: i) la presencia permanente de tales operadores es consustancial al funcionamiento de un aeropuerto de tales características y a la adecuada prestación del servicio público de transporte aéreo, y ii) la administración de los aeropuertos públicos, con todo lo que ello implica, es una competencia asignada legalmente a la Aerocivil. Adicionalmente, la licencia de uso es uno de los instrumentos legales con los que puede entregarse transitoriamente a un particular la tenencia y utilización de un bien de uso público, según lo explicado por la jurisprudencia. LOCAL COMERCIAL / EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE BIEN INMUEBLE / AEROPUERTO / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL / BIEN PÚBLICO / BIEN DE USO PÚBLICO / BIEN FISCAL Problema jurídico: ¿La existencia de locales comerciales y la explotación económica de estos por parte de particulares, dentro de los aeropuertos a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa Especial, como la Aerocivil, modifica la naturaleza jurídica del predio? Respuesta al problema jurídico: No La existencia de locales comerciales y la explotación económica de estos, por parte de particulares, dentro de un aeropuerto de uso púbico a cargo de la Aerocivil, no modifica la naturaleza jurídica del predio en el cual se encuentren tales establecimientos, por las razones explicadas en este concepto. Lo que podría resultar discutible, a la luz de la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, contenida en la Sentencia del 14 de agosto de 2018, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo (expediente 05001-33-31-003-2009-00157-01 [AP] REV-SU), es la validez de los contratos de arrendamiento celebrados por la entidad pública propietaria o administradora de los inmuebles, así como la validez de algunos otros contratos, en particular, si su objeto resultare incompatible con la finalidad y el uso público que deben tener los aeropuertos de esta clase. MUNICIPIO / COBRO COACTIVO DE TRIBUTOS / MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO / PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN / EMBARGO DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN / EXCEPCIONES A LA INEMBARGABILIDAD DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN Problema jurídico: ¿Es viable que los municipios, para obtener el pago de impuestos, acudan al decreto de medidas y embargo de los dineros que hacen parte del Presupuesto General de la Nación? Respuesta al problema jurídico: No No es viable, por regla general, que los municipios, para obtener el pago forzoso de impuestos u otros tributos que legítimamente se cobren a entidades públicas del orden nacional, puedan decretar embargos y otras medidas cautelares sobre dineros y bienes que forman parte del Presupuesto General de la Nación, pues tales activos se encuentran protegidos con el principio general de la inembargabilidad. Sin embargo, excepcionalmente, los municipios pueden afectar con tales medidas recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación, en los precisos casos señalados por la jurisprudencia, entre los cuales se encuentra el de las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en un acto administrativo definitivo y debidamente ejecutoriado, siempre que no hayan sido pagadas en el plazo que establece la ley para las sentencias judiciales (actualmente, en el artículo 192 del CPACA).

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000202100084001100103