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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

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Fecha
2024-06-17
Radicado
15001233100020010179501
Número interno
44548
Ponente
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
ARMANDO RODRIGUEZ AVENDAÑO
Demandado
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Regla de decisión

Procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre que no se hubiere celebrado el negocio jurídico, que debe presentarse dentro de los 30 días desde la notificación del acto demandado.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

Cuando se demanda el acto administrativo que declara desierto un proceso de selección antes de celebrarse el contrato, la acción es la de nulidad y restablecimiento del derecho y el término de caducidad es de treinta días contados desde la notificación del acto. La regla se sostiene en tres razones: los actos de declaratoria de desierto se expiden en la fase de formación del contrato, por lo que el término del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo se extiende a sus pretensiones de nulidad; la firmeza del acto se produce al vencerse la ejecutoria sin recursos; y la resolución posterior que corrige errores materiales tiene efectos retroactivos y se incorpora al acto original, por lo que no reinicia la caducidad. En el caso, el acto se notificó en julio de 2001 y la demanda se presentó en agosto siguiente, dentro del término, por lo que se revocó la sentencia que había declarado la caducidad. El documento reitera la jurisprudencia sobre estos actos; la consecuencia práctica es que la corrección de errores materiales no altera el cómputo de la caducidad del acto principal.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La demanda contra el acto que declaró desierto el proceso de selección se presentó en tiempo?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 4 de 1913, art. 60

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Lo que dijo la Sala

Según el artículo 87 del CCA – subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 –, en contra de los actos proferidos antes de la celebración del contrato, procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre que no se hubiere celebrado el negocio jurídico, que debe presentarse dentro de los 30 días desde la notificación del acto demandado. Según lo ha determinado la jurisprudencia de esta Sección, los actos de declaratoria de desierta de los procesos de selección son actos proferidos con ocasión de la actividad contractual de la Administración en la fase de formación del contrato, aunque con ellos se frustre el proceso de selección, motivo por el cual a las pretensiones de su nulidad les resulta extensible el término especial previsto en el artículo 87 del CCA.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ACTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS CONCURSO DE MÉRITOS DECLARATORIA DE DESIERTO DEL CONCURSO DE MÉRITOS INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN COSA JUZGADA ALCANCE DE LA COSA JUZGADA RELATIVA COSA JUZGADA RELATIVA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA PROCEDENCIA DE LA COSA JUZGADA RELATIVA OBJETO DE LA COSA JUZGADA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA DESCONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN FALTA DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA FALTA DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA FALTA DE COMPETENCIA INVÍAS REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL TÉRMINOS DE REFERENCIA MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA ADENDA A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA COMUNICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO FALSA MOTIVACIÓN CONFIGURACIÓN DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO MEJOR OFERENTE MEJOR PROPUESTA PRIVACIÓN DEL DERECHO DE SER ADJUDICATARIO VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE FALTA DE PRUEBA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS PROPUESTA MÁS CONVENIENTE COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS CONCEPTO SOBRE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS PROPUESTA DEL PROPONENTE CARGA DE LA PRUEBA APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS INDEMNIZACIÓN POR LO DEJADO DE PERCIBIR UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA FALTA DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD

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Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / ACTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS / CONCURSO DE MÉRITOS / DECLARATORIA DE DESIERTO DEL CONCURSO DE MÉRITOS / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿La demanda contra el acto que declaró desierto el proceso de selección se presentó en tiempo? Respuesta al problema jurídico: Si Según el artículo 87 del CCA – subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 –, en contra de los actos proferidos antes de la celebración del contrato, procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre que no se hubiere celebrado el negocio jurídico, que debe presentarse dentro de los 30 días desde la notificación del acto demandado. Según lo ha determinado la jurisprudencia de esta Sección, los actos de declaratoria de desierta de los procesos de selección son actos proferidos con ocasión de la actividad contractual de la Administración en la fase de formación del contrato, aunque con ellos se frustre el proceso de selección, motivo por el cual a las pretensiones de su nulidad les resulta extensible el término especial previsto en el artículo 87 del CCA. El actor pretende la declaratoria de nulidad del acto mediante el cual el INVIAS declaró desierto el concurso SCV-002-2001 y el consecuente restablecimiento del derecho, consistente en el valor dejado de percibir como utilidad de haberse celebrado el contrato, así como el valor que dejó de recibir por la cesión del contrato suscrito con el Municipio de Güicán. En el expediente obra prueba de que, mediante oficio del 12 de julio de 2001, el INVIAS le remitió al demandante (...) copia de la Resolución (...) —mediante la cual declaró desierto el concurso—. No existe prueba de que en contra del acto administrativo se hubieran presentado recursos, por lo cual, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 62 del CCA, el acto administrativo adquirió firmeza en el término de su ejecutoria (art. 51 del CCA). Posteriormente, el INVIAS expidió la Resolución (...)con el fin de aclarar errores materiales de la Resolución (...)—particularmente, la fecha del oficio y el cargo del profesional propuesto por las ofertas de los grupos 2 y 3 del concurso—. No obstante, con este acto, de acuerdo con la doctrina especializada, la Administración no modificó su voluntad (...) En esta medida, la Resolución n.° (...) tiene efectos retroactivos y su aclaración se entiende incorporada al contenido de la Resolución (...), por lo que su emisión resulta inocua de cara a la firmeza del acto administrativo de declaratoria de desierta. Por lo expuesto, el término de caducidad inició su conteo con la notificación de la Resolución (...), el 12 de julio de 2001, y venció el 29 de agosto de 2001 (art. 62 de la Ley 4 de 1913). Luego, la interposición de la demanda el 14 de agosto fue oportuna. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad cuando se demanda el acto de adjudicación del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de septiembre de 2017, exp. 50911 [fundamento jurídico 2], C.P. Marta Nubia Velasquez Rico, auto del 16 de marzo de 2015, exp. 50719 [fundamento jurídico 3], C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, auto del 2 de agosto de 2006, exp. 30141 [fundamento jurídico 2], C.P. Ramiro Saavedra Becera, sentencia del 22 de junio de 2017, exp. 37121 [fundamento jurídico 2.1 y 2.2], C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, y sentencia de unificación del 13 de junio de 2011, exp. 19936 [fundamento 1.1.4], C.P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 4 DE 1913 - ARTÍCULO 60 COSA JUZGADA / ALCANCE DE LA COSA JUZGADA RELATIVA / COSA JUZGADA RELATIVA / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / DECLARATORIA DE DESIERTO DEL CONCURSO DE MÉRITOS / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA / PROCEDENCIA DE LA COSA JUZGADA RELATIVA / OBJETO DE LA COSA JUZGADA / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿La sentencia del expediente 58.643 constituye cosa juzgada relativa, solo en lo referente a la validez de la resolución demandada por cuenta de que el INVIAS sí fundamentó o motivó la declaratoria de desierta, como lo exigía artículo 25.18 de la Ley 80 de 1993? Respuesta al problema jurídico: Si El efecto obligatorio de la cosa juzgada que la ley le imprime a las sentencias que se encuentran en firme entraña que éstas vinculan con carácter inmutable y definitivo. Ello quiere decir que se torna imposible que el asunto sub examine sea materia de una nueva decisión. La consecuencia de este fenómeno es que dota de certeza a las relaciones jurídicas con el propósito de poner fin a las controversias puestas a consideración de los jueces. La cosa juzgada le otorga seguridad, estabilidad y certeza a la relación sustancial sobre la que versa la decisión contenida en la sentencia, a la vez que prohíbe volver sobre lo ya resuelto. Para que haya lugar a su declaratoria es preciso que se reúnan los siguientes presupuestos: (i) identidad de objeto-eadem res, esto es, que entre la acción que se tramita y la que ya se juzgó exista el mismo objeto (qué se litiga), esto es, que el petitum coincida con el del otro proceso ya decidido; (ii) identidad de causa-eadem causa petendi, vale decir, que se funde en la misma causa (el porqué del litigio), esto es, el mismo hecho jurídico que sirve de motivo o fundamento a la pretensión; y (iii) identidad de partes-eadem conditio personarum: que entre ambos procesos haya identidad jurídica entre las partes, o lo que es igual, que se trate de los mismos sujetos que comparecieron al proceso anterior (...) En materia contencioso administrativo, además, por las particularidades que tienen determinadas acciones y las pretensiones que pueden ser planteadas en el marco de los procesos en contra del Estado, existe una regulación especial que delimita el alcance de la cosa juzgada. (...) En tal sentido, por una parte, la norma referida tiene una regulación para las demandas presentadas mediante nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho y, por otra, para las acciones de reparación directa y de naturaleza contractual, esta última que se compagina con la regulación del CPC. Sobre el particular y dada la relevancia de la regulación en la primera clase de acciones y de cara a la importancia que tiene para definir el caso, la Sala se referirá al efecto de la cosa juzgada de las decisiones proferidas en el marco de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. 8.1. En las acciones de nulidad simple —contencioso objetivo de legalidad—, en los que prima el interés general y donde la titularidad radica en todas las personas, la cosa juzgada tiene unas particularidades especiales. En efecto, la exigencia de la identidad de partes-eadem conditio personarum no aplica, pues no es necesario analizar quiénes son los sujetos litigantes y la calidad en la que actúan en ambos procesos, dado el carácter público de esta acción. De manera que la cosa juzgada se producirá cuando se demanda la misma norma, y los cargos que se estudian son los mismos que fueron abordados en oportunidad precedente, de modo que exista identidad de objeto y causa. (...) Ahora bien, la configuración de la cosa juzgada tendrá distintas ópticas o matices según la decisión que se adopte. En el evento en que se anule el acto administrativo y, como consecuencia de ello, se retire la disposición del ordenamiento jurídico la sentencia tendrá efectos erga omnes, lo que impide un nuevo juicio de legalidad, al no existir la norma demandada —sustracción de materia—. En sentido contrario, si la sentencia negó la nulidad del acto administrativo demandado, la cosa juzgada tendrá efectos relativos, pues operará, como lo ordenó el legislador en la norma referida, ‘en relación a la causa petendi juzgada’. Ello tiene su fundamento en que, en el contencioso de legalidad, el análisis del juez depende de los motivos de invalidez aducidos en la demanda —concepto de la violación—. La justicia rogada implica que el juez no hace un análisis integral del acto demandado frente a la totalidad del ordenamiento jurídico, por lo que, descartados los cargos, nada se opone a que dicho acto pueda ser demandado y, eventualmente, anulado por razones distintas. (...) Corolario de lo anterior, la sentencia que anule el acto administrativo tendrá efectos de cosa juzgada erga omenes, mientras que la que desestime las pretensiones gozará de esos efectos de manera relativa, únicamente respecto de los cargos que fueron estudiados en decisión ejecutoriada. 8.2. Ahora bien, especial precisión merece hacerse frente al efecto de la cosa juzgada en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho. En esta acción, como en la de simple nulidad, el objetivo es que se anulen los actos administrativos. Sin embargo, en el contencioso objetivo de legalidad —nulidad simple— se persigue la defensa del orden jurídico en abstracto. En cambio, con el contencioso subjetivo de legalidad —nulidad y restablecimiento del derecho— se pretende, como consecuencia de esa ilegalidad, la reparación del daño causado a un derecho. Si bien la norma comentada (art. 175 del CCA) pareciera referirse únicamente a las sentencias de nulidad simple, no puede desconocerse que una sentencia previa que declare la ilegalidad del acto administrativo hará tránsito a cosa juzgada, incluso en el marco de un juicio subjetivo de legalidad, pues, se reitera, los efectos de la decisión son erga omnes y el acto se retira del ordenamiento jurídico. La dificultad se presentaría cuando la sentencia previa dictada por el juez niega la nulidad frente a determinados cargos. Sobre este particular, conviene señalar, en primer lugar, que dicha norma no diferenció entre las acciones de nulidad simple y de nulidad y restablecimiento del derecho. En segundo lugar, que el efecto de la cosa juzgada se refiere a la causa petendi, que en las acciones de nulidad y restablecimiento supone, de un lado, el juicio de legalidad —contraste con el contenido de las normas superiores— y, de otro, el restablecimiento del derecho que corresponde a la indemnización de perjuicios causados por la ilegalidad de la decisión. De manera que, no existe motivo para considerar que la sentencia que niega los cargos de ilegalidad, incluso en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, carezca del efecto de cosa juzgada relativa, pues versan sobre la misma causa petendi. En tal sentido, a pesar de que con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se persigue la reparación de un perjuicio, ello, empero, no es óbice para restarle efectos a una sentencia judicial que ha sido favorable a la administración en cuanto a la legalidad de un acto administrativo por determinados cargos. La coherencia del sistema normativo, la seguridad jurídica y el debido proceso que favorece a las partes —incluido el Estado— así lo exigen. En tal sentido, el efecto de cosa juzgada de la sentencia que negó las pretensiones en una acción de nulidad y restablecimiento del derecho se producirá cuando: (i) con independencia de la decisión que se adopte, si se presenten las identidades que de forma general integran la cosa juzgada, esto es, que se trate del mismo objeto —pretensión de nulidad del mismo acto administrativo—, la misma causa —las razones de ilegalidad— y las mismas partes, (ii) cuando se declare la ilegalidad del acto administrativo y éste, por ende, sea retirado del ordenamiento jurídico —sustracción de materia y efecto erga omnes de la decisión de nulidad—; y (iii) cuando se niegan las pretensiones de nulidad y, con independencia de las partes, en demanda posterior se insiste sobre esas razones frente al mismo acto administrativo —cosa juzgada relativa—. Frente al último supuesto, que es el que interesa para la decisión que debe proferir la Sala, para que prospere la excepción perentoria de cosa juzgada es preciso establecer respecto de la sentencia previamente expedida y ejecutoriada: (i) si efectivamente media identidad de objeto (eadem res), vale decir, que el objeto del litigio sea el mismo —la pretensión de anulación del mismo acto administrativo—; y (ii) si hay identidad de causa (eadem causa), o sea que los motivos de ilegalidad alegados en ambos litigios sean idénticos. En este sentido, como quiera que el debate se ocupa de la validez de un acto administrativo, la causa petendi que haya sustentado un proceso limita el ejercicio de acción posterior por parte de otros demandantes, pues su legalidad —en dado caso— habrá sido objeto de pronunciamiento judicial en firme, pero únicamente respecto de los argumentos sobre los cuales se definió que el acto no era nulo. Esta Corporación se ha encargado de definir que el artículo 175 del CCA le resulta extensible a las acciones de control de legalidad subjetivo, en cuanto en éstas se debate también, de manera principal, la validez del acto administrativo (...) Por ello, de cara al fallo proferido por la Subsección B, que versa sobre el mismo acto administrativo, debe precisarse si esa decisión desestimatoria —en tanto se contrajo a determinados cargos de ilegalidad— implica el efecto de cosa juzgada relativa frente a lo pretendido en este proceso. De no ser así, su existencia no será obstáculo para que se emita otro pronunciamiento que verse sobre reproches distintos que pudieron edificarse sobre la misma norma. (...) Sobre la cosa juzgada en el caso concreto (...) Las demandas son idénticas, fueron presentadas por intermedio del mismo abogado, y con fundamento en los mismos cargos y hechos. En efecto, se alegaron las mismas tres causales de ilegalidad: (i) infracción de normas superiores, por las mismas normas y con fundamento en los mismos motivos; (ii) falsa motivación, por iguales razones y (iii) desviación de poder, con idéntica argumentación. (...) La decisión de la Subsección B, pues, conforme a lo decidido por el a quo y de acuerdo con la apelación, se centró en definir si el acto administrativo que declaró desierta la licitación fue motivado conforme al artículo 25.18 de la Ley 80 de 1993. Sin embargo, no analizó las razones por las cuales se adoptó esa decisión, es decir, si en realidad la determinación de declarar desierta la licitación fue legal, porque, en efecto, la falta de conocimiento del oficio impedía la selección objetiva. En este sentido, no se pronunció frente al alcance del oficio n.° 009666 y si la exigencia a la que se refería (numeral 4.3.3 de los términos) afectaba la selección objetiva. Corolario de lo anterior, la sentencia del expediente 58.643 constituye cosa juzgada relativa, únicamente en lo referente a la validez de la resolución demandada por cuenta de que el INVIAS sí fundamentó o motivó la declaratoria de desierta, como lo exigía artículo 25.18 de la Ley 80 de 1993. Este asunto no puede ser objeto de un nuevo pronunciamiento judicial, lo cual no obsta para que esta Sala se pronuncie sobre los cargos de la impugnación en este proceso y que no hicieron parte del contenido de la decisión proferida por la Subsección B, el 30 de marzo de 2022. 16. Se recuerda que la impugnación que ahora concierne a la Sala se dirige a que se declare la nulidad de la Resolución n.° 003634 con fundamento en que: (i) hubo infracción de normas superiores, pues el desconocimiento del oficio por parte de los oferentes era inocuo de cara a la selección objetiva, en cuanto la aclaración que éste contenía no se refería a criterios necesarios para seleccionar la mejor oferta y el requisito objeto de la aclaración coartaba la libre voluntad de los oferentes y, en consecuencia, era ilegal y debía tenerse por no escrito; y (ii) incurrió en falsa motivación, por motivos similares, esto es, porque la realidad del proceso de selección sí permitía escoger la mejor oferta y (iii) desviación de poder. Estos aspectos, según se dijo no fueron objeto de decisión, dada la forma en que se desarrolló el proceso definido por la Subsección B, en especial, porque el debate se centró en la motivación de la decisión que declaró desierto el recurso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la cosa juzgada, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2013-00776-00 [fundamento jurídico III]. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 5 de marzo de 2009, exp. 11001-03-24-000-2004-00262-01 [fundamento jurídico 4], reiterada en las sentencias de la Sección Tercera del 24 de marzo de 2011, exp. 34396 [fundamento jurídico 3.1], sentencia del 24 de mayo de 2012, exp. 23221 [fundamento jurídico 2.2.2], y sentencia del 26 de junio de 2014, exp. 36220. [fundamento jurídico 10]. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 9 junio 2010, Rad. 36060 [fundamento jurídico 3, de las consideraciones de esta providencia]. La providencia sobre la que recae la cosa juzgada relativa señalada en la presente es la sentencia del 30 de marzo de 2022, exp. 15001233100020010177601(58643), C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 332, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 18 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL CONCURSO DE MÉRITOS / ACTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS / CONCURSO DE MÉRITOS / MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / DESCONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / FALTA DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / FALTA DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA / FALTA DE COMPETENCIA / INVÍAS / REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINOS DE REFERENCIA / MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA / ADENDA A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA / COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA / COMUNICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿La Resolución n.° 003634 de 29 de junio de 2001 del INVIAS, que declaró desierto el concurso de méritos para la administración del mantenimiento vial de la red de carretera nacional en diferentes regiones del país, es nula porque desconoció el deber de selección objetiva —infracción de las normas superiores previstas la Ley 80 de 1993, además de estar falsamente motivada?. Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con lo expuesto, bajo la égida de la Ley 80 de 1993, la selección objetiva se ceñía a lo que se hubiera consignado en los pliegos de condiciones o términos de referencia que, a su vez, y de conformidad con el artículo 29, debía obedecer de manera estricta a factores objetivos. Asimismo, el error de los proponentes en asuntos que, según los mismos documentos precontractuales, fueran insustanciales, no ameritaba el rechazo de la oferta y, por el contrario, procedía la solicitud de la corrección. En estos términos, eran los mismos documentos precontractuales los que definían las reglas en virtud de las cuales se escogería al contratista y, en esa medida, cuáles requisitos eran de tal naturaleza que su omisión aparejaba el rechazo y cuáles, contrario sensu, podían ser objeto de corrección, sin que la ley precisara lo atinente a los factores de habilitación o ponderación (...) En virtud del principio general de irretroactividad de las normas, debe concluirse que la ley aplicable a este proceso de selección era la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios n.° 679 de 1994, n.° 855 de 1994 —sobre contratación directa— y n.° 287 de 1996 —sobre licitación y concurso—, (...) Dicho de otro modo, el deber de selección objetiva se traducía en que los términos de referencia debían señalar factores objetivos para la escogencia de la mejor oferta. De esta manera, eran estos documentos —en concordancia con el procedimiento general del artículo 30— los que imponían las reglas respecto de los requisitos y contenido de las ofertas y, de contera, los que definían qué inobservancias aparejaban el rechazo, sin que, para ese momento, existiera regulación positiva respecto de la diferencia entre requisitos habilitantes y puntuables. (...) La selección objetiva, que aplica a todas las modalidades de selección es un deber —regla conducta— en la actividad precontractual, que apunta a un resultado, cual es, la escogencia de la oferta más ventajosa para los intereses colectivos perseguidos con la contratación. La selección objetiva, en esencia, trae como consecuencia que, en la contratación, la Administración esté obligada a respetar los principios que la rigen —transparencia, economía y responsabilidad— y los criterios de escogencia definidos en los documentos precontractuales. Para ello, las entidades públicas deben garantizar la aplicación de los criterios establecidos en las bases del proceso para la escogencia del proponente al que se le adjudicará el contrato por haber presentado la mejor propuesta. Estos criterios, además, deberían ser analizados de manera previa por la entidad con arreglo a las condiciones del pliego que rigen el respectivo proceso, con el fin de determinar en forma motivada que la propuesta elegida resultaba ser, en realidad, la más ventajosa. De suerte que el concepto de “ofrecimiento más favorable” no es una actividad discrecional ni arbitraria, sino reglada, en tanto pone a la Administración en frente del inequívoco camino de elegir aquella oferta que se ajusta a dichas condiciones y adjudicar al proponente que supera a los demás, al punto que este ejercicio es susceptible de concreción en sede de revisión de la legalidad y razonabilidad de la comparación de los ofrecimientos. (...) Del mismo deber de selección objetiva se deriva la limitación a la Administración de declarar desiertos los procesos de selección, pues la ley pretende que, de manera prioritaria, éstos finalicen con la adjudicación a la mejor propuesta, con el fin de que se garantice la prestación del servicio público. (...) En este sentido, las entidades no están facultadas para declarar desierto un proceso de selección cuando las razones que invoca en nada afectan la escogencia de la mejor propuesta. Se recuerda que, bajo el imperio de la Ley 80 de 1993, tales criterios eran los señalados en los documentos precontractuales que las mismas entidades habían elaborado. (...) Por el contrario, la declaratoria de desierta, que se opone esencialmente a la escogencia del contratista, procede única y exclusivamente cuando se impide la selección objetiva (art. 25.18 de la Ley 80 de 1993). Esa decisión —que, como cualquier acto administrativo, debe motivarse (arts. 25 y 59 del CCA)— debe contener la justificación detallada y expresa de las razones que impiden la selección objetiva y, como resultado, la adjudicación. La declaratoria de desierta por la falta de conocimiento de los proponentes de una modificación de los términos de referencia (...) De manera que la circunstancia que dio lugar a la declaratoria de desierta obedeció a una omisión de la entidad al comunicar el supuesto oficio, de modo que ninguno de los interesados de la Regional Boyacá lo recibió (...) De lo anterior, deviene palmario que, en cuanto modificación sustancial, debió materializarse en una adenda y no en un oficio, de acuerdo con el tenor de los términos de referencia. Además, debió ponerse en conocimiento a los participantes del proceso, en el tiempo y forma allí exigidos. 33. Los documentos precontractuales establecían que tanto las modificaciones como las aclaraciones debían comunicarse a aquellos que hubieran retirado los términos de referencia, de manera que la omisión de informar a los interesados de un cambio en esos términos, lo hacía inoponible. En este sentido, las reglas que le resultaban aplicables al proceso de selección eran aquellas inicialmente consignadas y debidamente notificadas a aquellos que adquirieron los documentos precontractuales. De esta manera, para los oferentes fue imposible adecuar su comportamiento a la nueva exigencia durante el plazo previsto para ofertar, porque según lo reconoció la entidad, no comunicó el contenido del oficio n.° 009666 de 2001 en la regional Boyacá. Además, que ello se debió a un error imputable a la entidad, que, como lo ha expuesto la jurisprudencia ya mencionada, no puede justificar una declaratoria de desierta para enmendar la falta33. En este evento correspondía, entonces, desestimar la modificación pretendida y continuar el proceso de selección conforme al numeral 4.3.3 original y proceder a determinar, con base en las reglas del pliego, la mejor propuesta. En efecto, según los términos de referencia, la aplicación del numeral objeto de debate —con o sin modificación— procedía únicamente después de que la entidad hubiera conformado el orden de elegibilidad y con el fin de promover el empleo, es decir, en un momento en el que la Administración ya contaba con una decisión. De suerte tal que, aunque la modificación de ese numeral imposibilitaba la adjudicación, su motivación en ese sentido no se encaminaba a garantizar que la oferta fuera mejor —selección objetiva—, sino a promover el empleo, esto es, que no incidía en la calificación de los proponentes. Ello permite concluir que nada se oponía a que, ante la omisión, el INVIAS culminara el proceso de adjudicación en las condiciones iniciales conocidas por todos los oferentes. (...) Ahora bien, ocurrido el supuesto de hecho regulado en el numeral 4.3.3 modificado, y aun en gracia de discusión de la importancia de su exigibilidad —que como se vio no resultaba indispensable para calificar las propuestas— el yerro en la debida comunicación de la modificación conforme a los pliegos, le imponía a la entidad, en aplicación del artículo 30.7 de la Ley 80 de 1993, solicitar a estos oferentes —cuyas propuestas fueron escogidas como las mejores en sus respectivos grupos— que presentaran a otro profesional que ostentara calidades iguales o superiores para, de contera, adjudicarles los contratos. Esta solicitud de subsanación procedía en este caso, especialmente, en consideración a que el desconocimiento del oficio n.° 009666 de 2001 —en realidad, modificación— por unos proponentes, sólo resultaba imputable a la entidad demandada. En este punto es importante recordar que los términos de referencia regulaban que el cambio de los ingenieros durante la ejecución del contrato sólo procedía, en ciertos eventos, con un profesional que igualara o superara las condiciones de aquel reemplazado. Por otra parte, disponían que la experiencia de los ingenieros propuestos serviría para la comparación de las ofertas. Por ello, en el evento del numeral 4.3.3 modificado y desconocido por los oferentes, resultaría necesario que los proponentes ubicados en el primer lugar de sus respectivos grupos presentaran —para la adjudicación de los contratos— a nuevos profesionales que ostentaran calidades iguales o superiores a los perfiles presentados en el concurso. Véase que tal solicitud no tenía, de manera alguna, la virtualidad de trastocar el orden de elegibilidad, ni que aquel elegido en el primer orden fuera a dejar de serlo; por el contrario, el tener que presentar a otro ingeniero —igual o mejor calificado— lo confirmaría como el primero en la lista, en la medida en la que, si las condiciones eran iguales, el puntaje obtenido no variaría y, si eran mejores, únicamente le otorgaría un mejor puntaje. Aceptar que la entidad no tenía el deber de solicitar la subsanación de esta manera, implicaría admitir que la Administración podía dejar de adjudicar el contrato a la mejor propuesta por cuenta de un criterio —presentar a un mismo ingeniero en varias propuestas— que, según los términos de referencia, en nada se relacionaba con la calificación de la oferta y que no fue debidamente comunicado a los proponentes. 35. En conclusión, el oficio n.° 009666 de 2001, que era en realidad una modificación a los pliegos, debió tramitarse mediante adenda e informarse a los proponentes. La omisión en la efectiva comunicación resultó imputable de manera exclusiva a la entidad, por lo cual no pueden trasladársele sus efectos negativos a los participantes exentos de culpa, a quienes el contenido de la modificación les resultaba inoponible. Por ello, debió continuarse con el proceso, dado que el requisito —aunque tenía el efecto de impedir la adjudicación— en realidad no afectaba la elección de la mejor oferta, toda vez que se pretendía era la promoción del empleo. Además, aun siendo necesaria su aplicación, la falta de conocimiento del oficio, dada su naturaleza, le imponía a la entidad solicitar su subsanación, con el respeto por las condiciones en virtud de las cuales el proponente ocupó el primer lugar. En otras palabras, aún a pesar del acaecimiento del supuesto regulado en la modificación al numeral 4.3.3., la selección objetiva era posible y, de contera, en virtud de la regla de adjudicación compulsoria y del mandato contenido en los artículos 24.5, 29, 30.2 y 30.7 de la Ley 80 de 1993, el proceso debía finalizar con el acto de adjudicación. 36. Por lo expuesto, la Resolución n.° 003634 de 29 de junio de 2001 es nula porque desconoció el deber de selección objetiva —infracción de las normas superiores previstas en los artículos 24.5, 29, 30.2 y 30.7 de la Ley 80 de 1993, vigentes para la época del proceso de selección—, además de estar falsamente motivada (art. 84 del CCA). NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber de selección objetiva, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 15 de mayo de 1916, exp. SCA 1916-05-15 [fundamento jurídico párr. 19 y 24], C.P. Próspero Márquez. Sobre la falta de competencia para la declaración de desierto del proceso de selección, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de julio de 2013, exp. 24311 [fundamento jurídico 4.3.2 de las consideraciones de esta providencia], C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de junio de 2004, exp. 15235 [fundamento jurídico 3 de las consideraciones de esta providencia], C.P. Alier EduardoHernández Enriquez. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 25, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 59, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 84, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 18, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 29, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 7 IMPROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / DECLARATORIA DE DESIERTO DEL CONCURSO DE MÉRITOS / MEJOR OFERENTE / MEJOR PROPUESTA / PRIVACIÓN DEL DERECHO DE SER ADJUDICATARIO / VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / FALTA DE PRUEBA / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / PROPUESTA MÁS CONVENIENTE / COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / CONCEPTO SOBRE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / PROPUESTA DEL PROPONENTE / CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Procede reconocer el restablecimiento del derecho debido a la nulidad del acto que declaró desierto el concurso de méritos adelantado por el INVIAS para el mantenimiento de la malla víal nacional, pues el demandante cumplió con la carga de probar que su oferta era la mejor y por ello se le debió adjudicar el contrato? Respuesta al problema jurídico: No Restablecimiento del derecho (...) En la medida en que la Resolución de declaratoria de desierta es nula, se procederá a estudiar la pretensión consecuencial de restablecimiento del derecho. La demanda sustenta esta pretensión en que, al surtir el procedimiento del numeral 4.3.2, su propuesta ocupó el primer orden de elegibilidad de su grupo, y, de contera, tenía el derecho de celebrar el contrato y ejecutarlo. Asimismo, que, en virtud de haber sido seleccionado en el primer lugar, cedió el contrato que había suscrito previamente con el Municipio de Güicán, por lo que dejó de percibir las utilidades que reportaba su ejecución. (...) En este punto, resulta necesario reiterar que, según el criterio de esta Sección, procede el restablecimiento del derecho siempre que se demuestre que la oferta del demandante era la mejor, al punto que, indefectiblemente, habría resultado adjudicatario del proceso (...) En este sentido, esta Sala se aprestará a precisar en qué debe consistir la carga probatoria para lograr esta demostración, a fin de acceder al restablecimiento del derecho pretendido. 39. Para los efectos, debe recordarse que los procesos de selección son auténticos procedimientos administrativos de carácter especial, que finalizan, en principio, con un acto administrativo de adjudicación del cual emanan obligaciones para el adjudicatario y la entidad35. A estos procedimientos, la Administración les da curso e impulso a través de actos de trámite, o «simples actos de la Administración», y finalizan, por regla general, con el acto administrativo de adjudicación, este sí definitivo. Como se expuso anteriormente, para el momento de los hechos, las licitaciones y concursos públicos se regían, además de lo dispuesto en sus pliegos de condiciones o términos de referencia, por el artículo 30 del Estatuto, que regulaba —para esa época— exhaustivamente el procedimiento administrativo tendiente a la escogencia del contratista del Estado. (...) En este mismo sentido, la doctrina especializada ha definido que, en el transcurso del proceso de selección, la entidad puede efectuar una ‘preadjudicación’ o ‘adjudicación provisional’, (...) De esta manera, de esta calificación no emana un derecho para el ‘preadjudicatario’ de resultar adjudicatario o de celebrar el contrato: (...) En otras palabras, es un acto mediante el cual la Administración prepara su voluntad para definir cuál es la mejor oferta; no obstante, puede ser modificada por la autoridad o debatida por los oferentes, motivo por el cual no genera derechos. (...) Dicho sea de paso, este criterio se ha concretado, precisamente, en las calificaciones elaboradas por consejos asesores que se emiten durante el trámite de los procesos de selección. (...) el acto de preadjudicación no revela, en sí, que la oferta que allí ocupó el primer lugar correspondiera, indispensablemente, a la mejor propuesta. Por el contrario, el único acto administrativo del cual se deriva tal certeza es el de adjudicación. 43. Ahora bien, en los eventos de declaratoria de desierta, el demandante debe demostrar que, a pesar de que el proceso no se surtió hasta su adjudicación, su propuesta era efectivamente la mejor. Es decir, que —de haberse llevado el proceso de selección a su término— necesariamente se habría escogido como la mejor y habría resultado adjudicatario. En este sentido, y sin pretender establecer una tarifa legal probatoria para este propósito, esta Sala encuentra que deben aportarse los medios de prueba pertinentes y conducentes que le permitan al juez establecer, de manera incontrovertible, que la propuesta del demandante era la mejor. Para los efectos, esta Sección40 ha insistido en que obren en el expediente las propuestas de todos los participantes, con el fin de que el juez las coteje y evalúe, de cara a los términos de referencia o pliegos de condiciones, con el fin de determinar cuál —de haberse surtido el proceso hasta su finalización— habría resultado adjudicataria. Asimismo, la práctica de una prueba técnica que, con observancia de las normas procesales aplicables, realice la respectiva valoración de las propuestas, ha sido una herramienta fundamental en los eventos en que la evaluación requiere de determinados conocimientos técnicos o especializados. Finalmente, esta certeza puede obtenerse, también, de una prueba que demuestre que, si bien el proceso no finalizó con el acto adjudicatario, el orden definido por la entidad era, necesariamente, el definitivo, en cuanto ya había sido objeto de pronunciamiento por todos los oferentes, se surtió todo el trámite y se pueda constatar que la evaluación en la que se sustentaba se adecuaba plenamente a los términos de referencia o pliegos de condiciones, de manera que lo único que en realidad restaba era consignarlo en un acto administrativo. En suma, puede accederse al respectivo restablecimiento siempre que en el expediente obren los elementos de juicio que permitan concluir que, indefectiblemente, el demandante presentó la mejor propuesta. (...) Ahora, con la Resolución n.° 003634 no se acompañó la evaluación del sobre n.°1 ni la que se hizo del sobre n.° 2 en la audiencia. Tampoco se aportó el acta de la audiencia de 20 de junio de 2001 —junto con las observaciones y su respectiva publicación en cuanto al sobre n.° 1—. Se echa de menos también algún documento distinto a la referida acta que consignara el procedimiento surtido y que señalara cuáles fueron los cálculos que la entidad realizó y los eventuales descuentos de puntos por los indicadores de ejecución de otros contratos al evaluar el sobre n.° 2. No hay prueba tampoco acerca de la determinación del orden de elegibilidad, respecto de si, una vez abierto el sobre n.° 2, también se surtieron los traslados para observaciones y respuestas, porque, al respecto, nada se señaló en la resolución que declaró desierto el proceso. Por esta razón, la Sala no tiene la posibilidad de analizar las calificaciones adelantadas por la entidad, con el fin de establecer, conforme a los términos de referencia, la exactitud de esas calificaciones, y no hay certeza de que la lista incluida en la Resolución n.° 003634 fuera la definitiva ante la falta de claridad sobre el trámite que se surtió el 20 de junio de 2001, una vez determinado el orden de elegibilidad. En tal sentido, las referencias incluidas en la resolución que declaró desierto, sobre el orden de elegibilidad, no pueden tenerse como prueba incontrovertible de que el extremo activo sufrió una lesión a su derecho de resultar adjudicatario y contratista. (...) Asimismo, se echan de menos las ofertas presentadas por los demás participantes del proceso para poder cotejarlas con las del actor, comparativo que le permitiría a la Sala hacer la valoración conforme a los parámetros del numeral 4.3.2 de los términos. Tampoco se practicó prueba técnica que, con base en esas ofertas, hubiera realizado la calificación respectiva. (...) En consecuencia, no hay lugar a reconocer el pretendido restablecimiento del derecho porque el demandante no probó, por ningún medio, que su propuesta, en efecto, fuera la mejor. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la carga de la prueba del demandante de que su propuesta era la mejor oferta en el proceso de selección para que proceda el restablecimiento del derecho, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de julio de 2013, exp. 24311 [fundamento jurídico 4.3.5 de las consideraciones de esta providencia], C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre la evaluación de las ofertas, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de septiembre de 2004, exp. 13790, C.P. Nora Cecilia Gomez Molina NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN POR LO DEJADO DE PERCIBIR / UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARATORIA DE DESIERTO DEL CONCURSO DE MÉRITOS / FALTA DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD Problema jurídico: ¿Debe reconocerse la utilidad dejada de percibir con ocasión de la cesión del contrato con el municipio de Güicán, cuando no se da cuenta de los motivos de la cesión y la relación de causalidad con una eventual adjudicación del contrato, cuando no se probó que tenía la mejor propuesta? Respuesta al problema jurídico: No La Sala también negará la pretensión indemnizatoria referente a la utilidad dejada de percibir con ocasión de la cesión del contrato del municipio de Güicán (...) Los documentos referidos, sin embargo, no dan cuenta de los motivos por los cuales se produjo la cesión. En tal virtud, no está acreditado que, incluso si fuera cierto que el contrato con el INVIAS se celebraría, ese hecho le exigiera o le impusiera al demandante la terminación de éste u otros contratos, o los motivos por los cuales esa eventual adjudicación o celebración produciría tal efecto. De esta manera, resulta claro que no se probó la relación de causalidad entre la cesión del contrato y la eventual adjudicación del contrato por la entidad aquí demandada. Además, esta circunstancia dependía, en todo caso, de la prueba de que el proponente demandante era el mejor, de manera que ante la ausencia de medio que acredite esa circunstancia, tampoco corresponde la indemnización por este motivo. (...) En atención a los problemas jurídicos esbozados, se concluye que la Resolución (...) es nula, por las razones ya expuestas, pero de esta declaratoria no se desprende daño alguno que deba ser reconocido a título de restablecimiento.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=150012331000200101795011100103