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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis

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Fecha
2022-02-28
Radicado
50001233100020090019601
Número interno
61910
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (META)
Demandado
RENAN DE JESUS VIRVIESCAS GANDARA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis

Lo que dijo la Sala

La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis, habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por los artículos 129 - modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998- y 132, numeral 10, del CCA, en armonía con el artículo 7 de la Ley 678 de 2001, y al oportuno ejercicio que de la acción hizo la parte demandante, ya que presentó su demanda… dentro de los dos (2) años posteriores al día siguiente al de la fecha del último pago efectuado por el municipio de Villavicencio… . Además, porque encuentra satisfecho el presupuesto de legitimación en causa, tanto por activa como por pasiva habida cuenta de que el Municipio de Villavicencio hubo de pagar la condena y es por tanto el sujeto titular del derecho de repetir lo pagado, y… el servidor de esa entidad territorial… suscribió y notificó el acto que fue objeto de la anulación que tuvo por consecuencia dicha condena.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista debe iniciar el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición a partir del día siguiente al último pago efectuado por la entidad estatal, conforme a la jurisprudencia que reitera la necesidad de cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en la Ley 678 de 2001 y el Código Contencioso Administrativo. Estos requisitos incluyen la existencia de una condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación dineraria a cargo de una entidad estatal, la realización efectiva del pago por parte de la entidad pública, la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado, y la calificación de su conducta a título de dolo o culpa grave. Esta regla implica que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse una vez se ha cumplido con todos estos requisitos, garantizando así el adecuado ejercicio de la acción de repetición.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿En la acción de repetición, cuál es el inicio del conteo del término de caducidad?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 132 núm. 10
  • Ley 446 de 1998, art. 37
  • Ley 678 de 2001, art. 7

También resuelve

  • ¿La normativa aplicable a la acción de repetición es la vigente al momento en que ocurren los hechos que dieron lugar a dicha acción?
  • ¿Cuáles son los requisitos de procedibilidad de la acción de repetición?
  • ¿En el presente caso son aplicables las presunciones legales de la Ley 678 de 2001?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANCIAL VIGENCIA DE LA LEY PROCESAL APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO OBLIGATORIEDAD DE LA LEY PROCESAL NORMA DE ORDEN PÚBLICO APLICACIÓN INMEDIATA DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONDENA JUDICIAL ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL CONDENA CONTRA EL ESTADO PAGO DE LA CONDENA PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CALIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EMPLEADO DE ENTIDAD TERRITORIAL CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO REINTEGRO DE FUNCIONARIO PÚBLICO INDEMNIZACIÓN POR REINTEGRO DE FUNCIONARIO PÚBLICO CULPA GRAVE CONCEPTO DE CULPA GRAVE DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE PRUEBA DE LA CULPA GRAVE DOLO CONCEPTO DE DOLO DEMOSTRACIÓN DEL DOLO PRUEBA DEL DOLO VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA AUTONOMÍA DEL JUEZ PRINCIPIO DE LA LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA PRESUNCIÓN DE DOLO REESTRUCTURACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL CÓDIGO CIVIL APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO OMISIÓN ADMINISTRATIVA FUNCIONARIO DE ENTIDAD TERRITORIAL REESTRUCTURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR MATERNIDAD MUJER EMBARAZADA FUERO DE MATERNIDAD DERECHOS DE LA MUJER EMBARAZADA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LA MUJER EMBARAZADA DISCRIMINACIÓN A LA MUJER EMBARAZADA DESPIDO DE TRABAJADORA EMBARAZADA SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO LICENCIA DE MATERNIDAD DERECHO A LA LICENCIA DE MATERNIDAD PERIODO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD ORDEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO ACTOS DEL ALCALDE PARTICIPACIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO REINTEGRO DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA JUDICIAL IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO

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Titulación de la relatoría 19.951 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿En la acción de repetición, cuál es el inicio del conteo del término de caducidad? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis, habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por los artículos 129 - modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998- y 132, numeral 10, del CCA, en armonía con el artículo 7 de la Ley 678 de 2001, y al oportuno ejercicio que de la acción hizo la parte demandante, ya que presentó su demanda (…) dentro de los dos (2) años posteriores al día siguiente al de la fecha del último pago efectuado por el municipio de Villavicencio (…). Además, porque encuentra satisfecho el presupuesto de legitimación en causa, tanto por activa como por pasiva habida cuenta de que el Municipio de Villavicencio hubo de pagar la condena y es por tanto el sujeto titular del derecho de repetir lo pagado, y (…) el servidor de esa entidad territorial (…) suscribió y notificó el acto que fue objeto de la anulación que tuvo por consecuencia dicha condena. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 10, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 37, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANCIAL / VIGENCIA DE LA LEY PROCESAL / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO / OBLIGATORIEDAD DE LA LEY PROCESAL / NORMA DE ORDEN PÚBLICO / APLICACIÓN INMEDIATA DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO Problema jurídico: ¿La normativa aplicable a la acción de repetición es la vigente al momento en que ocurren los hechos que dieron lugar a dicha acción? Respuesta al problema jurídico: Si La acción de repetición, prevista en el artículo 90.2 de la Constitución Política, es un mecanismo judicial que tiene por objeto el reembolso de los dineros que los órganos del Estado han debido pagar como consecuencia de una sentencia, conciliación o cualquier otra forma de terminación de un conflicto, por causa de los daños antijurídicos generados por una conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor, ex servidor o particular que ejerce función pública. La Ley 678 de 2001, al reglamentar la pretensión de repetición, la definió como una acción de carácter patrimonial y estableció los aspectos sustanciales y procesales que la rigen. En relación con los primeros, prevé el objeto de la acción, la noción, las finalidades y el deber de su ejercicio, y precisa los conceptos de dolo y culpa grave con los que se califica la conducta del agente que generó el daño y establece algunas presunciones legales. (…) En relación con la aplicación en el tiempo de la Ley 678 de 2001, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad de la ley, tal normativa se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado (…). Así las cosas, dado que en este caso los hechos que sustentaron la condena en contra del municipio de Villavicencio ocurrieron (…) antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, la normativa aplicable a los aspectos sustanciales es aquella contenida en el artículo 63 del Código Civil, que definió los conceptos de culpa grave y dolo. No obstante, las disposiciones de orden procesal son las que introdujo la citada ley y las previstas en el CCA, debido a la naturaleza de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento de las normas procesales. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la normativa aplicable a la acción de repetición, ver sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp. 30330, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 18 de junio de 2018, Exp. 54692, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 NUMERAL 2, LEY 678 DE 2001, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63 PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA JUDICIAL / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / CONDENA CONTRA EL ESTADO / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CALIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL / EMPLEADO DE ENTIDAD TERRITORIAL / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO / REINTEGRO DE FUNCIONARIO PÚBLICO / INDEMNIZACIÓN POR REINTEGRO DE FUNCIONARIO PÚBLICO Problema jurídico: ¿Cuáles son los requisitos de procedibilidad de la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con lo establecido en los artículos 77 del CCA, 1 y 2 de la Ley 678 de 2001, y conforme con la jurisprudencia de esta Corporación, los requisitos de procedibilidad de la acción de repetición son: (i) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que imponga una obligación dineral a cargo de una entidad estatal; (ii) la realización efectiva del pago por parte de la entidad pública; (iii) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado o particular que cumple funciones públicas; (iv) la calificación de la conducta atribuida al demandado a título de dolo o de culpa grave. (…) En relación con la existencia de la condena judicial, está acreditado que la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, por medio de la sentencia (…) que declaró la nulidad del oficio (…) y, como consecuencia de dicha declaración, condenó al municipio de Villavicencio al reintegro de la señora (…) y al pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha del retiro hasta que se hiciera efectivo su reintegro; (…) De conformidad con lo expuesto, la Subsección tiene por debidamente acreditado el pago, por parte de la demandante, de la condena impuesta por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación (…). Respecto de la condición de servidor público que tenía el demandado, está acreditado que el señor (…) se desempeñó como Subsecretario de Desarrollo Humano de la Secretaría de Servicios Administrativos de la alcaldía municipal de Villavicencio en la época de ocurrencia de los hechos que sirven de fundamento de la presente acción y, en el ejercicio de sus funciones, suscribió el oficio (…), como lo demuestran el decreto (…), por medio del cual fue nombrado en el referido cargo; el acta de posesión (…) y el oficio mencionado. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 1, 2 REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DOLO / CONCEPTO DE DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / AUTONOMÍA DEL JUEZ / PRINCIPIO DE LA LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA Problema jurídico: ¿En el presente caso son aplicables las presunciones legales de la Ley 678 de 2001? Respuesta al problema jurídico: No En punto a la calificación de la conducta del demandado, la Sala reitera que el régimen jurídico sustancial aplicable al caso es el que regía con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 678 de 2001, por lo que la conducta dolosa o gravemente culposa, referida en los artículos 90.2 de la Constitución Política y 77 del CCA, como presupuesto de procedibilidad de la acción de repetición, debe ser analizada bajo el marco conceptual previsto en el artículo 63 del Código Civil, pues no se aplican las “presunciones legales” previstas en la citada disposición normativa. Bajo ese régimen jurídico, el órgano demandante es el que tiene la carga de probar la conducta dolosa o gravemente culposa en la que sustenta la pretensión de reembolso en contra del agente estatal, dado que la declaración de responsabilidad patrimonial que derivó la sentencia condenatoria no involucró la valoración de la conducta del agente que presuntamente ocasionó el hecho generador del daño. Es de anotar que el criterio del juez contencioso administrativo expuesto en la sentencia que encontró probada la responsabilidad patrimonial del Estado no ata al juez de la repetición, dado que el propósito del medio de control referido es realizar un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente conforme a las pruebas legalmente recaudadas, para establecer si el hecho generador del daño fue causado por una conducta dolosa o gravemente culposa del servidor, motivo por el cual la apreciación probatoria puede diferir de la expuesta en el proceso de reparación. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 12 de agosto de 2013, expediente 26777, C.P. Enrique Gil Botero, sentencia de 29 de enero de 2015, Exp. 39944, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz, sentencia de 16 de mayo de 2019, Exp. 50100, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia de 4 de diciembre de 2020, Exp. 41780, C.P. Alberto Montaña Plata. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 NUMERAL 2, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63 CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRUEBA DEL DOLO / REESTRUCTURACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / CÓDIGO CIVIL / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Problema jurídico: ¿Está llamado a responder el servidor cuando ha obrado con culpa grave en el ejercicio de sus funciones? Respuesta al problema jurídico: Si La culpa grave, definida en el artículo 63 del Código Civil, ha de entenderse como un error de conducta cuyo núcleo radica en la inobservancia del deber objetivo de cuidado predicable de quien no prevé los efectos nocivos de sus actos o, confía imprudentemente en poder evitar aquellos que previó. Así, cuando la actuación del sujeto carece de aquella diligencia y cuidado que observaría una persona negligente o poco prudente en el manejo de sus negocios propios, el error de conducta es calificado como “culpa grave, negligencia grave o culpa lata” . El dolo, por otra parte, hace referencia a “la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro". En sede de repetición, la culpa grave, como presupuesto de atribución de responsabilidad personal, es “aquella conducta descuidada del agente estatal causadora del daño, que hubiera podido evitarse con la diligencia y cuidado que corresponde a quien debe atender dicha actividad en forma normal” , en el entendido de que el servidor público responde ante las autoridades tanto por la infracción a la Constitución y la ley, como por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (principio de legalidad). En el presente asunto, la Sala encuentra probada la conducta gravemente culposa en la que incurrió el ex subsecretario de desarrollo humano, (…) puesto que infringió la Constitución y la ley, con lo que no observó la debida diligencia y cuidado que le correspondía en el proceso de reestructuración de la administración central de la entidad municipal. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63 RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / OMISIÓN ADMINISTRATIVA / FUNCIONARIO DE ENTIDAD TERRITORIAL / REESTRUCTURACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / REESTRUCTURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO / DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR MATERNIDAD / MUJER EMBARAZADA / FUERO DE MATERNIDAD / DERECHOS DE LA MUJER EMBARAZADA / VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LA MUJER EMBARAZADA / DISCRIMINACIÓN A LA MUJER EMBARAZADA / DESPIDO DE TRABAJADORA EMBARAZADA Problema jurídico: ¿Se configuró una conducta gravemente culposa en cabeza del funcionario de la Alcaldía al desvincular laboralmente a una mujer durante su licencia de maternidad? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 43 de la Constitución Política establece que “[l]a mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado (...)”. El artículo 21 del Decreto 3135 de 1968, prevé que durante el embarazo y los tres (3) meses siguientes al parto, la empleada o trabajadora sólo podrá ser retirada de su cargo por justa causa comprobada y mediante resolución motivada. Por su parte, el artículo 35 de la Ley 50 de 1990 dispone que “ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia”, y establece, como presunción legal que el despido se efectúa por dicho motivo cuando ha tenido lugar dentro del periodo de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, y sin autorización de la autoridad respectiva. Ahora, el Decreto 287 de 1999 establece, como funciones del Subsecretario de Desarrollo Humano de la Secretaría de Servicios Administrativos de la Alcaldía de Villavicencio, cargo desempeñado por el aquí demandado (…) (i) adoptar planes para la elaboración de proyectos que traten sobre modificación de la planta de cargos y las nomenclaturas que se asignen, correspondiendo a los establecidos de acuerdo con las funciones y categorías vigentes, y (ii) dirigir y revisar los proyectos de decretos y resoluciones de nombramientos, traslados, comisiones, licencias, vacaciones y demás novedades de los funcionarios, funciones para cuyo ejercicio el demandado recibió asesoría de parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, según certificación expedida por el Director de Desarrollo Organizacional de dicha entidad. El desconocimiento de este marco legal supone el incumplimiento del deber objetivo de cuidado, comportamiento que resulta gravemente culposo, pues toda persona debe cumplir la ley (artículos 9 y 18 del Código Civil) y por ello es responsable de su infracción. Además, todo servidor público es responsable por omisión en el ejercicio de sus funciones (artículos 6 y 121 de la Constitución Política) y debe ejercerlas de la forma prevista en la Constitución, las leyes y los reglamentos (artículo 123 de la Constitución Política). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la estabilidad laboral reforzada de las mujeres embarazadas, ver sentencia del 19 de diciembre de 2017, Exp. 55617, C.P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, 43, 121, 123, DECRETO 287 DE 1999, DECRETO 3135 DE 1968 - ARTÍCULO 21, LEY 50 DE 1990 - ARTÍCULO 35, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 9, 18 CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO / LICENCIA DE MATERNIDAD / DERECHO A LA LICENCIA DE MATERNIDAD / PERIODO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD / REESTRUCTURACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / ORDEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO / CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO / ACTOS DEL ALCALDE / PARTICIPACIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO / REINTEGRO DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿El porcentaje de la condena pagada por la entidad pública que debe restituir el funcionario demandado debe ser fijado según el grado de participación que tuvo en los hechos determinantes del daño? Respuesta al problema jurídico: Si La conducta del señor (…), al expedir el oficio (…), por medio del cual se le informó a la señora (…) la supresión de su cargo y su consecuente desvinculación de la Alcaldía de Villavicencio, estuvo revestida de un actuar gravemente culposo, porque dicha servidora se encontraba disfrutando de su licencia de maternidad, con lo que el señor (…) desconoció los postulados constitucionales y legales que consagran una especial protección en cabeza de las mujeres gestantes, tanto durante el tiempo que dura el embarazo como en los tres (3) meses siguientes al parto, así como las funciones propias del cargo que desempeñaba para la época, puntualmente aquella función encaminada a dirigir la elaboración de los actos administrativos relacionados con las novedades del personal, pues suscribió un oficio que, sin adoptar medida alguna de protección en favor de la señora (…), dio por terminada su vinculación laboral con el municipio. La supresión del cargo de la señora (…) tuvo como fundamento la reestructuración de la planta de cargos de la administración central de la alcaldía municipal de Villavicencio, llevada a cabo mediante los Decretos (…), proferidos por el alcalde del ente territorial. (…) Así las cosas, el actuar del señor (…) estuvo precedido de una serie de actuaciones administrativas que correspondían a la órbita funcional del señor alcalde municipal, quien estuvo asesorado por un equipo de expertos en materia laboral. Por tanto, el daño que sufrió el erario con ocasión del pago de las condenas al restablecimiento de derechos conculcados a la señora, (…) podría ser atribuible, no sólo al señor (…), sino a otras personas que participaron en la toma de la decisión ilegal, pero respecto de cuya responsabilidad no puede la Subsección emitir pronunciamiento en esta sentencia puesto que no fueron demandados ni vinculados en legal forma a este proceso. En consecuencia, la Sala limitará el pago de la condena que aquí se profiera en consideración al grado de participación que en los hechos determinantes del daño tuvo el demandado, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 678 de 2001 . Y, en ese sentido, como (…) el señor expidió el oficio (…) en desconocimiento de la protección constitucional y legal de la que gozaba la señora (…), se le ordenará restituir el 30% de la condena pagada por la entidad pública demandante. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 14 PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento de intereses moratorios por pago tardío de la condena impuesta a la entidad territorial? Respuesta al problema jurídico: Si La entidad demandante pagó (…), sin embargo, de acuerdo con la Resolución (…), dicho valor está integrado por la suma (…), que corresponden a la liquidación de sueldos y prestaciones sociales de la señora (…), que corresponden al pago de intereses moratorios. La condena en repetición no puede incluir los intereses pagados por la entidad demandante, pues estos no son imputables a la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público, sino a la demora en el pago de la reparación patrimonial, circunstancia atribuible a la entidad pública . En consecuencia, se condenará al señor (…) a pagar el porcentaje correspondiente al treinta por ciento (30%) del capital pagado por la Alcaldía (…) como consecuencia de la condena impuesta por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la improcedencia del reconocimiento del interés moratorio en las codenas en sede de repetición, ver Sentencia de 29 de mayo de 2014, Exp. 42660, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=500012331000200900196011100103