Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA ALCALDE MUNICIPAL) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: de ello se deriva que no existe una obligación contractual

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2022-03-30
Radicado
25000233600020160207101
Número interno
64190
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
SOCIEDAD MOTTA RODRIGUEZ ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA.
Demandado
DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: de ello se deriva que no existe una obligación contractual

Relevancia Matiza la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

Las partes del contrato acordaron un precio fijo… incluido IVA y todos los costos directos e indirectos que se causen por el hecho de la celebración y ejecución del contrato como contraprestación por la ejecución del objeto contractual. Por lo tanto, resulta conceptualmente impreciso demandar por el incumplimiento de las obligaciones de una entidad estatal cuando esta pagó, justamente, el monto acordado en el contrato. De ello se deriva que no existe una obligación contractual respecto de la cual pueda predicarse un incumplimiento.… La conducta del contratista es, cuando menos, llamativa, además de contraria a la buena fe y a la doctrina de los actos propios.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no acredita un incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal cuando esta ha pagado el precio fijado en el contrato, incluyendo IVA y costos directos e indirectos, ya que no existe una obligación contractual incumplida. La Sala sostiene que la conducta del contratista es contraria a la buena fe y a la teoría del acto propio, dado que conocía los términos del contrato desde el procedimiento de selección y no puede solicitar judicialmente la modificación de los honorarios pactados. Además, la elección de la modalidad de pago debe estar en consonancia con la solemnidad del contrato estatal y el respeto a la autonomía de la voluntad, por lo que el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato a menos que existan causales legales que lo justifiquen. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la prohibición de venir contra los actos propios y la necesidad de que la entidad haya dejado constancias o salvedades en las modificaciones del contrato.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se acreditó un incumplimiento del contrato por parte de la Administración Pública?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿El contratante cumplió con sus obligaciones al pagar el precio del contrato según lo estipulado en el mismo?
  • ¿La elección de la modalidad de pago en el contrato debe estar en consonancia con su solemnidad?
  • ¿En qué consiste la teoría de los actos propios?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato Suspensión del contrato

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección A)
La entidad pública demandada respetó el debido proceso
Consejo de Estado 2024-09-11 Sección Tercera (Subsección B)
La Sala confirmará la sentencia apelada que denegó las súplicas de las demandas
Consejo de Estado 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C)
Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes
Consejo de Estado 2025-07-01 Sección Tercera (Subsección A)
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Consejo de Estado 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B)
El contrato de consultoría suscrito por FONADE se encuentra exceptuado de la aplicación del estatuto de contratación estatal
Consejo de Estado 2022-07-15 Sección Tercera (Subsección A)
La entidad demandada incumplió el contrato de consultoría al no cancelar los honorarios pactados
Titulación de la relatoría 8.731 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONTRATO DE CONSULTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / PARTES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTENIDO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE TRABAJO / PRECIO DEL CONTRATO / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PAGO DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / CONTRATISTA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / ACTO PROPIO / TEORÍA DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / HONORARIOS DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿Se acreditó un incumplimiento del contrato por parte de la Administración Pública? Respuesta al problema jurídico: No Las partes del contrato acordaron un precio fijo (…) “incluido IVA y todos los costos directos e indirectos que se causen por el hecho de la celebración y ejecución del contrato” como contraprestación por la ejecución del objeto contractual. Por lo tanto, resulta conceptualmente impreciso demandar por el incumplimiento de las obligaciones de una entidad estatal cuando esta pagó, justamente, el monto acordado en el contrato. De ello se deriva que no existe una obligación contractual respecto de la cual pueda predicarse un incumplimiento. (…) [L]a conducta del contratista es, cuando menos, llamativa, además de contraria a la buena fe y a la doctrina de los actos propios. La sociedad demandante conoció los términos del contrato, incluido su valor, desde el procedimiento de selección y decidió suscribir el contrato en esos términos. Por ello sorprende su solicitud de variar judicialmente los honorarios, después de haberse hecho parte en un procedimiento de selección, de haber accedido a un monto fijo al momento de la celebración del contrato, y de haberlo ejecutado en su totalidad. De otra parte, no existe una solicitud de nulidad de la cláusula que contiene el valor del contrato que permita desconocer el acuerdo entre las partes, o variar judicialmente lo que, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, estas acordaron. INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DEBER DE OBEDIENCIA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO / HONORARIOS DEL CONTRATISTA / CONTRATO DE CONSULTORÍA / NORMA DE DERECHO PÚBLICO / CONCURSO ABIERTO DE MÉRITOS / ARQUITECTO Problema jurídico: ¿El contratante cumplió con sus obligaciones al pagar el precio del contrato según lo estipulado en el mismo? Respuesta al problema jurídico: Si Tampoco observa la Sala una norma de derecho público de obligatorio cumplimiento que haya sido desobedecida por el contrato y la forma en que las partes pactaron los honorarios del consultor. El parágrafo del artículo 61 del Decreto 2474 de 2008 preceptuaba que “para la selección de proyectos de arquitectura mediante el uso de concurso abierto por medio de jurados se aplicará el procedimiento señalado en el Decreto 2326 de 1995, hasta tanto no se expida el reglamento que lo modifique”. Como puede verse, la remisión del Decreto 2474 de 2008 se refería al procedimiento señalado en el Decreto 2326 de 1995, concepto -procedimiento- y consecuencial remisión que no comprende las condiciones contractuales, ni la tasación de honorarios. Por lo tanto, las partes podían pactar un precio distinto al determinado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos sin que esto implicara contrariar las disposiciones referidas. Por no existir razones para declarar el incumplimiento de la entidad estatal por haber realizado el pago según lo acordado en el contrato y no de conformidad con lo previsto en el Decreto 2326 de 1995, la Sala confirmará sobre este punto la decisión de primera instancia. FUENTE FORMAL: DECRETO 2326 DE 1995, DECRETO 2474 DE 2008 - ARTÍCULO 61 CONTRATO DE CONSULTORÍA / PRECIO DEL CONTRATO / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO SOLEMNE / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA BUENA FE Problema jurídico: ¿La elección de la modalidad de pago en el contrato debe estar en consonancia con su solemnidad? Respuesta al problema jurídico: Si Las partes del contrato pactaron un precio fijo por la ejecución del objeto contractual (…) “incluido IVA y todos los costos directos e indirectos que se causen por el hecho de la celebración y ejecución del contrato”. Como lo ha indicado esta Subsección de manera reciente, la elección de la modalidad de pago lleva implícita una asunción de deberes de conducta que es relevante, pues el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato -ausente una causal legal que lo justifique, tales como la ruptura del equilibrio económico del contrato en los términos del artículo 4-3 y 4-8 del Estatuto-. Lo anterior es una consecuencia, entre otros, del carácter solemne de los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y el respeto de la autonomía de la voluntad. En adición, esta Corporación ha sostenido en una estable línea jurisprudencial que “del principio de buena fe y la prohibición de venir contra los actos propios se deriva que las pretensiones de la demanda solamente pueden prosperar cuando el demandante ha dejado constancias o salvedades en las modificaciones, adiciones, prórrogas, [y] suspensiones”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la prohibición de ir contra los actos propios y la necesidad de que la entidad haya dejado constancias o salvedades en las modificaciones, adiciones, prórrogas y suspensiones del contrato, cita: sentencia de 28 de abril de 2021, Exp. 52085, C.P. Alberto Montaña Plata, sentencia del 31 de agosto de 2011, Exp. 18080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 20 de octubre de 2014, Exp. 24809, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. CONDICIONES DEL CONTRATO / CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATISTA / DEBERES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / TEORÍA DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL Problema jurídico: ¿En qué consiste la teoría de los actos propios? Respuesta al problema jurídico: Si En ninguno de los acuerdos de suspensión del contrato el contratista dejó salvedades. Adicionalmente, en todos y cada uno de ellos, las partes acordaron que las demás cláusulas, incluida la de precio, permanecían vigentes. Por lo tanto, existió pacto expreso sobre la no-modificación del valor. Igualmente, de manera reciente esta Subsección sostuvo que, si las partes acordaron una suspensión o una prórroga y no modificaron la cláusula de valor, ni tampoco indicaron que esta alteración en el tiempo de ejecución tendría un costo adicional, con ello determinaron que ese negocio jurídico de suspensión o prórroga se haría en esas condiciones; esto es, sin que implicara un costo extra para la entidad. Lo anterior es especialmente cierto para materias relacionadas con un negocio jurídico solemne como el contrato estatal, sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en donde, si se modifica el plazo, pero no el valor, difícilmente podría forzarse judicialmente la modificación de este último como consecuencia de un acuerdo de las partes sobre la alteración de aquel. Esta lógica derivada directamente de la teoría del negocio jurídico se relaciona, además, con el principio de buena fe y la doctrina de los actos propios. Esto es así, pues resultaría contrario a ellos permitir que una parte prevalezca en juicio desconociendo que prestó su voluntad en la celebración de un negocio jurídico, sin advertir a su contraparte que aceptaba con reserva lo que estaba firmando. Con base en las anteriores consideraciones la Sala decidirá que deben negarse todas las pretensiones y, por lo tanto, revocará la Sentencia de primera instancia.
Texto extraído del PDF oficial 36.384 caracteres
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata Bogotá D.C., 30 de marzo de 2022 Radicación: 25000-23-36-000-2016-02071-01(64190) Demandante: Sociedad Motta Rodríguez Arquitectos Asociados LTDA Demandado: Bogotá D.C. – Secretaría de Gobierno Referencia: controversias contractuales Temas: incumplimiento del contrato - desequilibrio económico- mayor permanencia - honorarios pactados de mutuo acuerdo - no obligatoriedad de pagar los honorarios del Decreto 2326 de 1995. Síntesis: un consultor solicitó la declaratoria de incumplimiento del contrato, pues la entidad contratante no pagó sus honorarios de conformidad con lo normado en el Decreto 2326 de 1995. También solicitó la declaratoria de ruptura del equilibrio económico del contrato como consecuencia de varias suspensiones suscritas de mutuo acuerdo y sin salvedades. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las dos partes en contra de la Sentencia proferida el 20 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en la cual se declaró que hubo desequilibrio económico del contrato, y se condenó al Distrito a pagar una suma de dinero a favor de la demandante1. Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión 1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada. 1.3. Sentencia de primera instancia. 1.4. Recursos de apelación. 1.5. Trámite relevante en segunda instancia. 1.1. Posición de la parte demandante 1. La sociedad Motta & Rodríguez Arquitectos Asociados LTDA presentó demanda2, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en contra de Bogotá D.C. - Secretaría de Gobierno, con las siguientes pretensiones (se trascribe): 1 El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso de apelación interpuesto por las dos partes en un proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). 2 El 6 de octubre de 2016 F. 2-27 del cuaderno 20. Radicación: 25000-23-36-000-2016-02071-01(64190) Demandante: Sociedad Motta Rodríguez Arquitectos Asociados LTDA Demandado: Bogotá D.C. – Secretaría de Gobierno Referencia: controversias contractuales Decisión: revoca parcialmente la Sentencia 2 de 12 Primera: Que se declare que la Alcaldía Mayor - Secretaría de Gobierno incumplió el Contrato de Consultoría No. 0989 de 2014, al no pagar los honorarios del contratista de conformidad con lo establecido en el Decreto 2326 de 1995 o las normas que los modifiquen o sustituyan. Segunda: Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Alcaldía Mayor Secretaría de Gobierno que proceda al reconocimiento de los honorarios del contratista de conformidad con lo establecido en el Decreto 2326 de 1995 o las normas que los modifiquen o sustituyan. Subsidiaria a la Pretensión Primera y Segunda anterior: Que la Secretaría de Gobierno Distrital proceda al reajuste y pago del mayor valor de los honorarios y los estudios técnicos del Contrato de Consultoría No. 0989 de 2014, y sus modificaciones, para lo cual deberá aplicar lo establecido en el Reglamento de la SCA de conformidad con lo establecido en el Decreto 23261 de 1995 o las normas que los modifiquen o sustituyan. Tercera: Que se declare que el Contrato de Consultoría No. 0989 de 2014 sufrió un desequilibrio económico adicionalmente al incumplimiento de la entidad convocada, por una mayor permanencia ocasionada por las suspensiones al Contrato todas ajenas a la voluntad del contratista, Cuarta: Que se proceda a la liquidación del Contrato, reconociendo y pagando a la sociedad convocante al menos las siguientes sumas de dinero: Mayores valores como resultado del desequilibrio económico Cuantificación del desequilibrio económico contrato 0989/2011 Mayores valores como resultado del desequilibrio económico Cuadro Concepto Valor 1.2 MAYOR VALOR-LIQUIDACIÓN HONORARIOS ARQUITECTURA $392.125.800,29 1.3 MAYOR VALOR - ESTUDIOS TÉCNICOS $214.350.285,18 3.1 MAYOR VALOR - VALOR PRESENTE NETO DEL CONTRATO $22.839.352,66 3.2 MAYOR VALOR-LUCRO CESANTE DE SALDO NETO DEL CONTRATO $164.108.390,97 3.3 MAYOR VALOR-FINANCIACIÓN DEL CONTRATO POR EL CONSULTOR $156.209.109,33 3.4 MAYOR VALOR- OTROS GASTOS DEL CONTRATO $973.583,00 Valor Desequilibrio Contrato 0989/2011 $950.606.521,42 Subsidiaria a la pretensión cuarta: Que se proceda a la liquidación del Contrato, reconociendo y pagando a la sociedad convocante por los siguientes conceptos: MAYOR VALOR - LIQUIDACION HONORARIOS ARQUITECTURA MAYOR VALOR - ESTUDIOS TECNICOS MAYOR VALOR - VALOR PRESENTE NETO DEL CONTRATO MAYOR VALOR LUCRO CESANTE DE SALDO NETO DEL CONTRATO MAYOR VALOR- FINANCIACION DEL CONTRATO POR EL CONSULTOR MAYOR VALOR-OTROS GASTOS DEL CONTRATO Lo anterior de conformidad con el dictamen pericial que en curso del presente proceso judicial se decrete y practique a fin de establecer el valor de las pretensiones y condenas. Quinto: Que las sumas a que fuere condenado a pagar FONADE, se actualicen a la fecha en que se efectúe el pago. Sexta: Que sobre las sumas anteriores se reconozcan intereses a la máxima tasa permitida y de conformidad con lo establecido en la Ley 1437. de 2011. Séptima: Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada 2. La parte demandante basó sus pretensiones, en síntesis, en los siguientes hechos: Radicación: 25000-23-36-000-2016-02071-01(64190) Demandante: Sociedad Motta Rodríguez Arquitectos Asociados LTDA Demandado: Bogotá D.C. – Secretaría de Gobierno Referencia: controversias contractuales Decisión: revoca parcialmente la Sentencia 3 de 12 3. 1) La sociedad Motta y Rodríguez Arquitectos Asociados LTDA y el Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de Gobierno celebraron, el 28 de diciembre de 2011, el Contrato de Consultoría 989 de 2011, en el cual el consultor se obligó con la Secretaría a “realizar el diseño arquitectónico definitivo y los estudios técnicos de la nueva sede de la alcaldía local de Usme. Lo anterior en concordancia con el anteproyecto ganador, las bases del concurso de méritos abierto SGCM-004 de 2010”. El contrato tenía un valor total de $351.763.416, incluido el IVA y todos los costos directos e indirectos. 4. 2) El acta de inicio se suscribió el 17 de mayo de 2013, 17 meses después de la firma del contrato. 5. 3) Las partes modificaron, mediante el Otrosí modificatorio de 19 de julio de 2013, entre otras, las cláusulas relativas a los pagos tercero, cuarto y quinto del contrato. 6. 4) El contrato fue suspendido en varias ocasiones, siempre por causas ajenas a la voluntad del consultor. 7. 5) En resumen, ninguna de las suspensiones fue motivada por temas derivados de los servicios profesionales del consultor, ni por el avance del cronograma de trabajos a su cargo. Todos derivaron de la definición de la interventoría del contrato, los vicios jurídicos y catastrales de la propiedad, la entrega de documentos a cargo de la entidad como la escritura de aclaración de cabida y linderos para el predio, la inclusión de datos en la manzana catastral, la ejecución de trámites no incluidos en las bases del concurso, y la fallida implementación y suspensión del POT. 8. 6) El proyecto arquitectónico fue entregado en su totalidad el 22 de julio de 2014. La interventoría aprobó sin observaciones los diseños presentados por el consultor. Con ello se aprobó, además, la presentación de la factura correspondiente al tercer pago del contrato. 9. 7) La Interventoría emitió el recibido de los estudios técnicos para el pago cuarto mediante oficio de 28 de agosto de 2014. 10. 8) El contrato terminó el 12 de diciembre de 2014. 11. 9) A la fecha de presentación de la demanda no se había liquidado el contrato, ni reconocido las sumas a favor del consultor de conformidad con la legislación vigente. 12. En los fundamentos de derecho, la sociedad demandante explicó que el Decreto 2326 de 1995 era de aplicación obligatoria, como consecuencia de lo ordenado por el Decreto 2474 de 2008. Por ello, debía reconocerse el pago de los honorarios en la manera establecida en esa norma. Además, señaló que el contrato se suscribió el 28 de diciembre de 2011, el acta de inicio el 17 de mayo de 2013, y hubo suspensiones que extendieron el término Radicación: 25000-23-36-000-2016-02071-01(64190) Demandante: Sociedad Motta Rodríguez Arquitectos Asociados LTDA Demandado: Bogotá D.C. – Secretaría de Gobierno Referencia: controversias contractuales Decisión: revoca parcialmente la Sentencia 4 de 12 de ejecución hasta el 12 de diciembre de 2014. Todo esto ocasionó una mayor permanencia que debe ser restituida por la entidad con base, entre otras, en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 1.2. Posición de la parte demandada 13. La Secretaría de Gobierno del Distrito de Bogotá contestó la demanda3, en la cual solicitó que se negaran las pretensiones. En síntesis, sostuvo que: 14. La mayoría de los hechos eran ciertos; todas las suspensiones habían sido solicitadas por el consultor; el contratista no dejó salvedades en las suspensiones; las causas de estas no eran ajenas al contratista, y algunas eran atribuibles a él. Para sustentar su posición aclaró que no era posible que el consultor no conociera las condiciones del inmueble, pues esto se indicó en las bases del concurso. Subrayó que “cualquier firma de arquitectos con experiencia en trámites de licencia de construcción en la ci

Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201602071011100103