Síntesis de la providencia
Contratación estatal: Sentencia
Relevancia
Reitera la jurisprudencia.
Lo que dijo la Sala
La jurisprudencia constitucional, y la de esta jurisdicción, han sido claras en determinar que la facultad de modificar los contratos estatales tiene límites, incluso cuando dicha alteración proviene de los propios términos del contrato, como es el caso de las cláusulas de prórroga automática.… Las prórrogas automáticas en los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública han dado lugar a una estable línea jurisprudencial sostenida por las tres subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado que las considera, por regla general, nulas, tanto en vigencia del Decreto 222 de 1983, como bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993.… No obstante, de manera reciente, esta Subsección consideró que la nulidad de las prórrogas automáticas debía declararse con base en un análisis del caso y, en particular…
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Síntesis síntesis automática
El contratista no puede incluir cláusulas de prórroga automática en contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ya que estas violan principios fundamentales como la libre competencia económica, la transparencia y la selección objetiva. Sin embargo, la nulidad de estas cláusulas debe evaluarse en función del caso específico y del contrato en cuestión, permitiendo excepciones en circunstancias particulares. La regla general es que las prórrogas automáticas son nulas, pero la jurisprudencia ha matizado esta posición para permitir un análisis contextual que pueda justificar su validez en casos puntuales, lo que implica que los jueces deben considerar cuidadosamente cada situación antes de declarar la nulidad.
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Problema jurídico
¿Aunque las prórrogas automáticas en los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por regla general son invalidas, en algunas ocasiones el ordenamiento jurídico permite incluirlas, por lo que, para la declaratoria de nulidad debe realizarse un análisis del caso y, en particular, del contrato?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿Resulta procedente la declaratoria de nulidad parcial por objeto ilícito, de la cláusula del contrato de prestación de servicio que incluye la prórroga automática del mismo…
- ¿Dada la nulidad de la cláusula del contrato de prestación de servicios en lo relativo a la prórroga automática, resulta procedente el decreto de la caducidad del medio de control…
- ¿Resulta improcedente el decreto de las restituciones mutuas a favor del demandante, teniendo en cuenta que el contrato fue válido y solamente se declaró la nulidad de una de sus cláusulas?
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Titulación de la relatoría 12.442 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / CLÁUSULA DE PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO ESTATAL / PROHIBICIÓN DE CLÁUSULA DE PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA / PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA
Problema jurídico:
¿Aunque las prórrogas automáticas en los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por regla general son invalidas, en algunas ocasiones el ordenamiento jurídico permite incluirlas, por lo que, para la declaratoria de nulidad debe realizarse un análisis del caso y, en particular, del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisprudencia constitucional, y la de esta jurisdicción, han sido claras en determinar que la facultad de modificar los contratos estatales tiene límites, incluso cuando dicha alteración proviene de los propios términos del contrato, como es el caso de las cláusulas de prórroga automática. (...) Las prórrogas automáticas en los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública han dado lugar a una estable línea jurisprudencial sostenida por las tres subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado que las considera, por regla general, nulas, tanto en vigencia del Decreto 222 de 1983, como bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993. (...) No obstante, de manera reciente, esta Subsección consideró que la nulidad de las prórrogas automáticas debía declararse con base en un análisis del caso y, en particular, del contrato. (...) La invalidez de las prórrogas automáticas tiene sustento legal y constitucional, en la medida en que busca proteger principios tales como el de libre competencia de los oferentes, la transparencia, el deber de selección objetiva, entre otros. Resultaría inane tener un sistema de contratación pública basado en la competencia entre oferentes y en la transparencia, que se da en el marco de los procedimientos de selección; si una vez adjudicados los contratos, estos pueden extenderse indefinidamente, y al infinito, por la vía de las prórrogas o de las prórrogas automáticas. (...) Pese a ello, como lo ha reconocido la propia jurisprudencia que declara su invalidez por regla general, en algunas ocasiones el ordenamiento jurídico permite incluir prórrogas automáticas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las prórrogas automáticas en los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, consultar providencias de 6 de julio de 2020, Exp. 46071, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; de 6 de julio de 2020, Exp. 47120, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; de 21 de mayo de 2021, Exp. 49483, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 2 de julio de 2021, Exp. 60263, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 5 de marzo de 2021, Exp. 62250, C.P. Nicolás Yepes Corrales; de 18 de noviembre de 2021, Exp. 60581, C.P. Martín Bermúdez Muñoz. Acerca de la facultad de modificar los contratos estatales, consultar providencias de la Corte Constitucional, C-949 de 2001; C-300 de 2012.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CLÁUSULA DE PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO ESTATAL / PROHIBICIÓN DE CLÁUSULA DE PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD PARCIAL / OBJETO ILÍCITO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTENIDO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / REGULACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / NORMATIVIDAD DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la declaratoria de nulidad parcial por objeto ilícito, de la cláusula del contrato de prestación de servicio que incluye la prórroga automática del mismo, pese a que la referida cláusula no verse sobre el objeto del negocio jurídico sino a su contenido?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los argumentos del recurrente, de carácter lingüístico más que jurídico, parten de un desconocimiento fundamental de la teoría del negocio jurídico y la normativa sobre los contratos en los estatutos civil, comercial, y de contratación de la administración. El argumento del recurrente puede resumirse en la siguiente frase: debido a que la cláusula novena no tiene objeto, no puede declararse su nulidad por objeto ilícito. (...) Es cierto que el objeto y el contenido del contrato son, conceptualmente, distintos. (...) Luego, es correcto que el objeto de un contrato de prestación de servicios lo constituye el servicio prestado, que tampoco se confunde con lo que las partes llaman objeto en la cláusula rotulada bajo tal título; mientras que el clausulado, como la 9 del contrato, son parte del contenido del negocio jurídico. (...) No obstante, parece desconocer por completo el apelante que (1) es posible expulsar del ordenamiento las clausulas que contraríen normas de derecho público; (2) el principio de conservación o salvación del contrato exige anular solamente aquellas disposiciones contrarias a derecho, y dejar indemnes las demás; (3) las normas del Código Civil equiparan la nulidad del contenido del contrato con la nulidad por objeto ilícito. Muestra de ello es que las normas sobre licitud del objeto no se agotan con los artículos 1519 y 1521, sino que incluyen, también, el artículo 1523 del Código Civil que indica que hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes. También en el mismo sentido debe considerarse que no existe en ese estatuto una norma que expresamente se refiera a la ilicitud de parte del contenido. (...) Como consecuencia de la reglamentación del Código Civil sobre objeto ilícito, dondequiera que, técnicamente, existe ilicitud del contenido de un contrato, el juez ha declarado la ilicitud del objeto. Por lo tanto, no ha errado esta corporación cuando ha declarado el objeto ilícito de las prórrogas automáticas, ni lo hizo tampoco el Tribunal, pues en uno y otro caso, dicha manera particular de anular responde a la legislación civil vigente. (...) Sin embargo, este intento de precisión lingüística del apelante no desdice de la ilicitud del aparte de la cláusula novena anulada por el Tribunal. Se recuerda al recurrente que el Código de Comercio, artículo 899, además de la ilicitud de causa y objeto, considera nulo absolutamente el negocio jurídico “cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa”. Luego, aún si no fueran suficientes las normas del Código Civil para declarar la nulidad absoluta, por objeto ilícito, podría también recurrirse al artículo 899 del Código de Comercio para declarar la nulidad del contenido, pues ese artículo sobre la nulidad absoluta sí distingue entre nulidad de objeto y de contenido del contrato. (...) Adicionalmente, para la Sala, en este caso, la disposición sobre la prórroga automática sí resulta contraria a principios legales y constitucionales y debe confirmarse su absoluta nulidad. (...) En primer lugar, como lo advirtió el Tribunal, en este caso existe una prórroga automática sin una expresa habilitación legal para ello. En segundo lugar, en Colombia existe un mercado de servicios inmobiliarios que se vería clausurado en caso de que se aceptaran prórrogas automáticas en este tipo de contrato, lo que resulta contrario al principio constitucional de libre competencia e igualdad de condiciones en los mercados. En tercer lugar, el tipo contractual de prestación de servicios tiene una regla expresa en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública “se celebrarán por el término estrictamente indispensable”; lo que, para la Sala, está en perfecta contradicción con el contenido de las prórrogas automáticas. (...) Por los motivos recién referidos, la Sala confirmará la decisión del Tribunal en punto de la nulidad absoluta parcial de la cláusula novena en lo relativo a la prórroga automática.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la nulidad por objeto ilícito de las prórrogas automáticas, consultar providencia de 21 de mayo de 2021, Exp. 49483, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 899, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1521, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1523
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD PARCIAL / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA DE PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO ESTATAL / PROHIBICIÓN DE CLÁUSULA DE PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO ESTATAL / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Dada la nulidad de la cláusula del contrato de prestación de servicios en lo relativo a la prórroga automática, resulta procedente el decreto de la caducidad del medio de control, teniendo en cuenta la respectiva fecha de terminación del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a fecha de terminación del contrato fue el 21 de febrero de 2003. En esa medida, acertó el juzgador de instancia cuando decretó la caducidad del medio de control, pues incluso contado hasta el momento de la presentación de la primera demanda, la caducidad ya había operado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / NULIDAD RELATIVA / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA DE PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO ESTATAL / PROHIBICIÓN DE CLÁUSULA DE PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / RESTITUCIONES MUTUAS / IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS
Problema jurídico:
¿Resulta improcedente el decreto de las restituciones mutuas a favor del demandante, teniendo en cuenta que el contrato fue válido y solamente se declaró la nulidad de una de sus cláusulas?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s acertada la decisión de no decretar restituciones mutuas
a favor del demandante. No obstante, para la Sala, la razón de ello se deriva
de que, para todos los efectos legales, el contrato fue válido y solamente se
declaró la nulidad de una de sus cláusulas. El aparte nulo se relacionaba
con el término, por lo que no había lugar a estudiar las restituciones mutuas.
Labor que sí hubiera tenido que emprenderse en caso de que se hubiera
declarado la nulidad de todo el negocio jurídico, o de una cláusula con
obligaciones recíprocas y ejecutadas por las partes.
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / GESTIÓN DEL ABOGADO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la condena en costas en segunda instancia de conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del artículo 365 del CGP, teniendo en cuenta la gestión del apoderado de la parte demandada?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del
artículo 365 del CGP, se condenará en esta instancia en costas a la parte
demandante. En los términos del numeral 3.1.3. del artículo 6 del Acuerdo
1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, se fija la suma de 1
salario mínimo por agencias en derecho. La anterior suma se impone, pues
el apoderado de la parte demandada no intervino en esta instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365
Texto extraído del PDF oficial 29.663 caracteres
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 30 de marzo de 2022
Radicación: 44001-23-33-000-2016-00051-01 (64411)
Demandante: unión temporal Propiedad Inmobiliaria del
Municipio de Riohacha
Demandado: Distrito de Riohacha
Referencia: controversias contractuales
Temas: prórroga automática- nulidad absoluta - nulidad del contenido - caducidad
Síntesis: un contratista solicitó que se convalidaran los acuerdos a que llegaron las partes en
13 actas de liquidación y que se liquidara el contrato. La cláusula de prórroga automática
es nula y, por lo tanto, las pretensiones habían caducado.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia proferida el 13 de marzo de 2019 por el Tribunal
Administrativo de la Guajira, en la cual se declaró la nulidad absoluta de
una cláusula que contenía una prórroga automática, y de 2 otrosíes, se
declaró la excepción de caducidad y se negaron las pretensiones1.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.
1.3. Sentencia de primera instancia. 1.4. Recursos de apelación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. La unión temporal Propiedad Inmobiliaria del Municipio de Riohacha
presentó demanda2, en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, en contra del municipio de Riohacha, con las siguientes
pretensiones (se trascribe):
Primera Pretensión: Que se convaliden los acuerdos a que se llegaron en
las trece (13) reuniones de liquidación en sede administrativa,
consignadas por escrito en las trece (13) Actas de Liquidación firmadas
por funcionarios competentes de la Alcaldía Mayor de Riohacha y
directivos de la Unión Temporal Propiedad inmobiliaria del Municipio de
1 El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimient o Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).
2 El 2 de marzo de 2016 F. 1-4 del cuaderno 20.
Radicación: 44001-23-33-000-2016-0051-01 (64411)
Demandante: Observatorio de coyuntura económica
y política ambiental y social LTDA y
Otros
Demandado: Distrito de Riohacha
Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma la Sentencia
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Riohacha, integrantes de las empresas que la conforman; y que estos
acuerdos sean punto de partida para establecer las declaraciones y
condenas que liquiden definitivamente el Contrato de Prestación de
Servicios No. 0015 de 2.002 en sede judicial.
Segunda Pretensión: Que se declare el incumplimiento del Contratante,
Municipio de Riohacha, en elaborar el Acta de Liquidación Final a que
se obligó desde el 19 de Enero de 2.006, y que el no hacerlo, hizo que
deviniera la caducidad legal e incompetencia del Municipio de
Riohacha para presentar en sede administrativa el balance final y poder
extinguir definitivamente la relación contractual.
Tercera Pretensión: Que se realice en sede judicial la liquidación del
Contrato de Prestación de Servicios número 0015 del 2002 suscrito entre
el Municipio de Riohacha la Unión Temporal Propiedad Inmobiliaria del
Municipio de Riohacha, compuesta por las personas jurídicas
Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social
Limitada, y Tecniestudios del Caribe Limitada, y que como resultado de
ello, se establezcan las obligaciones dinerarias a que haya lugar, de
acuerdo al contenido de las cláusulas contractuales y de la ley,
equivalente al daño emergente por incumplimiento del contrato -
capital pendiente de pago en la suma debida y no pagada de nueve
mil doscientos cuarenta y nueve millones doscientos noventa y dos mil
ciento cincuenta y cinco pesos, discriminados así:
Cuarta Pretensión: Que sobre el valor adeudado relacionado
anteriormente, se condene al Distrito Turístico y Cultural de Riohacha,
antes Municipio de Riohacha, a reconocer y pagar el capital
actualizado más los intereses moratorios causados sobre el capital -
daño emergente por incumplimiento de contrato, desde su fecha de
causación [01-08-2.004] hasta cuando se haga efectivo el pago, de
acuerdo a la siguiente relación estimada a 31-12-2.015 (artículos 192 y
195 del CPACA)
(…)
Valor de la deuda actualizada a 31-12-2.015: (…) ($34.987.285.992)
Quinta Pretensión: Que se declaren perjuicios morales y emocionales
demostrados con acreditada existencia y magnitud, producidos a los
ciudadanos LEODEGAR LORENZO SEGUNDO ROIS REINA, BENJAMÍN
ESPELETA MAESTRE y SOLEIL ROYS COTES, socios de las empresas
demandantes, debido a los hechos que dan fundamento a esta
controversia contractual, y que los Honorables Magistrados,
"manteniendo la libertad probatoria, han de utilizar su prudente arbitrio
para tasar los perjuicios morales, en el marco de la equidad y la
reparación integral." (Corte Constitucional, Sentencia T-169/13).
Sexta Pretensión: Que se condene al demandado, Municipio de
Riohacha, hoy Distrito Turístico y Cultural de Riohacha al pago de los
gastos, costas y agencia en derecho en los términos del artículo 188 del
CPACA, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 446
de 1.998 y los criterios de aplicación del artículo 199 del Decreto 2282 de
1.989; esto es, las tarifas establecidas para este tipo de proceso a cuota
Litis en lo atinente a las agencias en derecho y dentro de los lineamientos
expuestos en la sentencia C-539 de julio 28 de 1.999 de la Honorable
Corte Constitucional.
Séptima Pretensión: Que la entidad demandada pagará a los aquí
demandantes la totalidad de los daños y perjuicios de todo orden cuya
existencia emerja de este asunto sin limitaciones de ninguna índole, tal
y como lo ordena el artículo 16 de la ley 446 de 1.998, que a la letra dice:
"Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de
justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas,
atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los
criterios técnicos actuariales".
2. La parte demandante basó sus pretensiones, en síntesis, en los siguientes
hechos:
Radicación: 44001-23-33-000-2016-0051-01 (64411)
Demandante: Observatorio de coyuntura económica
y política ambiental y social LTDA y
Otros
Demandado: Distrito de Riohacha
Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma la Sentencia
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3. 1) La Unión Temporal Propiedad Inmobiliaria del Municipio de Riohacha y
el municipio de Riohacha celebraron, el 21 de febrero de 2002, el contrato
de prestación de servicios 15 de 2002 , cuyo objeto era la “Asesoría y
dirección en la reorganización, operación, gestión de negocios y
explotación de la propiedad inmobiliaria del Municipio de Riohacha”. El
contrato tenía un término de 1 año contado a partir de su suscripción, “no
obstante, si no hubiese objeción alguna sobre la ejecución del contrato,
manifestada quince (15) días antes del vencimiento, se entenderá
prorrogado automáticamente por ocho (8) meses más al término del primer
año”.
4. 2) La Unión recibiría como remuneración una suma porcentual por
comisión, del 12% por venta de los lotes a personas naturales o jurídicas; así
como diferentes porcentajes por comisión variables entre el 5% y el 25% a
favor del contratista que dependían del tipo de operación realizada con los
bienes.
5. 3) Para el demandante, el Contrato se ejecutó entre el 21 de febrero de
2002 y el 31 de marzo de 2004. En la cláusula cuarta del otrosí 3, las partes
acordaron que “ la duración del presente contrato dependerá
directamente de la sentencia en última instancia que se profiera sobre los
negocios que se inicien dentro de los seis (6) meses siguientes contados a
partir de la firma del presente otrosí”. En la cláusula primera del Otrosí 4, se
acordó que “la duración del presente contrato dependerá directamente
de la sentencia en última instancia que se profiera sobre los negocios
jurídicos que busquen la reafirmación o recuperación de la propiedad
inmobiliaria o de la finalización de cualquier gestión administrativa”.
6. 3) Durante el tiempo de ejecución, el contratista cumplió con sus
obligaciones derivadas del contrato y entregó la valoración e inventario de
los predios.
7. 4) La contratante ha incumplido el contrato al no pagar lo que
contractualmente le corresponde al contratista. Por ejemplo, mediante
Escritura Pública 1139 de diciembre de 2007 hizo una venta de un bien por
un valor de $3.899.575.742, transacción sobre la cual no ha pagado la
comisión.
8. 5) A partir del 31 de marzo de 2004, una nueva administración municipal
no permitió al contratista acceder a las oficinas donde venía funcionando,
ubicadas en el Centro Administrativo Municipal.
9. 6) El Municipio, el 23 de abril de 2004, celebró un contrato con un tercero
con el mismo objeto contractual que el que dio origen a este litigio.
10. 7) Las partes intentaron liquidar de mutuo acuerdo el contrato. Hubo 13
reuniones y 13 actas de liquidación. Sin embargo, nunca se elaboró el acta
Radicación: 44001-23-33-000-2016-0051-01 (64411)
Demandante: Observatorio de coyuntura económica
y política ambiental y social LTDA y
Otros
Demandado: Distrito de Riohacha
Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma la Sentencia
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final de liquidación. Este periodo trascurrió del 4 de junio de 2004 al 4 de
agosto de 2006.
11. 8) El 4 de agosto de 2006 el contratista demandó solicitando la
liquidación j
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.