CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Controversias contractuales
Radicación 05001-23-31-000-2001-11798-01 (57384)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín — EPM
Demandados: Organización Coninsa & Ram ón Hache S.A. y Constru çóes e
Comercio Camargo Corréa S.A.
Tema: Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda porque no se cumplió la condición prevista en el contrato
para qu e los Contratistas tuvieran que trasladarle a EPM los valores
recibidos por la exención del IVA en los bienes adquiridos para el desarrollo
de la obra. Dicha exención estaba prevista en una norma anterior al inicio
del proceso de selección.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve
el recurso de apelación interpuesto las Empresas Públicas de Medellín (en adelante,
“EPM”) contra la sentencia del 14 de abril de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia que resolvió lo siguiente:
<<PRIMERO: SE DENIEGAN las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia>>.
La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con el artículo 129 del
Código Contencioso Administrativo ( CCA), que dispone que esta corporación conocerá
de las apelaciones interpuestas contra las sentencias proferidas por los tribunales
administrativos en primera instancia. El Tribunal Administrativo de Antioquia conoció el
proceso en primera instancia , porque el contrato objeto de controversia (i) tenía una
finalidad relacionada con la prestación del servicio y (ii) la cuantía de la demanda excedió
los quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes 1, según el numeral 5 del
artículo 132 del mismo código.
1En la demanda se indicó que la cuantía fue estimada <<en una suma mayor a los quinientos salarios mínimos
mensuales legales vigentes>>. Fl. 791 del Cuaderno 2.
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Radicado: 05001-23-31-000-2001-11798-01 (57384)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín — EPM
El recurso de apelación fue admitido en la providencia del 8 de febrero de 20182. En el
auto del 19 de abril de 20183 se dio traslado para que se presentaran alegatos de
conclusión. EPM4 y la parte demandada5 (conformada por las sociedades Organización
Coninsa & Ram ón Hache S.A. y Constru çóes e Comercio Camargo Corréa S.A.) se
pronunciaron oportunamente. El Ministerio Público guardó silencio.
I. ANTECEDENTES
A.- La posición de la parte demandante
1.- El 7 de junio de 2001 EPM presentó demanda6 contra la Organización Coninsa &
Ramón Hache S.A. y Constru çóes e Comercio Camargo Corréa S.A. (en adelante, la
“parte demandada” o los “Contratistas”) con las siguientes pretensiones:
<<PRINCIPALES:
1. Que se declare que las firmas ORGANIZACIÓN CONINSA & RAMÓN HACHE S.A. y
CONSTRUÇÓES E COMERCIO CAMARGO CORRÉA S.A., constituidas en consorcio,
incumplieron parcialmente el contrato No. 2/DJ -2183/47 suscrito con las Empresas
Públicas de Medellín E.S.P. para la construcción de las obras civiles de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales San Fernando, al desconocer algunas cláusulas
contractuales contenidas en los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública relativas
al descuento y pago de impuestos. Esp ecíficamente a los deberes contractuales
consignados en los numerales 1.34.3 inciso 4º y 2.16 del Pliego de condiciones y en la
Cláusula Sexta del contrato.
2. Que como consecuencia de dicho incumplimiento contractual se ordene a las firmas
demandadas, la ORGANIZACIÓN CONINSA & RAMÓN HACHE S.A. Y CONSTRUÇÓES
E COMERCIO CAMARGO CORRÉA S.A., la indemnización integral a los perjuicios
causados sobre las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Estos perjuicios se
indemnizarán, ordenando el pago de los valores correspondientes al valor del Impuesto al
Valor Agregado —I.V.A.— que el Contratista cobró a las Empresas Públicas de Medellín
E.S.P., como un sobreprecio de los bienes indispensables para la confección de la Obra
Pública contratada, no obstante haberse lucrado de una exclusión tributaria concedida por
el Gobierno Nacional.
3. Los valores que se ordenen sean pagados a Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
deberán actualizarse conforme a la tasa máxima legal moratoria vigente o en su defecto,
a la que Corporaci ón asuma como apropiada para indemnizar actualizadamente los
perjuicios sufridos por Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
4. Que se condene en costas a las sociedades demandadas que integraron el
Consorcio>>7.
2.- EPM basó sus pretensiones en las siguientes afirmaciones:
2Fl. 1423 del Cuaderno Principal.
3Fl. 1425 del Cuaderno Principal.
4Fls. 1426 a 1437 del Cuaderno Principal.
5Fls. 1438 a 1492 del Cuaderno Principal.
6Fls. 768 a 797 del Cuaderno 2.
7EPM planteó pretensiones subsidiarias pero no se relacionan con el objeto del recurso de apelación.
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Radicado: 05001-23-31-000-2001-11798-01 (57384)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín — EPM
2.1.- El 13 de noviembre de 1996 EPM y la parte demandada firmaron el Contrato No.
2/DJ-2183/83 (en adelante, el “Contrato”) con el objeto de construir << las obras civiles
generales de la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando>>.
2.2.- Los Contratistas realizaron los trámites pertinentes para obtener la <<exclusión o la
exención>>8 del Impuesto de Valor Agregado (en adelante “IVA”) sobre algunos
materiales de la obra.
2.3.- Sin embargo, incumplieron el contrato pues debía n devolver los <<impuestos que
(tuvieran) alguna (…) disminución o eliminación>>.
2.4.- Las partes liquidaron bilateralmente el Contrato el 9 de octubre de 2000, pero EPM
expresamente se reservó <<el derecho de insistir en la reclamación al CONTRATISTA
por concepto de la exclusión del IVA del contrato, de acuerdo con las certificaciones del
Ministerio del Medio Ambiente, reclamación que se adelantará judicial o
extrajudicialmente>>9.
B.- Posición de la parte demandada
3.- Los Contratistas contestaron la demanda10 y señalaron que no habían incluido el IVA
en su propuesta, y que la norma que estableció la exención ya estaba vigente cuando la
presentaron.
C.- La sentencia recurrida
4.- El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda 11.
Consideró que los Contratistas no debía n devolver el dinero de la exclusión del IVA ,
porque su obligación de ajustar el valor del Contrato por esta causa recaía sobre
modificaciones en impuestos ocurridas después del cierre del proceso licitatorio. La Ley
223, que estableció la exclusión, fue sancionada el 20 de diciembre de 1995 y la apertura
del proceso licitatorio ocurrió el 17 de abril de 1996.
D.- Recurso de apelación
5.- El recurso de apelación interpuesto EPM12 se basa en tres motivos:
5.1.- Uno, el pliego de condiciones estipulaba que los Contratistas debían pagar los
impuestos en los que incurrieran, por lo cual les correspondía calcularlos en su oferta y,
contrario a lo afirmado en la contestación de la demanda, los Contratistas sí incluyeron
indebidamente el IVA en su oferta. En ese sentido, el tribunal no valoró que el dictamen
probó que, en efecto, la propuesta de los Contratistas incluía el IVA sobre bienes
8Fl. 780 del Cuaderno 2.
9Fl. 810 del Cuaderno 2.
10Fls. 829 a 889 del Cuaderno 1.
11Fls. 1381 a 1394 del Cuaderno Principal.
12Fls 1395 a 1405 del Cuaderno Principal. Los alegatos contienen los mismos argumentos (fls. 1426 a 1427 del
Cuaderno Principal).
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Radicado: 05001-23-31-000-2001-11798-01 (57384)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín — EPM
excluidos del impuesto. Aunque los Contratistas indicaron que había n ajustado el rubro
de Administración, Impuestos y Utilidad (en adelante “AIU”) de la oferta, para excluir el
IVA, ello no fue probado.
5.2.- Dos, los Contratistas incumplieron las obligaciones derivadas de la << buena fe, la
costumbre y la equidad >>, porque se contradijeron: en la contestación de la demanda
admitieron que <<modific[aron] el AIU para hacerse al contrato, para luego pretender
aprovecharse de la devolución del I VA, en la misma proporción en que aquel
supuestamente incidiría en el valor del contrato>>.
5.3.- Tres, hubo un vicio del consentimiento en el contrato porque << se llevó a la
administración a engaños para la adjudicación del mismo>>.
6.- La parte demandada13 se opone el recurso que no existía la obligación de devolver el
dinero de la exclusión del IVA sobre materiales utilizados en desarrollo del Contrato.
II. CONSIDERACIONES
7.- La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda fue presentada en el término
previsto en el c)14 del numeral 10 del artículo 136 del CCA. El acta de liquidación fue
suscrita el 9 de octubre de 200015, por lo que la demanda fue presentada oportunamente
el 7 de junio de 200116.
8.- Se confirmará la sentencia de primera instancia. Teniendo en cuenta la estipulación
contractual que sustenta la reclamación, que fue redactada por EPM al elaborar el pliego
de condiciones, los Contratistas no estaba n obligados a restituirle las sumas que
obtuvieran por la devolución de un IVA pagado en la adquisición de sus insumos . Se
resalta que la exención que otorgaba el derecho a obtenerla estaba consagrada en una
disposición legal anterior al contrato. Lo que se deduce de tal estipulación es que el valor
de los precios unitarios del contrato se ajustaría (en el sentido de incr ementarlo o
red
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