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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: las costas son las erogaciones que debe sufragar la parte que resulte vencida en el proceso, las cuales están integradas

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Fecha
2022-05-11
Radicado
66001233100020100010701
Número interno
54408
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Demandado
PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO, CONSORCIO ERAZO NAVAS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: las costas son las erogaciones que debe sufragar la parte que resulte vencida en el proceso, las cuales están integradas

Regla de decisión

Las costas son las erogaciones que debe sufragar la parte que resulte vencida en el proceso, las cuales están integradas por los costos del proceso o expensas y las agencias en derecho.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no es condenado en costas simplemente por solicitar una indemnización por perjuicios mayores a los previstos en la cláusula penal del contrato estatal, sino que debe demostrarse que actuó con temeridad, mala fe o abusando del derecho de acción. En este caso, la entidad estatal ejerció la acción de controversias contractuales para demostrar que los incumplimientos del contratista le causaron perjuicios mayores a los establecidos en la cláusula penal, sin el propósito de agravar caprichosamente la situación del demandado o cobrar perjuicios excesivos. La Sala considera que la mera solicitud de una indemnización mayor no constituye un actuar temerario ni abusivo del derecho de acción, y por lo tanto, no es suficiente para condenar al contratista en costas. Esta decisión matiza la interpretación de que cualquier demanda por perjuicios superiores a la cláusula penal automáticamente implica temeridad o mala fe, y establece que la condena en costas requiere una evaluación más detallada de la conducta del contratista y la justificación de sus pretensiones.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Las costas son las erogaciones que debe sufragar la parte que resulte vencida en el proceso, las cuales están integradas por los costos del proceso o expensas y las agencias en derecho?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 1400 de 1970, art. 392

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

Las costas son las erogaciones que debe sufragar la parte que resulte vencida en el proceso, las cuales están integradas por los costos del proceso o expensas —incluyendo los valores de las copias, el valor de realizar las notificaciones, etc.— y de las agencias en derecho; así surge de lo dispuesto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y, en el mismo sentido, lo concluye la doctrina1 y la jurisprudencia.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Titulación de la relatoría 9.405 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Las costas son las erogaciones que debe sufragar la parte que resulte vencida en el proceso, las cuales están integradas por los costos del proceso o expensas y las agencias en derecho? Respuesta al problema jurídico: Si Las costas son las erogaciones que debe sufragar la parte que resulte vencida en el proceso, las cuales están integradas por los costos del proceso o expensas —incluyendo los valores de las copias, el valor de realizar las notificaciones, etc.— y de las agencias en derecho; así surge de lo dispuesto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y, en el mismo sentido, lo concluye la doctrina1 y la jurisprudencia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el concepto de costas procesales, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-043 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 392 CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDUCTA DE LAS PARTES / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Para que proceda la condena en costas en el régimen del Código Contencioso Administrativo, es menester que se acredite que la parte vencida actuó en contravía de los postulados de la lealtad procesal y ejerció sus derechos abusivamente, para lo cual se debe apreciar conjuntamente el material probatorio y los escritos procesales de modo de establecer si las pretensiones o las excepciones tenían un fundamento legal y probatorio atendible? Respuesta al problema jurídico: Si [P]or efecto de la remisión que el artículo 171 del CCA hace al CPC, éste integra los fundamentos que, bajo esa normativa, debe considerar el juez contencioso administrativo para condenar en costas. Sin embargo, esto no supone que por efecto de dicha remisión el régimen subjetivo de costas contemplado bajo la égida del CCA para los procesos que se surten ante esta jurisdicción se convierta en objetivo. Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-043 de 2004, el artículo 171 ibídem contiene una norma especial respecto de la contemplada en el CPC, lo que se traduce en que, pese a que el régimen de condena en costas en este último es objetivo, en el proceso contencioso administrativo la determinación sobre la condena en costas es de naturaleza subjetiva. (...) En otras palabras, en el proceso contencioso administrativo regulado por el CCA no basta que una parte sea vencida para que resulte condenada en costas, pues, para que ese sea el caso, es menester que se evidencie que la parte ejerció el derecho de acción de manera temeraria o abusiva o con una finalidad no tutelada por el ordenamiento jurídico. (...) Con base en lo anterior, para que proceda la condena en costas en el régimen del CCA es menester que se acredite que la parte vencida actuó en contravía de los postulados de la lealtad procesal y ejerció sus derechos abusivamente, para lo cual se debe apreciar conjuntamente el material probatorio y los escritos procesales de modo de establecer si las pretensiones o las excepciones tenían un fundamento legal y probatorio atendible; si, por el contrario, lo que se establece es que la base de la demanda es el capricho del demandante o que se está abusando del derecho de acción o dilatando injustificadamente el proceso con fines deshonestos, procederá la condena en costas. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos de la condena en costas en vigencia del Código Contencioso Administrativo, consultar providencias de 18 de febrero de 1999, Exp. 10775, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 12 de octubre de 2000, Exp. 13097, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 2 de marzo de 2001, Exp. 3924, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero; y de la Corte Constitucional, C-043 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 392 CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / SOLICITUD DE COSTAS PROCESALES / CONDUCTA DE LAS PARTES / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / COBRO DE PERJUICIOS / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / MALA FE / FALTA DE PRUEBA / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / USO INDEBIDO DEL DERECHO DE ACCIÓN / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿La decisión de acudir a la administración de justicia para solicitar el reconocimiento de unos perjuicios mayores a los que se previeron en la cláusula penal pactada en el contrato estatal, constituye motivo suficiente para entender cumplido el presupuesto subjetivo de la condena en costas, esto es, la existencia de un actuar temerario, de mala fe o en ejercicio abusivo del derecho de acción? Respuesta al problema jurídico: No A la Sala le corresponde definir únicamente si el Departamento debe ser condenado en costas en razón de que fue la parte vencida en el proceso y de que, según el Consorcio, la parte actora pretendió agravar su situación a través del planteamiento de pretensiones exageradas y sin fundamento probatorio. (...) En el caso concreto, la Sala no evidencia que el Departamento haya actuado con temeridad, mala fe o que haya ejercido abusivamente el derecho de acción, ni es posible afirmar, a partir de los argumentos de la apelación, que la conducta de la demandante merezca un juicio de reproche. Lo que la Sala advierte es que el Departamento ejerció la acción de controversias contractuales con la finalidad de probar que los incumplimientos imputables al Consorcio le generaron unos perjuicios mayores de los que se hicieron efectivos en ejercicio de la cláusula novena —que consagró la cláusula penal pecuniaria— contenida en el contrato de obra (...) y a través de las Resoluciones (...), más no con el objeto de cobrar los mismos perjuicios que se hicieron efectivos a través del referido acto administrativo o de agravar caprichosamente la situación del demandado, esto, al margen de que las pretensiones de la demanda estuvieran o no llamadas a prosperar. (...) La Sala estima que el hecho de que el Departamento hiciera efectiva la póliza por el valor declarado en los referidos actos administrativos no demuestra, per se, una actuación temeraria de su parte, pues, se insiste, según lo señalado en la demanda, lo que pretendió en este proceso fue que se reconocieran judicialmente los perjuicios que estima que se causaron y que no quedaron cubiertos por la cláusula penal y, por lo mismo, tampoco en los actos administrativos a través de los cuales se declaró el incumplimiento del contrato. (...) [E]n el marco del CCA, que la pretensión estuviera o no llamada a prosperar no es la condición que se debe evaluar para determinar si es procedente o no emitir una condena en costas. (...) Agrega la Sala a lo anterior que no hay prueba de que la conducta del Departamento fuera contraria a los postulados de la buena fe en tanto comportara un ejercicio abusivo del derecho de acceso a la administración de justicia, dado que, al margen de que sus pretensiones estuvieran o no llamadas a prosperar —lo que no corresponde definir en esta instancia porque no fue objeto de apelación—, no se observa que carecieran de un fundamento razonable o que el proceso se hubiere iniciado con el ánimo de desmejorar injustificadamente la condición de la parte demandada, de lo cual no obra ninguna prueba ni indicio en el proceso. (...) En cambio, lo que observa la Sala es que el Departamento, en apoyo de sus pretensiones, expresó las razones en las que estas se fundamentaron, las cuales no se aprecian fútiles o insustanciales —al margen, se insiste, de su prosperidad— , así mismo, adelantó todos los actos procesales tendientes a sacar avante sus pedimentos, incluidos, los probatorios que estimó necesarios para acreditar el fundamento fáctico en el que soportó sus reclamaciones. (...) En consecuencia, el Departamento actuó como cualquier parte procesal diligente con el fin de probar los hechos en que se fundaban las consecuencias jurídicas favorables a sus intereses, con prescindencia de que, al final, sus esfuerzos fueron infructuosos, lo que de modo alguno puede revelar en sí mismo una conducta contraria a la buena fe y a la lealtad procesal. (...) En mérito de lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia porque no se evidencia que el Departamento hubiese actuado temerariamente o con mala fe durante el proceso, por lo que no hay lugar a la condena en costas en su contra, tal y como lo sostuvo el a quo.
Texto extraído del PDF oficial 41.273 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022) Expediente: 660012331000201000107 01 (54.408) Demandantes: Departamento de Risaralda Demandado: Consorcio Erazo Navas Acción: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. La controversia versa sobre los incumplimientos que el departamento de Risaralda les imputa a los integrantes del Consorcio Erazo Navas en relación con el componente de impermeabilización de las obras realizadas en el palacio de gobierno del departamento de Risaralda que fueron objeto del contrato de obra No. 1047 del 12 de octubre de 2007, junto con la respectiva indemnización de perjuicios. En esta instancia, la controversia gira únicamente en r elación con la decisión del a quo de negar la condena en costas en contra del demandante. I. LA SENTENCIA IMPUGNADA 1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 16 de diciembre de 2014, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda resolvió: “1. DECLÁRASE no probada la excepción denominada ‘Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto’, propuesta por la parte demandada, con fundamento en lo analizado en la parte considerativa de este proveído. 2. DECLÁRASE probada la objeción por error grave realizada por las apoderadas de las partes demandante y demandada, contra el dictamen pericial rendido por el Ingeniero Civil Edgar Augusto Giraldo el 06 de diciembre de 2011 (Fls. 405 a 435 y 439 a 445 cdno 2 -2), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3. NIÉGANSE las súplicas de la demanda, de conformidad con lo analizado en la parte motiva de esta sentencia. 4. Sin costas en esta instancia. 5. Expídanse las copias que sean solicitadas con destino a los interesados Expediente: 660012331000201000107 01 (54.408) Demandante: Departamento de Risaralda Demandado: Consorcio Erazo Navas Acción: Controversias contractuales 2 6. Una vez en firme la anterior decisión por Secretaría, procédase con la devolución a la parte demandante de los remanentes a que hubiere lugar.”1 2. El anterior proveído decidió la demanda 2 presentada el 20 de abril de 2010 3 por el departamento de Risaralda (en adelante el Departamento o el demandante), cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se desarrollan a continuación. Pretensiones 3. El demandante formuló las siguientes pretensiones declarativas y de condena4: “1. Que se declare que el consorcio ERAZO – NAVAS, representado por el arquitecto Carlos Alberto Erazo Chávez incumplió el contrato de obra pública No. 1043 de 2007, cuyo objeto es ‘ ADECUACIONES GENERALES PARA ACCESO DISCAPACITADOS, MEJORAMIENTO HALL PRIMER PISO, DE PLAZOLETA Y AREAS EXTERIORES PALACIO DEPARTAMENTAL’. 2. Que como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento se condene al CONSORCIO ERAZO – NAVAS, a pagar los prejuicios [sic] ocasionados a la Gobernación de Risaralda, los cuales a l momento de presentación la acción contractual [sic] se calculan en la suma de Mil Millones de Pesos m/cte. ($1.000.000.000.oo) 3. Que el valor de los perjuicios sea actualizado al momento de ejecutoria de la sentencia. 4. Que se de cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. 5. Que se condene en costas al CONSORCIO ERAZO – NAVAS.” 5 Hechos 4. En apoyo de sus peticiones, la parte actora relató, en síntesis, los siguientes hechos: 4.1. Indicó que, previo proceso de licitación pública, el 12 de octubre de 2007 el Departamento y el Consorcio Erazo Navas —integrado por Carlos Alberto Erazo Chávez y Juan Alberto Navas Ramírez6— (en adelante, el Consorcio, el contratista o el demandado) celebraron el contrato de obra No. 1043, cuyo objeto consistió en la construcción de las rampas de acceso para discapacitados y el mejoramiento del hall del primer piso, la plazoleta y las áreas exteriores del palacio de gobierno del Departamento, lo que incluyó trabajos de redistribución de las plazoletas exteriores, impermeabilización y cambio de los acabados de los pisos. Agregó que el valor del contrato fue de $593’099.059 y que su plazo fue de 75 días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, lo que ocurrió el 17 de octubre de 2007. 1 Folios 303 y 304, cuaderno del Consejo de Estado. 2 La demanda obra a folios 47 a 60 del cuaderno 1. 3 La fecha de presentación de la demanda consta en el sello impuesto por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda (folio 60, cuaderno 1) 4 Folios 47 a 49, cuaderno 1. 5 Folios 47 a 49, cuaderno 1. 6 Ver acuerdo consorcial del 12 de septiembre de 2007 que obra a folio 64 del cuaderno 1. Expediente: 660012331000201000107 01 (54.408) Demandante: Departamento de Risaralda Demandado: Consorcio Erazo Navas Acción: Controversias contractuales 3 4.2. Relató que, el 17 de diciembre de 2007, las partes suscribieron el contrato adicional No. 1 por $284’700.000 —lo que obligó a ajustar el valor de la póliza — y que el 27 de diciembre de 2007 se amplió el plazo de ejecución en 54 días calendario —hasta el 23 de febrero de 2008—. Agregó que el 13 de febrero de 2008 se adicionó nuevamente el valor del contrato en $12’600.000. 4.3. Afirmó que, durante la ejecución del contrato, el interventor —a cargo del consorcio Hur tado – Caseven— identificó filtraciones en el cielorraso de los archivos, debajo de las placas impermeabilizadas y en el sector de parqueaderos, por lo que requirió al Consorcio a corregir dichas humedades, de lo que se dejó constancia en las actas del com ité de obras Nos. 12 a 20 suscritas entre el 9 de enero y el 18 de febrero de 2008. 4.4. Manifestó que, en el informe técnico de conclusión sobre las obras, el interventor sostuvo que el Consorcio no ejecutó correctamente los trabajos de impermeabilización pes e a los múltiples requerimientos que se hicieron en tal sentido, motivo por el cual no estimaba procedente expedir el certificado de recibo a satisfacción de la obra. Aseveró que, debido a esa misma razón, el Departamento no recibió la obra ni liquidó el n egocio jurídico, lo que le fue comunicado al demandado en respuesta a las peticiones remitidas por éste con el objeto de que se finiquitara el contrato de obra No. 1043 de 2007. 4.5. Señaló que, mediante Resolución No. 893 del 19 de junio de 2008, el Departamento declaró el incumplimiento del contrato de obra No. 1043 de 2007 y la ocurrencia del siniestro, decisión que fue confirmada mediante Resolución No. 331 del 10 de julio de 2009. 4.6. Afirmó que, pese a que en dichas resoluciones se declaró el incumplimient o por el valor total del amparo de cumplimiento —$178’079.811,80, luego de los ajustes derivados de las adiciones al contrato —, ese monto no cubre el valor total de los perjuicios ocasionados al Departamento, los cuales se siguen causando debido a que el p alacio de gobierno tiene varias zonas inutilizables y sometidas a constante humedad. 4.7. El Departamento solo invocó el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA) como fundamento de derecho de su demanda. Los argumentos de defensa del demandado 5. El 17 de enero de 20117, el Consorcio contestó la demanda en el sentido de oponerse a todas las pretensiones. En su defensa, planteó las excepciones que denominó “ pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto” y “culpa exclusiva del contratante”, cuyos fundamentos consistieron en las siguientes razones de hecho y de derecho: 7 Folios 89 a 103, cuaderno 1. La constancia de recepción por parte de la Secretaría del Tribunal Administrativo obra en el folio 103 (reverso) del cuaderno 1. Expediente: 660012331000201000107 01 (54.408) Demandante: Departamento de Risaralda Demandado: Consorcio Erazo Navas Acción: Controversias contractuales 4 5.1. Expresó que el Consorcio cumplió cabalmente con la ejecución del ítem de impermeabilización, lo que está probado en las actas de comité de obra, la bitácora de obra y las actas de obra parciales Nos. 1 a 4 en las que se recibió a satisfacción este ítem, por lo cual el informe del interventor está fundado en premisas equivocadas. 5.2. Manifestó que el Departamento vulneró su derecho al debido proceso porque no valoró integralmente las pruebas allegadas durante el trámite administrativo en el que se practicaron los testimonios de la arquitecta Ana Clara Candamil, el ingeniero Jairo Antonio Patiño, entre otros testigos, que dieron fe de que el Consorcio siguió cabalmente las especificaciones técnicas del producto impermeabilizante. 5.3. Señaló que el 18 de febrero de 2010, el Consorcio presentó demanda en ejercicio de la acción de controversias contractuales en la que se pretendió la nulidad de las mismas resoluciones expedidas por el Departamento, por lo cual se configura la excepción de pleito pendiente porque la controversia versa sobre el mismo objeto, las mismas partes y respecto de los mismos hechos. 5.4. Afirmó que el Departamento celebró el contrato de obr a No. 1043 de 2007 sin haber elaborado previamente los estudios sobre las causas de las humedades y l

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=660012331000201000107011100103